1.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 204/1

PARTE I.

Capítulo 1.

Capítulo 2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Capítulo 3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

PARTE II.

Capítulo 1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.5.1.

1.1.5.2.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.10.1.

1.1.10.2.

1.1.10.3.

1.1.11.

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.1.4.

1.2.1.5.

1.2.1.6.

1.2.1.7.

1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Capítulo 2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

2.9.

2.9.1.

2.9.2.

Capítulo 3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

PARTE III.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1)

Según el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («el Tratado»), «salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

2)

Sin embargo y pese a la prohibición general, las ayudas estatales pueden ser necesarias para abordar las deficiencias del mercado con el fin de garantizar una economía equitativa y que funcione correctamente. Por lo tanto, el Tratado deja margen para la concesión de ayudas estatales en el ámbito de diversos objetivos políticos. De particular importancia para los sectores agrícola y forestal, de conformidad, en primer lugar, con el artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales u otros acontecimientos de carácter excepcional deben ser compatibles con el mercado interior. En segundo lugar, a la luz del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, la Comisión puede considerar compatibles con el mercado interior las ayudas estatales para promover el desarrollo económico de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales, siempre que no afecten negativamente a las condiciones comerciales.

3)

Además, debido a las características específicas del sector agrícola, el artículo 42 del Tratado dispone que las normas de competencia son aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo.

4)

En las presentes Directrices, la Comisión expone las condiciones y los criterios para que las ayudas al sector agrícola y forestal y las zonas rurales se consideren compatibles con el mercado interior y establece los criterios para determinar las zonas que cumplen las condiciones del artículo 107, apartado 3, del Tratado. En cuanto a las ayudas concedidas con arreglo al artículo 107, apartado 2, letra b), la Comisión establece las condiciones que se verificarán al objeto de determinar si una medida adoptada para reparar los perjuicios causados por desastres naturales u otros acontecimientos de carácter excepcional queda realmente incluida en ese artículo.

5)

Las ayudas estatales para promover el desarrollo económico de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales están incorporadas en la política agrícola común («la PAC»). En el marco de la PAC, la Unión presta apoyo financiero a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales. Dado que los efectos económicos de la ayuda estatal no cambian en función de que esté financiada (o cofinanciada) por la Unión o bien financiada íntegramente por un Estado miembro, la Comisión considera que, en principio, debe existir compatibilidad y coherencia entre su política en materia de control de las ayudas estatales y la ayuda concedida en el marco de la política agrícola común de la Unión. En consecuencia, la concesión de ayudas estatales solamente podrá justificarse si está en consonancia con los objetivos de dicha política y, en particular, con los objetivos subyacentes de la reforma de la PAC para 2020 (1). Así pues, cuando la Comisión aplica e interpreta las normas de las presentes Directrices a regímenes de ayuda concretos, tiene en cuenta las normas y políticas de la PAC.

6)

Los instrumentos europeos siguientes son de particular importancia en materia de ayudas estatales relacionadas con la PAC:

7)

La PAC se asienta en dos pilares: el primero consta de los instrumentos relacionados con el funcionamiento de los mercados agrícolas y la cadena alimentaria (Reglamento (UE) no 1308/2013, Reglamento (CE) no 3/2008, Reglamento (UE) no 228/2013 y Reglamento (UE) no 229/2013) y con los pagos directos (Reglamento (UE) no 1307/2013) que dependen de los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Combinadas, esas medidas aportan un fundamento de apoyo a los agricultores de la Unión y sientan las bases para mantener la agricultura sostenible en toda ella. Las medidas del primer pilar son obligatorias para los Estados miembros y, con muy escasas excepciones, no están cofinanciadas. De esta manera se garantiza la aplicación de una política común en el mercado interior. El segundo pilar de la PAC es la política de desarrollo rural, que está regulada por el Reglamento (UE) no 1305/2013 y cuyo objetivo es la mejora de la competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales, la acción por el clima y el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Las medidas de desarrollo rural son en gran parte voluntarias, tienen carácter contractual, están cofinanciadas y se ejecutan, dentro de un marco estratégico, mediante programas de desarrollo rural que atienden a las prioridades de la Unión en desarrollo rural a escala nacional, regional y local.

8)

Con arreglo al artículo 39, apartado 1, del Tratado, los objetivos de la PAC son incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados y garantizar al consumidor suministros a precios razonables. En virtud del artículo 39, apartado 2, del Tratado, en la elaboración de la política agrícola común y sus métodos especiales de aplicación es preciso tener en cuenta las características específicas de las actividades agrícolas, derivadas de la estructura social de la agricultura y de las disparidades estructurales y naturales entre las diferentes regiones; también deben tenerse presentes la necesidad de que, cuando sea necesario llevar a cabo ajustes, estos se hagan de forma gradual, y el hecho de que la agricultura constituye un sector íntimamente ligado a la economía en su conjunto.

9)

La agricultura ha de adaptarse a las nuevas realidades, enfrentarse a los retos de la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el cambio climático y mantener viva la economía agrícola. Para afrontar esos importantes desafíos, en su Comunicación sobre la PAC en el horizonte de 2020 (10), la Comisión ha señalado los objetivos siguientes para la PAC de 2014-2020: 1) producción alimentaria viable; 2) gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima; y 3) desarrollo territorial equilibrado.

10)

Como parte integrante de la PAC, la política de desarrollo rural de 2014-2020 contribuirá a lograr los siguientes objetivos: 1) fomentar la competitividad de la agricultura; 2) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima; y 3) lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación del empleo. La consecución de estos objetivos de desarrollo rural se perseguirá mediante las prioridades de la Unión en materia de desarrollo rural que se enumeran a continuación: 1) fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales; 2) mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible; 3) fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y la comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrícola; 4) restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura; 5) promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y forestal, y 6) fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales (11).

11)

Los objetivos de la PAC también entran en el ámbito de aplicación de los objetivos establecidos en la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, «Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (12) y su iniciativa emblemática en pro de una Europa que utilice eficazmente los recursos (13), que fija objetivos en áreas tales como la competitividad, el clima, la energía y la biodiversidad.

12)

La política de ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales también se ha de integrar en la iniciativa general de la Comisión de modernización de las ayudas estatales. En su Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales (14), la Comisión enunció tres objetivos que se habían de perseguir mediante la modernización del control de estas ayudas: 1) impulsar un crecimiento sostenible, inteligente e integrador en un mercado interior competitivo; 2) concentrar el examen previo de la Comisión en los asuntos que tengan mayor incidencia sobre el mercado interior reforzando al mismo tiempo la cooperación con los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales; y 3) racionalizar las normas y acelerar la toma de decisiones. En particular, la Comunicación pedía un enfoque común en la revisión de las distintas directrices y marcos, con el fin de fortalecer el mercado interior, fomentar una mayor eficacia en el gasto público mediante una mejor contribución de las ayudas estatales a los objetivos de interés común y un examen más profundo del efecto incentivador, limitar la ayuda al mínimo necesario y evitar los posibles efectos negativos de la ayuda sobre la competencia y el comercio. Las condiciones de compatibilidad establecidas en las presentes Directrices se basan en esos principios comunes de evaluación y son aplicables a los regímenes de ayudas notificables y a las ayudas individuales.

13)

De conformidad con el artículo 42 del Tratado, en la medida en la que se ven afectados los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado, las normas sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107 a 109 del Tratado únicamente son aplicables en el grado que determinen el Parlamento Europeo y el Consejo.

14)

Como regla general, con arreglo al artículo 211, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1308/2013, las normas sobre ayudas estatales son aplicables a la producción y el comercio de productos agrícolas. Sin embargo, hay varias excepciones a este principio general que se establecen, entre otros, en el artículo 211, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1308/2013, el artículo 13 del Reglamento (UE) no 1307/2013, el artículo 13, apartado 6, del Reglamento (CE) no 3/2008, el artículo 23 del Reglamento (UE) no 228/2013 y el artículo 17 del Reglamento (UE) no 229/2013.

15)

En lo referente a la ayuda al desarrollo rural, el principio general de la aplicabilidad de las normas de las ayudas estatales en este contexto queda recogido en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1305/2013. El artículo 81, apartado 2, y el artículo 82 de ese Reglamento establecen que las normas sobre ayudas estatales no son aplicables a los pagos realizados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) no 1305/2013 y en virtud de lo dispuesto en él, ni a la financiación nacional complementaria en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

16)

Por lo tanto, las normas de las ayudas estatales no se aplican a la cofinanciación de la ayuda al desarrollo rural (ni a la parte del Feader ni a la nacional) y tampoco a la financiación nacional complementaria que se suma a tal ayuda, siempre que las medidas en cuestión estén relacionadas con actividades agrícolas que entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado y forman parte del programa de desarrollo rural.

17)

No obstante, las normas de las ayudas estatales se aplican plenamente a todas las medidas cofinanciadas de ayuda (tanto a la parte del Feader como a la nacional) y a la financiación nacional complementaria de esas medidas que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, prevista en el Reglamento (UE) no 1305/2013 en los casos siguientes: a) medidas de ayuda a actividades en las zonas rurales y b) medidas forestales.

18)

Si un Estado miembro tiene intención de financiar exclusivamente con fondos nacionales (es decir, sin cofinanciación del Feader) una medida diseñada en gran parte con arreglo a las condiciones de una medida de desarrollo rural determinada («medida similar a las de desarrollo rural»), las normas de las ayudas estatales son de plena aplicación, independientemente de que la medida entre o no en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

19)

La Comisión aplicará las presentes Directrices a los regímenes de ayudas y a las ayudas individuales.

20)

Las presentes Directrices se aplican a las ayudas estatales a la producción primaria de productos agrícolas, a la transformación de estos productos cuyo resultado sea un producto agrícola y a la comercialización de productos agrícolas.

21)

Basándose en las consideraciones generales que se exponen en la sección 2.1 de la parte I de las presentes Directrices, a fin de garantizar la coherencia con la política de desarrollo rural y de lograr una simplificación del cumplimiento de las normas en materia de ayudas estatales, es apropiado incluir también en las presentes Directrices determinadas medidas de desarrollo rural que no entren en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, bien cofinanciadas por el Feader o mediante financiación nacional suplementaria, así como medidas similares a las de desarrollo rural financiadas exclusivamente con fondos nacionales. Por lo tanto, además del sector agrícola, las presentes Directrices exponen los criterios de compatibilidad de las ayudas estatales para el sector forestal y las ayudas a las empresas que actúen en las zonas rurales, que, de lo contrario, no entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

22)

Al analizar la ayuda estatal y su compatibilidad con los principios generales sobre las ayudas estatales, la Comisión tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 1305/2013, así como en sus disposiciones de aplicación y en el acto delegado.

23)

A la luz de las consideraciones anteriores, las presentes Directrices comprenden las categorías de ayuda siguientes:

24)

Las ayudas para desarrollo local en el marco de LEADER a que se hace referencia en el artículo 35 del Reglamento (UE) no 1303/2013 y en los artículos 42 a 45 del Reglamento (UE) no 1305/2013, que llevan aparejados proyectos individuales diseñados y ejecutados por asociaciones locales para resolver problemas locales específicos, pueden regularse mediante las presentes Directrices siempre que cumplan las condiciones de las correspondientes medidas de desarrollo rural establecidas en las presentes Directrices.

25)

En principio, las presentes Directrices son aplicables a la ayuda a las pymes y a las grandes empresas. Las grandes empresas suelen verse menos afectadas por las deficiencias del mercado que las pymes. Además, las grandes empresas de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales suelen ser agentes importantes en el mercado y, por consiguiente, en determinados casos, las ayudas concedidas a las grandes empresas pueden falsear especialmente la competencia y el comercio en el mercado interior. Las ayudas a las grandes empresas de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales y a otras grandes empresas pueden falsear también la competencia, por lo que las normas de las ayudas estatales aplicables a las grandes empresas que se recogen en las presentes Directrices se deben armonizar con las normas generales de las ayudas estatales, y deben estar supeditadas a los principios comunes de evaluación establecidos en el capítulo 3 de la parte I de las presentes Directrices. Sin perjuicio de esos principios comunes de evaluación mencionados, en relación con las medidas de desarrollo rural, por razones de consecuencia y coherencia con la política de desarrollo rural, las normas de las ayudas estatales aplicables a las grandes empresas se deben adaptar a las normas pertinentes del Reglamento (UE) no 1305/2013. En cuanto a las medidas de ayuda al sector ganadero, que no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1305/2013, la Comisión mantiene su política anterior, según la cual las grandes empresas han de ser capaces de financiar los costes de estas medidas por sí mismas. Así pues, las ayudas al sector ganadero se deben limitar a las pymes.

26)

Las empresas en crisis (15) quedan excluidas, en principio, del ámbito de aplicación de las presentes Directrices. La Comisión considera que, cuando una empresa está en crisis financiera, al estar en peligro su propia existencia, no puede considerarse un vehículo apropiados para promover otros objetivos políticos públicos hasta que esté garantizada su viabilidad. Por ello, si el beneficiario de las mismas se encuentra en dificultades financieras a tenor del punto (35)15, las ayudas serán analizadas con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (16), tal como se hayan modificado o sustituido. Este principio no se aplica a las ayudas compensatorias destinadas a resarcir los daños causados por desastres naturales y acontecimientos de carácter excepcional mencionados en las secciones 1.2.1.1 y 2.1.3 de la parte II de las presentes Directrices, que son siempre compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado. En caso de que la crisis financiera de una explotación de los sectores agrícola y forestal tenga su origen en el riesgo mencionado en las secciones 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3 o 2.8.5 de la parte II de las presentes Directrices, las ayudas para compensar o reparar las pérdidas o los daños causados por esas situaciones de riesgo y para cubrir los costes de erradicación de plagas vegetales pueden concederse con arreglo a las presentes Directrices y podrán seguir siendo consideradas compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado. Además, por razones de protección de la salud pública y teniendo en cuenta la situación de emergencia, no deberá hacerse distinción alguna, en determinadas condiciones, en cuanto a la situación económica de una empresa con respecto a la ayuda para la destrucción y eliminación del ganado muerto de la sección 1.2.1.4 y la ayuda para medidas de erradicación en el caso de enfermedades animales a que se refiere el punto 374, letra c), de la sección 1.2.1.3.

27)

Al evaluar la ayuda concedida a una empresa sujeta a una orden de recuperación pendiente emitida a raíz de una decisión anterior de la Comisión por la que una ayuda se declara ilegal e incompatible con el mercado interior, la Comisión tendrá en cuenta el importe de la ayuda todavía por recuperar (17). Lo anterior no es aplicable a las ayudas para la reparación de los daños causados por desastres naturales en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado.

28)

La Comisión no autorizará las ayudas para actividades relacionadas con la exportación a terceros países o a Estados miembros que estén vinculadas directamente a las cantidades exportadas, ni las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados, ni las destinadas a la creación y el funcionamiento de redes de distribución, o a sufragar otros gastos relacionados con actividades de exportación. Las ayudas destinadas a sufragar el coste de participación en ferias comerciales o de los estudios o servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado no constituyen, en principio, ayudas a la exportación.

29)

Se recuerda a los Estados miembros que, cuando el sistema de financiación (por ejemplo, tasas parafiscales) forma parte integrante de la medida de ayuda, debe notificarse (véanse los apartados 41 a 44 del asunto T-275/11) (18).

30)

La Comisión evaluará caso por caso toda medida de ayuda no regulada por las presentes Directrices ni por ninguna otra norma de ayuda estatal, basándose directamente en el artículo 107, apartado 3, del Tratado, teniendo en cuenta los principios establecidos en los artículos 107, 108 y 109 de este, la política agrícola común y, por analogía, las presentes Directrices, cuando sea posible. Los Estados miembros que notifiquen ayudas estatales que no entren en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices tendrán que demostrar que dichas ayudas cumplen los principios comunes de evaluación recogidos en el capítulo 3 de la parte I de las presentes Directrices. La Comisión solamente aprobará dichas medidas si la contribución positiva al desarrollo del sector supera claramente los riesgos de falseamiento de la competencia en el mercado interior y de distorsión del comercio entre los Estados miembros.

31)

En principio, para racionalizar las normas de las ayudas estatales y debido a las similitudes existentes entre las empresas que actúan en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales y las demás empresas, los instrumentos generales de ayuda estatal que establecen los criterios de compatibilidad de las ayudas son aplicables a los sectores regulados por las presentes Directrices. Ello atañe en concreto a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, al Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (19), tal como se haya modificado o sustituido, a las Directrices sobre las ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía para 2014-2020 (20), tal como se hayan modificado o sustituido, a las Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (21), tal como se hayan modificado o sustituido, a las Directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo (22), tal como se hayan modificado o sustituido, a la Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de compatibilidad de ayudas estatales de formación sujetas a notificación individual (23), tal como se hayan modificado o sustituido, a la Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de compatibilidad de las ayudas estatales para el empleo de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados sujetas a notificación individual (24), tal como se hayan modificado o sustituido, y a los instrumentos vinculados a los servicios de interés económico general (25).

32)

Los citados instrumentos horizontales son aplicables a la producción, la transformación y la comercialización de productos agrícolas, salvo que las presentes Directrices prevean normas específicas. Las presentes Directrices establecen medidas específicas de ayuda medioambiental, como la ayuda para compromisos agroambientales y climáticos y compromisos con el bienestar animal (sección 1.1.5 de la parte II), la ayuda para las desventajas relacionadas con las zonas de la red Natura 2000 y con la Directiva marco del agua (26) (sección 1.1.6 de la parte II) y la ayuda a la agricultura ecológica (sección 1.1.8 de la parte II). Las ayudas a la inversión para alcanzar objetivos medioambientales en el ámbito de la producción agrícola primaria se evaluarán con arreglo a las normas recogidas en la sección 1.1.1.1 de la parte II de las presentes Directrices. Las ayudas para la protección del medio ambiente en favor de empresas dedicadas a la transformación y la comercialización de productos agrícolas se declararán compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen las condiciones aplicables de las Directrices sobre las ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía para 2014-2020. Las ayudas a la inversión en ahorro de energía, biocombustible y energía procedente de fuentes renovables están excluidas del ámbito de aplicación de los capítulos 2 y 3 de la parte II de las presentes Directrices, ya que este tipo de ayudas deben cumplir las Directrices sobre las ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía para 2014-2020, salvo que estén exentas de la obligación de notificación. Sin embargo, las ayudas a inversiones vinculadas a la producción agrícola primaria relacionada con la producción de energía procedente de fuentes renovables o a la producción de biocombustibles en las explotaciones pueden entrar en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices, a condición de que dicha producción no supere el consumo medio anual de combustibles o energía de la explotación agrícola en cuestión (sección 1.1.1.1).

33)

Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (27) no son aplicables a las ayudas para la producción de productos agrícolas primarios, dadas las características específicas del sector. Sí son aplicables, no obstante, a la transformación y comercialización de productos agrícolas en el grado que se establece en las presentes Directrices.

34)

Tanto las normas generales de las ayudas estatales como las disposiciones más específicas contenidas en las presentes Directrices pueden tener por objeto empresas que actúen en el sector forestal o en las zonas rurales. En su caso, las ayudas a las empresas que actúan en el sector forestal o en zonas rurales también pueden ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la Unión sobre ayudas estatales (en concreto, con las Directrices sobre las ayudas estatales para 2014-2020, con el Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación y con las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía para 2014-2020).

35)

A efectos de las presentes Directrices, se entenderá por:

36)

Cuando se cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 1, del Tratado, los Estados miembros deberán notificar a la Comisión las ayudas concedidas en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado y no pondrán en vigor la medida propuesta hasta obtener una decisión final respecto de este procedimiento, excepción hecha de las medidas que cumplan las condiciones establecidas en un reglamento de exención por categorías.

37)

Las ayudas individuales concedidas sobre la base de un régimen de ayudas seguirán sujetas a la obligación de notificación en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado, en caso de que superen los umbrales de notificación siguientes:

38)

Para evaluar si una medida de ayuda notificada puede considerarse compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, del Tratado, la Comisión generalmente analiza si el diseño de la medida de ayuda garantiza que la incidencia positiva de la ayuda en pos de un objetivo de interés común supere sus potenciales efectos negativos para el comercio y la competencia.

39)

La Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales pedía la identificación y definición de principios comunes aplicables a la evaluación de la compatibilidad de todas las medidas de ayuda llevadas a cabo por la Comisión. A estos efectos, la Comisión considerará una medida de ayuda compatible con el Tratado solo si satisface cada uno de los criterios siguientes:

40)

El balance general de determinadas categorías de regímenes podrá estar sujeto, además, a un requisito de evaluación a posteriori, tal como se describe en los puntos (721) a (724). En tales casos, la Comisión puede limitar la duración de dichos regímenes (generalmente a cuatro años o menos) con posibilidad de notificar de nuevo su prórroga posteriormente.

41)

Además, si una medida de ayuda estatal o las condiciones inherentes a la misma (incluido su modo de financiación, cuando forma parte integrante de ella) entrañan de forma indisociable una infracción del Derecho de la Unión, la ayuda no podrá declararse compatible con el mercado interior (38). En concreto, se considera que la ayuda siguiente entraña de forma indisociable una infracción del Derecho de la UE:

42)

Los principios comunes de evaluación se han de estudiar en el contexto específico de la PAC. Por lo tanto, estas consideraciones generales de política de la competencia se aplican a todas las ayudas contempladas en las presentes Directrices, a menos que se establezcan excepciones en las secciones 3.1 a 3.7 de la parte I de dichas Directrices, debido a consideraciones particulares aplicables al sector agrícola.

43)

Los objetivos de las ayudas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales son garantizar una producción de alimentos viable y promover el uso eficiente y sostenible de los recursos a fin de alcanzar un crecimiento inteligente y sostenible.

44)

Las ayudas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales deben estar estrechamente relacionadas con la PAC, ser coherentes con los objetivos de desarrollo rural mencionados en el punto (10) de las presentes Directrices y ser compatibles con las normas de la organización común de mercados de los productos agrícolas.

45)

Los objetivos de desarrollo rural, conjuntamente con los principios generales sobre ayudas estatales, se tendrán en cuenta para la evaluación de la compatibilidad de la ayuda.

46)

La Comisión considera que las medidas, ejecutadas con arreglo al Reglamento (UE) no 1305/2013 y de conformidad con él y con sus actos de ejecución y delegados o como una financiación nacional complementaria en el marco de un programa de desarrollo rural, son por sí coherentes con los objetivos de desarrollo rural y contribuyen a ellos.

47)

En cuanto a las medidas similares a las de desarrollo rural financiadas exclusivamente mediante fondos nacionales, a fin de garantizar la coherencia con las medidas de desarrollo rural cofinanciadas por el Feader en virtud de los programas de desarrollo rural, los Estados miembros deberán demostrar que las ayudas estatales consideradas se ajustan a los programas de desarrollo rural pertinentes y son coherentes con ellos. Toda notificación deberá ir acompañada de la documentación correspondiente.

48)

La Comisión considera que el principio de la contribución a los objetivos de desarrollo rural se cumple por lo que respecta a las medidas de ayuda de las secciones 1.2, 1.3, 2.8 y 2.9 de la parte II de las presentes Directrices, que están fuera del ámbito de aplicación del desarrollo rural, dado que la Comisión ha adquirido suficiente experiencia en cuanto a la contribución de esas medidas a los objetivos de desarrollo rural.

49)

Al conceder las ayudas a proyectos de inversión notificables individualmente sobre la base de un régimen, la autoridad otorgante deberá demostrar que el proyecto seleccionado contribuirá al objetivo del régimen y, por lo tanto, a los objetivos de las ayudas a los sectores agrícola y forestal y las zonas rurales. Para ello, los Estados miembros podrán basarse en la información facilitada por el solicitante de la ayuda, cuando deban describirse los efectos positivos de la inversión.

50)

Dado el carácter específico del sector agrícola (39), aunque las normas de las ayudas estatales sean generalmente aplicables a este sector, su aplicación, no obstante, sigue estando supeditada a las disposiciones establecidas en los reglamentos del primer pilar de la PAC. En otras palabras, el recurso de los Estados miembros a las medidas de ayuda estatal no puede prevalecer sobre el Reglamento (UE) no 1308/2013 (40). Por consiguiente, la Comisión no autorizará ayudas estatales incompatibles con las disposiciones que regulen la organización común de mercado o que entorpezcan el correcto funcionamiento de esta.

51)

Se establecen condiciones específicas adicionales sobre el cumplimiento de los principios de la organización común de mercados de los productos agrícolas en la sección 1.1.1.1, relativa a la ayuda a la inversión en las explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria, en la sección 1.1.4, relativa a las ayudas a la puesta en marcha de las agrupaciones y organizaciones de productores, y en la sección 1.2.2, relativa a las ayudas al abandono de capacidades de producción, de la parte II de las presentes Directrices.

52)

De conformidad con el artículo 11 del Tratado: «Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible». La base jurídica de las medidas medioambientales importantes del primer y segundo pilares de la PAC es el artículo 11 del Tratado. De conformidad con esta exigencia, las prioridades de desarrollo rural de la Unión deben procurar alcanzarse en el marco del desarrollo sostenible. La promoción por la Unión del objetivo de proteger el medio ambiente tal como se establece en el artículo 11 del Tratado también tiene en cuenta el principio de quien contamina paga (41). Por lo tanto, en las futuras notificaciones de ayudas estatales se deberá prestar una atención especial a las cuestiones medioambientales. En el futuro, toda notificación de una ayuda estatal deberá contener una evaluación en la que se indique si se prevé que la actividad subvencionada va a tener efectos en el medio ambiente o no. En los casos en que se produzcan efectos en el medio ambiente, las notificaciones de ayudas estatales deberán aportar información que demuestre que la medida de ayuda no supondrá una infracción de la legislación de la Unión europea aplicable en materia de protección del medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de un régimen de ayudas a la inversión dirigidas a aumentar la producción y que supongan un mayor uso de recursos escasos o un aumento de la contaminación, se habrá de demostrar que el régimen no dará lugar a una infracción de la legislación aplicable de la Unión, incluida la legislación de protección del medio ambiente (42), ni de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) de la condicionalidad establecidas en virtud del Reglamento (UE) no 1307/2013. Cuando se notifiquen ayudas estatales, lo cual forma parte del programa de desarrollo rural, el requisito medioambiental de la medida de ayuda estatal deberá ser idéntico al de la medida de desarrollo rural.

53)

Para evaluar si la ayuda estatal es necesaria para lograr el objetivo de interés común, primero es necesario diagnosticar el problema que hay que resolver. La ayuda estatal debe ir dirigida a situaciones en las que pueda aportar una mejora importante que el mercado no sea capaz de lograr por sí mismo.

54)

En determinadas condiciones, las ayudas estatales pueden corregir realmente deficiencias del mercado, contribuyendo así al funcionamiento eficiente de los mercados y mejorando la competitividad. Por otra parte, cuando los mercados ofrecen resultados eficientes pero no se consideran satisfactorios desde el punto de vista de la equidad o la cohesión, puede recurrirse a la ayuda estatal para lograr unos resultados más aceptables y equitativos.

55)

A los efectos de las presentes Directrices, la Comisión considera que el mercado no está alcanzando los objetivos previstos sin intervención del Estado con respecto al cumplimiento por las medidas de ayuda de las condiciones específicas establecidas en la sección II de las presentes Directrices. Por lo tanto, esta ayuda debe considerarse necesaria para alcanzar los objetivos de interés común especificado en la sección 3.1 de la parte I de las presentes Directrices.

56)

La medida de ayuda propuesta debe ser un instrumento político adecuado para dar respuesta al objetivo político en cuestión. Una medida de ayuda no se considerará compatible si otros instrumentos políticos u otros tipos de ayuda menos falseadores permiten alcanzar la misma contribución positiva a los objetivos de la PAC y, en concreto, del desarrollo rural. Conviene tener presente que puede haber otros instrumentos más idóneos para alcanzar esos objetivos, como la regulación, los instrumentos de mercado, el desarrollo de las infraestructuras o la mejora del entorno empresarial.

57)

La Comisión considera que las ayudas concedidas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales que cumplan las condiciones específicas establecidas en las secciones correspondientes de la parte II de las presentes Directrices son un instrumento estratégico adecuado.

58)

Cuando un Estado miembro decida crear una medida de ayuda similar a las de desarrollo rural financiada exclusivamente con fondos nacionales y esa misma medida esté prevista en el programa de desarrollo rural pertinente, el Estado miembro deberá demostrar las ventajas que presenta su instrumento de ayuda nacional en comparación con la medida del programa de desarrollo rural.

59)

Las ayudas pueden concederse bajo distintas formas. El Estado miembro debe, no obstante, garantizar que la ayuda se concede en la forma que probablemente generará menos falseamientos del comercio y la competencia.

60)

Cuando se prevea una forma específica para una medida de ayuda descrita en la parte II de las presentes Directrices, dicha forma se considerará un instrumento de ayuda apropiado a efectos de las presentes Directrices.

61)

Con respecto a las medidas de desarrollo rural cofinanciadas por el Feader o concedidas como una financiación complementaria para tales medidas cofinanciadas de desarrollo rural, la Comisión considera además que las ayudas concedidas en la forma prevista en la respectiva medida de desarrollo rural es un adecuado instrumento de ayuda.

62)

En lo tocante a las ayudas a la inversión no reguladas por el Reglamento (UE) no 1305/2013 que formen parte del programa de desarrollo rural o constituyan una financiación complementaria de esa medida de desarrollo rural, cuando la ayuda se conceda en formas que aporten una ventaja pecuniaria directa (por ejemplo, las subvenciones directas, las exenciones o las reducciones fiscales o de las cotizaciones sociales u otros gastos obligatorios, etc.), el Estado miembro deberá demostrar por qué son menos adecuadas otras formas de ayuda potencialmente menos falseadoras, como los anticipos reembolsables o las formas de ayuda basadas en instrumentos de deuda o capital (por ejemplo, los préstamos a tipo reducido o las bonificaciones de intereses, las garantías estatales o la obtención alternativa de capital en condiciones favorables).

63)

Por lo que se refiere a las medidas forestales de la sección 2.8 de la parte II de las presentes Directrices, los Estados miembros deberán demostrar que los objetivos ecológicos, protectores y recreativos a los que van dirigidas no se pueden alcanzar con las medidas forestales similares a las de desarrollo rural de los capítulos 2.1 a 2.7 de la parte II de las presentes Directrices.

64)

En caso de que haya diversas categorías de ayuda, como ayuda destinada a compensar los costes de las actividades de elaboración de estudios de mercado, la concepción y creación de productos y la preparación de solicitudes de reconocimiento de regímenes de calidad, ayuda para transferencia de conocimientos y acciones informativas, ayuda para servicios de asesoramiento, ayuda para servicios de sustitución en la explotación, ayuda para medidas de promoción, ayuda para la compensación de los costes de prevención y erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y ayudas al sector ganadero, la ayuda deberá concederse a sus beneficiarios finales de manera indirecta, en especie, por medio de servicios subvencionados. En estos casos, la ayuda se abonará al prestador del servicio o la actividad de que se trate.

65)

La evaluación de la compatibilidad de una medida de ayuda con el mercado interior se entiende sin perjuicio de las normas aplicables en materia de contratación pública, así como de los principios de transparencia, apertura y no discriminación del proceso de selección de un proveedor de servicios.

66)

Las ayudas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales solo podrán considerarse compatibles con el mercado interior si tienen efecto incentivador. Existe un efecto incentivador cuando la ayuda cambia el comportamiento de una empresa de tal modo que esta emprenda una actividad adicional que contribuya al desarrollo del sector, actividad que no habría realizado sin la ayuda, o que solo habría emprendido de una manera limitada o diferente. Sin embargo, la ayuda no debe subvencionar los costes de una actividad en los que la empresa habría incurrido en cualquier caso, ni debe compensar el riesgo empresarial normal de una actividad económica.

67)

Salvo las excepciones previstas expresamente por la legislación de la Unión o por las presentes Directrices, las ayudas estatales unilaterales cuyo objetivo sea simplemente mejorar la situación financiera de las empresas, sin contribuir en modo alguno al desarrollo del sector y, en particular, las que se concedan basándose únicamente en el precio, la cantidad, la unidad de producción o la unidad de los medios de producción se considerarán ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado interior. Además, por su propia naturaleza, dichas ayudas probablemente interferirán con los mecanismos que regulan la organización del mercado interior.

68)

Las mismas razones han inducido a la Comisión a autorizar las ayudas para facilitar el cumplimiento de las normas obligatorias solo en la medida en que cumplan los objetivos de la política de desarrollo rural.

69)

Por los mismos motivos, la ayuda concedida con arreglo a las secciones 1.2 y 2.8.5 de la parte II de las presentes Directrices deberá limitarse a apoyar a las empresas de los sectores agrícola y forestal que se enfrentan con diversas dificultades a pesar de haber realizado esfuerzos razonables para minimizar los riesgos. La ayuda estatal no deberá incitar a las empresas a correr riesgos innecesarios. Las propias empresas de los sectores agrícola y forestal deben asumir las consecuencias de elecciones imprudentes de métodos de producción o productos.

70)

Por las mismas razones, la Comisión considera que las ayudas nunca ofrecen incentivos al beneficiario cuando el trabajo del proyecto o de la actividad correspondiente ya se haya iniciado antes de la presentación de la solicitud de ayuda por el beneficiario a las autoridades nacionales.

71)

La solicitud de ayuda deberá incluir como mínimo el nombre del solicitante y el tamaño de la empresa, una descripción del proyecto o la actividad que incluya su localización y las fechas de inicio y final, el importe de la ayuda necesaria para llevarlo a cabo y los costes subvencionables.

72)

Además, las grandes empresas deberán describir en la solicitud la situación sin la ayuda, la situación mencionada como hipótesis contrafactual o como proyecto o actividad alternativos, y deberán presentar pruebas documentales en apoyo de la hipótesis contrafactual descrita en la solicitud.

73)

Al recibir una solicitud, la autoridad otorgante deberá comprobar la credibilidad de la hipótesis contrafactual y confirmar que las ayudas tienen el efecto incentivador exigido. Una situación contrafactual es creíble si es auténtica y guarda relación con los factores decisorios imperantes en el momento de la decisión del beneficiario por lo que se refiere al proyecto o a la actividad de que se trate.

74)

No obstante lo dispuesto en los puntos (70) a (73), se considerará que la ayuda en forma de ventajas fiscales concedida a pymes tiene efecto incentivador si el régimen de ayuda establece un derecho a la ayuda con arreglo a criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional y si dicho régimen ha sido adoptado y ha entrado en vigor antes de comenzarse a trabajar en el proyecto o actividad subvencionados. Este requisito no se aplica en el caso de regímenes fiscales sucesorios, siempre y cuando la actividad ya esté cubierta por los regímenes previos en forma de ventajas fiscales.

75)

No obstante lo dispuesto en los puntos (70) a (74), las siguientes categorías de ayudas de las presentes Directrices no están obligadas a tener un efecto incentivador o se considera que lo tienen:

76)

Además de los requisitos expuestos más arriba, tratándose de ayudas a las inversiones notificables individualmente, el Estado miembro tendrá que aportar pruebas claras de que la ayuda tiene un impacto real en la elección de la inversión. Para permitir una evaluación completa, el Estado miembro debe aportar no sólo información referente al proyecto beneficiario, sino también una descripción completa de la hipótesis contrafactual, suponiendo que ninguna autoridad pública concediera una ayuda al beneficiario.

77)

Se invita a los Estados miembros a basarse en documentos oficiales, como documentos del Consejo de Administración, evaluaciones de riesgo que incluyan una evaluación de los riesgos inherentes a la localización, informes financieros, planes internos de negocios, dictámenes de expertos y otros estudios relacionados con el proyecto de inversión objeto de la evaluación. Los documentos que contengan información sobre previsiones de la demanda, de costes y financieras, los documentos presentados a un comité de inversión y que desarrollen varias hipótesis de inversión, o los documentos facilitados a las instituciones financieras podrían ayudar a los Estados miembros a demostrar el efecto incentivador.

78)

En este contexto, el nivel de rentabilidad se podrá evaluar por referencia a los métodos que son práctica estándar en el sector en cuestión, como los métodos para evaluar el valor actual neto del proyecto (VAN) (43), la tasa interna de rentabilidad (TIR) (44) o la rentabilidad media de los fondos invertidos (ROCE). La rentabilidad del proyecto deberá compararse con las tasas normales de rentabilidad aplicadas por la empresa a otros proyectos de inversión de índole similar. Si no se dispone de estas tasas, la rentabilidad del proyecto se comparará con el coste de capital de la empresa en su conjunto o con la tasa de rentabilidad registrada habitualmente en el sector en cuestión.

79)

Si no se conoce una hipótesis contrafactual, el efecto incentivador podrá suponerse cuando exista un déficit de financiación, es decir, cuando los costes de inversión superen al valor actual neto de las previsiones de beneficios de la inversión sobre la base de un plan empresarial previo.

80)

Si la ayuda no modifica la conducta del beneficiario estimulando la inversión adicional, no tiene efectos positivos para el desarrollo del sector de que se trate. Por tanto, la ayuda no se aprobará cuando esté claro que las mismas inversiones se efectuarían de todas formas sin ella.

81)

Se considera que la ayuda en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales es proporcional si el importe de la ayuda por beneficiario se limita al mínimo necesario para alcanzar el objetivo común perseguido.

82)

En principio, para que la ayuda sea proporcional, la Comisión considera que el importe de la ayuda no debe superar los costes subvencionables. Ello se entiende sin perjuicio de las reglas aplicables a los incentivos medioambientales o a otros incentivos públicos que se establecen explícitamente en las secciones 1.1.3.y 1.2.2 de la parte II de las presentes Directrices.

83)

Para garantizar la previsibilidad y unas condiciones equitativas, en las presentes Directrices la Comisión aplica además intensidades máximas de ayuda. Cuando no pueda fijarse la intensidad máxima de la ayuda, por ejemplo en el caso de ayudas iniciales a los jóvenes agricultores y al desarrollo de pequeñas explotaciones agrícolas, deberán establecerse importes máximos de ayuda definidos en términos nominales, con objeto de garantizar la proporcionalidad de la ayuda.

84)

Si los costes subvencionables se han calculado correctamente y se respetan la intensidad máxima de las ayudas o el importe máximo de las ayudas establecidos en la parte II de las presentes Directrices, se considerará que el criterio de proporcionalidad se cumple.

85)

La intensidad máxima de ayuda y el importe de ayuda debe calcularlos la autoridad otorgante al conceder la ayuda. Los costes subvencionables deberán ser avalados por pruebas documentales claras, específicas y actualizadas. A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, todas las cifras empleadas deberán entenderse antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas.

86)

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no es subvencionable, excepto cuando no sea reembolsable en virtud de la legislación nacional correspondiente.

87)

Cuando se conceda una ayuda bajo una modalidad distinta de la subvención, el importe de la ayuda será el equivalente en subvención bruta.

88)

La ayuda pagadera en varios plazos se actualiza a su valor en el momento de su concesión. Los costes subvencionables se actualizan a su valor en el momento de la concesión. El tipo de interés que se debe emplear a efectos de actualización será el tipo de actualización aplicable en la fecha de concesión de la ayuda.

89)

Cuando la ayuda se conceda mediante beneficios fiscales, el cálculo actualizado de los tramos de ayuda se basará en los tipos de actualización aplicables en los distintos momentos en que se hagan efectivos los beneficios fiscales.

90)

En lo referente a las ayudas a la inversión en zonas rurales, la intensidad máxima de la ayuda destinada a grandes proyectos de inversión se deberá reducir al importe ajustado de la ayuda definido en el punto (35).31. Además, los grandes proyectos de inversión no se podrán beneficiar de las mayores intensidades de las ayudas destinadas a las pymes.

91)

En caso de que los compromisos de las secciones 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 y 3.4 de la parte II de las presentes Directrices se expresen en unidades distintas de las que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) no 1305/2013, los Estados miembros podrán calcular los pagos basándose en esas unidades. En tales casos, los Estados miembros deberán garantizar el cumplimiento de los importes máximos anuales.

92)

Con excepción de la ayuda para compromisos para la cría de razas locales en peligro de abandono a que se hace referencia en la sección 1.1.5.1, la ayuda de las secciones 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 y 3.4 de la parte II de las presentes Directrices no puede concederse por unidad de ganado mayor. Los tipos de conversión de las diferentes categorías de animales a unidades de ganado mayor figuran en el anexo II del acto de aplicación del Reglamento (UE) no 1305/2013.

93)

Los Estados miembros podrán fijar el importe de la ayuda para las medidas o tipos de operaciones mencionados en las secciones 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.3, 3,4 y 3.5 de la parte II de las presentes Directrices sobre la base de hipótesis estándar de los costes adicionales y de las rentas no percibidas. Los Estados miembros deberán cerciorarse de que los cálculos y la ayuda correspondiente a) contengan únicamente elementos comprobables; b) se basen en cifras determinadas por los expertos pertinentes; c) indiquen claramente la fuente de las cifras; d) se diferencien en función de las condiciones regionales o locales y la utilización real de las tierras, según proceda; y e) no contengan elementos vinculados con los costes de inversión.

94)

Al evaluar la compatibilidad de la ayuda, la Comisión tendrá en cuenta los seguros contratados o que podrían haber sido contratados por el beneficiario de la ayuda. Respecto de las ayudas para la compensación de pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales, a fin de evitar el riesgo de falseamiento de la competencia, la ayuda de intensidad máxima solo se deberá conceder a las empresas cuyo seguro no cubra esas pérdidas. Por ello, al objeto de mejorar la gestión del riesgo, se deberá animar a los beneficiarios a suscribir seguros siempre que sea posible.

95)

Como norma general, se considerará que la ayuda a la inversión notificable individualmente está limitada al mínimo si el importe de la ayuda corresponde a los costes netos extras de ejecutar la inversión en la zona en cuestión, frente a la situación contrafactual en la que no hay ayuda. De la misma manera, en el caso de ayudas a la inversión concedidas a grandes empresas en virtud de regímenes notificados, el Estado miembro debe garantizar que el importe de la ayuda se limita al mínimo sobre la base del «planteamiento de costes netos extra».

96)

El importe de la ayuda no deberá superar el mínimo necesario para que el proyecto sea suficientemente rentable, por ejemplo, no deberá aumentar el TIR por encima de las tasas normales de rentabilidad aplicadas por la empresa a otros proyectos de inversión de índole similar ni, si no se conocen estas tasas, aumentar el TIR por encima del coste de capital de la empresa en su conjunto o por encima de las tasas de rentabilidad registradas habitualmente en el sector en cuestión.

97)

En el caso de ayudas a la inversión a grandes empresas en el marco de regímenes notificados, el Estado miembro deberá garantizar que el importe de la ayuda corresponde a los costes netos extras de ejecutar la inversión en la zona en cuestión, frente a la situación contrafactual en la que no hay ayuda. Deberá utilizarse el método explicado en el punto (96) junto con las intensidades máximas de ayuda como tope.

98)

En relación con las ayudas a la inversión notificables individualmente, la Comisión verificará si el importe de la ayuda supera el mínimo necesario para que el proyecto sea suficientemente rentable, utilizando el método expuesto en el punto (96). Los cálculos utilizados para analizar el efecto incentivador también podrán utilizarse para evaluar si la ayuda es proporcional. El Estado miembro deberá demostrar la proporcionalidad mediante documentos como el contemplado en el punto (77). Este requisito no es aplicable a las ayudas a la inversión relacionadas con la producción agrícola primaria.

99)

Las ayudas pueden concederse de forma concurrente en virtud de varios regímenes o acumularse con ayudas ad hoc, siempre y cuando el importe total de ayuda estatal para un proyecto o actividad no supere los límites máximos de ayuda establecidos en las presentes Directrices.

100)

Las ayudas con costes subvencionables identificables podrán acumularse con otras ayudas estatales, siempre que esas ayudas tengan por objeto costes subvencionables identificables diferentes. Las ayudas con costes subvencionables identificables podrán acumularse con otras ayudas estatales, con relación a los mismos costes subvencionables, que se superpongan parcial o totalmente, únicamente si esa acumulación no supera la intensidad máxima de ayuda o el importe de la ayuda aplicable a este tipo de ayuda en el marco de las presentes Directrices.

101)

Las ayudas sin costes subvencionables identificables de las secciones 1.1.2 y 3.3 de la parte II de las presentes Directrices podrán acumularse con otras medidas de ayuda estatal con costes subvencionables identificables. Las ayudas sin costes subvencionables identificables podrán acumularse con otras ayudas estatales sin costes subvencionables identificables hasta el umbral más elevado de financiación total pertinente fijado para las circunstancias concretas de cada caso en las presentes Directrices o en otras directrices sobre ayudas estatales, en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión.

102)

Las ayudas estatales en favor del sector agrícola no deberán acumularse con los pagos mencionados en el artículo 81, apartado 2, y el artículo 82 del Reglamento (UE) no 1305/2013, en relación con los mismos costes subvencionables, si tal acumulación produce como resultado una intensidad o una cuantía de la ayuda superior a la establecida en las presentes Directrices.

103)

En caso de que la financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro se combine con ayudas estatales, únicamente se tomarán en consideración estas últimas para determinar si se respetan los umbrales de notificación, las intensidades máximas de ayuda y los límites máximos, siempre que el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no exceda del porcentaje o porcentajes de financiación más favorables establecidos en la normativa de la Unión aplicable.

104)

Las ayudas autorizadas con arreglo a las presentes Directrices no se deberán acumular con ayudas de minimis relativas a los mismos costes subvencionables si tal acumulación diera lugar a una intensidad de ayuda o a un importe de ayuda superior al fijado en las presentes Directrices.

105)

La ayuda para inversiones destinadas a restablecer el potencial de producción agrícola contemplada en el punto (143)(e) no se deberá acumular con la ayuda para la compensación de los daños materiales prevista en las secciones 1.2.1.1, 1.2.1.2 y 1.2.1.3 de las presentes Directrices.

106)

Se excluirá la doble financiación de las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente de las secciones 1.1.5.1, 1.1.6, 1.1.8 y 3.5 de la parte II de las presentes Directrices y de las prácticas equivalentes contempladas en el artículo 43 del Reglamento (UE) no 1307/2013. La cláusula de revisión prevista en el punto (725) de las presentes Directrices también deberá evitar la doble financiación.

107)

La ayuda a la puesta en marcha de las agrupaciones y organizaciones de productores del sector agrícola a que se refiere la sección 1.1.4 de la parte II de las presentes Directrices no deberá acumularse con las ayudas para la creación de agrupaciones y organizaciones de productores en el sector agrícola establecidas en el artículo 27 del Reglamento (UE) no 1305/2013. Las ayudas iniciales para los jóvenes agricultores y para el desarrollo de pequeñas explotaciones mencionadas en la sección 1.1.2 no deberán acumularse con las ayudas destinadas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores o para el desarrollo de pequeñas explotaciones mencionadas en el artículo 19, apartado 1, letra a), incisos i) y iii), del Reglamento (UE) no 1305/2013, si tal acumulación da lugar a una cantidad de ayuda superior a la establecida en las presentes Directrices.

108)

Para que la ayuda sea compatible, los efectos negativos de la medida de ayuda en términos de falseamiento de la competencia e impacto en el comercio entre los Estados miembros deberán ser limitados y quedar superados por los efectos positivos de la contribución al objetivo de interés común.

109)

Al evaluar los efectos negativos de la medida de ayuda, la Comisión centrará su análisis de los falseamientos de la competencia en los efectos previsibles de la ayuda a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales en la competencia entre empresas en los mercados de productos afectados (45).

110)

Como punto de partida, si la ayuda está bien enfocada, es proporcional y está limitada a los costes netos extras, sus efectos negativos se verán mitigados y el riesgo de que la ayuda falsee indebidamente la competencia será más limitado. En segundo lugar, la Comisión establece intensidades máximas de ayuda. Estas constituyen un requisito básico de compatibilidad, cuyo objetivo es evitar el uso de ayuda estatal para proyectos en los que la proporción entre el importe de la ayuda y los costes subvencionables se considere muy elevado y resulte especialmente probable que sea falseador. En general, cuanto mayores sean los efectos positivos que el proyecto beneficiario probablemente produzca y cuanto mayor sea la necesidad de ayuda, más elevado será también el tope de intensidad de ayuda.

111)

Sin embargo, aun cuando la ayuda sea necesaria y proporcional, puede provocar en los beneficiarios un cambio de comportamiento que falsee la competencia. Esto es más probable en el sector agrícola, que se diferencia de otros mercados en la estructura específica de la producción primaria, caracterizada por incluir un número elevado de pequeñas empresas. En estos mercados, el riesgo de falseamiento de la competencia es alto aunque los importes de las ayudas concedidas sean pequeños.

112)

Las ayudas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales pueden causar dos posibles falseamientos importantes de la competencia y el comercio. Se trata de falseamiento en los mercados de producto y de los efectos de localización. Ambos tipos pueden dar lugar a ineficiencias de asignación, que socavan el resultado económico del mercado interior, y a problemas de distribución, puesto que la ayuda afecta a la distribución de la actividad económica entre las regiones.

113)

En principio, debido a sus efectos positivos en el desarrollo del sector, la Comisión considera que cuando una ayuda cumple las condiciones y no supera las intensidades máximas de ayuda pertinentes, recogidas en las secciones correspondientes de la parte II de las presentes Directrices, el efecto negativo en la competencia y el comercio queda reducido al mínimo.

114)

No obstante, debido a que las ayudas a la inversión para empresas dedicadas a la transformación y la comercialización de productos agrícolas y para las empresas que actúan en otros sectores, como, por ejemplo, el de la transformación alimentaria (46), tienden a producir los mismos efectos de falseamiento de la competencia y el comercio, las consideraciones generales de la política de competencia sobre el efecto en la competencia y el comercio deben aplicarse por igual a todos los sectores. Por tanto, las condiciones expuestas en los puntos (115) a (127) deberán cumplirse con respecto a las ayudas a la inversión para la transformación y la comercialización de productos agrícolas, en el sector forestal y en las zonas rurales.

115)

Los regímenes de ayudas no deben dar lugar a falseamientos importantes de la competencia y el comercio. En particular, incluso cuando el falseamiento pueda considerarse limitado a nivel individual (siempre que se cumplan todas las condiciones para la ayuda a la inversión), de manera acumulativa, los regímenes de ayudas a la inversión pueden producir niveles elevados de falseamiento. Estos falseamientos podrían afectar a los mercados de producción al crear o agravar una situación de exceso de capacidad o creando, incrementando o manteniendo el poder de mercado sustancial de algunos beneficiarios de forma que afecte negativamente a los incentivos dinámicos. La ayuda disponible en virtud de regímenes de ayudas a la inversión puede también llevar a una pérdida sustancial de actividad económica en otras zonas del Espacio Económico Europeo (EEE). En el caso de un régimen de ayudas a la inversión centrado en determinados sectores, el riesgo de tales falseamientos es aún más pronunciado.

116)

Por consiguiente, el Estado miembro en cuestión deberá demostrar que cualesquiera efectos negativos se limitarán al mínimo teniendo en cuenta, por ejemplo, el tamaño de los proyectos en cuestión, los importes de ayudas individuales y acumulativas, los beneficiarios previstos, así como las características de los sectores a los que va destinada. Para que la Comisión pueda evaluar los probables efectos negativos, se anima al Estado miembro a presentar cualquier evaluación de impacto de que disponga, así como las evaluaciones posteriores realizadas de regímenes similares anteriores.

117)

Al valorar los efectos negativos de la ayuda individual a la inversión, la Comisión hace especial hincapié en los efectos negativos relacionados con el desarrollo de un exceso de capacidad en los sectores en declive, la prevención de la salida y el concepto de poder de mercado sustancial. Estos efectos negativos se describen en los puntos (118) a (127) y deben contrarrestarse con los efectos positivos de la ayuda.

118)

Para determinar y evaluar el posible falseamiento de la competencia y el comercio, los Estados miembros aportarán pruebas que permitan a la Comisión determinar los mercados de productos en cuestión (es decir, los productos afectados por el cambio de comportamiento del beneficiario) y reconocer a los competidores y clientes o consumidores afectados.

119)

La Comisión aplica diversos criterios para evaluar ese posible falseamiento, como la estructura de mercado del producto en cuestión, los resultados del mercado (mercado en declive o en crecimiento), el proceso de selección del beneficiario de la ayuda, los obstáculos a la entrada y salida y la diferenciación del producto.

120)

Una dependencia sistemática de la ayuda estatal por parte de una empresa podría indicar que la empresa no es capaz de resistir la competencia por sí misma o que disfruta de ventajas indebidas frente a sus competidores.

121)

La Comisión distingue dos fuentes principales de posibles efectos negativos sobre los mercados de productos:

122)

Para evaluar si la ayuda puede servir para crear o mantener estructuras de mercado ineficientes, la Comisión tendrá en cuenta la capacidad de producción adicional creada por el proyecto y si el mercado es poco productivo.

123)

Cuando el mercado en cuestión esté creciendo, normalmente habrá menos razones de preocupación de que la ayuda afecte negativamente a los incentivos dinámicos o dificulte indebidamente la salida o la entrada.

124)

En mercados en declive hay más motivos de preocupación. A este respecto, la Comisión distingue entre aquellos casos en los que, considerado a largo plazo, el mercado de referencia está estructuralmente en declive (es decir, registra una tasa de crecimiento negativa) y aquellos en los que el mercado de referencia está en declive relativo (es decir, presenta una tasa de crecimiento positiva, pero no superior a un parámetro de referencia de la tasa de crecimiento).

125)

La escasa productividad del mercado se medirá normalmente en relación con el PIB del EEE durante los últimos tres años anteriores al comienzo del proyecto (parámetro de referencia); también puede determinarse en función de tasas de crecimiento previstas para los siguientes tres a cinco años. Los indicadores pueden incluir el previsible crecimiento futuro del mercado afectado y los consiguientes índices de utilización de la capacidad esperados, así como el probable impacto del aumento de capacidad en los competidores debido a sus efectos sobre los precios y márgenes de beneficio.

126)

En algunos casos, evaluar el crecimiento del mercado de productos en el EEE puede no ser adecuado para evaluar enteramente los efectos de la ayuda, en especial si el mercado geográfico es de dimensión mundial. En estos casos, la Comisión considerará el efecto de la ayuda sobre las estructuras del mercado en cuestión, en especial, su potencial para excluir productores en el EEE.

127)

Para evaluar la existencia de poder de mercado sustancial, la Comisión tendrá en cuenta la posición del beneficiario durante un espacio de tiempo antes de recibir la ayuda y la posición en el mercado prevista después de finalizada la inversión. La Comisión tendrá en cuenta las cuotas de mercado del beneficiario así como las cuotas de mercado de sus competidores y otros factores pertinentes, como, por ejemplo, la estructura de mercado en función de la concentración existente en él, los posibles obstáculos a la entrada (47), el poder de la demanda (48) y los obstáculos a la expansión o a la salida.

128)

Los Estados miembros deberán publicar la siguiente información en un sitio de Internet global, a escala nacional o regional:

129)

Tratándose de regímenes de ayuda en forma de ventajas fiscales, la información sobre el importe de la ayuda individual puede facilitarse en los intervalos siguientes (en millones de euros): 0,06 – 0,5 únicamente para la producción agrícola primaria; 0,5 - 1; 1 a 2; 2 a 5; 5 a 10; 10 a 30; y 30 y más.

130)

Si la ayuda individual entra en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1305/2013 y está cofinanciada por el Feader o se ha concedido como financiación nacional complementaria para tales medidas cofinanciadas, el Estado miembro en cuestión podrá decidir no publicarla en el sitio web sobre ayudas estatales mencionado en el punto (128), siempre y cuando la concesión de la ayuda individual se haya publicado de conformidad con los artículos 111, 112 y 113 del Reglamento (UE) no 1306/2013. En ese caso, el Estado miembro deberá hacer una referencia al sitio web mencionado en el artículo 111 del Reglamento (UE) no 1306/2013 en el sitio web sobre ayudas estatales mencionado en el punto (128).

131)

Esta información deberá publicarse una vez se haya tomado la decisión de conceder la ayuda, conservarse como mínimo diez años y estar a disposición del público general sin restricciones (49). Los Estados miembros no estarán obligados a publicar esta información antes del 1 de julio de 2016 (50).

132)

Por razones de transparencia, los Estados miembros deberán elaborar informes y efectuar revisiones según lo previsto en el capítulo 2 de la parte III de las presentes Directrices.

133)

Esta sección se aplica a la inversión en explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria y a la inversión relacionada con la transformación y la comercialización de productos agrícolas.

134)

Todas las ayudas a la inversión de las secciones 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3. y 1.1.1.4 de la parte II de las presentes Directrices deben cumplir la condición siguiente: cuando una organización común de mercado, incluidos los regímenes de ayuda directa, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) fije restricciones a la producción o limitaciones a la ayuda de la Unión a escala de las empresas, las explotaciones o los centros de transformación individuales, no podrán concederse ayudas estatales para inversiones que incrementen la producción superando dichas restricciones o limitaciones.

135)

La Comisión considerará las ayudas para inversiones en activos materiales e inmateriales de explotaciones agrícolas vinculadas a la producción primaria compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación previstos en las presentes Directrices, la condición general para la ayuda a la inversión prevista en el punto (134) de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

136)

Esta sección se aplica a las ayudas para inversiones en activos materiales e inmateriales en explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria. La inversión la realizan uno o varios beneficiarios o tiene por objeto un activo material o un activo inmaterial utilizado por uno o varios beneficiarios.

137)

Esta sección también se aplica a las inversiones en activos materiales e inmateriales relacionadas con la producción de biocombustibles o con la producción de energía a partir de fuentes renovables en las explotaciones, que cumplan las condiciones siguientes:

138)

En caso de que más de una explotación agrícola realice la inversión para la producción de energía procedente de fuentes renovables con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades energéticas o para la producción de biocombustibles en las explotaciones, el consumo medio anual se acumulará al importe equivalente al consumo medio anual de todos los beneficiarios.

139)

Los Estados miembros deberán exigir el cumplimiento de normas mínimas de eficiencia energética para las inversiones en infraestructuras de energía renovable, que consuman o produzcan energía, cuando existan tales normas a nivel nacional.

140)

No son subvencionables las inversiones en instalaciones cuyo objetivo fundamental sea la producción de electricidad a partir de la biomasa, salvo que se utilice un porcentaje mínimo de energía térmica que determinen los Estados miembros.

141)

Los Estados miembros deberán fijar los umbrales de las proporciones máximas de cereales y otros cultivos ricos en almidón, azúcar y oleaginosas utilizados en la producción de bioenergía, incluidos los biocombustibles, correspondientes a los diferentes tipos de instalaciones. La ayuda a proyectos de bioenergía deberá limitarse a la bioenergía que cumpla los criterios de sostenibilidad aplicables establecidos en la legislación de la Unión, en particular en el artículo 17, apartados 2 a 6, de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

142)

Si la capacidad de producción de la instalación supera el consumo medio anual del beneficiario o beneficiarios, tal como se contempla en los puntos (137) y (138) de las presentes Directrices, los Estados miembros deberán cumplir las condiciones establecidas en las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente y de la energía para 2014-2020, excepto en caso de que dicha ayuda esté exenta de la obligación de notificación.

143)

La inversión deberá perseguir al menos uno de los objetivos siguientes:

144)

Las ayudas abarcan los siguientes costes subvencionables:

145)

La ayuda no deberá concederse para:

146)

No obstante lo dispuesto en el punto (145), letra c), podrán concederse ayudas para la adquisición de animales realizada para cumplir el objetivo previsto en el punto (143), letra e), de las presentes Directrices.

147)

No obstante lo dispuesto en el punto (145), letra c), podrían concederse ayudas para la compra de animales reproductores para la mejora de la calidad genética de la cabaña, a condición de que cumplan las condiciones siguientes:

148)

No obstante lo dispuesto en el punto (145), letra d), podrán concederse ayudas para el cumplimiento de normas en las condiciones siguientes:

149)

En cuanto al riego en nuevas zonas irrigadas y en zonas irrigadas ya existentes, solo se considerarán costes subvencionables las inversiones que cumplan las condiciones siguientes:

150)

Las superficies no irrigadas que en el pasado reciente han tenido instalaciones de riego activas, establecidas y justificadas por los Estados miembros, se pueden considerar superficies irrigadas a la hora de determinar el aumento neto de la superficie irrigada.

151)

Desde el 1 de enero de 2017, en el caso del riego, solo podrán pagar ayudas los Estados miembros que garanticen, con respecto a la demarcación hidrográfica en la que se realice la inversión, una contribución de los diferentes usos del agua a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua por el sector agrícola que sea coherente con el artículo 9, apartado 1, primer guion, de la Directiva 2000/60/CE, teniendo en cuenta, cuando proceda, los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación, así como las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas.

152)

La intensidad de ayuda no deberá superar los porcentajes siguientes:

153)

Los porcentajes de intensidad de ayuda establecidos en el punto (151) podrán incrementarse 20 puntos porcentuales, siempre que el máximo de la ayuda combinada no sea superior al 90 %, en el caso de:

154)

En lo que atañe a las inversiones no productivas contempladas en el punto (143), letra d), y a las inversiones para el restablecimiento del potencial productivo contempladas en el punto (143), letra e), la intensidad máxima de la ayuda no deberá ser superior al 100 % de los costes subvencionables.

155)

En lo referente a la inversión con objetivos preventivos del punto (143), letra e), la intensidad máxima de la ayuda no deberá superar el 80 %. Sin embargo, podrá incrementarse hasta el 100 % si la inversión es llevada a cabo conjuntamente por más de un beneficiario.

156)

La Comisión considerará las ayudas para inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural situado en la explotación agrícola compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación, la condición general para la ayuda a la inversión prevista en el punto (134) de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

157)

La presente sección se aplica a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria.

158)

La ayuda se concederá para el patrimonio cultural y natural constituido por paisajes naturales y edificios oficialmente reconocido como patrimonio cultural o natural por las autoridades públicas competentes del Estado miembro.

159)

Son subvencionables los costes siguientes destinados a la conservación del patrimonio cultural y natural:

160)

Son aplicables las siguientes intensidades de ayuda:

161)

La Comisión considerará las ayudas para inversiones relacionadas con el traslado de edificios agrícolas compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación previstos en las presentes Directrices, la condición general para la ayuda a la inversión prevista en el punto (134) y las condiciones siguientes.

162)

La presente sección se aplica a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria.

163)

El traslado del edificio agrícola deberá perseguir un objetivo de interés público. El interés público aducido para justificar la concesión de ayudas en virtud de la presente sección deberá especificarse en las disposiciones pertinentes del Estado miembro de que se trate.

164)

Son aplicables las siguientes intensidades de ayuda:

165)

La Comisión considerará las ayudas para inversiones relacionadas con la transformación y la comercialización de productos agrícolas compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación previstos en las presentes Directrices, la condición general para la ayuda a la inversión prevista en el punto (134) y las condiciones siguientes.

166)

Tal como prevén las normas sobre ayudas estatales horizontales en materia de medio ambiente y energía, para incentivar el cambio hacia la producción de biocombustibles de formas más avanzadas, no deben concederse ayudas a los biocombustibles de origen alimentario en virtud de la presente sección.

167)

La presente sección se aplica a las ayudas para la inversión en activos materiales e inmateriales relacionadas con la transformación y la comercialización de productos agrícolas, como se indica en los puntos (35)11 y (35)12.

168)

Los Estados miembros podrán conceder ayudas para inversiones relacionadas con la transformación y la comercialización de productos agrícolas si estas cumplen todas las condiciones de uno de los instrumentos de ayuda siguientes:

169)

Los costes subvencionables del punto (168)(c) deberán limitarse a:

170)

Los costes siguientes no serán subvencionables:

171)

La intensidad máxima de ayuda concedida en virtud de las presentes Directrices no deberá superar los porcentajes siguientes:

172)

Los porcentajes de ayuda establecidos en el punto (171) podrán incrementarse 20 puntos porcentuales, siempre que la intensidad máxima de la ayuda no sea superior al 90 %, en el caso de operaciones:

173)

Las ayudas individuales que superen el umbral de notificación mencionado en el punto (37), letra a), deberán ser notificadas a la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado.

174)

La Comisión considerará las ayudas iniciales a los jóvenes agricultores y para el desarrollo de pequeñas explotaciones agrícolas compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

175)

La presente sección se aplica a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria.

176)

Las ayudas se conceden a jóvenes agricultores, tal como se definen en el punto (35)29 de las presentes Directrices, que sean microempresas y pequeñas empresas, o a pequeñas explotaciones. Los Estados miembros deberán definir las pequeñas explotaciones basándose en criterios objetivos y las limitarán a microempresas y pequeñas empresas.

177)

Los Estados miembros deberán definir los umbrales máximos y mínimos para el acceso a la ayuda en términos de potencial de producción de la explotación agrícola, medido en producción estándar, tal como se define en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1242/2008 de la Comisión (54), o en una forma equivalente para el acceso a las ayudas iniciales a los jóvenes agricultores y al desarrollo de pequeñas explotaciones. El umbral mínimo para acceder a la ayuda inicial a los jóvenes agricultores deberá ser superior al umbral máximo para acceder a la ayuda al desarrollo de pequeñas explotaciones.

178)

Cuando la ayuda se conceda a un joven agricultor que esté poniendo en marcha una explotación en forma de persona jurídica, el joven agricultor deberá ejercer un control efectivo y a largo plazo sobre la persona jurídica, en cuanto a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros. Cuando varias personas físicas, incluso personas que no sean jóvenes agricultores, participen en el capital o la gestión de la persona jurídica, el joven agricultor deberá ser capaz de ejercer ese control efectivo y a largo plazo por sí sola o conjuntamente con otras personas. Cuando una persona jurídica sea individual o conjuntamente controlada por otra persona jurídica, esos requisitos se deberán aplicar a toda persona física que posea el control sobre la otra persona jurídica.

179)

Las ayudas deberán estar supeditadas a la presentación de un plan empresarial a la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, cuya aplicación deberá comenzar en un plazo de nueve meses a partir de la fecha en que se adopte la decisión por la que se concede la ayuda.

180)

En el caso de las ayudas a jóvenes agricultores, el plan empresarial deberá establecer que el beneficiario ha de cumplir la definición de agricultor activo prevista en el artículo 9 del Reglamento (UE) no 1307/2013 en un plazo de dieciocho meses a partir de la fecha de instalación.

181)

Los jóvenes agricultores que no cuenten con la capacitación y la competencia profesionales adecuadas tendrán derecho a recibir ayuda siempre y cuando se comprometan a adquirir esa capacitación y competencia profesionales en el plazo de treinta y seis meses a partir de la fecha de adopción de la decisión sobre la concesión de la ayuda. Este compromiso deberá incluirse en el plan empresarial.

182)

Como mínimo, el plan empresarial deberá describir lo siguiente:

183)

Las ayudas se deberán entregar o pagar al menos en dos tramos o plazos a lo largo de un periodo máximo de cinco años. En el caso de los jóvenes agricultores, el último tramo o el último plazo de la ayuda deberá estará supeditado a la correcta ejecución del plan empresarial contemplado en el punto (179).

184)

El importe máximo de la ayuda se deberá limitar a 70 000 EUR por joven agricultor y a 15 000 EUR por pequeña explotación. Los Estados miembros deberán determinar el importe de las ayudas a los jóvenes agricultores tomando también en consideración la situación socioeconómica de la zona de que se trate.

185)

La Comisión considerará las ayudas para la cesión de explotaciones agrícolas compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

186)

La presente sección se aplica a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria que cedan de forma permanente su explotación agrícola a otra empresa dedicada a la producción agrícola primaria.

187)

La ayuda se concede a empresas con derecho a participar en el régimen para los pequeños agricultores, establecido en el título V del Reglamento (UE) no 1307/2013, que, en la fecha de presentación de su solicitud de ayuda, lleven disfrutando de ese derecho durante un periodo de al menos un año y se comprometan a ceder de forma permanente la totalidad de sus explotaciones agrícolas y los derechos de pago correspondientes a otra empresa.

188)

Los pagos de las ayudas deberán ser anuales o únicos.

189)

Las ayudas se deberán pagar a partir de la fecha de la cesión de la explotación agrícola y hasta el 31 de diciembre de 2020.

190)

La ayuda corresponde al 120 % del pago anual que el beneficiario puede cobrar con arreglo al régimen para los pequeños agricultores.

191)

La Comisión considera de forma positiva las ayudas para la creación de agrupaciones de productores y organizaciones de productores, ya que suponen un incentivo para la colaboración entre los agricultores. Por lo tanto, considerará que las ayudas a la creación de agrupaciones de productores y organizaciones de productores son compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

192)

La presente sección se aplica a todo el sector agrícola (55).

193)

Únicamente podrán beneficiarse de la ayuda las agrupaciones u organizaciones de productores que hayan sido reconocidas oficialmente por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate sobre la base de la presentación de un plan empresarial.

194)

La concesión de las ayudas iniciales estará supeditada a la obligación de los Estados miembros de cerciorarse de que se han alcanzado los objetivos del plan empresarial en un plazo de cinco años a partir de la fecha de reconocimiento oficial de la agrupación u organización de productores.

195)

Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas celebrados en el marco de la agrupación u organización de productores se deberán ajustar a las normas de competencia aplicables en virtud de los artículos 206 a 210 del Reglamento (UE) no 1308/2013.

196)

Como alternativa a la concesión de ayudas iniciales a las agrupaciones u organizaciones de productores, podrán concederse ayudas de hasta el mismo importe global directamente a los productores para compensarles su contribución a los costes de funcionamiento de las agrupaciones u organizaciones durante los primeros cinco años siguientes a la constitución de la agrupación u organización.

197)

Los Estados miembros podrán seguir concediendo ayudas iniciales a las agrupaciones de productores incluso después de que estas hayan sido reconocidas como organizaciones de productores conforme a las condiciones del Reglamento (UE) no 1308/2013.

198)

Las ayudas se deberán limitar a las agrupaciones y organizaciones de productores que se ajusten a la definición de pymes (56). La Comisión no autorizará ayudas estatales para los gastos cubiertos en la presente sección para las grandes empresas (57).

199)

Los regímenes de ayuda autorizados con arreglo a la presente sección deberán adaptarse a los cambios de las disposiciones que regulan la organización común de mercados de los productos agrícolas.

200)

Los costes subvencionables podrán incluir los costes del alquiler de locales apropiados, la adquisición de equipos de oficina, incluidos ordenadores y programas informáticos, los costes de personal administrativo, los gastos generales, los honorarios de abogados y las tasas administrativas. En caso de que se compren locales, los costes subvencionables correspondientes se deberán limitar a los del alquiler a precios de mercado.

201)

No se deberán conceder ayudas a:

202)

La ayuda deberá consistir en una cantidad fija que se abonará en tramos anuales durante los cinco primeros años desde la fecha en que la autoridad competente reconozca oficialmente la agrupación u organización de productores sobre la base del plan empresarial. Los Estados miembros deberán abonar solo el último tramo tras haber comprobado la correcta ejecución del plan empresarial.

203)

Las ayudas concedidas a agrupaciones u organizaciones de productores con el fin de sufragar costes no relacionados con su creación y puesta en marcha, tales como inversiones o actividades de promoción, se examinarán con arreglo a las normas que rigen dichos tipos de ayuda.

204)

La intensidad de ayuda se deberá limitar al 100 % de los costes subvencionables.

205)

El importe total de la ayuda se deberá limitar a 500 000 EUR. La ayuda deberá ser decreciente.

206)

La presente sección se aplica a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria.

207)

La Comisión considerará las ayudas para compromisos agroambientales y climáticos compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

208)

La presente sección se aplica a las ayudas a empresas y agrupaciones de empresas que emprendan voluntariamente operaciones consistentes en uno o más compromisos agroambientales y climáticos relacionados con tierras agrícolas que habrán de definir los Estados miembros, lo que incluye, entre otras cosas, la superficie agrícola definida en el punto (35)50 de las presentes Directrices.

209)

La medida deberá estar dirigida tanto al mantenimiento como a la promoción de los cambios necesarios en las prácticas agrícolas que entrañen una aportación positiva al medio ambiente y al clima.

210)

Las ayudas únicamente cubrirán los compromisos voluntarios que impongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios correspondientes establecidos de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) no 1306/2013, los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) no 1307/2013, y los requisitos mínimos relativos a la utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos en el derecho nacional. Todos estos requisitos y normas obligatorios deberán indicarse y describirse en la notificación a la Comisión.

211)

Los Estados miembros deberán procurar garantizar que las empresas que se comprometan a emprender operaciones en el marco de la presente medida disponen de los conocimientos e información necesarios para ejecutarlas, como asesoramiento especializado en relación con los compromisos o la supeditación de la ayuda de esta medida a la adquisición de la formación pertinente.

212)

Los compromisos previstos en el marco de la presente medida se deberán contraer por un periodo de cinco a siete años. No obstante, cuando sea necesario para alcanzar o mantener los beneficios medioambientales previstos, los Estados miembros podrán fijar un periodo más prolongado con respecto a determinados tipos de compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo inicial (58). Para los nuevos compromisos que sigan directamente a los contraídos en el periodo inicial, los Estados miembros podrán determinar un periodo más breve.

213)

Cuando proceda, se deberán cumplir las normas aplicables a las ayudas por superficie establecidas en el artículo 47 del Reglamento (UE) no 1305/2013 y en cualquier acto delegado adoptado con arreglo a esa disposición.

214)

Se podrán conceder ayudas para compromisos agroambientales y climáticos a gestores de tierras y agrupaciones de beneficiarios que no sean empresas del sector agrícola, con arreglo a la sección 3.4 de la parte II de las presentes Directrices.

215)

Los compromisos previstos en la medida agroambiental y climática para llevar a cabo una ganadería extensiva deberán cumplir, como mínimo, las condiciones siguientes:

216)

Los compromisos previstos en la medida agroambiental y climática para criar razas locales amenazadas de abandono o para preservar los recursos genéticos vegetales amenazados de erosión genética deberán exigir:

217)

Serán subvencionables las siguientes especies de animales de explotación: bovinos, ovinos, caprinos, equino, porcinos y aves.

218)

Se considerará que las razas locales se encuentran en peligro de abandono si se cumplen las condiciones siguientes y si estas se incluyen y describen en la notificación a la Comisión:

219)

Se considerará que los recursos genéticos vegetales se encuentran en peligro de erosión genética siempre que se incluyan y describan en la notificación a la Comisión datos suficientes de dicha erosión genética basados en resultados científicos o en indicadores que permitan estimar la reducción de las variedades endémicas u originales locales, la diversidad de su población y, cuando proceda, las modificaciones de las prácticas agrícolas dominantes a escala local.

220)

Podrán concederse ayudas para la conservación y para el uso y el desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura en operaciones no reguladas por las disposiciones de los puntos (208) a (219) de la presente sección.

221)

La ayuda, salvo la destinada a las operaciones de conservación de los recursos genéticos contemplada en el punto (220), comprende la compensación a los beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las rentas no percibidas resultantes de los compromisos asumidos. Las ayudas deberán concederse anualmente.

222)

En casos debidamente justificados, para operaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente se puede conceder ayuda a tanto alzado o como un pago único por unidad en los compromisos de renuncia al uso comercial de las superficies, calculándola sobre la base de los costes adicionales y las rentas no percibidas.

223)

En caso necesario, las ayudas también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de empresas.

224)

No obstante, si un Estado miembro desea compensar los costes de transacción generados por la asunción de compromisos agroambientales y climáticos, deberá presentar pruebas convincentes de dichos costes, en particular proporcionando comparaciones de costes con otras empresas agrícolas que no hayan suscrito dichos compromisos. En consecuencia, la Comisión no autorizará normalmente las ayudas estatales correspondientes a los costes de transacción para la continuación de compromisos que ya se hayan suscrito en el pasado, a menos que un Estado miembro demuestre que dichos costes siguen produciéndose o que se están generando nuevos costes de transacción.

225)

En los casos en que los costes de transacción se calculen a partir de los costes medios o de las explotaciones medias, los Estados miembros deberán demostrar que las grandes empresas, en particular, no están siendo compensadas en exceso. Al objeto de determinar la compensación, los Estados miembros deberán considerar si los costes de transacción correspondientes se generan por empresa o por hectárea.

226)

En el marco de la presente medida no podrán concederse ayudas relacionadas con los compromisos incluidos en la medida relativa a la agricultura ecológica y definidos en la sección 1.1.8 de la parte II de las presentes Directrices.

227)

Las ayudas para la conservación de los recursos genéticos en la agricultura cubrirán los costes de las operaciones siguientes:

228)

La ayuda, salvo la destinada a operaciones de conservación de los recursos genéticos contemplada en el punto (220), deberá limitarse a los importes máximos siguientes: 600 EUR por hectárea y año para los cultivos anuales; 900 EUR por hectárea y año para los cultivos perennes especializados; 450 EUR por hectárea y año para otros usos de la tierra; 200 EUR por unidad de ganado mayor (UGM) al año para las razas locales en peligro de abandono.

229)

Estos importes podrán aumentarse en casos debidamente documentados habida cuenta de circunstancias específicas que deberán justificarse en la notificación a la Comisión.

230)

Tratándose de la conservación de los recursos genéticos forestales en la agricultura, la ayuda deberá limitarse al 100 % de los costes subvencionables.

231)

La Comisión considerará las ayudas para compromisos en favor del bienestar de los animales compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

232)

La presente sección se aplica a las ayudas a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria que emprendan voluntariamente operaciones consistentes en uno o más compromisos relacionados con el bienestar animal y que sean agricultores activos.

233)

Las ayudas solamente cubrirán los compromisos que impongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios correspondientes establecidos con arreglo al título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) no 1306/2013 o que otros requisitos obligatorios pertinentes. Estos requisitos pertinentes deberán indicarse y describirse en la notificación a la Comisión.

234)

Los compromisos relativos al bienestar de los animales que pueden optar a ayudas deberán incluir normas de producción más exigentes en uno de los siguientes campos:

235)

Los compromisos sobre bienestar animal se deberán contraer por un periodo de uno a siete años que será renovable.

236)

La renovación de un contrato podrá ser también automática si sus datos se describen en el contrato. El mecanismo de renovación de los compromisos sobre bienestar animal deberá ser definido por los Estados miembros de conformidad con sus normas nacionales pertinentes. Este mecanismo se deberá comunicar a la Comisión como parte de la notificación de las ayudas estatales correspondientes a la presente sección. La renovación se deberá supeditar siempre al cumplimiento de las condiciones aprobadas por la Comisión para las ayudas correspondientes a la presente sección.

237)

Las ayudas se deberán conceder anualmente y podrán compensar a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria por la totalidad o una parte de los costes adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos por ellas.

238)

En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la prima abonada por los compromisos en favor del bienestar de los animales. No obstante, si un Estado miembro desea compensar los costes de transacción generados por la asunción de compromisos en favor del bienestar de los animales, deberá presentar pruebas convincentes de dichos costes, en particular proporcionando comparaciones de costes con otras empresas que no hayan suscrito compromisos de este tipo. En consecuencia, normalmente la Comisión no autorizará las ayudas estatales correspondientes a los costes de transacción de la continuación de los compromisos en favor del bienestar de los animales que hayan sido suscritos en el pasado, salvo que el Estado miembro demuestre que dichos costes siguen produciéndose o que se están soportando nuevos costes de transacción.

239)

En los casos en que los costes de transacción se calculen a partir de los costes medios o de las explotaciones medias, los Estados miembros deberán demostrar que las grandes empresas, en particular, no están siendo compensadas en exceso. Al objeto de determinar la compensación, los Estados miembros deberán considerar si los costes de transacción correspondientes se generan por empresa o por hectárea.

240)

La ayuda se deberá limitar a 500 EUR por unidad de ganado mayor.

241)

La Comisión considerará las ayudas estatales correspondientes a dificultades relacionadas con las zonas Natura 2000 y con la Directiva marco del agua compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

242)

La presente sección se aplica a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria.

243)

En casos debidamente justificados se podrán conceder ayudas a otros gestores de tierras distintos de las empresas que actúan en el sector agrícola, con arreglo a la sección 3.5 de la parte II de las presentes Directrices.

244)

Las ayudas servirán para compensar a los beneficiarios por los costes adicionales y las rentas no percibidas a resultas de dificultades en las zonas en cuestión, relacionados con la aplicación de la Directiva sobre los hábitats, la Directiva sobre las aves y la Directiva marco del agua (59).

245)

La ayuda vinculada a la Directiva sobre los hábitats y la Directiva sobre las aves solamente se concederá para compensar las dificultades derivadas de requisitos que sean más estrictos que las buenas condiciones agrarias y medioambientales previstas en el artículo 94 y el anexo II del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Consejo y los requisitos pertinentes y las actividades mínimas establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) no 1307/2013.

246)

La ayuda vinculada a la Directiva marco del agua podrá concederse exclusivamente en relación con requisitos específicos que:

247)

Los requisitos mencionados en los puntos (245) y (246) se deberán indicar y describir en la notificación a la Comisión.

248)

Son subvencionables las superficies siguientes:

249)

Las ayudas se deberán limitar a los importes máximos siguientes: 500 EUR por hectárea y año durante el periodo inicial no superior a cinco años; y 200 EUR por hectárea y año posteriormente. La ayuda relacionada con la Directiva marco sobre el agua deberá ascender a un mínimo de 50 EUR por hectárea y año.

250)

Los importes máximos de 500 EUR y 200 EUR podrán incrementarse en casos excepcionales habida cuenta de circunstancias específicas que deberán justificarse. El importe mínimo de 50 EUR en el caso de las ayudas relacionadas con la Directiva marco del agua podrá reducirse en casos debidamente motivados habida cuenta de circunstancias específicas que deberán justificarse.

251)

La Comisión considerará las ayudas estatales para las zonas de montaña y otras zonas con limitaciones naturales u otras dificultades específicas compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

252)

La presente sección se aplica a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria.

253)

Podrán concederse ayudas a empresas que se comprometan a proseguir sus actividades agrícolas en las zonas designadas con arreglo al artículo 32 del Reglamento (UE) no 1305/2013 y que sean agricultores activos.

254)

Las ayudas servirán para compensar a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las rentas no percibidas que tengan relación con las limitaciones para la producción agrícola en la zona afectada. Los Estados miembros deberán demostrar las dificultades en cuestión y presentar pruebas de que el importe de las compensaciones que se deban abonar no superará las pérdidas de ingresos y los costes adicionales derivados de esas dificultades.

255)

Los costes adicionales y las rentas no percibidas se deberán calcular efectuando una comparación con las zonas que no se ven afectadas por limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, habida cuenta de los pagos contemplados en el título III, capítulo 3, del Reglamento (UE) no 1307/2013.

256)

Al calcular los costes adicionales y las rentas no percibidas, en casos debidamente justificados, los Estados miembros podrán diferenciar el nivel de pago teniendo en cuenta lo siguiente:

257)

Las ayudas se concederán anualmente por hectárea de superficie agrícola.

258)

El importe de la ayuda deberá oscilar entre los importes mínimo y máximo siguientes: mínimo de 25 EUR por hectárea y año, por término medio, de la superficie del beneficiario que reciba la ayuda y máximo de 250 EUR por hectárea y año. No obstante, el importe máximo podrá alcanzar 450 EUR por hectárea y año en las zonas de montaña que se definen en el artículo 32, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1305/2013.

259)

Los importes máximos podrán aumentarse en casos debidamente documentados habida cuenta de circunstancias específicas que deberán justificarse en la notificación a la Comisión.

260)

Los Estados miembros deberán prever la reducción de la ayuda por encima de un nivel umbral de superficie por explotación que se habrá de definir, excepto si la subvención solo afecta al importe mínimo por hectárea y año establecido en el punto (258) de las presentes Directrices. A este fin, las notificaciones deberán especificar el tamaño de la explotación que vaya a ser beneficiaria de tales ayudas.

261)

En el caso de una persona jurídica o de un grupo de personas físicas o jurídicas, los Estados miembros podrán aplicar la reducción progresiva de las ayudas a los miembros de esas personas jurídicas o grupos de personas cuando la legislación nacional prevea que los miembros individuales asuman derechos y deberes comparables a los de los agricultores individuales que sean titulares de una explotación, en particular en lo referente a su condición económica, social y fiscal, siempre y cuando hayan contribuido a reforzar las estructuras agrícolas de las personas jurídicas o grupos de que se trate.

262)

Además de las ayudas previstas en el punto (253), los Estados miembros podrán conceder ayudas en virtud de esta medida entre 2014 y 2020 a los beneficiarios de zonas que fueron subvencionables en virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) no 1698/2005 (60) durante el periodo de programación del desarrollo rural 2007-2013. Con respecto a los beneficiarios de las zonas que ya no sean subvencionables como consecuencia de la nueva delimitación establecida en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1305/2013, estas ayudas deberán ser decrecientes durante un periodo máximo de cuatro años desde la fecha en que se efectúe la delimitación de conformidad con el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1305/2013 y, a más tardar, desde 2018. Esas ayudas deberán iniciarse en un máximo del 80 % del promedio del pago que se fije en el programa de desarrollo rural para el periodo 2007-2013 o, en el caso de que la medida se haya concedido exclusivamente con fondos nacionales, en la correspondiente decisión de ayuda estatal, de conformidad con el artículo 36, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) no 1698/2005, y deberá finalizar en 2020 a más tardar con un máximo del 20 %. Cuando el nivel del pago alcance 25 EUR debido a su carácter decreciente, el Estado miembro podrá seguir concediendo ayudas en ese nivel hasta que haya concluido el periodo de eliminación progresiva.

263)

Una vez concluida la delimitación, los beneficiarios de las zonas que sigan siendo subvencionables deberán recibir el pago completo correspondiente a esta medida.

264)

La Comisión considerará las ayudas para la agricultura ecológica compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

265)

La presente sección se aplica a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria.

266)

Se podrán conceder ayudas por hectárea de superficie agrícola a las empresas o agrupaciones de empresas que se comprometan voluntariamente a adoptar las prácticas y métodos de agricultura ecológica definidos en el Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo (61) o a mantener dichas prácticas y métodos y que sean agricultores activos.

267)

Las ayudas se concederán exclusivamente por compromisos que impliquen mayores exigencias que los requisitos y las normas siguientes que se deberán determinar y describir en la notificación a la Comisión:

268)

Los compromisos se deberán ejecutar a lo largo de un periodo inicial de entre cinco y siete años. No obstante, cuando se concedan ayudas a la conversión a la agricultura ecológica, los Estados miembros podrán determinar un periodo inicial más breve correspondiente al periodo de conversión. Cuando la ayuda esté destinada al mantenimiento de la agricultura ecológica, los Estados miembros podrán prever una prórroga anual una vez finalizado el periodo inicial. Para los nuevos compromisos de mantenimiento que sigan directamente a los contraídos en el periodo inicial, los Estados miembros podrán determinar un periodo más breve.

269)

Cuando proceda, se deberán cumplir las normas aplicables a las ayudas por superficie establecidas en el artículo 47 del Reglamento (UE) no 1305/2013 y en cualquier acto delegado adoptado con arreglo a esa disposición.

270)

Las ayudas servirán para compensar a los beneficiarios, total o parcialmente, los costes adicionales o la pérdida de ingresos derivados de los compromisos suscritos.

271)

Cuando sea necesario, la ayuda también podrá compensar los costes de transacción hasta un importe máximo del 20 % de la prima abonada por el compromiso. El porcentaje máximo se elevará al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de empresas. Estas ayudas se concederán anualmente.

272)

No obstante, si un Estado miembro desea compensar los costes de transacción generados por la asunción de compromisos en favor de la agricultura ecológica, deberá presentar pruebas convincentes de dichos costes, en particular proporcionando comparaciones de costes con otras empresas que no hayan suscrito dichos compromisos. En consecuencia, normalmente la Comisión no autorizará las ayudas estatales correspondientes a los costes de transacción para la continuación de los compromisos en favor de la agricultura ecológica que hayan sido suscritos en el pasado, salvo que el Estado miembro demuestre que dichos costes siguen produciéndose o que se están soportando nuevos costes de transacción.

273)

En los casos en que los costes de transacción se calculen a partir de los costes medios o de las explotaciones medias, los Estados miembros deberán demostrar que las grandes empresas, en particular, no están siendo compensadas en exceso. Al objeto de determinar la compensación, los Estados miembros deberán considerar si los costes de transacción correspondientes se generan por empresa o por hectárea.

274)

No se podrán conceder ayudas al amparo de esta sección para los compromisos suscritos en el marco de las medidas agroambientales o climáticas, ni para los gastos correspondientes a la sección sobre ayudas destinadas a promover la participación de productores de productos agrícolas en sistemas de calidad.

275)

Las ayudas para inversiones en la producción primaria y la transformación y la comercialización de productos ecológicos estarán sujetas a las disposiciones de las secciones sobre ayudas a la inversión.

276)

La intensidad máxima de ayuda será: 600 EUR por hectárea y año para los cultivos anuales; 900 EUR por hectárea y año para los cultivos perennes especializados; 450 EUR por hectárea y año para otros usos de la tierra.

277)

En casos excepcionales se podrán superar estos límites máximos en atención a circunstancias específicas que deberán justificarse.

278)

La Comisión considerará las ayudas para la participación de productores de productos agrícolas y de sus agrupaciones en regímenes de calidad compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices y las condiciones siguientes.

279)

La presente sección se aplica a los productores de productos agrícolas. Solo los agricultores activos pueden optar a la ayuda a que se refiere el punto (280), letra a).

280)

Las ayudas abarcan los siguientes costes subvencionables en relación con los regímenes de calidad a que se refiere el punto (282) de las presentes Directrices:

281)

No se deberán conceder las ayudas mencionadas en el punto (280), letras a) y b), para compensar los costes de los controles realizados por los propios beneficiarios ni cuando la normativa de la Unión disponga que los costes del control deben sufragarlos los productores de productos agrícolas y sus agrupaciones, sin especificar la cuantía real de los gastos.

282)

Los regímenes de calidad mencionados en el punto (280), letra a), de las presentes Directrices deberán ser los siguientes:

283)

Deberán poder acceder a la ayuda todas las empresas beneficiarias que actúen en la zona en cuestión, sobre la base de condiciones definidas objetivamente.

284)

La ayuda mencionada en el punto (280), letras b) y c), de las presentes Directrices no deberá consistir en pagos directos a los beneficiarios y se deberá abonar al organismo responsable de las medidas de control, al prestador de servicios de investigación o al prestador de servicios de consultoría.

285)

Las ayudas a las que hace referencia el punto (280), letra a), se concederán por un periodo máximo de cinco años y se limitarán a 3 000 EUR por beneficiario y año. Deberán consistir en un incentivo anual cuyo importe se determinará en función del nivel de los costes fijos ocasionados por la participación en los regímenes de calidad.

286)

La ayuda contemplada en el punto (280), letras b) y c), podrá llegar al 100 % de los costes reales efectuados.

287)

La presente sección tiene por objeto las ayudas para la prestación de asistencia técnica al sector agrícola, salvo las ayudas a servicios de sustitución en las explotaciones, que solo pueden concederse a las empresas que se dediquen a la producción agrícola primaria.

288)

La prestación de asistencia técnica podrá estar a cargo de agrupaciones de productores o de otras organizaciones, independientemente de su tamaño.

289)

La ayuda deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella en la zona en cuestión, sobre la base de condiciones definidas objetivamente. Cuando la prestación de la asistencia técnica corra a cargo de agrupaciones u organizaciones de productores, la afiliación a esas agrupaciones u organizaciones no será condición para tener acceso al servicio. Toda contribución a los costes administrativos de la agrupación o la organización de que se trate por parte de personas que no estén afiliadas deberá limitarse al coste de la prestación del servicio.

290)

La Comisión considerará las ayudas para transferencia de conocimientos y actividades de información compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen los principios comunes de evaluación de las presentes Directrices, las condiciones generales para la ayuda a la asistencia técnica y las condiciones siguientes.

291)

Las ayudas abarcan la formación profesional y la adquisición de competencias, tales como cursos de formación, talleres y sesiones de orientación, así como las actividades de demostración e información.

292)

Las ayudas podrán concederse también para intercambios de breve duración centrados en la gestión de las explotaciones y visitas a explotaciones.

293)

Las ayudas abarcan los siguientes costes subvencionables: