19.5.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 129/1

(1)

De conformidad con el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión ha de tener en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana. Además, como establece el artículo 11 del TFUE, las exigencias de la protección del medio ambiente deben integrarse en las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.

(2)

Los artículos 120 y 121 del TFUE disponen que los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión, en el marco de las orientaciones generales elaboradas por el Consejo. La coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros es por consiguiente una cuestión de interés común.

(3)

Varios Estados miembros han aplicado y siguen aplicando procesos de ajuste para corregir los desequilibrios macroeconómicos acumulados en el pasado y muchos afrontan el reto de un bajo potencial de crecimiento. La aplicación de reformas estructurales forma parte de las prioridades políticas de la Unión a fin de que la recuperación sea sostenible, de aprovechar el potencial de crecimiento para reforzar la capacidad de adaptación y de apoyar el proceso de convergencia.

(4)

Las reformas son, por naturaleza, procesos complejos que requieren una cadena completa de competencias y conocimientos altamente especializados, así como una visión a largo plazo. Proceder a reformas estructurales en una gran variedad de ámbitos de la política pública es todo un reto ya que, a menudo, su impacto tarda en materializarse. Por consiguiente, diseñarlas y aplicarlas en tiempo oportuno es crucial, tanto para las economías en crisis como para las estructuralmente débiles. En este contexto, el apoyo de la Unión en forma de asistencia técnica ha sido importante para contribuir al ajuste económico de Grecia y de Chipre en estos últimos años. La apropiación de las reformas estructurales sobre el terreno es fundamental para que su aplicación tenga éxito.

(5)

Los Estados miembros pueden recibir ayuda para hacer frente a las dificultades de concepción y aplicación de reformas estructurales favorables al crecimiento, en consonancia con los objetivos económicos y sociales de la Unión. Esas dificultades pueden depender de varios factores, como una limitada capacidad administrativa e institucional y una inadecuada aplicación y ejecución del Derecho de la Unión.

(6)

La Unión tiene una experiencia considerable en prestar apoyo específico a las administraciones nacionales y demás autoridades de los Estados miembros por lo que se refiere a la creación de capacidades y acciones similares en algunos sectores (fiscalidad, aduanas y apoyo a las pequeñas y medianas empresas) y a la aplicación de la política de cohesión. La experiencia adquirida por la Unión en la asistencia a las autoridades nacionales para que lleven a cabo las reformas debe utilizarse para aumentar la capacidad de la Unión de prestar ayuda a los Estados miembros. En efecto, se necesita una acción global e integrada para apoyar a los Estados miembros que están emprendiendo reformas impulsoras del crecimiento y piden asistencia a la Unión a este respecto.

(7)

El Informe Especial n.o 19/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Debe concederse más atención a los resultados para mejorar la asistencia técnica a Grecia» incluye recomendaciones útiles sobre la forma en que la Comisión puede facilitar asistencia técnica a los Estados miembros. Esas recomendaciones deben tenerse en cuenta a la hora de prestar apoyo en virtud del presente Reglamento.

(8)

Habida cuenta de esas circunstancias, procede crear un programa de apoyo a las reformas estructurales (en lo sucesivo, «programa») con el objetivo de reforzar la capacidad de los Estados miembros para preparar y ejecutar reformas estructurales y administrativas que propicien el crecimiento, incluso mediante asistencia en el uso eficiente y efectivo de los fondos de la Unión. El programa aspira a contribuir a alcanzar objetivos comunes de apoyo a la recuperación económica, la cohesión y la creación de empleo, de impulso a la competitividad y la productividad de Europa y de estímulo de la inversión en la economía real. Ello también permitiría dar una mejor respuesta a los retos económicos y sociales de alcanzar un elevado nivel de bienestar social, así como unos servicios sanitarios y educativos de calidad, y de combatir la pobreza y la exclusión social.

(9)

En el marco del programa, la Comisión, a petición de un Estado miembro, debe prestar ayuda en ámbitos relacionados con la cohesión, la competitividad, la productividad, la innovación, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, el empleo y la inversión, como son los de presupuesto y fiscalidad, servicio público, reformas institucionales y administrativas, sistemas judiciales, lucha contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, entorno empresarial, desarrollo del sector privado, competencia, contratación pública, participación pública en empresas, procesos de privatización, acceso a la financiación, políticas del sector financiero, comercio, desarrollo sostenible, educación y formación, políticas del mercado de trabajo, salud pública, política de asilo y migratoria, agricultura, desarrollo rural y pesca.

(10)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de solicitar la ayuda de la Comisión en virtud del programa por lo que respecta a la aplicación de reformas en el contexto de procesos de gobernanza económica, en especial de las recomendaciones específicas por país formuladas con ocasión del Semestre Europeo, a acciones relativas a la aplicación del Derecho de la Unión, así como a la aplicación de los programas de ajuste económico. También deben tener la posibilidad de solicitar ayuda en relación con reformas emprendidas por iniciativa propia y encaminadas a la cohesión, la inversión, el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la competitividad. La Comisión podría dar orientaciones sobre los principales elementos de la solicitud de ayuda.

(11)

Tras un diálogo con el Estado miembro solicitante, también en el contexto del Semestre Europeo, la Comisión debe analizar la solicitud, teniendo en cuenta los principios de transparencia, igualdad de trato y buena gestión financiera, y determinar el apoyo que ha de proporcionarse en función de la urgencia, la amplitud y la profundidad de los problemas identificados, de la necesidad de ayuda en los ámbitos de actuación contemplados, del análisis de los indicadores socioeconómicos, y de la capacidad administrativa general del Estado miembro. Sobre la base de ese análisis y habida cuenta de las acciones y actividades existentes financiadas por fondos de la Unión u otros programas de la Unión, la Comisión debe llegar a un acuerdo con el Estado miembro de que se trate sobre los ámbitos prioritarios, los objetivos, un calendario indicativo, el alcance de las medidas de apoyo que hayan de prestarse y una estimación de la contribución financiera global a tal efecto, todo lo cual se ha de fijar en un plan de cooperación y apoyo.

(12)

Con fines, entre otros, de transparencia, la Comisión debe presentar, en las condiciones contempladas en el presente Reglamento, los planes de cooperación y apoyo al Parlamento Europeo y al Consejo.

(13)

La Comisión, con el consentimiento del Estado miembro que desee recibir apoyo, debe poder organizar la prestación del apoyo en cooperación con organizaciones europeas e internacionales u otros Estados miembros que hayan acordado actuar como socios de la reforma. El Estado miembro que desee recibir apoyo debe poder asociarse, para uno o varios ámbitos específicos de apoyo, con uno o más Estados miembros en calidad de socios de la reforma con el fin de ayudar a formular una estrategia y unos planes de reforma, diseñar una asistencia de alta calidad o supervisar la aplicación de la estrategia y los proyectos. Si bien la responsabilidad de las reformas recae en el Estado miembro que desee recibir apoyo, los socios de la reforma u otros Estados miembros que presten apoyo, o todos ellos, deben poder contribuir al éxito de la aplicación del programa.

(14)

La comunicación de la Comisión de 19 de octubre de 2010 titulada «Revisión del presupuesto de la UE» y la de 29 de junio de 2011 titulada «Un presupuesto para Europa 2020» subrayan la importancia de concentrar la financiación en actividades y medidas con un claro valor añadido europeo, es decir, en las que la intervención de la Unión pueda aportar un valor añadido adicional en comparación con la actuación de los Estados miembros por sí solos. En ese contexto, las acciones y actividades de apoyo que se lleven a cabo en el marco del programa deben garantizar la complementariedad y la sinergia con otros programas y políticas a escala regional, nacional, de la Unión e internacional, según corresponda. Las acciones y actividades del programa deben permitir el desarrollo y la aplicación de soluciones que den respuesta, a la escala adecuada, a los retos nacionales que tengan repercusiones para retos transfronterizos o de la Unión y que también podrían contribuir a la cohesión social, económica y territorial. Además, las acciones y actividades en virtud del programa deben contribuir a alcanzar una aplicación uniforme y coherente del Derecho de la Unión. Por otro lado, también deben contribuir a seguir desarrollando la confianza y fomentando la colaboración con la Comisión y entre los Estados miembros. Asimismo, la Unión está en mejor posición que los Estados miembros para ofrecer una plataforma en la que se ofrezcan y compartan entre iguales las mejores prácticas, así como para movilizar conocimientos técnicos.

(15)

Conviene establecer una dotación financiera para el programa que cubra un período de cuatro años, de modo que su duración coincida con la del marco financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (4).

(16)

La dotación financiera del programa debe consistir en recursos financieros deducidos de las asignaciones para asistencia técnica por iniciativa de la Comisión en virtud de los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013 (5) y (UE) n.o 1305/2013 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo. Para que sea posible tal deducción para este programa concreto y sin perjuicio de cualquier otra propuesta futura, procede modificar dichos Reglamentos.

(17)

La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al punto 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (7), ha de constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual. La financiación del programa mediante la transferencia de asignaciones provenientes de la asistencia técnica a iniciativa de la Comisión en virtud de los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013 y 1305/2013 solo debe considerarse una solución irrepetible y no debe constituir ningún precedente en lo que respecta a la financiación de futuras iniciativas.

(18)

Los Estados miembros que soliciten ayuda deben tener la posibilidad de contribuir, con carácter voluntario, a la dotación financiera del programa con fondos adicionales. En la actualidad, el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 limita la posibilidad de transferir recursos destinados a la asistencia técnica por iniciativa de un Estado miembro a los Estados miembros que atraviesen dificultades presupuestarias temporales. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en el sentido de permitir la participación financiera de todos los Estados miembros en el programa. Los recursos transferidos al presupuesto de la Unión deben utilizarse en favor de acciones que contribuyan a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en los Estados miembros beneficiarios.

(19)

El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»). A tal efecto, la Comisión debe adoptar programas de trabajo anuales e informar de ello al Parlamento Europeo y al Consejo. Los programas de trabajo anuales deben establecer las medidas necesarias para su aplicación en consonancia con los objetivos generales y específicos del programa, los criterios de selección y adjudicación de las subvenciones y todos los demás elementos requeridos.

(20)

Dada la importancia de respaldar los esfuerzos de los Estados miembros por conseguir aplicar reformas estructurales, institucionales y administrativas, y con el fin de alcanzar los objetivos del programa, procede permitir un porcentaje de cofinanciación de las subvenciones de hasta el 100 % de los costes subvencionables, garantizando al mismo tiempo el respeto de los principios de cofinanciación y de ausencia de ánimo de lucro.

(21)

En caso de motivos de urgencia imprevistos y debidamente justificados que requieran una respuesta inmediata, tales como una perturbación grave de la economía o circunstancias que afecten gravemente a la situación económica o social de un Estado miembro y escapen a su control, a petición de un Estado miembro que desee recibir apoyo, la Comisión debe poder adoptar medidas especiales relativas a una parte limitada del programa de trabajo anual y por un período limitado de seis meses como máximo, de acuerdo con los objetivos y acciones que puedan acogerse al programa para ayudar a las autoridades nacionales a hacer frente a dichas necesidades urgentes.

(22)

Con el fin de garantizar una asignación eficaz y coherente de los fondos procedentes del presupuesto de la Unión y respeto del principio de buena gestión financiera, las acciones del programa deben complementar y añadirse a las de los programas de la Unión en curso, al tiempo que se evita la doble financiación de los mismos gastos. En particular, la Comisión y el Estado miembro de que se trate, en el marco de sus respectivas responsabilidades, deben velar a escala de la Unión y de los Estados miembros, en todas las fases del proceso, por una coordinación efectiva que garantice la coherencia, la complementariedad y la sinergia entre las fuentes de financiación que respaldan acciones en los Estados miembros que tengan vínculos estrechos con el programa, en particular con las medidas financiadas con cargo a fondos de la Unión y programas de la Unión en los Estados miembros. La Comisión debe esforzarse al máximo en garantizar la complementariedad y las sinergias con el apoyo facilitado por organizaciones internacionales competentes.

(23)

Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras.

(24)

Con el fin de facilitar la evaluación del programa, debe establecerse desde el principio un marco transparente adecuado para el seguimiento de la aplicación de las acciones y de los resultados logrados por este. La Comisión debe proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual de seguimiento sobre la ejecución del programa que incluya información sobre las solicitudes de ayuda presentadas por los Estados miembros, sobre los análisis de la aplicación de los criterios para evaluar las solicitudes de ayuda, sobre los planes de cooperación y apoyo, sobre la participación de los socios de la reforma y sobre las medidas especiales adoptadas. Debe llevarse a cabo una evaluación intermedia independiente en la que se examine la consecución de los objetivos del programa, la eficiencia en el uso de sus recursos y su valor añadido a nivel europeo. Además, debe realizarse una evaluación ex post independiente en la que se analicen sus repercusiones a largo plazo y sus efectos desde la perspectiva de la sostenibilidad. Dichas evaluaciones deben basarse en indicadores que midan los efectos del programa.

(25)

A fin de adaptar la lista de los indicadores que miden el logro de los objetivos del programa, a la luz de la experiencia obtenida durante la ejecución del programa, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modificación de la lista. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (9). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen sistemáticamente acceso a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(26)

A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento en relación con la adopción de los programas de trabajo anuales, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución.

(27)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, contribuir a las reformas institucionales, administrativas y estructurales de los Estados miembros, prestando apoyo a sus autoridades nacionales tal como se definen en el presente Reglamento, para que tomen medidas encaminadas a reformar las instituciones, las estructuras de gobernanza o la administración pública y los sectores económico y social, ofreciendo asistencia para el uso eficiente, transparente y efectivo de los fondos de la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, ya que el alcance de la ayuda concedida se debe determinar de común acuerdo con el Estado miembro beneficiario.

(28)

A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

a)

el desarrollo y la aplicación de soluciones que den respuesta a los retos locales, regionales o nacionales que tengan repercusiones en los retos transfronterizos y los de la Unión, y que también puedan contribuir a la cohesión social, económica y territorial;

b)

su complementariedad y sinergia con otros programas y políticas de la Unión a escala regional, nacional, de la Unión e internacional, según corresponda;

c)

su contribución a la aplicación sistemática y coherente del Derecho y las políticas de la Unión, así como al fomento de los valores europeos, incluida la solidaridad;

d)

su contribución a la puesta en común de buenas prácticas también con miras a incrementar la visibilidad de los programas de reforma, y a establecer una plataforma y una red de conocimientos especializados a escala de la Unión;

e)

el fomento de la confianza mutua entre los Estados miembros beneficiarios y la Comisión y de la cooperación entre los Estados miembros.

a)

apoyar las iniciativas de las autoridades nacionales para que diseñen sus reformas en función de sus prioridades, teniendo en cuenta las condiciones iniciales y las repercusiones socioeconómicas previstas;

b)

ayudar a las autoridades nacionales a mejorar su capacidad de formular, desarrollar y aplicar políticas y estrategias de reforma y a aplicar un enfoque integrado, que garantice la coherencia entre los objetivos y los medios en todos los sectores;

c)

apoyar los esfuerzos de las autoridades nacionales para definir y aplicar metodologías y procedimientos adecuados teniendo en cuenta las buenas prácticas y las conclusiones extraídas en otros países para hacer frente a situaciones similares;

d)

ayudar a las autoridades nacionales a mejorar la eficiencia y la efectividad de la gestión de los recursos humanos, entre otros modos, reforzando los conocimientos y las competencias profesionales y mediante una definición clara de sus responsabilidades.

a)

la gestión de las finanzas y activos públicos, el proceso presupuestario, la gestión de la deuda y la administración de los ingresos;

b)

la reforma institucional y un funcionamiento de la administración pública eficaz y orientado al servicio, también, en su caso, mediante la simplificación de las normas, un Estado de Derecho efectivo, la reforma de los sistemas judiciales y el refuerzo de la lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales;

c)

el entorno empresarial (incluidas las pymes), la reindustrialización, el desarrollo del sector privado, la inversión, la participación pública en las empresas, los procesos de privatización, el comercio y la inversión extranjera directa, la competencia y la contratación pública, el desarrollo sectorial sostenible y el apoyo a la innovación y la digitalización;

d)

la educación y la formación, las políticas del mercado de trabajo, incluido el diálogo social, para la creación de puestos de trabajo, la lucha contra la pobreza, el fomento de la inclusión social, la seguridad social y los sistemas de protección social, los sistemas de salud pública y de atención sanitaria, así como las políticas de cohesión, asilo, migración y fronteras;

e)

las políticas para poner en práctica la acción en favor del clima, promover la eficiencia energética y lograr la diversificación de la energía, así como para el sector agrícola, la pesca y el desarrollo sostenible de las zonas rurales;

f)

las políticas del sector financiero, incluido el fomento de la educación financiera, la estabilidad financiera, el acceso a la financiación y el crédito a la economía real; la producción, suministro y control de calidad de los datos y estadísticas; y políticas destinadas a combatir el fraude fiscal.

a)

conocimientos especializados relacionados con el asesoramiento estratégico, el cambio de políticas, la formulación de estrategias y de planes de reforma, así como con reformas legislativas, institucionales, estructurales y administrativas;

b)

comisión de servicios por expertos, incluso residentes, a corto o largo plazo, para desempeñar tareas en ámbitos específicos o realizar tareas operativas, con inclusión, en caso necesario, de interpretación, traducción y ayuda a la cooperación, asistencia administrativa o de infraestructuras y equipos;

c)

creación de capacidades institucionales, administrativas o sectoriales y acciones que las fomenten en todos los niveles de gobernanza, contribuyendo también a reforzar la sociedad civil, tal como sea oportuno, en particular mediante:

d)

recogida de datos y elaboración de estadísticas, desarrollo de metodologías comunes y, en su caso, de indicadores o parámetros;

e)

organización del apoyo operativo local en ámbitos como la política de asilo, migración y control de fronteras;

f)

refuerzo de las capacidades informáticas: conocimientos especializados relacionados con el desarrollo, mantenimiento, explotación y control de calidad de la infraestructura informática y las aplicaciones que se necesiten para aplicar las reformas, así como conocimientos especializados relacionados con programas orientados a la digitalización de los servicios públicos;

g)

estudios, investigaciones, análisis y encuestas, valoraciones y evaluaciones de impacto, y desarrollo y publicación de guías, informes y material educativo;

h)

proyectos de comunicación para actividades de aprendizaje, cooperación, concienciación y difusión, e intercambio de buenas prácticas; organización de campañas y actos de información y de concienciación, incluida la comunicación institucional y la comunicación, en su caso, a través de redes sociales;

i)

compilación y publicación de material divulgativo sobre el programa y sus resultados, también mediante el desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de sistemas y herramientas que utilicen tecnologías de la información y la comunicación;

j)

cualquier otra actividad pertinente que contribuya a que se alcancen el objetivo general y los objetivos específicos que establecen los artículos 4 y 5.

a)

la aplicación de las reformas que los Estados miembros efectúen por iniciativa propia, en particular a favor del crecimiento económico sostenible y de la creación de empleo;

b)

la aplicación de los programas de ajuste económico de los Estados miembros que reciben ayuda financiera de la Unión mediante los instrumentos existentes, en particular conforme al Reglamento (UE) n.o 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) para los Estados miembros de la zona del euro y al Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo (15) para los no pertenecientes a la zona del euro;

c)

la aplicación de las reformas favorables al crecimiento en el contexto de los procesos de gobernanza económica, en especial de las recomendaciones específicas por país formuladas en el Semestre Europeo o de otras acciones relacionadas con la aplicación del Derecho de la Unión.

a)

en cuanto el Estado miembro beneficiario haya redactado toda la información sensible o confidencial cuya difusión pudiera comprometer intereses públicos del Estado miembro beneficiario;

b)

una vez pasado un período de tiempo razonable, cuando la difusión de información pertinente no perjudique la aplicación de las medidas de ayuda del programa, y en cualquier caso en un plazo máximo de dos meses después de la ejecución de dichas medidas con arreglo al plan de cooperación y apoyo.

a)

subvenciones, incluidas las subvenciones a las autoridades nacionales de los Estados miembros;

b)

contratos públicos;

c)

reembolso de los gastos de expertos externos, incluidos los expertos de las autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados miembros que prestan o reciben apoyo;

d)

contribuciones a fondos fiduciarios creados por organizaciones internacionales, y

e)

acciones llevadas a cabo en régimen de gestión indirecta.

a)

los Estados miembros, y

b)

los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sean partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de conformidad con las condiciones establecidas en dicho Acuerdo.

a)

garantizarán la complementariedad y la sinergia entre los diferentes instrumentos a escala de la Unión, nacional y, en su caso, regional, en particular en lo que respecta a las medidas financiadas por fondos de la Unión, tanto en la fase de planificación como durante la ejecución;

b)

optimizarán los mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de esfuerzos, y

c)

garantizarán una estrecha cooperación entre los responsables de la ejecución a escala de la Unión, nacional y, en su caso, regional, que conduzca a acciones de ayuda coherentes y racionalizadas.

a)

las solicitudes de ayuda que presenten los Estados miembros, contempladas en el artículo 7, apartado 1;

b)

los análisis de la aplicación de los criterios, contemplados en el artículo 7, apartado 2, utilizados para analizar las solicitudes de ayuda presentadas por los Estados miembros;

c)

los planes de cooperación y apoyo contemplados en el artículo 7, apartado 2;

d)

la participación de los socios de la reforma, contemplada en el artículo 9, y

e)

las medidas especiales adoptadas, contempladas en el artículo 13, apartado 6.

1)

El artículo 25 se modifica como sigue:

2)

En el artículo 58, apartado 1, párrafo tercero, la letra l) se sustituye por el texto siguiente:

3)

En el artículo 91, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   A iniciativa de la Comisión, el 0,35 % de los recursos totales tras la deducción de las ayudas al Mecanismo “Conectar Europa” contemplado en el artículo 92, apartado 6, y las ayudas a las personas más necesitadas a que se refiere el artículo 92, apartado 7, se asignará a la asistencia técnica; de los cuales un máximo de 112 233 000 EUR a precios corrientes se asignará al programa de apoyo a las reformas estructurales establecido en el Reglamento (UE) 2017/825 para su utilización dentro del ámbito de aplicación y el objeto de dicho programa.».