15.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/85

1.

apoya firmemente la propuesta de la Comisión Europea, consistente en reforzar y formalizar la cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE) en Europa, ya que mejorará los resultados de estos servicios y ayudará, por ende, a alcanzar el objetivo del artículo 3 del Tratado de Lisboa de promover el pleno empleo, luchar contra el desempleo juvenil y cumplir las metas de empleo de la Estrategia Europa 2020;

2.

hace hincapié en que el artículo 29 de la Carta de los Derechos Fundamentales establece que «Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación», razón por la cual considera asombrosa la falta de referencia a esta disposición en la propuesta de Decisión presentada por la Comisión Europea;

3.

recuerda que los servicios públicos de empleo constituyen un servicio de interés económico general, razón por la cual se rigen por el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales;

4.

destaca la diversidad de los SPE en los Estados miembros de la UE, ya se trate de sus estructuras, sus modelos de prestación de servicios, sus actividades, la diversidad de las condiciones de los mercados de trabajo en los que operan o los diferentes niveles de recursos;

5.

respalda los compromisos contraídos por los participantes en la Conferencia sobre el empleo juvenil, celebrada el 3 de julio de 2013 en Berlín, concretamente la promesa de los representantes de los SPE europeos de desempeñar un papel central en la promoción del empleo juvenil en Europa, aumentar la eficacia e impulsar la cooperación con otras partes interesadas;

6.

observa que desde 1997 existe un red consultiva informal de SPE europeos, que cuenta con grupos de trabajo sobre temas como «Nuevas cualificaciones para nuevos empleos» o «La eficiencia de los SPE», así como un programa de aprendizaje mutuo y diálogos de SPE a SPE;

7.

afirma que esta red ha contribuido de manera significativa a los trabajos políticos a nivel de la UE, aportando conocimientos especializados sobre temas como la flexiguridad, el papel de los SPE en «la rentabilización de las transiciones» y la Garantía Juvenil;

8.

señala que la red ha constituido un foro muy útil y rentable para el intercambio de mejores prácticas entre los SPE y una importante fuente de innovación y aprendizaje mutuo sobre una multitud de ámbitos como los servicios digitales y la creación de perfiles de clientes;

9.

reconoce que gracias a lo aprendido en esta red, han mejorado las prestaciones y los servicios sobre el terreno en algunos Estados miembros;

10.

destaca que con la propuesta legislativa objeto de examen se establecerá una red de SPE al objeto de ampliar, reforzar y consolidar las iniciativas en curso para seguir mejorando la eficacia de los SPE y el funcionamiento del mercado de trabajo;

11.

subraya que la propuesta de Decisión presentada por la Comisión se inscribe en el marco de las competencias de coordinación y apoyo establecidas en el artículo 149 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que se ajusta al principio de subsidiariedad;

12.

estima que esta propuesta proporcionará a la red una mayor visibilidad y legitimidad, así como un mandato político más claro, si bien sostiene que su papel debería seguir siendo de carácter consultivo;

13.

considera que el acto legislativo objeto de examen permitirá a los SPE implicarse más en la red y actuar al unísono cuando proceda;

14.

hace hincapié en que no todos los SPE han participado en la red en idéntica medida, lo cual ha obrado en detrimento de la calidad del trabajo de la red y ha debilitado su respuesta política;

15.

sostiene que la formalización de la red garantizará la participación de todos los Estados miembros, obligándolos a demostrar cómo han introducido cambios con arreglo a las decisiones políticas de la UE, lo que ayudará a identificar la falta de eficacia y los problemas estructurales conexos;

16.

destaca que la eficacia de los SPE es fundamental para la aplicación de un sistema de garantía juvenil y que resulta esencial que todos los SPE conozcan en profundidad la estructura del desempleo juvenil, los puntos fuertes y débiles de los jóvenes, las oportunidades de empleo y las exigencia específicas de cada puesto de trabajo;

17.

afirma que el mandato de la red debe definirse muy claramente con el fin de evitar cualquier duplicación entre su trabajo y el de organizaciones como, por ejemplo, el Comité de Empleo (EMCO) y sus subgrupos, la Red Europea para el Desarrollo de las Políticas de Orientación Permanente y la red EURES; considera, no obstante, que la red reforzada deberá esforzarse, en su caso, por lograr sinergias con estas organizaciones;

18.

subraya que el trabajo de la red reforzada debería contribuir a la elaboración de la política de empleo a nivel de la UE, concretamente en el marco del EMCO y del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO);

19.

reconoce que la creciente complejidad de los mercados de trabajo exige una cooperación y asociación más estrecha con los interlocutores sociales y otras partes interesadas públicas, privadas y sin ánimo de lucro, que deberían verse reflejadas en la red reforzada;

20.

está de acuerdo en que aún hay margen para realizar nuevas evaluaciones comparativas, lo que constituye un requisito previo para el aprendizaje comparativo, si bien considera que esto debe llevarse a cabo con sensibilidad, teniendo plenamente en cuenta las diferencias nacionales o regionales;

21.

toma nota de que conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la propuesta, la Comisión podrá adoptar actos delegados para realizar las iniciativas sobre evaluación comparativa y aprendizaje mutuo. A este respecto, el Comité de las Regiones señala que los actos delegados no deben imponer cargas administrativas significativas a los entes locales y regionales;

22.

estima que el objetivo no debe consistir en ningún caso en crear una «tabla de clasificación» o en fijar objetivos, sino en facilitar el aprendizaje sobre la base de una metodología común; corresponde a las entidades nacionales y/o regionales y a los entes locales la única responsabilidad para evaluar los servicios públicos de empleo basándose en una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos, de conformidad con el artículo 14 del TFUE;

23.

subraya que el trabajo de evaluación comparativa/aprendizaje comparativo debería centrarse en el aspecto cualitativo en lugar del cuantitativo;

24.

pide que los trabajos de la red se basen en una investigación independiente y rigurosa, que haga uso de los mejores elementos de prueba disponibles;

25.

propone que la nueva legislación brinde la oportunidad de desarrollar en mayor medida la presencia de la red en internet, con el fin de divulgar aún más sus trabajos e implicar a las partes interesadas;

26.

afirma que el fortalecimiento de la red redundará, entre otras cosas, en una mayor capacidad para trabajar de forma más holística, abarcando competencias clave de los SPE y ámbitos estrechamente relacionados como, por ejemplo, los períodos de prácticas, la creación de empresas y la formación en el espíritu empresarial; debería destacarse, asimismo, la importancia y la eficacia de la financiación de la UE en estos ámbitos;

27.

hace hincapié en que, en algunos Estados miembros, los entes locales y regionales son responsables de SPE dotados de estructuras y procesos decisorios descentralizados, mientras que en muchos otros Estados, son responsables de actividades como los sistemas de aprendizaje, la adecuación y anticipación de competencias, la formación y las ayudas al empleo, que bien están estrechamente relacionadas con las tareas principales de los SPE o bien forman parte –en algunos Estados miembros– de sus competencias;

28.

afirma que las buenas y mejores prácticas suelen producirse a nivel local y regional, por lo que resulta imprescindible reconocer la importancia del trabajo realizado en dicho nivel; la red debería tener estas prácticas en cuenta y darlas a conocer;

29.

señala que a menudo el nivel local y regional es el más próximo a los solicitantes de empleo y a la mayoría de los empleadores, y que el mercado de trabajo es predominantemente local;

30.

pide a los representantes de los Estados miembros en la red que hagan todo lo posible para que los puntos de vista y la experiencia de los SPE locales y regionales se tengan en cuenta en sus actividades, y que mantengan a los SPE locales y regionales plenamente informados sobre sus trabajos. Importa asimismo destacar que los representantes de los Estados miembros también tienen la misión de garantizar que las opiniones y experiencias de los SPE locales y regionales que trabajan con los demandantes de empleo sean tenidas en cuenta en las actividades de la red y de constituir una estructura a tal efecto en el ámbito del diálogo con los SPE locales y regionales;

31.

solicita que la red incluya un representante designado por el CDR como observador con el fin de garantizar que se vean reflejadas en los trabajos de la red las opiniones, la experiencia y las prácticas del nivel local y regional.