9.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/3

(1)

El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión para declarar con arreglo al artículo 87 del Tratado que, bajo determinadas condiciones, las ayudas en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME), la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, el empleo y la formación, y las ayudas que se ajusten al mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro a efectos de la concesión de ayudas regionales, son compatibles con el mercado común y no están sujetas a la obligación de notificación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(2)

La Comisión ha aplicado en numerosas decisiones los artículos 87 y 88 del Tratado y ha obtenido la experiencia suficiente para definir criterios generales de compatibilidad en materia de ayudas en favor de las PYME, en forma de ayudas a la inversión dentro y fuera de las zonas asistidas, en forma de regímenes de capital riesgo y en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, especialmente en el contexto de la aplicación del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (3), del Reglamento (CE) no 364/2004 de la Comisión, de 25 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (4) con vistas a ampliar su ámbito a las ayudas de investigación y desarrollo, de la Comunicación de la Comisión — «Ayudas estatales y capital riesgo» (5), de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para pequeñas y medianas empresas (6) y de la aplicación del Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (7).

(3)

La Comisión ha adquirido asimismo experiencia suficiente en la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado en los ámbitos de las ayudas a la formación y al empleo, la protección del medio ambiente, la investigación y el desarrollo y la innovación, así como las ayudas regionales tanto a PYME como a grandes empresas, especialmente en el contexto de la aplicación del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (8), del Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (9), del Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión de 24 de octubre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas regionales a la inversión, del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo (10), del Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (11), de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente de 2001 (12), de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente de 2008 (13), y de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional 2007-2013 (14).

(4)

A la luz de esta experiencia, es necesario adaptar algunas de las condiciones establecidas en los Reglamentos (CE) nos 68/2001, 70/2001, 2204/2002 y 1628/2006. Por razones de simplificación, y a fin de garantizar un control más eficiente de las ayudas por parte de la Comisión, esos Reglamentos deben ser reemplazados por un único Reglamento. Esta simplificación debe traducirse, entre otras cosas, en una serie de definiciones armonizadas comunes y de disposiciones horizontales comunes que se incluyen en el Capítulo I del presente Reglamento. Para garantizar la coherencia de la normativa sobre ayudas estatales, se han mantenido las mismas definiciones de ayuda, régimen de sistema de ayudas y ayuda que las recogidas en el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (15). Dicha simplificación es fundamental si se quiere que la Estrategia de Lisboa para el Empleo y el Crecimiento dé resultados, especialmente en las PYME.

(5)

El presente Reglamento debe eximir a las ayudas que reúnan todas las condiciones pertinentes en él establecidas y a los regímenes de ayudas, siempre que cualquier ayuda individual que se pueda conceder en el marco de dichos regímenes reúna todas las condiciones pertinentes previstas en el presente Reglamento. A fin de garantizar la transparencia y un control más eficaz de las ayudas, toda medida de ayuda individual concedida al amparo del presente Reglamento debe incluir una referencia expresa a la disposición aplicable del Capítulo II y al derecho en que se base la ayuda individual.

(6)

Para el seguimiento de la aplicación del presente Reglamento, la Comisión debe asimismo estar en condiciones de obtener de los Estados miembros toda la información necesaria referente a las medidas adoptadas en aplicación de este Reglamento. Por tanto, el hecho de que un Estado miembro no facilite información sobre estas medidas de ayuda dentro de un plazo razonable se considerará una indicación del incumplimiento de las condiciones de este Reglamento. Esta omisión podrá llevar a la Comisión a decidir que el Reglamento, o la parte correspondiente de él, debe suspenderse en el futuro en lo que respecta a dicho Estado miembro y que todas las subsiguientes medidas de ayuda, incluidas las nuevas ayudas individuales concedidas en virtud de regímenes anteriormente amparados por este Reglamento, deberán ser notificados a la Comisión de conformidad con el artículo 88 del Tratado. En cuanto el Estado miembro haya facilitado información correcta y completa, la Comisión debe permitir que el Reglamento vuelva a ser plenamente aplicable.

(7)

Las ayudas estatales a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado no cubiertas por el presente Reglamento deberán continuar sometidas a la obligación de notificación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros notifiquen las ayudas cuyos objetivos correspondan a objetivos en él previstos. Tales ayudas serán evaluadas por la Comisión, especialmente a la luz de las condiciones expuestas en el presente Reglamento y de conformidad con los criterios establecidos en las directrices o marcos específicos adoptados por la Comisión, siempre que la medida en cuestión esté incluida en el ámbito de aplicación de dichos instrumentos específicos.

(8)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a la exportación ni a aquellas que favorecen a los productos nacionales en detrimento de los importados. Concretamente, no debe aplicarse a las ayudas para financiar el establecimiento y el funcionamiento de una red de distribución en otros países. Las ayudas destinadas a los gastos de participación en ferias comerciales, o a estudios o servicios de asesoría necesarios para el lanzamiento de un producto nuevo o existente en un mercado nuevo no deben constituir una ayuda a la exportación.

(9)

El presente Reglamento debe aplicarse en prácticamente todos los sectores. En el sector de la pesca y la acuicultura, el presente Reglamento sólo deberá eximir a las ayudas de investigación y desarrollo e innovación, las ayudas en forma de capital riesgo, las ayudas a la formación y las ayudas en favor de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados.

(10)

En el sector agrícola, habida cuenta de las normas especiales que se aplican a la producción primaria de productos agrícolas, el presente Reglamento sólo debe eximir a las ayudas de investigación y desarrollo, las ayudas en forma de capital riesgo, las ayudas a la formación, las ayudas en favor del medio ambiente y las ayudas en favor de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados en la medida en que estas categorías no queden amparadas por el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (16).

(11)

Dadas las similitudes existentes entre la transformación y la comercialización de los productos agrícolas y no agrícolas, el presente Reglamento se debe aplicarse a la transformación y comercialización de productos agrícolas siempre que se cumplan determinadas condiciones.

(12)

Las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera venta, así como la primera venta a revendedores o procesadores, no deben considerarse como transformación o comercialización a efectos del presente Reglamento. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido que, una vez que la Comunidad ha legislado para establecer una organización común de mercado en un sector agrícola dado, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar medidas que pudieran socavarla o dar lugar a excepciones. En consecuencia, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas cuyo importe se fije sobre la base del precio o la cantidad de productos adquiridos o comercializados ni a las ayudas vinculadas a una obligación de compartirlas con productores primarios.

(13)

Habida cuenta del Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (17), el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a favor de actividades en el sector del carbón, con la excepción de las ayudas a la formación, las ayudas de investigación, desarrollo e innovación y las ayudas en favor del medio ambiente.

(14)

En los regímenes de ayudas regionales supuestamente destinados a objetivos regionales pero dirigidos a sectores concretos de la economía, es posible que el objetivo y las repercusiones probables sean sectoriales en vez de horizontales. Por lo tanto, los regímenes de ayudas regionales dirigidos a sectores específicos de actividad económica y las ayudas regionales destinadas a actividades en el sector del acero, la construcción naval, con arreglo a lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga del Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (18), y el sector de las fibras sintéticas no deben quedar cubiertos por la exención de la obligación de notificación. Sin embargo, el sector turístico desempeña un papel importante en las economías nacionales y, en general, repercute de forma especialmente positiva en el desarrollo regional, por lo que los regímenes de ayudas regionales destinados a actividades turísticas deben eximirse de la obligación de notificación.

(15)

Las ayudas concedidas a empresas en crisis, a efectos de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (19), deben evaluarse con arreglo a dichas Directrices a fin de evitar su elusión. Por consiguiente, las ayudas a estas empresas deberán excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Para reducir la carga administrativa de los Estados miembros, cuando se concedan ayudas a PYME al amparo del presente Reglamento, la definición de lo que ha de considerarse una empresa en crisis debe simplificarse con respecto a la definición recogida en dichas Directrices. Además, las PYME con menos de tres años de antigüedad no deben considerarse, a afectos del presente Reglamento, empresas en crisis durante ese periodo, salvo que reúnan las condiciones establecidas en su Derecho nacional pertinente para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia. Estas simplificaciones deben entenderse sin perjuicio de que esas PYME reúnan las condiciones establecidas en dichas Directrices en lo que se refiere a las ayudas no contempladas en el presente Reglamento y sin perjuicio de la consideración, en virtud del presente Reglamento, de empresas en crisis para las grandes empresas que seguirán rigiéndose por la definición establecida en las mencionadas Directrices.

(16)

La Comisión tiene que velar por que las ayudas autorizadas no alteren las condiciones comerciales de forma contraria al interés común. Por consiguiente, deben excluirse del ámbito del presente Reglamento las ayudas concedidas a beneficiarios que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. Por lo tanto, cualquier ayuda ad hoc desembolsada a tal beneficiario, así como cualquier régimen de ayudas que no incluya una disposición que excluya explícitamente a tales beneficiarios, debe seguir sujeta a los requisitos de notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado. Esa disposición no debe afectar a las expectativas legítimas de los beneficiarios de regímenes de ayudas que no estén sujetos a órdenes de recuperación pendientes.

(17)

A fin de garantizar la aplicación coherente de las normas aplicables a las ayudas estatales, así como por motivos de simplificación administrativa, deben armonizarse las definiciones de los términos pertinentes en las distintas categorías de ayudas contempladas por el presente Reglamento.

(18)

A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda, todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas. Para calcular las intensidades de ayuda, la ayuda pagadera en varios plazos debe actualizarse a su valor en el momento de su concesión. El tipo de interés que debe emplearse a efectos de actualización y para calcular el importe de la ayuda en el caso de las ayudas que no consistan en subvenciones debe ser el tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (20).

(19)

En el caso de las ayudas que se concedan en forma de exenciones o bonificaciones fiscales sobre futuros impuestos adeudados, y siempre y cuando se respete una determinada intensidad de ayuda definida en equivalente en subvención bruta, el cálculo actualizado de los tramos de ayuda debe basarse en los tipos de referencia aplicables en los distintos momentos en los que se hagan efectivos los beneficios fiscales. En el caso de las exenciones o bonificaciones fiscales sobre futuros impuestos, el tipo de referencia aplicable y el importe exacto de los tramos de ayuda no puede conocerse por anticipado. En este caso, los Estados miembros deben fijar previamente un límite para el valor actualizado de la ayuda que respete la intensidad de ayuda aplicable. Posteriormente, cuando se conozca el importe de la ayuda del tramo de ayuda para un año determinado, puede podrá calcularse la actualización sobre la base del tipo de referencia aplicable en ese momento. El valor actualizado de cada tramo de ayuda debe descontarse del importe global del límite.

(20)

Para garantizar la transparencia, la igualdad de trato y un control eficaz, el presente Reglamento sólo debe aplicarse a las ayudas que sean transparentes. Las ayudas transparentes son aquellas cuyo equivalente en subvención bruta pueda calcularse previamente con exactitud sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo. Deben considerarse transparentes, en particular, las ayudas contenidas en los préstamos, cuando el equivalente en subvención bruta se haya calculado sobre la base del tipo de referencia establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. Deben considerarse transparentes las ayudas consistentes en medidas fiscales, cuando estas medidas establezcan un límite que garantice que no se supera el umbral aplicable. En el caso de las bonificaciones fiscales en favor del medio ambiente, que no están sujetas a un umbral individual de notificación con arreglo al presente Reglamento, no es necesario incluir un límite para que la medida se considere transparente.

(21)

Las ayudas incluidas en regímenes de garantías deben considerarse transparentes cuando el método de cálculo del equivalente en subvención bruta (ESB) haya sido aprobado tras su notificación a la Comisión y, cuando se trate de ayudas regionales a la inversión, también cuando la Comisión haya aprobado dicho método tras la adopción del Reglamento (CE) no 1628/2006. La Comisión examinará dichas notificaciones con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (21). También deben considerarse transparentes las ayudas incluidas en los regímenes de garantías cuando el beneficiario sea una PYME y el equivalente en subvención bruta se haya calculado sobre la base de las primas refugio que se determinan en los puntos 3.3 y 3.5 de dicha Comunicación.

(22)

Habida cuenta de la dificultad de calcular el equivalente en subvención de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, el presente Reglamento sólo debe cubrir tales ayudas si el importe total del anticipo reembolsable es inferior al umbral de notificación individual y a las intensidades máximas de ayuda en el presente Reglamento.

(23)

Puesto que las ayudas de gran cuantía presentan un riesgo más elevado de falseamiento de las condiciones de competencia, es conveniente que sigan sujetas al examen individual de la Comisión. Por consiguiente, deben fijarse umbrales para cada categoría de ayuda incluida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, en un nivel que tenga en cuenta la categoría de la ayuda y sus posibles repercusiones en la competencia. Las ayudas que rebasen dichos umbrales seguirán sujetas al requisito de notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(24)

Con el fin de garantizar que las ayudas son proporcionales y se circunscriben al importe necesario, siempre que sea posible, los umbrales deben expresarse en términos de intensidades de ayuda en relación con un conjunto de costes subvencionables. Debido a la dificultad para determinar los costes subvencionables en el caso de las ayudas en forma de capital riesgo, los umbrales para dichas ayudas deben formularse en términos de importes máximos de ayuda.

(25)

A la luz de la experiencia de la Comisión, los umbrales relativos a la intensidad de las ayudas o a su importe deben fijarse en niveles que consigan el equilibrio oportuno entre el objetivo de minimizar los falseamientos de la competencia en el sector beneficiario y el de paliar las deficiencias del mercado o los problemas de cohesión de que se trate. En las ayudas regionales a la inversión dichos umbrales deben fijarse en un nivel que tenga en cuenta las intensidades de ayuda autorizadas en los mapas de ayudas regionales.

(26)

Con el fin de determinar el respeto de los umbrales de notificación individual y las intensidades máximas de ayuda establecidos en el presente Reglamento, debe considerarse el importe total de ayuda pública a la actividad o proyecto beneficiarios, independientemente de si se financia a través de fuentes locales, regionales, nacionales o comunitarias.

(27)

Asimismo, el presente Reglamento debe especificar en qué circunstancias pueden acumularse diferentas categorías de ayudas cubiertas por él. En lo que respecta a la acumulación de ayudas cubiertas por el presente Reglamento con ayudas estatales no cubiertas por él, debe atenerse a la decisión de la Comisión por la que se haya autorizado la ayuda no cubierta por el presente Reglamento, así como las normas sobre ayudas estatales en las que se base dicha decisión. Deben aplicarse disposiciones especiales a la acumulación de ayudas a favor de los trabajadores discapacitados con otras categorías de ayudas, en particular, con las ayudas a la inversión, que pueden calcularse sobre la base de los costes salariales correspondientes. El presente Reglamento también debe contemplar la acumulación de medidas de ayuda con costes subvencionables identificables y de medidas de ayuda cuyos costes subvencionables no puedan determinarse.

(28)

Con objeto de garantizar que la ayuda es necesaria y que sirve de incentivo para desarrollar determinadas actividades o proyectos, el presente Reglamento no debe aplicarse a aquellas ayudas destinadas a actividades que el beneficiario llevaría a cabo por sí mismo en condiciones de mercado. En lo que respecta a cualesquiera ayudas cubiertas por el presente Reglamento concedidas a PYME, debe considerase que existe un incentivo si dichas empresas han presentado una solicitud al Estado miembro antes de iniciar las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto o las actividades subvencionadas. Por lo que se refiere a las ayudas en forma de capital riesgo a las PYME, las condiciones que se establecen en el presente Reglamento, en particular las relativas al volumen de los tramos de inversión por empresa destinataria, el grado de participación de los inversores privados y la consideración del tamaño de la empresa y de la fase de negocio financiada deben garantizar el efecto incentivador de la medida.

(29)

En cuanto a los beneficiarios de cualesquiera ayudas cubiertas por el presente Reglamento que sean grandes empresas, el Estado miembro también debe velar por que, además de las condiciones aplicables a las PYME, el beneficiario haya analizado en un documento interno la viabilidad del proyecto o actividad con y sin ayudas. El Estado miembro deberá verificar que este documento interno confirma un incremento sustancial en tamaño o alcance del proyecto o de la actividad, un incremento sustancial del importe total desembolsado por el beneficiario en el proyecto o la actividad subvencionados, o una aceleración sustancial de la finalización del proyecto o de la actividad en cuestión. Por lo que respecta a la ayuda regional, el efecto incentivador también se puede acreditar sobre la base de que, de no ser por la ayuda, el proyecto de inversión no se habría llevado a cabo en la región asistida en cuestión.

(30)

En cuanto a la ayuda para los trabajadores desfavorecidos o discapacitados, debe considerarse que existe efecto incentivador si la medida de ayuda en cuestión conduce a un incremento neto del número de trabajadores desfavorecidos o discapacitados contratados por la empresa correspondiente o implica costes adicionales en favor de instalaciones o equipamientos destinados a los trabajadores discapacitados. En caso de que el beneficiario de una ayuda en favor de trabajadores discapacitados en forma de subvenciones salariales ya se beneficie de una ayuda para el empleo de trabajadores discapacitados que cumpla las condiciones del Reglamento (CE) no 2204/2002 o que haya sido aprobada individualmente por la Comisión, a efectos del presente Reglamento se considera que se sigue cumpliendo la condición de incremento neto en el número de trabajadores discapacitados que se cumplía en relación con las medidas de ayuda anteriores.

(31)

Las medidas de ayuda fiscales deben estar sujetas a condiciones específicas en relación con el efecto incentivador, toda vez que se ofrecen con arreglo a procedimientos distintos de las demás categorías de ayudas. Se considerará que tienen efecto incentivador las bonificaciones fiscales en favor del medio ambiente que cumplan las condiciones establecidas en la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de productos energéticos y de la electricidad (22) y estén contempladas por el presente Reglamento, toda vez que esas bonificaciones contribuyen, aunque sea de manera indirecta, a mejorar la protección del medio ambiente, permitiendo que se adopte o continúe el régimen fiscal general de que se trate, impulsando con ello a las empresas sujetas al pago del impuesto en favor del medio ambiente a reducir su nivel de contaminación.

(32)

Por otra parte, debido a la dificultad de establecer los efectos incentivadores de las ayudas ad hoc concedidas a grandes empresas, dichas ayudas deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. La Comisión valorará la existencia de un efecto incentivador en la notificación de las ayudas en cuestión basándose en los criterios establecidos en las directrices, marcos u otros instrumentos comunitarios aplicables.

(33)

Para garantizar la transparencia y un seguimiento eficaz, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 994/98, conviene establecer un formulario normalizado que deben utilizar los Estados miembros para facilitar información resumida a la Comisión cada vez que, en aplicación del presente Reglamento, se ejecute un régimen de ayudas o se conceda una ayuda ad hoc. El formulario de información resumida debe usarse para publicar la medida en el Diario Oficial de la Unión Europea y en Internet. La información resumida debe enviarse a la Comisión en formato electrónico, utilizando el programa informático establecido a tal fin. El Estado miembro de que se trate debe publicar el texto integral de la medida de ayuda en Internet. En el caso de las medidas de ayuda ad hoc, podrán suprimirse los secretos comerciales. No obstante, el nombre del beneficiario y el importe de la ayuda no deben considerarse secretos comerciales. Los Estados miembros deberán velar porque el texto siga disponible en Internet mientras siga vigente la ayuda de que se trate. Salvo en el caso de las ayudas que adopten la forma de medidas fiscales, el dispositivo por el que se concede la ayuda también debe incluir una referencia a la disposición o disposiciones específicas del Capítulo II del presente Reglamento que sea(n) pertinentes.

(34)

Para garantizar la transparencia y un control eficaz, la Comisión debe establecer requisitos específicos sobre la forma y el contenido de los informes anuales que deben presentarle los Estados miembros. Conviene también establecer normas relativas a los registros que los Estados miembros deben llevar sobre los regímenes de ayudas y las ayudas individuales exentos en virtud del presente Reglamento, a la vista de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999.

(35)

Es conveniente definir otras condiciones que deba reunir cualquier medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento. Visto el artículo 87, apartado 3, letras a) y c), del Tratado, para que dichas ayudas redunden en interés de la Comunidad deben ser proporcionadas a las deficiencias del mercado o a las desventajas que deban paliarse. Por tanto, conviene limitar el alcance del presente Reglamento, en la medida en que se refiere a ayudas a la inversión, a las concedidas en relación con determinadas inversiones materiales e inmateriales. A la luz del exceso de capacidad comunitario y de los problemas específicos de falseamiento de las condiciones de competencia en los sectores del transporte de mercancías por carretera y del transporte aéreo, los costes de inversión subvencionables para las empresas que desarrollen su principal actividad económica en estos sectores del transporte no deben incluir los medios y equipos de transporte. Se deben aplicar disposiciones especiales a la definición de activos materiales a efectos de las ayudas en favor del medio ambiente.

(36)

Ateniéndose a los principios que rigen las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado, debe considerarse que las ayudas se conceden en el momento en que se confiera al beneficiario el derecho legal a recibirlas conforme al ordenamiento jurídico nacional aplicable.

(37)

Con objeto de no favorecer al factor de capital de una inversión más que al factor trabajo, debe establecerse la posibilidad de medir las ayudas a la inversión en favor de las PYME y las ayudas regionales sobre la base de los costes de la inversión o de los costes del empleo generado directamente por un proyecto de inversión.

(38)

Las ayudas en favor del medio ambiente en forma de reducciones fiscales, las ayudas en favor de trabajadores desfavorecidos, las ayudas regionales a la inversión, las ayudas a pequeñas empresas creadas recientemente, las ayudas a pequeñas empresas recientes creadas por empresarias o las ayudas en forma de capital riesgo concedidas a un beneficiario sobre una base ad hoc pueden afectar considerablemente a la competencia en el mercado de que se trate, ya que favorecen al beneficiario frente a otras empresas que no han recibido tal ayuda. Puesto que se conceden a una sola empresa, lo más probable es que las ayudas ad hoc tengan unos efectos estructurales positivos limitados sobre el medio ambiente, el empleo de trabajadores desfavorecidos o discapacitados, la cohesión regional o las deficiencias del mercado de capital riesgo. Por ello, los regímenes relativos a estas categorías de ayudas deben quedar exentos de la obligación de notificación en virtud del presente Reglamento, mientras que las ayudas ad hoc deberán notificarse a la Comisión. No obstante, el presente Reglamento debe aplicarse a las ayudas regionales ad hoc que se utilicen para complementar una ayuda concedida sobre la base de un régimen de ayudas regionales a la inversión, con un límite máximo para el componente ad hoc del 50 % de la ayuda total que vaya a concederse a la inversión.

(39)

Las disposiciones del presente Reglamento sobre las ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME no deben prever, como sucedía en el Reglamento (CE) no 70/2001, la posibilidad de incrementar las intensidades máximas de ayuda mediante una bonificación regional. No obstante, pueden concederse también a estas empresas las intensidades máximas de ayuda previstas en la sección relativa a las ayudas regionales en forma de ayudas regionales a la inversión, siempre que cumplan todas las condiciones aplicables a las ayudas regionales a la inversión y el empleo. De manera similar, las disposiciones relativas a las ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente no deben prever la posibilidad de incrementar la intensidad máxima de ayuda mediante una bonificación regional. También puede ser posible que las intensidades máximas de ayuda previstas en dicha disposición relativa a las ayudas regionales puedan, aplicarse también a los proyectos que tengan impactos ambientales positivos, siempre que cumplan las condiciones aplicables a las ayudas regionales a la inversión.

(40)

Al afrontar las desventajas de las regiones desfavorecidas, las ayudas regionales promueven la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros y de la Comunidad en su conjunto. La finalidad de las ayudas estatales de finalidad regional es contribuir al desarrollo de las regiones más desfavorecidas mediante el apoyo a la inversión y la creación de empleo en un contexto de desarrollo sostenible. Dichas ayudas promueven la creación de nuevas empresas, la ampliación de empresas existentes, la diversificación de la producción de una empresa en nuevos productos adicionales o cambios fundamentales en el proceso de producción de una empresa existente.

(41)

A fin de evitar que un gran proyecto de inversión regional se divida artificialmente en subproyectos para eludir los umbrales de notificación previstos en el presente Reglamento, un gran proyecto de inversión debe considerarse un proyecto de inversión único cuando la inversión sea realizada a lo largo de un período de tres años por la misma o las mismas empresas y consista en activos fijos combinados de modo económicamente indivisible. Para determinar si una inversión es económicamente indivisible, los Estados miembros deberán tener en cuenta los vínculos técnicos, funcionales y estratégicos, así como la proximidad geográfica inmediata. El carácter económicamente indivisible se determinará con independencia de la propiedad. Esto significa que, a la hora de determinar si un gran proyecto de inversión constituye un único proyecto, la evaluación debe ser la misma con independencia de que el proyecto sea realizado por una sola empresa, por varias empresas que compartan los costes de inversión o por varias empresas que corran con los costes de inversiones diferentes dentro del mismo proyecto de inversión (por ejemplo, en el caso de una empresa en participación).

(42)

Al contrario que las ayudas regionales, que deben limitarse a las zonas asistidas, deben poderse conceder ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME tanto en las zonas asistidas como en las no asistidas. De esta forma, los Estados miembros deben poder facilitar ayudas a la inversión en las zonas asistidas siempre que respeten, bien todas las condiciones aplicables a las ayudas regionales a la inversión y al empleo, o bien todas las aplicables a las ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME.

(43)

El desarrollo económico de las regiones asistidas se ve dificultado por un nivel relativamente escaso de actividad empresarial y, en particular, por niveles de creación de empresas incluso inferiores a la media. Es por tanto necesario introducir en este Reglamento una nueva forma de ayuda que pueda concederse con carácter adicional a la inversión regional a fin de ofrecer incentivos a la creación de empresas y a la fase inicial de desarrollo de las pequeñas empresas en regiones asistidas. Para garantizar que estas ayudas a las empresas de reciente creación en regiones asistidas cumplan su objetivo específico, esta categoría de ayudas debe modularse según las dificultades de cada categoría de región. Por otra parte, a fin de evitar riesgos inaceptables de falseamiento de la competencia, incluido el riesgo de desplazamiento de empresas ya existentes, las ayudas deben limitarse estrictamente a las pequeñas empresas, ser de importe limitado y disminuir a lo largo del tiempo. La concesión de ayudas exclusivamente concebidas para pequeñas empresas o empresas recientes creadas por empresarias puede crear incentivos indeseables que lleven a pequeñas empresas ya existentes a desaparecer y reaparecer a fin de obtener esta categoría de ayudas. Los Estados miembros deben ser conscientes de este riesgo y elaborar sus regímenes de ayudas de modo que se evite este problema, por ejemplo, estableciendo límites a las solicitudes presentadas por propietarios de empresas recientemente cerradas.

(44)

El desarrollo económico de la Comunidad puede verse dificultado por niveles relativamente escasos de actividad empresarial en determinadas categorías de población que sufren ciertas desventajas tales como en el acceso a la financiación. La Comisión ha estudiado las posibles deficiencias del mercado en este aspecto en relación con diversas categorías de personas y ya puede afirmar que las mujeres, en particular, arrojan índices inferiores a la media en creación de empresas en comparación con los hombres, como lo atestiguan, entre otros datos, las estadísticas de Eurostat. Es por tanto necesario introducir en este Reglamento una categoría de ayudas que ofrezca incentivos a las mujeres empresarias para crear empresas y que permita paliar las deficiencias específicas del mercado que afrontan las mujeres, especialmente en lo que respecta al acceso a la financiación. Las mujeres experimentan también especiales dificultades derivadas de los costes que han de soportar para el cuidado de sus familiares. Estas ayudas permitirán alcanzar una igualdad material más que formal entre hombres y mujeres, reduciendo de hecho las desigualdades en materia empresarial, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Al vencimiento del presente Reglamento, la Comisión tendrá que valorar si el ámbito de esta exención y las categorías de los beneficiarios siguen justificándose.

(45)

El desarrollo sostenible, uno de los principales pilares de la Estrategia de Lisboa para el Empleo y el Crecimiento junto con la competitividad y la seguridad de los suministros energéticos, se basa, entre otras cosas, en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. El fomento de la sostenibilidad del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático propician asimismo una mayor seguridad de suministro y suponen una garantía para la competitividad de las economías europeas y la disponibilidad de energía en condiciones abordables. La protección del medio ambiente se enfrenta a menudo a deficiencias del mercado en forma de efectos externos negativos. En condiciones normales de mercado, es posible que las empresas no se sientan incentivadas a reducir la contaminación que originan, ya que dicha reducción puede suponer un aumento en sus costes. Ahora bien, cuando las empresas no están obligadas a integrar los costes de la contaminación, es el conjunto de la sociedad el que debe soportarlos. Aunque es posible conseguir la integración de los costes medioambientales mediante reglamentaciones o impuestos, el hecho de que las normas medioambientales no estén plenamente armonizadas en la Comunidad da lugar a unas condiciones de competencia desiguales. Por otra parte, es posible conseguir un nivel aún más elevado de protección del medio ambiente mediante iniciativas que vayan más allá de las normas comunitarias obligatorias, aunque ello podría perjudicar la posición competitiva de las empresas afectadas.

(46)

Dada la suficiente experiencia adquirida en la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, deben eximirse de la obligación de notificación las ayudas a la inversión que permitan a las empresas mejorar las normas comunitarias para la protección del medio ambiente o incrementar el nivel de protección medioambiental en ausencia de normas comunitarias, las ayudas para que las PYME puedan adaptarse anticipadamente a las normas comunitarias futuras, las ayudas de medioambientales a la inversión en ahorro energético, las ayudas medioambientales a la inversión en cogeneración de alta eficiencia, las ayudas de medioambientales para inversiones destinadas a promover fuentes de energías renovables, incluidas las ayudas a la inversión relacionadas con biocombustibles sostenibles, las ayudas para la realización de estudios medioambientales y determinadas ayudas en forma de reducciones fiscales.

(47)

Las ayudas en favor del medio ambiente en forma de reducciones fiscales contempladas en el presente Reglamento deben limitarse a un periodo de diez años, en consonancia con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente. Una vez transcurrido este periodo, los Estados miembros deben volver a evaluar la pertinencia de las reducciones fiscales en cuestión. Ello se entiende sin perjuicio de que los Estados miembros puedan volver a adoptar estas medidas u otras similares en aplicación del presente Reglamento, tras haber realizado dicha reevaluación.

(48)

Para determinar si una ayuda es o no compatible con el artículo 87, apartado 3, del Tratado, es esencial calcular correctamente los costes de inversión o de producción suplementarios necesarios para proteger el medio ambiente. Como se dispone en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, los costes subvencionables deben limitarse a los costes de inversión suplementarios necesarios para alcanzar un mayor nivel de protección ambiental.

(49)

Habida cuenta de las dificultades que puedan surgir, especialmente respecto a la deducción de los beneficios derivados de la inversión suplementaria, debe establecerse un método simplificado para calcular los costes de inversión suplementarios. Por tanto, a los efectos del presente Reglamento, estos gastos deben calcularse haciendo abstracción de los beneficios de explotación, los ahorros de costes o las producciones accesorias adicionales, así como de los gastos operativos generados durante el periodo de vida útil de la inversión. En consecuencia, las intensidades máximas de ayuda previstas en el presente Reglamento para las distintas categorías de ayudas a la inversión medioambiental en cuestión han sido reducidas sistemáticamente si se comparan con las intensidades máximas establecidas en las Directrices comunitarias relativas a la ayuda estatal para la protección del medio ambiente.

(50)

Por lo que se refiere a las ayudas en favor del medio ambiente para la inversión en medidas de ahorro energético, conviene que los Estados miembros puedan elegir entre el método simplificado de cálculo y el cálculo de costes totales, igual al previsto en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente. Dadas las dificultades prácticas que puede plantear la aplicación del método de cálculo de costes totales, éstos deben ser certificados por un auditor externo.

(51)

En cuanto a las ayudas a la inversión en cogeneración y para promover fuentes de energías renovables, a efectos del presente Reglamento los costes suplementarios deben calcularse sin tener en cuenta otras medidas de apoyo concedidas para los mismos costes subvencionables, exceptuando otras ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente.

(52)

Respecto a las instalaciones hidroeléctricas, conviene señalar que las repercusiones en el medio ambiente pueden ser de dos tipos. En términos reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, seguramente ofrecen cierto potencial. Por otra parte, sin embargo, estas instalaciones también pueden tener efectos negativos, por ejemplo, en el suministro de agua y en la biodiversidad.

(53)

Con objeto de eliminar diferencias que podrían dar pie a falseamientos de la competencia, de facilitar la coordinación entre las distintas iniciativas comunitarias y nacionales relativas a las PYME, y en aras de la claridad administrativa y de la seguridad jurídica, la definición de «PYME» utilizada a fines del presente Reglamento debe basarse en la de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (23).

(54)

Las PYME desempeñan una función decisiva en la creación de empleo y, en términos más generales, constituyen un factor de estabilidad social y dinamismo económico. No obstante, su desarrollo económico puede verse limitado por las imperfecciones del mercado, lo que hace que experimenten una serie de dificultades características. A menudo experimentan dificultades para obtener capital, capital riesgo o créditos, dadas las reticencias de determinados mercados financieros a asumir riesgos y las escasas garantías que pueden ofrecer. Sus escasos recursos también pueden restringir sus posibilidades de acceso a la información, especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y a los mercados potenciales. En consecuencia, para facilitar el desarrollo de las actividades económicas de las PYME, el presente Reglamento debe dejar exentas determinadas categorías de ayudas en su favor. Asimismo, está justificado eximir de la notificación previa a tales ayudas y considerar que, a efectos del presente Reglamento exclusivamente, si un beneficiario se ajusta a la definición de pequeña y mediana empresa establecida en el presente Reglamento, puede presumirse que dicha empresa, siempre que el importe de la ayuda no supere el umbral de notificación aplicable, ve limitado su desarrollo por las dificultades características de las PYME propiciadas por las deficiencias del mercado.

(55)

Habida cuenta de las diferencias existentes entre pequeñas y medianas empresas, conviene establecer distintas intensidades de ayuda y distintas bonificaciones para unas y otras. Las deficiencias del mercado que afectan a las PYME en general, en incluyendo el acceso a la financiación, generan obstáculos aún mayores para el desarrollo de las pequeñas empresas en comparación con las medianas empresas.

(56)

La experiencia adquirida al aplicar las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para pequeñas y medianas empresas indica que existen una serie de deficiencias específicas en el mercado de capital riesgo en la Comunidad respecto a determinados tipos de inversiones en ciertas etapas del desarrollo de las empresas. Dichas deficiencias se deben a un desajuste entre la oferta y la demanda de capital riesgo, de modo que el volumen de capital riesgo que ofrece el mercado puede que sea demasiado restringido y las empresas no obtengan financiación, a pesar de contar con un modelo empresarial valioso y con perspectivas de crecimiento. La principal fuente de deficiencias en los mercados de capital riesgo que afecta particularmente al acceso de las PYME al capital y que puede justificar la intervención pública está relacionada con una información imperfecta o asimétrica. En consecuencia, deben eximirse de la obligación de notificación, en determinadas condiciones, los regímenes de capital riesgo en forma de fondos de inversiones gestionados en condiciones comerciales en los que un porcentaje suficiente de los fondos procedan de inversores privados en forma de valores privados, que promuevan medidas de capital riesgo de carácter lucrativo en favor de las empresas destinatarias. Las condiciones de que los fondos de inversión deban ser gestionados con criterios comerciales y de que las consiguientes medidas de capital riesgo se rijan por una lógica de rentabilidad no deben ser óbice para que los fondos de inversión se orienten hacia actividades y segmentos de mercados específicos, como por ejemplo las empresas creadas por mujeres. El presente Reglamento no debe afectar al estatuto del Fondo Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Inversiones, tal y como se define en las Directrices comunitarias sobre capital riesgo.

(57)

Las ayudas de investigación, desarrollo e innovación pueden contribuir a la reactivación del crecimiento, al fortalecimiento de la competitividad y al fomento del empleo. La experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) no 364/2004, el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, y el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación, indica que, dadas las capacidades de investigación y desarrollo disponibles tanto en las PYME como en las grandes empresas, las deficiencias del mercado pueden impedir que éste alcance un grado óptimo de producción y redunde en resultados ineficientes. Tales deficiencias se refieren generalmente a efectos externos positivos/desbordamientos del conocimiento, bienes públicos/efectos de desbordamiento del conocimiento, información imperfecta y asimétrica y fallos de coordinación y de red.

(58)

Las ayudas de investigación, desarrollo e innovación revisten especial importancia, particularmente para las PYME, ya que una de las desventajas estructurales de tales empresas radica en la dificultad que pueden experimentar para acceder a nuevos avances tecnológicos, a la transferencia de tecnologías o a personal altamente cualificado. Por tanto, deben eximirse de la obligación de notificación previa, en determinadas condiciones, las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo, para estudios de viabilidad técnica, para cubrir los costes de los derechos de propiedad intelectual de las PYME, así como las ayudas para pequeñas empresas jóvenes e innovadoras y las ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación.

(59)

En las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo, la parte subvencionada del proyecto debe corresponder plenamente a las categorías de investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental. Si un proyecto abarca distintas tareas debe indicarse, para cada una de ellas, si corresponde a las categorías de investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental, o si no corresponde a ninguna de ellas. Tal clasificación no tiene por qué seguir un orden cronológico que vaya de la investigación fundamental a actividades más próximas al mercado. Consecuentemente, una tarea realizada en una etapa posterior de un proyecto puede clasificarse como investigación industrial. De manera similar, no se excluye que una actividad desarrollada en una fase anterior del proyecto pueda constituir desarrollo experimental.

(60)

En el sector agrícola, deben eximirse determinadas ayudas de investigación y desarrollo siempre que reúnan condiciones similares a las establecidas en las disposiciones específicas previstas para el sector agrícola en el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación. Si no cumplen dichas condiciones específicas, tales ayudas es conveniente que se disponga su exención cuando cumplan las condiciones establecidas en las disposiciones generales sobre investigación y desarrollo del presente Reglamento.

(61)

Uno de los objetivos fundamentales de las políticas económicas y sociales de la Comunidad y de sus Estados miembros es fomentar la formación y la contratación de trabajadores desfavorecidos y discapacitados, así como compensar los costes adicionales que implica el empleo de trabajadores discapacitados.

(62)

Por lo general, la formación produce efectos externos positivos para la sociedad en su conjunto, dado que incrementa el número de trabajadores cualificados del que pueden abastecerse las demás empresas, mejora la competitividad de la industria comunitaria y desempeña una función importante en la estrategia de empleo. La formación, incluido el aprendizaje en línea (e-learning), resulta también esencial para la constitución, adquisición y difusión del conocimiento, un bien público de importancia fundamental. Habida cuenta de que las empresas de la Comunidad suelen invertir poco en la formación de sus trabajadores, especialmente en la de naturaleza general que no les suponga una ventaja inmediata y concreta, las ayudas estatales pueden ayudar a corregir esta deficiencia del mercado, por lo que deben eximirse, en determinadas condiciones, de la obligación de notificación previa. A la vista de los obstáculos a que se enfrentan las PYME y de los costes relativos más elevados que han de soportar cuando invierten en formación, se deben incrementar para ellas las intensidades de ayuda que quedan exentas en aplicación del presente Reglamento. Las características de la formación en el sector del transporte marítimo justifica un planteamiento específico para este sector.

(63)

Puede distinguirse entre formación general y específica. Las intensidades de ayuda permisibles deben variar según el tipo de formación ofrecida y el tamaño de la empresa. La formación general ofrece cualificaciones transferibles y mejora sustancialmente las posibilidades de empleo de los trabajadores formados. Las ayudas concedidas a tal efecto producen menos efectos de falseamiento sobre la competencia, de tal forma que intensidades más altas de ayuda pueden quedar exentas de la obligación de notificación previa. La formación específica, que favorece principalmente a la empresa, implica un riesgo más elevado de falseamiento de la competencia, por lo que la intensidad de ayuda que pueda quedar exenta de la obligación de notificación previa debe ser mucho más baja. La formación se debe considerarse también general cuando se refiera a gestión medioambiental, innovación en materia medioambiental o responsabilidad social de las empresas y, de este modo, aumente la capacidad de los beneficiarios para contribuir a los objetivos medioambientales generales.

(64)

Algunas categorías de trabajadores discapacitados o desfavorecidos siguen teniendo especial dificultad para incorporarse al mercado de trabajo. Por este motivo, está justificado que las autoridades públicas apliquen medidas ofreciendo incentivos a las empresas para que aumenten sus niveles de empleo, especialmente de trabajadores pertenecientes a dichas categorías desfavorecidas. Los costes laborales forman parte de los costes operativos normales de cualquier empresa. Por ello reviste especial importancia que las ayudas al empleo de trabajadores discapacitados y desfavorecidos repercutan positivamente sobre los niveles de empleo de estas categorías de trabajadores y no se limiten a permitir que las empresas reduzcan unos costes que en caso contrario tendrían que soportar. En consecuencia, dichas ayudas deben eximirse de la obligación de notificación previa cuando sea probable que vayan a ayudar a esas categorías de trabajadores a reincorporarse al mercado de trabajo o, en el caso de trabajadores discapacitados, a reincorporarse y permanecer en el mercado de trabajo.

(65)

Las ayudas en favor de los trabajadores discapacitados en forma de subvenciones salariales pueden calcularse en función del grado de discapacidad del trabajador en cuestión o pagarse a tanto alzado, siempre que ninguno de estos métodos lleve a superar la intensidad máxima de la ayuda para cada uno de los trabajadores.

(66)

Procede establecer disposiciones transitorias para las ayudas individuales concedidas antes de la entrada en vigor del presente Reglamento que no hayan sido notificadas, en infracción de la obligación establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. Con la derogación del Reglamento (CE) no 1628/2006, los regímenes existentes de ayudas regionales a la inversión exentos deben poder continuar aplicándose en las condiciones previstas por dicho Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 9, apartado 2, párrafo segundo.

(67)

Habida cuenta de la experiencia de la Comisión en este ámbito y, especialmente, de la frecuencia con la que por lo general hay que revisar la política de ayudas estatales, resulta conveniente limitar el período de aplicación del presente Reglamento. En caso de que el presente Reglamento expire sin haber sido prorrogado, los regímenes de ayudas ya exentos en virtud del mismo deben mantener su exención durante seis meses, a fin de dar tiempo a los Estados miembros para adaptarse.

(68)

Los Reglamentos: Reglamento (CE) no 70/2001, Reglamento (CE) no 68/2001, Reglamento (CE) no 2204/2002 expiraron el 30 de junio de 2008 y el Reglamento (CE) no 1628/2006 debe ser derogado,

Capítulo I

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Capítulo II

Sección 1

Artículo 13

Artículo 14

Sección 2

Artículo 15

Sección 3

Artículo 16

Sección 4

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Sección 5

Artículo 26

Artículo 27

Sección 6

Artículo 28

Artículo 29

Sección 7

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Sección 8

Artículo 38

Artículo 39

Sección 9

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Capítulo III

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Anexo I

Anexo II

Formulario para facilitar información resumida sobre ayudas de investigación y desarrollo con arreglo a la obligación ampliada de información establecida en el artículo 9, apartado 4

Formulario para facilitar información resumida sobre ayudas a grandes proyectos de inversión con arreglo a la obligación ampliada de información establecida en el artículo 9, apartado 4

Anexo III

a)

ayudas de carácter regional;

b)

ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME;

c)

ayudas a la creación de empresas por parte de empresarias;

d)

ayudas en favor del medio ambiente;

e)

ayudas para servicios de consultoría en favor de las PYME y para su participación en ferias comerciales;

f)

ayudas en forma de capital riesgo;

g)

ayudas de investigación, desarrollo e innovación;

h)

ayudas a la formación;

i)

ayudas en favor de los trabajadores desfavorecidos o discapacitados.

a)

las ayudas a actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora;

b)

las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

a)

ayudas en favor de actividades en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) no 104/2000 (24), con la excepción de las ayudas a la formación, las ayudas en forma de capital riesgo, las ayudas de investigación y desarrollo y las ayudas en favor de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados;

b)

ayudas en favor de actividades de producción primaria de productos agrícolas, con la excepción de las ayudas a la formación, las ayudas en forma de capital riesgo, las ayudas de investigación y desarrollo y las ayudas en favor de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados, en la medida en que estas categorías no queden amparadas por el Reglamento (CE) no 1857/2006;

c)

ayudas en favor de las actividades de transformación y comercialización de productos agrícolas en los casos siguientes:

d)

ayudas en favor de actividades en el sector del carbón, con la excepción de las ayudas a la formación, las ayudas de investigación y desarrollo e innovación y las ayudas para la protección del medio ambiente;

e)

ayudas regionales en favor de actividades en el sector del acero;

f)

ayudas regionales en favor de actividades en el sector de la construcción naval;

g)

ayudas regionales en favor de actividades en el sector de las fibras sintéticas.

a)

los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente la concesión de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común;

b)

las ayudas ad hoc en favor de empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común;

c)

las ayudas a empresas en crisis.

a)

si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, que haya desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se haya perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses, o

b)

si se trata de una sociedad en la que al menos algunos de sus socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la empresa, que hayan desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se haya perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos 12 meses, o

c)

para todas las formas de empresas, que reúna las condiciones establecidas en el derecho nacional para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia.

1)

«ayuda»: cualquier medida que cumple todos los criterios establecidos en el artículo 87, apartado 1, del Tratado;

2)

«régimen de ayudas»: todo dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, y todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas, no vinculadas a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado;

3)

«ayuda individual»:

4)

«ayuda ad hoc»: ayuda individual que no se concede sobre la base de un régimen de ayudas;

5)

«intensidad de ayuda»: el importe de la misma expresado en porcentaje de los costes subvencionables;

6)

«ayudas transparentes»: ayudas en las que es posible calcular previamente con exactitud el equivalente en subvención bruta (ESB) sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo;

7)

«pequeñas y medianas empresas (PYME)»: empresas que cumplen los criterios establecidos en el anexo I;

8)

«grandes empresas»: empresas que no cumplen los criterios establecidos en el anexo I;

9)

«zonas asistidas»: regiones que pueden optar a ayudas regionales, tal y como aparecen en el mapa de ayudas regionales aprobado para el Estado miembro correspondiente durante el período 2007-2013;

10)

«activos materiales»: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, punto 12, activos correspondientes a terrenos, edificios e instalaciones, maquinaria y equipos. En el sector del transporte, los medios y equipos de transporte, se consideran activos subvencionables excepto en lo que respecta a las ayudas regionales y al transporte de mercancías por carretera y el transporte aéreo;

11)

«activos inmateriales»: activos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, «know-how» o conocimientos técnicos no patentados;

12)

«grandes proyectos de inversión»: inversión en activos de capital con unos costes subvencionables superiores a 50 millones de euros, calculados a los precios y tipos de cambio vigentes en la fecha de concesión de la ayuda;

13)

«número de empleados»: número de unidades de trabajo/año (UTA), es decir, número de personas empleadas a tiempo completo en un año, siendo fracciones de UTA el trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional;

14)

«puestos de trabajo creados directamente por un proyecto de inversión»: puestos de trabajo relacionados con la actividad a la que se destina la inversión, incluidos los puestos creados como consecuencia de un aumento de la tasa de utilización de la capacidad originado por la inversión;

15)

«coste salarial»: cantidad total pagadera efectivamente por el beneficiario de la ayuda en concepto del empleo en cuestión, incluidos:

16)

«ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME»: ayudas que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 15;

17)

«ayudas a la inversión»: ayuda a la inversión y empleo regional en virtud del artículo 13, ayuda a la inversión y empleo en las PYME en virtud del artículo 15 y ayuda a la inversión en favor del medio ambiente en virtud de los artículo 18 a 23;

18)

«trabajador desfavorecido»: toda persona que:

19)

«trabajador muy desfavorecido»: toda persona que haya estado sin empleo durante no menos de 24 meses;

20)

«trabajador discapacitado»: toda persona que:

21)

«empleo protegido»: empleo en una empresa en la cual como mínimo el 50 % de la plantilla esté compuesta por trabajadores discapacitados;

22)

«producto agrícola»:

23)

«transformación de productos agrícolas»: cualquier operación efectuada sobre los mismos cuyo resultado sea también un producto agrícola, excepto las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias a fin de preparar un producto animal o vegetal para la primera venta;

24)

«comercialización de productos agrícolas»: la tenencia o la exposición con destino a la venta, la oferta para venta, la entrega o cualquier otra forma de presentación en el mercado, con excepción de la primera venta de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte de un productor primario de productos a los consumidores finales se considerará comercialización sólo si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin;

25)

«actividades turísticas»: cubren las siguientes actividades económicas de la clasificación NACE Rev. 2:

26)

«anticipo reembolsable»: préstamo destinado a un proyecto, abonado en uno o varios plazos y cuyas condiciones de reembolso dependen del resultado del proyecto de investigación y desarrollo e innovación;

27)

«capital riesgo»: financiación mediante capital y cuasicapital a sociedades durante sus primeras etapas de crecimiento (fases inicial, de puesta en marcha y de expansión);

28)

«empresas recientes creadas por empresarias»: pequeña empresa que reúna las siguientes condiciones:

29)

«sector del acero»: cualquier actividad relacionada con la producción de uno o más de los siguientes productos:

30)

«sector de fibras sintéticas»:

a)

las ayudas contenidas en subvenciones y bonificaciones de tipos de interés;

b)

las ayudas incluidas en préstamos, siempre y cuando su importe se calcule sobre la base de los tipos de interés del mercado vigentes cuando se concede la ayuda;

c)

las ayudas incluidas en regímenes de garantías:

d)

las ayudas contenidas en medidas fiscales, cuando la medida en cuestión establezca un límite para garantizar que no se supera el umbral aplicable.

a)

las ayudas contenidas en las aportaciones de capital, sin perjuicio de las disposiciones específicas relativas al capital riesgo;

b)

las ayudas contenidas en medidas de capital riesgo, salvo las que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 29.

a)

ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME: 7,5 millones de euros por empresa y por proyecto de inversión;

b)

ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente: 7,5 millones de euros por empresa y por proyecto de inversión;

c)

ayudas para servicios de consultoría en favor de las PYME: 2 millones de euros por empresa y por proyecto;

d)

ayudas para la participación de las PYME en ferias: 2 millones de euros por empresa y por proyecto;

e)

ayuda para proyectos de investigación y desarrollo y estudios de viabilidad:

f)

ayudas a PYME para financiar los costes de derechos de propiedad industrial: 5 millones de euros por empresa y por proyecto;

g)

ayudas a la formación: 2 millones de euros por proyecto de formación;

h)

ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos: 5 millones de euros por empresa y por año;

i)

ayudas para el empleo de trabajadores discapacitados en forma de costes salariales: 10 millones de euros por empresa y por año;

j)

ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores discapacitados: 10 millones de euros por empresa y por año.

a)

Si una empresa objetivo ha recibido capital en virtud de una medida de capital riesgo que con arreglo al artículo 29 y posteriormente, en los tres años siguientes a la primera inversión de capital riesgo, solicita una ayuda con arreglo al presente Reglamento, los umbrales de ayuda o los importes máximos de ayuda establecidos en el presente Reglamento se reducirán en un 50 % como norma general y en un 20 % si la empresa objetivo está situada en una zona asistida. Esta reducción no superará el importe total de capital riesgo recibido. Dicha reducción no se aplicará a las ayudas de investigación, desarrollo e innovación exentas en virtud de los artículos 31 a 37.

b)

Durante los 3 primeros años después de su concesión, las ayudas destinadas a las empresas jóvenes e innovadoras no podrán acumularse con otras ayudas exentas en aplicación del presente Reglamento, con la única excepción de las ayudas exentas con arreglo a los artículos 29 y a las ayudas exnetas con arreglo a los artículos 31 a 37 del presente Reglamento.

a)

un aumento sustancial del tamaño del proyecto o actividad gracias a la ayuda;

b)

un aumento sustancial del ámbito de aplicación del proyecto o actividad gracias a la ayuda;

c)

un aumento sustancial del importe total invertido por el beneficiario en el proyecto o actividad gracias a la ayuda;

d)

un aumento sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate;

e)

por lo que respecta a las ayudas regionales a la inversión, contempladas en el artículo 13, que el proyecto no se habría llevado a cabo en la región asistida de no haber sido por la ayuda.

a)

la medida fiscal establezca un derecho legal a la ayuda de acuerdo con criterios objetivos y sin que el Estado miembro, y

b)

la medida fiscal fue adoptada antes de comenzarse a trabajar en el proyecto o actividad subvencionada. Esta condición no será aplicable en el caso de regímenes fiscales sucesorios.

a)

una inversión en activos materiales o inmateriales para la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o un cambio esencial en el proceso general de producción de un establecimiento existente, o

b)

la adquisición de activos fijos vinculados directamente a un establecimiento, cuando este establecimiento haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, y los activos sean adquiridos por un inversor independiente. En el caso de la transmisión de una pequeña empresa a favor de la familia del propietario o propietarios originales o a favor de antiguos empleados, se deberá renunciar a la condición de que los activos sean adquiridos por un inversor independiente.

a)

se utilizarán exclusivamente en la empresa beneficiaria de la ayuda. En cuanto a las ayudas regionales a la inversión, se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda;

b)

se considerarán activos amortizables;

c)

se adquirirán a terceros en condiciones de mercado sin que el adquirente esté en posición de ejercer control sobre el vendedor, o viceversa, a tenor del artículo 3 del Reglamento (CE) no 139/2004 (28) del Consejo;

d)

en el caso de ayudas a la inversión destinadas a PYME, deberán incluirse en los activos de la empresa durante al menos tres años. En el caso de ayuda regional a la inversión, deberán incluirse en los activos de la empresa y permanecer en el establecimiento receptor de la ayuda durante al menos cinco años o durante tres años en el caso de las PYME.

a)

los puestos de trabajo deberán crearse en los tres años siguientes a la finalización de la inversión;

b)

el proyecto de inversión habrá de conducir a un incremento neto del número de empleados en el establecimiento de que se trate, comparado con la media de los últimos doce meses;

c)

los puestos de trabajo creados deberán mantenerse durante un periodo mínimo de cinco años para las grandes empresas y de tres años para las PYME.

a)

el 50 % de las inversiones subvencionables en las regiones que puedan acogerse al artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado y el 40 % de las inversiones subvencionables en otras regiones que puedan optar a la ayuda regional, según se establecen en el mapa de ayudas regionales aprobado para el Estado miembro correspondiente para el período 2007-2013, si el beneficiario es una PYME;

b)

el 25 % de las inversiones subvencionables en las regiones que puedan acogerse al artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado y el 20 % de las inversiones subvencionables en otras regiones que puedan optar a la ayuda regional, según se establecen en el mapa de ayudas regionales aprobado para el Estado miembro correspondiente para el período 2007-2013, si el beneficiario tiene menos de 750 empleados y/o un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros, calculado de conformidad con el anexo I del presente Reglamento.

a)

2 millones de euros para pequeñas empresas que desarrollen su actividad económica en regiones que pueden acogerse a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado;

b)

1 millón de euros para pequeñas empresas que desarrollen su actividad económica en regiones que pueden acogerse a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

a)

en las regiones contempladas por el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, el 35 % de los costes subvencionables contraídos durante los tres primeros años tras la creación de la empresa, y el 25 % en los dos años posteriores;

b)

en las regiones contempladas por el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, el 25 % de los costes subvencionables contraídos durante los tres primeros años tras la creación de la empresa, y el 15 % en los dos años posteriores.

a)

intereses derivados de financiaciones exteriores y dividendos sobre el capital propio que no superen el índice de referencia;

b)

gastos de alquiler de instalaciones y equipos de producción;

c)

energía, agua, calefacción, impuestos (excepto el IVA y los impuestos de sociedades) y cargas administrativas;

d)

depreciación, coste de arrendamiento de las instalaciones y equipos de producción así como salarios, siempre que las medidas relativas a inversiones o a la creación de empleo no se hayan beneficiado de otra ayuda.

a)

del 20 % de los costes subvencionables en el caso de las pequeñas empresas;

b)

del 10 % de los costes subvencionables en el caso de las medianas empresas.

a)

los costes de las inversiones materiales e inmateriales subvencionables, o

b)

los costes salariales estimados relativos al empleo generado directamente por el proyecto de inversión, calculados a lo largo de un período de dos años.

a)

el 75 % de los costes subvencionables en las regiones ultraperiféricas;

b)

el 65 % del importe de las inversiones subvencionables efectuadas en las islas menores del Mar Egeo a tenor del Reglamento (CE) no 1405/2006 (29) del Consejo;

c)

el 50 % de las inversiones subvencionables en las regiones que puedan optar a la ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado;

d)

el 40 % de las inversiones subvencionables en todas las demás regiones.

a)

intereses derivados de financiaciones exteriores y dividendos sobre el capital propio utilizado que no superen el índice de referencia;

b)

gastos de alquiler de instalaciones y equipos de producción;

c)

energía, agua, calefacción, impuestos (excepto el IVA y los impuestos de sociedades) y cargas administrativas;

d)

depreciación, coste de arrendamiento de las instalaciones y equipos de producción así como salarios, siempre que las medidas relativas a inversiones o a la creación de empleo no se hayan beneficiado de otra ayuda;

e)

gastos por cuidados infantiles, incluidos, en su caso, los gastos derivados del permiso parental.

1)

«protección del medio ambiente»: cualquier medida encaminada a subsanar o prevenir los daños al medio físico o a los recursos naturales causados por las actividades del beneficiario, a reducir el riesgo de tales daños o a fomentar el uso más eficiente de dichos recursos, incluidas las medidas destinadas al ahorro de energía y la utilización de fuentes de energías renovables;

2)

«acciones en favor del ahorro de energía»: las acciones que permiten a las empresas reducir el consumo de energía empleada especialmente en el ciclo de producción;

3)

«norma comunitaria»:

4)

«fuentes de energías renovables»: las siguientes fuentes de energía renovables no fósiles (la energía eólica, solar, geotérmica, de las olas, de las mareas, las instalaciones hidroeléctricas, los gases de vertedero, los gases de plantas de depuración y el biogás);

5)

«biocombustibles»: combustibles líquidos o gaseosos destinados al transporte y producidos a partir de biomasa;

6)

«biocombustibles sostenibles»: biocombustibles que cumplen los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 15 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (31). Una vez que la Directiva haya sido adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, serán de aplicación los criterios de sostenibilidad en ella recogidos;

7)

«generación de energía a partir de fuentes de energía renovables»: la energía generada por instalaciones que utilicen exclusivamente fuentes de energía renovables, así como la proporción, en función de su poder calorífico, de la energía generada a partir de fuentes de energía renovables en instalaciones híbridas que también utilicen fuentes de energía convencionales. Incluye la electricidad renovable utilizada para llenar los sistemas de almacenamiento, pero excluye la electricidad generada como resultado de dichos sistemas;

8)

«cogeneración»: la generación simultánea en un proceso de energía térmica y eléctrica y/o mecánica;

9)

«cogeneración de alta eficiencia»: la cogeneración que cumpla los criterios del anexo III de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (32) y satisfaga los valores de referencia de la eficiencia armonizados establecidos por la Decisión de la Comisión 2007/74/CE (33);

10)

«impuesto medioambiental»: una exacción cuya base imponible específica produce manifiestamente efectos negativos en el medio ambiente o destinada a gravar determinados bienes, servicios o actividades de forma que los costes medioambientales se incorporen a sus precios o de forma que los productores y consumidores se inclinen por actividades más respetuosas del medio ambiente;

11)

«nivel mínimo de imposición de la Comunidad» el nivel mínimo de imposición establecido en la normativa comunitaria; para los productos energéticos y la electricidad, por nivel mínimo de imposición de la Comunidad se entenderá el nivel mínimo de imposición establecido en el anexo I de la Directiva 2003/96/CE;

12)

«activos materiales»: inversiones en suelo que sean estrictamente necesarias para cumplir objetivos ambientales, las inversiones en edificios, instalaciones y bienes de equipo cuyo fin sea reducir o eliminar la contaminación y otros efectos nocivos, o adaptar los métodos de producción para proteger el medio ambiente.

a)

inversiones que permitan al beneficiario incrementar el nivel de protección del medio ambiente derivado de sus actividades superando las normas comunitarias, independientemente de la existencia de normas nacionales obligatorias más estrictas que las comunitarias;

b)

inversiones que permitan al beneficiario incrementar el nivel de protección del medio ambiente derivado de sus actividades en ausencia de normas comunitarias.

a)

cuando en el coste total de la inversión pueda identificarse fácilmente el coste de la inversión en protección ambiental, este coste preciso relacionado con la protección ambiental será el coste subvencionable;

b)

en todos los demás casos, los costes de inversión suplementarios se calcularán comparando la inversión con la situación hipotética en ausencia de ayuda estatal; la situación hipotética correcta será el coste de una inversión técnicamente comparable que ofrezca un grado inferior de protección medioambiental (que corresponda a normas comunitarias obligatorias, en caso de que existan) y que se pueda realizar de manera creíble sin ayudas («inversión de referencia»); por inversión técnicamente comparable se entenderá una inversión con la misma capacidad de producción y todas las demás características técnicas (salvo las directamente relacionadas con la inversión suplementaria para la protección del medio ambiente). Además, esta inversión de referencia ha de constituir una alternativa creíble, desde un punto de vista empresarial, a la inversión considerada.

a)

cuando la empresa se esté adaptando a las normas nacionales adoptadas en ausencia de normas comunitarias, los costes subvencionables serán los costes de inversión suplementarios necesarios para lograr el nivel de protección del medio ambiente exigido por las normas nacionales;

b)

cuando la empresa se esté adaptando a las normas nacionales, vaya más allá de unas normas nacionales que sean más estrictas que las normas comunitarias, o supere las normas comunitarias correspondientes, los costes subvencionables serán los costes de inversión suplementarios necesarios para lograr un nivel de protección ambiental superior al exigido por las normas comunitarias. No serán subvencionables los costes de las inversiones necesarias para alcanzar el nivel de protección exigido por las normas comunitarias;

c)

en ausencia de normas, los costes subvencionables serán los costes de inversión necesarios para alcanzar un nivel de protección ambiental superior al que alcanzaría la empresa o empresas de que se trate en ausencia de toda ayuda para la protección del medio ambiente.

a)

en los apartados 2 y 3 del presente artículo o

b)

las establecidas en los apartados 4 y 5 del mismo.

1)

«capital»: participación en la propiedad de una empresa, representada por las acciones emitidas a sus inversores;

2)

«cuasicapital»: instrumentos financieros cuya rentabilidad para su tenedor se basa predominantemente en los beneficios o las pérdidas de la empresa objetivo subyacente y que no están garantizados en caso de impago;

3)

«valores privados (private equity)»: inversión de capital o cuasicapital privado (es decir, no público) en sociedades sin cotización en un mercado de valores; incluye el capital de especulación;

4)

«capital inicial»: financiación facilitada para estudiar, evaluar y desarrollar un concepto inicial que precede a la fase de puesta en marcha;

5)

«capital de puesta en marcha»: financiación proporcionada a empresas que no han vendido su producto o su servicio comercialmente, por lo que aún no están generando beneficios, para el desarrollo de sus productos y la comercialización inicial;

6)

«capital de expansión»: financiación proporcionada para el crecimiento y la expansión de una empresa, que puede o no alcanzar un punto de equilibrio financiero o resultar rentable, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción, el desarrollo del mercado o del producto o la provisión de capital de explotación adicional;

7)

«estrategia de salida»: estrategia para la liquidación de participaciones por parte de un fondo de capital de especulación o de un fondo de capital de inversión con arreglo a un plan para lograr la máxima rentabilidad, como puede ser la venta comercial, las amortizaciones, el reembolso de acciones/préstamos preferentes, la venta a otro inversor de capital de especulación, la venta a una entidad financiera y la venta mediante oferta pública (incluida la Oferta Pública Inicial);

8)

«empresa o sociedad objetivo»: empresa o sociedad en la que un inversor o fondo de inversión está considerando invertir.

a)

existencia de un plan empresarial para cada inversión que contenga detalles de la evolución del producto, las ventas y la rentabilidad y establezca la viabilidad ex ante del proyecto; y

b)

existencia de una estrategia de salida clara y realista para cada inversión.

a)

existe un acuerdo entre un gestor de fondos profesional y los participantes del fondo, siempre que la remuneración del gestor esté vinculada a la realización y establecimiento de los objetivos del fondo y a la programación de inversiones propuesta; y

b)

los inversores privados están representados en el proceso de toma de decisiones, por ejemplo a través de un comité de inversores o consultivo; y

c)

la gestión de los fondos se regirá por las mejores prácticas y la supervisión reguladora.

1)

«organismo de investigación»: una entidad, tal como una universidad o instituto de investigación, con independencia de su condición jurídica (pública o privada) o forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental y difundir los resultados de las mismas mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de tecnología; todos los beneficios se reinvertirán en esas actividades, la divulgación de sus resultados o la enseñanza. Las empresas que puedan ejercer influencia en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no gozarán de acceso preferente a las capacidades de investigación de la entidad ni a los resultados de investigación que genere;

2)

«investigación fundamental», trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sin perspectivas de aplicación práctica y directa;

3)

«investigación industrial»: investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto es la adquisición de nuevos conocimientos y técnicas que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a mejorar considerablemente los productos, procesos o servicios existentes. Incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para investigación industrial, especialmente la validación de tecnología genérica, salvo los prototipos;

4)

«desarrollo experimental»: la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Podrá incluir, por ejemplo, otras actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos y servicios. Entre las actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales.

El desarrollo de prototipos y proyectos piloto que puedan destinarse a usos comerciales también estará incluido si el prototipo es necesariamente el producto comercial final y resulta demasiado costoso producirlo para utilizarlo solamente a efectos de demostración y validación. En caso de posterior uso comercial de proyectos de demostración o proyectos piloto, todo ingreso derivado de tal uso deberá deducirse de los costes subvencionables.

Son también subvencionables la producción y ensayo experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y cuando no puedan utilizarse o transformarse para su uso en aplicaciones industriales o para fines comerciales.

El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.

5)

«personal altamente cualificado»: investigadores, ingenieros, diseñadores y gestores de comercialización con título de licenciado y al menos 5 años de experiencia profesional pertinente. La formación en doctorado podrá contar como experiencia profesional pertinente;

6)

«comisión de servicio»: empleo temporal de personal por un beneficiario durante un periodo de tiempo tras el cual el personal tiene derecho a reincorporarse en su anterior empresa.

a)

investigación fundamental;

b)

investigación industrial;

c)

desarrollo experimental.

a)

investigación fundamental: 100 % del coste subvencionable;

b)

investigación industrial: 50 % del coste subvencionable;

c)

desarrollo experimental: 25 % del coste subvencionable.

a)

cuando las ayudas se concedan a PYME, la intensidad máxima de ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales para las medianas empresas y 20 puntos porcentuales para las pequeñas empresas; y

b)

hasta una intensidad máxima de ayuda del 80 % de los costes subvencionables, podrá añadirse una bonificación de 15 puntos porcentuales si:

a)

costes de personal (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, siempre y cuando esté exclusivamente dedicado al proyecto de investigación);

b)

costes de instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto de investigación. Si el instrumental y el material no se utilizan exclusivamente para el proyecto de investigación, sólo se considerarán subvencionables los costes de amortización que correspondan a la duración del proyecto de investigación, calculados sobre la base de las buenas prácticas contables;

c)

costes de edificios y terrenos, en la medida en que se utilicen para el proyecto de investigación y para la duración del mismo. En el caso de los edificios, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto de investigación calculados con arreglo a las buenas prácticas contables; en cuanto a los terrenos, serán subvencionables los costes de transferencia comercial o los costes de capital en que se haya incurrido realmente;

d)

costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado, siempre y cuando la operación se haya realizado en condiciones de plena competencia y sin elemento alguno de colusión, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de investigación;

e)

gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto de investigación;

f)

otros costes de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente de la actividad de investigación.

a)

en el caso de las PYME, del 75 % de los costes subvencionables, si se trata de estudios preparatorios para actividades de investigación industrial y del 50 % del coste subvencionable si se trata de estudios preparatorios para actividades de desarrollo experimental;

b)

en el caso de las grandes empresas, del 65 % de los costes subvencionables, si se trata de estudios preparatorios para actividades de investigación industrial y del 40 % de los costes subvencionables si se trata de estudios preparatorios para actividades de desarrollo experimental.

a)

todos los costes que preceden a la concesión del derecho en la primera jurisdicción, incluidos los costes relativos a la preparación y presentación de la solicitud, así como los de renovación de la solicitud en que se haya incurrido con anterioridad a la concesión del derecho;

b)

los costes de traducción, etc., en que se haya incurrido a fin de obtener la concesión o validación del derecho en otras jurisdicciones;

c)

los costes de defensa de la validez del derecho en que se haya incurrido con motivo de la tramitación oficial de la solicitud y en eventuales procedimientos de oposición, aunque dichos costes se produzcan con posterioridad a la concesión del derecho.

a)

por lo que se refiere a los servicios de asesoramiento en innovación: asesoramiento en gestión; asistencia tecnológica; servicios de transferencia de tecnologías; formación; asesoramiento sobre adquisición, protección y comercio de derechos de propiedad intelectual y acuerdos de licencia; asesoramiento sobre el uso de normas.

b)

por lo que se refiere a los servicios de apoyo a la innovación: espacios de oficina; bancos de datos; bibliotecas técnicas; estudio de mercados; uso de laboratorios; etiquetado, pruebas y certificación de calidad.

1)

«formación específica»: la formación que incluye una enseñanza teórica y práctica aplicable principal y directamente en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria y que ofrece cualificaciones que no son transferibles, o sólo de forma restringida, a otras empresas o a otros ámbitos laborales;

2)

«formación general»: la formación que incluye una enseñanza que no es única o principalmente aplicable en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, sino que proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles a otras empresas o a otros ámbitos laborales. La formación es general si, por ejemplo:

a)

en el caso de formación específica: del 25 % de los costes subvencionables, y

b)

en el caso de formación general: del 60 % de los costes subvencionables.

a)

en 10 puntos porcentuales si la formación se facilita a trabajadores discapacitados o desfavorecidos;

b)

en 10 puntos porcentuales si la ayuda se concede a medianas empresas y en 20 puntos porcentuales si se concede a pequeñas empresas.

a)

el aprendiz no sea un miembro activo de la tripulación sino que sea supernumerario a bordo, y

b)

la formación se llevará a cabo a bordo de naves inscritas en registros comunitarios.

a)

costes del personal docente;

b)

gastos de desplazamiento del personal docente y de los beneficiarios de la formación, incluido el alojamiento;

c)

otros gastos corrientes tales como materiales y suministros vinculados directamente al proyecto;

d)

amortización de instrumentos y equipos en proporción a su utilización exclusiva para el proyecto de formación;

e)

costes de servicios de asesoría en relación con el proyecto de formación;

f)

costes de personal de los beneficiarios de la formación y costes indirectos generales (gastos administrativos, alquileres, gastos generales) hasta un importe equivalente al de los demás costes subvencionables indicados en las letras a) a e). Para los costes de personal de los beneficiarios de formación, sólo podrán tenerse en cuenta las horas en las que los trabajadores hayan participado realmente en la formación, previa deducción de cualesquiera horas productivas.

a)

los costes de adaptación de las instalaciones;

b)

los costes de contratación de personal que dedique tiempo exclusivamente a asistir al trabajador o trabajadores discapacitados;

c)

los costes de adaptación o adquisición de equipo o de programas informáticos destinados a los trabajadores discapacitados, incluidas las instalaciones tecnológicas adaptadas o de ayuda, suplementarios a los costes que habría soportado el beneficiario si hubiera contratado a trabajadores no discapacitados;

d)

cuando el beneficiario proporcione empleo protegido, los costes de construcción, instalación o ampliación del establecimiento en cuestión, así como cualesquiera costes de administración y transporte resultantes del empleo de trabajadores discapacitados;