21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/54

1.

acoge con satisfacción la visión y el propósito generales de la propuesta, a saber, eliminar las barreras digitales que obstaculizan el desarrollo del mercado único y evitar una mayor fragmentación en el contexto de la modernización de las administraciones públicas;

2.

subraya el papel fundamental de los entes locales y regionales, tanto en la modernización de la administración, en su calidad de creadores y administradores de infraestructuras y servicios digitales en áreas sociales críticas, como en su calidad de entidades encargadas de configurar la prestación de servicios directos a los ciudadanos de modo que respondan a las expectativas de un mundo cada vez más digitalizado;

3.

hace hincapié en la gran importancia de los servicios públicos como motor fundamental de la transformación digital de la economía europea, más allá de la administración electrónica, y observa que las propuestas incluyen medidas en la mayor parte de los ámbitos de actividad de los ciudadanos, pero que faltan otras en el ámbito de la cultura y la educación;

4.

destaca la importancia de modernizar las instituciones públicas y los sistemas de gobernanza y hacerlos accesibles a particulares y empresas a través de los servicios digitales; resalta por ello su apoyo al desarrollo de servicios públicos transfronterizos, especialmente aquellos que posibiliten la interoperabilidad y la transmisión de información, tales como la contratación pública electrónica, la identificación electrónica, la firma electrónica, los servicios electrónicos de documentos y otros componentes básicos de la administración electrónica (1);

5.

recomienda que los entes locales y regionales, que cumplen un papel significativo para el éxito de las acciones previstas, participen no solo en la aplicación, sino también en la concepción misma de las medidas e instrumentos nacionales previstos y especificados en el Plan de Acción;

6.

sugiere formar parte del Consejo de Administración del Plan de Acción sobre Administración Electrónica, a fin de incorporar la dimensión local y regional al debate, ya que los entes locales y regionales se encargan de la prestación de la mayor parte de los servicios de bienestar social;

7.

comparte la opinión de la Comisión de que la administración electrónica permite mejorar la transparencia, sencillez y eficacia de la administración;

8.

considera que la importancia concedida a la digitalización de la gobernanza de las autoridades europeas, nacionales o locales es un elemento positivo, sobre todo desde el punto de vista de la simplificación de los procedimientos administrativos, que consumen mucho tiempo, y también porque permite a los ciudadanos seguir los trabajos legislativos, mantenerse informados sobre las cuestiones que les atañen directamente y participar activamente en los procesos decisorios;

9.

coincide con la Comisión en su valoración de que muchos ciudadanos y empresas aún no aprovechan el pleno potencial de los servicios públicos digitales, y señala que el desarrollo de la administración electrónica en los distintos Estados miembros y regiones de Europa ha sido desigual;

10.

acoge favorablemente, en este contexto, el objetivo del Plan de Acción de funcionar como un instrumento que permita aunar esfuerzos para la modernización de la administración en Europa;

11.

acoge positivamente que su diseño flexible y dinámico posibilite la adopción de medidas adicionales que permitan aprovechar los conocimientos de los entes locales y regionales en materia de prestación de servicios públicos digitales en ámbitos sociales críticos como la educación, los servicios sociales, la actividad empresarial, la sanidad y las infraestructuras;

12.

destaca el potencial de la gobernanza electrónica en muchas áreas, incluida la respuesta a las catástrofes; el aprovechamiento de la tecnología móvil, internet y los medios sociales para fines de comunicación puede ser útil no solo a la hora de recoger, difundir y coordinar los datos, sino también para reforzar el control democrático y la transparencia;

13.

insiste en que el propósito del Plan de Acción de actuar como catalizador para la modernización del sector público es importante. Para que tenga efecto, es esencial que los entes regionales y locales participen en el trabajo y puedan acceder fácilmente a fuentes de financiación y medidas de apoyo en los programas de la UE coordinados mediante el Plan de Acción;

14.

respalda la visión de la Comisión de que, en 2020 a más tardar, las administraciones e instituciones públicas deberán ser abiertas, eficaces e integradoras y prestar servicios públicos digitales sin fronteras, personalizados, fáciles de utilizar y de extremo a extremo a todos los ciudadanos y empresas de la UE;

15.

coincide en la importancia de una administración abierta que ofrezca información y servicios de manera segura a fin de mejorar la transparencia, la eficacia y el control. Al mismo tiempo, insiste en el hecho de que algunos conglomerados de datos tratados por las instituciones públicas necesitan un alto nivel de protección;

16.

respalda asimismo el principio de la versión digital por defecto en la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas, y señala por ello que se precisa una labor consecuente, a largo plazo y estructurada con el fin de reforzar la inclusión digital para que más personas puedan acceder a infraestructuras y competencias que les permitan aprovechar las oportunidades digitales;

17.

apoya el grado de ambición del principio según el cual las administraciones públicas solicitarán a ciudadanos y empresas un mismo tipo de información solo una vez;

18.

observa, al mismo tiempo, los retos jurídicos, técnicos y organizativos que deben superarse para lograr que la información pueda reutilizarse; acoge positivamente, a este respecto, el proyecto piloto para la aplicación del principio de «solo una vez» a los contactos transfronterizos con las empresas y considera que en la fase piloto deben analizarse los amplios contactos que las empresas mantienen con los entes locales y regionales;

19.

considera que merece la pena explorar conceptos innovadores de administración electrónica, como la residencia electrónica, que ofrece acceso a ciertos servicios para los ciudadanos y las empresas sin que sea necesario contar con un lugar de residencia propiamente dicho. Esto limita la burocracia innecesaria y es un aliciente para la inversión por parte de las empresas extranjeras;

20.

señala que el principio de diseñar los contenidos y servicios digitales para que sean integradores redunda en beneficio de todos los usuarios, en particular las personas con discapacidad. Por tanto, es importante proseguir la cooperación y la investigación para actualizar las normas existentes a fin de mantenerse al día con el progreso tecnológico;

21.

expresa su acuerdo con el principio de que las administraciones públicas deben intercambiar información y datos entre sí y con los ciudadanos y las empresas, de manera transparente e integradora; subraya asimismo la importancia de que cada organización haga prueba de sensatez para determinar qué conglomerados de datos deberán estar a disposición del público y cuáles requieren protección;

22.

respalda el principio de la escala transfronteriza por defecto para los servicios de administración electrónica de las administraciones públicas y subraya que los entes locales y regionales, muchos de ellos en regiones fronterizas, pueden desempeñar un papel decisivo a la hora de fijar y desarrollar servicios transfronterizos pertinentes, eficaces y sin fisuras;

23.

apoya el principio de interoperabilidad por defecto como elemento clave para aprovechar las posibilidades de la digitalización;

24.

coincide con la Comisión en que, ya en una fase temprana del desarrollo de los servicios digitales, debe incorporarse una protección adecuada de los datos personales, la privacidad y la seguridad de la información, ya que la falta de confianza en los servicios digitales sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de la administración electrónica;

25.

subraya, al mismo tiempo, que el principio de una norma transfronteriza por defecto para la administración electrónica y la interoperabilidad de las administraciones públicas no puede sustituir a unas soluciones nacionales, regionales y locales que ya funcionan bien, sino que debe ofrecer una visión de conjunto de las normas y especificaciones que las autoridades pueden aplicar para conseguir la interoperabilidad cuando sus sistemas existentes tengan que renovarse;

26.

señala que toda organización que gestione cualquier tipo de datos sensibles deberá cuidar sistemáticamente la clasificación de datos y la seguridad. Esto es especialmente importante dado que actividades como los ciberataques avanzados, la guerra cibernética y el ciberterrorismo, pueden causar daños muy graves. Aunque sin descuidar la transparencia, todos los datos que se consideren dignos de protección deben hallarse adecuadamente protegidos. En casos extremos, esto podría implicar que la información o la totalidad del sistema se mantengan físicamente separados de internet;

27.

acoge favorablemente, por consiguiente, la armonización del marco jurídico que proporcionará el Reglamento general sobre protección de datos, pero subraya que la competencia en este ámbito se libra a nivel mundial, y destaca la importancia de que el marco normativo no perjudique el ritmo de desarrollo de nuevas soluciones y servicios;

28.

hace hincapié en la importancia de proporcionar una orientación efectiva sobre el Reglamento sobre protección de datos y en la necesidad de implicar a todos los agentes en el debate sobre las cuestiones relativas al derecho de propiedad y a la responsabilidad que se deriva del tratamiento de datos personales;

29.

subraya el papel de la Comisión para crear las condiciones básicas para la interoperabilidad y la armonización que permitan compartir la información conforme a estos principios;

30.

apunta que aún hay grupos de ciudadanos europeos que no tienen acceso a internet ni conocimientos digitales suficientes para utilizar los servicios digitales, y que se precisa una labor enérgica para aumentar la inclusión digital;

31.

subraya que se precisan redes fiables, de alta velocidad y asequibles, en todas las regiones, para asegurar que todos los ciudadanos y empresas tengan acceso a unos servicios públicos digitales modernos y obtener el mayor beneficio posible de la próxima generación de tecnologías (internet de los objetos, macrodatos, sanidad electrónica, ciudades inteligentes, etc.);

32.

insiste en que es preciso seguir desarrollando, de forma coherente y sostenida, medidas alternativas de apoyo a nivel europeo y nacional que permitan respaldar el despliegue de la red de banda ancha de alta velocidad en todas las regiones, en particular en las zonas rurales, donde con frecuencia la falta de rentabilidad frena un desarrollo impulsado por el mercado;

33.

apunta que, para lograr la modernización de las administraciones públicas, se necesitan normas y especificaciones técnicas consensuadas y desarrolladas conjuntamente con todos los agentes pertinentes, a fin de obtener servicios digitales reutilizables y eficaces, con un elevado grado de interoperabilidad;

34.

acoge favorablemente la anunciada revisión del marco europeo de interoperabilidad, y pide a la Comisión que siga fomentando la aplicación de sus recomendaciones en las administraciones;

35.

hace hincapié en que los entes locales y regionales deben considerarse no solo como usuarios de normas y servicios transfronterizos, sino también como importantes productores en el marco europeo de interoperabilidad;

36.

acoge favorablemente que la Comisión tenga la intención de desarrollar un prototipo de catálogo europeo de normas en el ámbito de las TIC para la contratación pública, y subraya la importancia esencial que reviste el proceso de contratación, en particular para los entes locales y regionales, para evitar encajonarse en sistemas propietarios y posibilitar la implementación de soluciones y servicios con un elevado nivel de interoperabilidad e innovación;

37.

pide a la Comisión que colabore más estrechamente con los entes locales y regionales en sus esfuerzos por apoyar la transición hacia una contratación pública puramente electrónica antes de 2019, en particular teniendo en cuenta que los eventuales problemas surgirán en el nivel local y regional, encargado de la ejecución; será fundamental colaborar con los entes locales y regionales y el sector privado a fin de aprovechar plenamente el potencial del ahorro generado en el mercado de la contratación pública, que se calcula puede sobrepasar los 2 billones EUR;

38.

observa que la identificación electrónica es una condición esencial para garantizar la seguridad, eficacia y disponibilidad de los servicios públicos digitales, y acoge con satisfacción que la Comisión Europea tenga previsto acelerar la introducción de los servicios eIDAS (2);

39.

señala que el trabajo en materia de interoperabilidad y normas lleva tiempo y requiere una visión a largo plazo, así como una financiación suficiente y continuada;

40.

acoge favorablemente, por consiguiente, que la Comisión vaya a indicar de qué forma deberá garantizarse la sostenibilidad a largo plazo de los servicios digitales transfronterizos. Esto es necesario para generar confianza en los servicios y sus componentes técnicos y garantizar que las acciones llevadas a cabo en el marco de este trabajo no queden sin efecto;

41.

considera que las instituciones públicas, en colaboración con el sector privado y las empresas sin fines de lucro, deberían trabajar juntas para ofrecer infraestructuras con una accesibilidad adecuada, pero pide a la Comisión que investigue en detalle las consecuencias y los límites de una posible introducción del principio de «ausencia de legado», debido a la complejidad de fijar unos plazos adecuados para la actualización de los sistemas y tecnologías de los ecosistemas digitales;

42.

celebra la intención de la Comisión de convertir el Portal Europeo de e-Justicia en una ventanilla única que ofrezca acceso y funciones para comunicar y encontrar información y jurisprudencia en relación con el Derecho europeo y los procedimientos jurídicos, los datos relativos a las empresas y los registros de insolvencia;

43.

acoge favorablemente la interconexión obligatoria de todos los registros mercantiles de los Estados miembros, ya que las empresas operan cada vez en mayor grado fuera de las fronteras nacionales y existe una necesidad y demanda crecientes de información sobre las empresas en un contexto transfronterizo, sobre todo en las regiones fronterizas de Europa;

44.

acoge positivamente en este contexto la interconexión electrónica de los registros de insolvencia, a fin de aumentar la transparencia y la seguridad jurídica en el mercado interior y evitar la búsqueda del órgano jurisdiccional más ventajoso;

45.

apoya las iniciativas dirigidas a fomentar la utilización de las soluciones digitales durante todo el ciclo de vida de una empresa, y presupone que supondrán una disminución de la carga administrativa de las empresas;

46.

acoge positivamente que la Comisión proponga ampliar el mecanismo electrónico único para el registro y el pago del IVA, y pide que se desarrolle, para la consecución de fines específicos, la compleja normativa sobre el IVA, a fin de facilitar el comercio digital transfronterizo. Esto beneficiará especialmente a las pymes y microempresas, ya que tienen más dificultades para gestionar las cargas administrativas que el complejo marco jurídico inevitablemente implica;

47.

se muestra favorable a aumentar la circulación transfronteriza de los ciudadanos mediante el intercambio de información en materia de seguridad social (EESSI), así como entre los solicitantes de empleo y los empleadores de toda Europa (EURES);

48.

apoya las iniciativas de la UE que permitan el intercambio transfronterizo de datos y servicios sanitarios, incluidos los sistemas interoperativos de recetas médicas electrónicas, lo que reforzará la seguridad de los pacientes, se halla en consonancia con el propósito de la Directiva sobre la movilidad de los pacientes (3) y aumentará la calidad y eficacia de la asistencia sanitaria;

49.

está de acuerdo con la Comisión en que el alto grado de implicación por parte de los ciudadanos, las empresas y los investigadores en el diseño y la prestación de los servicios públicos digitales aumenta la calidad, eficacia y facilidad de uso de estos servicios;

50.

subraya que disponer de datos abiertos facilitados de manera segura y fiable a terceros es un elemento esencial para la modernización y transformación de los entes locales y regionales con vistas a ofrecer los servicios innovadores del futuro en el marco de sus actividades;

51.

por este motivo, acoge con satisfacción la iniciativa de crear una plataforma donde los entes públicos puedan publicar sus datos y servicios de libre acceso; subraya, no obstante, que la Comisión debe apoyar el desarrollo y la coordinación de estrategias destinadas a garantizar el libre acceso a los datos prestando apoyo metodológico y técnico a los entes locales y regionales;

52.

destaca que la puesta a disposición de datos interoperables de alta calidad requiere un trabajo escrupuloso que incluye elementos como la arquitectura de datos, la clasificación de la información y la interoperabilidad a todos los niveles; acoge con satisfacción el despliegue y uso de las infraestructuras de datos a escala de la UE, donde sería positivo que el trabajo llevado a cabo en el marco de la Directiva Inspire sirviese de modelo para establecer descripciones conjuntas de datos;

53.

en este contexto, acoge favorablemente la Iniciativa Europea de Computación en la Nube (4) como una oportunidad para mejorar la transparencia y eficacia, pues permite compartir una infraestructura de computación en nube para ofrecer servicios públicos digitales;

54.

hace hincapié en la enorme importancia de la alfabetización y las competencias digitales de los ciudadanos, los trabajadores y los solicitantes de empleo para alcanzar una amplia digitalización de la economía y la modernización de la administración;

55.

coincide en que la ejecución del Plan de Acción exige un compromiso común y una responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno, y hace hincapié en la responsabilidad de los entes locales y regionales, que cumplen la función de principal «interfaz» del sector público con las empresas y los ciudadanos.