COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL - COMMITTEE The Management of Copyright and Related Rights in the Internal Market (Text with EEA relevance)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO La gestión de los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior (Texto pertinente a los fines del EEE)

Executive Summary

Resumen

The term "management of rights" refers to the means by which copyright and related rights are administered, i.e. licensed, assigned or remunerated for any type of use. Individual rights management is the marketing of rights by individual rightholders to commercial users. Collective rights management is the system, under which a collecting society as trustee jointly administers rights and monitors, collects and distributes the payment of royalties on behalf of several rightholders.

El término «gestión de derechos» se refiere al modo de administrar los derechos de autor y derechos afines, es decir, al modo de concederlos, cederlos o remunerarlos según su tipo de utilización. La gestión individual de los derechos es la comercialización de los derechos entre titulares particulares y usuarios comerciales. La gestión colectiva de los derechos es un sistema mediante el cual una sociedad de gestión colectiva administra conjuntamente los derechos y supervisa, recauda y distribuye el pago de los derechos en nombre de varios titulares.

In the period since 1991, the Community legal framework of copyright and related rights has developed with seven Directives on substantive copyright law in force and, more recently, a proposal for a Directive on the enforcement of rights (sanctions and remedies) that was presented by the Commission in January 2003. The management of rights has been dealt with only marginally in the acquis communautaire and has been largely left to the laws of Member States. Between 1995 and 2002, the Commission consulted widely on the question of management of rights - both individual and collective.

Desde 1991, el marco jurídico comunitario de los derechos de autor y derechos afines consta de siete Directivas sobre Derecho sustantivo en materia de derechos de autor y, más recientemente, una propuesta de Directiva sobre el respeto de los derechos (sanciones y vías de recurso), que la Comisión presentó en enero de 2003. La gestión de los derechos sólo se ha tratado de manera marginal en el acervo comunitario y su regulación se ha dejado en manos de la legislación de los Estados miembros. Entre 1995 y 2002, la Comisión efectuó amplias consultas sobre la cuestión de la gestión individual y colectiva de los derechos.

In concluding the consultation process, this Communication deals with both individual and collective management and considers whether current methods of rights management are hindering the functioning of the Internal Market, especially with the advent of the Information Society.

A conclusión del proceso de consultas, esta Comunicación aborda tanto la gestión individual como la colectiva, y examina si los actuales métodos de gestión de los derechos perjudican el funcionamiento del mercado interior, sobre todo con el advenimiento de la sociedad de la información.

In Chapter 1, the management of copyright and related rights is presented, including its links to and impact on the Internal Market. On the issue of Community-wide licensing of certain rights, which have an impact across borders, several options for the way forward have been assessed. It should be market-driven and focus on creating more common ground on the conditions for collective management. Another issue addressed in Chapter 1 is the introduction of digital rights management (DRM) systems. In the view of the Commission, the development of Digital Rights Management (DRM) systems should, in principle, be based on their acceptance by all stakeholders, including consumers, as well as on copyright policy of the legislature. A prerequisite to ensure Community-wide accessibility to DRM systems and services by rightholders as well as users and, in particular, consumers, is that DRM systems and services are interoperable

El capítulo 1 presenta la gestión de los derechos de autor y derechos afines, incluyendo sus vínculos con el mercado interior y las repercusiones sobre el mismo. Sobre la cuestión de la concesión a nivel comunitario de determinados derechos que tienen un impacto transfronterizo, se han evaluado varias opciones sobre el camino a seguir. La opción elegida debería basarse en el mercado y centrarse en la creación de condiciones más uniformes de la gestión colectiva. Otra cuestión tratada en el capítulo 1 es la introducción de sistemas digitales de gestión de derechos (DRM). En opinión de la Comisión, el desarrollo de estos sistemas debería basarse, en principio, en su aceptación por todos los interesados, incluidos los consumidores, así como en la política de derechos de autor del legislador. Un requisito indispensable para garantizar la accesibilidad en toda la Comunidad a los servicios y sistemas DRM por parte de los titulares y los usuarios, en particular los consumidores, es que estos servicios y sistemas sean interoperables.

In Chapter 2, in relation to individual rights management, the Commission has found that overall there is sufficient common ground in all Member States. At present, therefore, differences in national law have not given rise to concern with respect to the functioning of the Internal Market. National developments will continue to be kept under review.

En el capítulo 2, relativo a la gestión individual de los derechos, la Comisión considera que, en conjunto, existe suficiente uniformidad en todos los Estados miembros. Hasta ahora, pues, las diferencias en las legislaciones nacionales no han suscitado ninguna preocupación especial respecto al funcionamiento del mercado interior. Seguirá observándose la evolución de la situación en los Estados miembros.

Chapter 3 deals with the collective management of rights which is well established in all Community Member States. It has become an economic, cultural and social necessity for the administration of certain rights, also in the Accession Countries. The efficiency, transparency and accountability of collecting societies are crucial for the functioning of the Internal Market as regards the cross-border marketing of goods and provision of services based on copyright and related rights. A better functioning of the Internal Market in collective rights management can only be achieved if there is greater common ground which includes the establishment and status of collecting societies; their functioning and accountability subject to rules of good governance; as well as their internal and external control, including dispute settlement mechanisms. Defining general conditions for these features through a Community framework instrument would achieve the objectives outlined in this Communication.

El capítulo 3 aborda la gestión colectiva de los derechos, bien asentada en todos los Estados miembros de la Comunidad y que se ha convertido en una necesidad económica, cultural y social para la administración de determinados derechos, también en los países adherentes. La eficiencia, transparencia y responsabilidad de las sociedades de gestión colectiva son fundamentales para el funcionamiento del mercado interior en lo que se refiere a la comercialización transfronteriza de bienes y la prestación de servicios basados en derechos de autor y derechos afines. Sólo podrá conseguirse un mejor funcionamiento del mercado interior de la gestión colectiva de los derechos si existen condiciones más uniformes en relación con la creación y el reconocimiento de las sociedades de gestión colectiva, su funcionamiento y responsabilidad, que deberán respetar las normas de buen gobierno, y sus mecanismos de control internos y externos, incluso la resolución de litigios. Elaborar una definición de las condiciones generales de estas características en el marco de un instrumento comunitario contribuiría al logro de los objetivos que expone la presente Comunicación.

Introduction

Introducción

The market for goods and services based on copyright and related rights comprises a large variety of products and services. While traditional analogue goods and services have always played a significant role for the exploitation of copyright and related rights, the Information Society is opening new markets in which protected works can be exploited through electronic products and interactive services.

El mercado de bienes y servicios basados en los derechos de autor y los derechos afines comprende una amplia variedad de productos. Si bien los servicios analógicos tradicionales han desempeñado siempre un papel importante en la explotación de los derechos de autor y derechos afines, la sociedad de la información está añadiendo nuevos mercados en los que las obras protegidas pueden explotarse a través de nuevos productos electrónicos y servicios interactivos.

The contribution to the economy of the copyright-based industries in the European Union ranges Community-wide above 5% of GNP [1]. For most forms of exploitation and in order to achieve economies of scale, the Internal Market has become the appropriate environment. The borders for the marketing of goods and services based on copyright or related rights are increasingly being removed. Copyright-based goods and services are nowadays, and should, where this is economically feasible, be available and marketed Community-wide.

La contribución a la economía de las industrias basadas en los derechos de autor en la Unión Europea se sitúa a escala comunitaria por encima del 5 % del PIB [1]. Para la mayoría de las formas de explotación y a fin de lograr economías de escala, el mercado interior se ha convertido en el entorno idóneo. Las fronteras para la comercialización de los bienes y servicios basados en los derechos de autor o derechos afines van desapareciendo. Estos bienes y servicios están ahora disponibles (y deberían estarlo siempre, mientras ello sea económicamente viable) y pueden comercializarse a escala comunitaria.

[1] The economic importance of copyright and related rights protection in the European Union was the subject of a study commissioned by the European Commission. The results of the study are available since November 2003.

[1] La importancia económica de la protección de los derechos de autor y derechos afines en la Unión Europea es el tema de un estudio encargado por la Comisión Europea: sus resultados están disponibles desde el mes de noviembre de 2003.

The legal framework for the protection of copyright and related rights in the European Union has to match these realities. However, the national structures of copyright law are based on different legal and cultural traditions At the same time, for the Internal Market to function properly, without unnecessary obstacles to the free circulation of goods and services and without distortions of competition, the need for harmonisation of national copyright law became apparent in the 1970s and was highlighted by several decisions of the Court [2].

[2] Case 158/86 Warner Brothers and Metronome Video v Christiansen (1988) ECR 2605; EMI Electrola GmbH v Patricia Case 341/87 ECR (1989) page 79.

El marco jurídico para la protección de los derechos de autor y derechos afines en la Unión Europea debe adaptarse a estas realidades. No obstante, las estructuras nacionales de la legislación relativa a los derechos de autor se basan en diferentes tradiciones jurídicas y culturales. Al mismo tiempo, para que el mercado interior funcione correctamente, sin obstáculos innecesarios a la libre circulación de bienes y servicios y sin distorsiones de competencia, en los años setenta se hizo patente la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales relativas a los derechos de autor, tal como destacaron también varias sentencias del Tribunal de Justicia [2].

There was an extensive period of consultation between 1995-2002 and the first harmonisation efforts concentrated on substantive copyright law. Seven Directives were adopted between 1991 and 2001 [3], which harmonised rights and exceptions and certain other features of substantive copyright law.

[2] Asunto 158/86, Warner Brothers y Metronome Video / E.V. Christiansen, Rec. 1988, p. 2605; asunto 341/87, EMI Electrola GmbH / Patricia Im- und Export, Rec. 1989, p. 79.

[3] Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs (OJ L 122, 17.5.1991, p. 42); Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (OJ L 346, 27.11.1992, p. 61); Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission (OJ L 248, 6.10.1993, p. 15); Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonising the term of protection of copyright and certain related rights (OJ L 290, 24.11.1993, p. 9); Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases (OJ L 77, 27.3.1996, p. 20); Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (OJ L 167, 22.6.2001, p. 10); Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art (OJ L 272, 13.10.2001, p. 32).

Besides substantive copyright law, common ground is also needed with respect to the rules on the enforcement of rights, in order for the Internal Market of copyright-based goods and services to function properly. A Directive on this issue is therefore currently being adopted by the Community Legislator. The remaining aspect of intellectual property is the management of rights. Now that many aspects of substantive copyright law have been harmonised, a level playing field at Community level, of rules and conditions on rights management should also be ensured. The Commission in this Communication concludes on the consultations that have taken place and proposes required follow-up.

Entre 1995 y 2002 se celebraron numerosas consultas y los primeros esfuerzos de armonización se centraron en el Derecho sustantivo de los derechos de autor. Entre 1991 y 2001 se adoptaron siete Directivas [3], que armonizaron derechos y excepciones, así como otras características del Derecho sustantivo de los derechos de autor.

1. Management of Rights in the Internal Market

[3] Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122 de 17.5.1991, p. 42); Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346 de 27.11.1992, p. 61); Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO L 248 de 6.10.1993, p. 15); Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 290 de 24.11.1993, p. 9); Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20); Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10); Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (DO L 272 de 13.10.2001, p. 32).

1.1. The Background and Main Features of Rights Management

1.1.1. The Categories and Methods of Rights Management

Para que el mercado interior de bienes y servicios basados en derechos de autor funcione correctamente, es necesario armonizar no sólo el Derecho sustantivo de los derechos de autor, sino también las normas relativas al respeto de los derechos. Por ello, el legislador comunitario está tramitando actualmente una Directiva sobre esta cuestión. El último aspecto pendiente de la propiedad intelectual es la gestión de los derechos. Ahora que se han armonizado muchos aspectos del Derecho sustantivo de los derechos de autor, deberá garantizarse también la uniformidad a escala comunitaria de las normas y condiciones relativas a la gestión de los derechos. Con esta comunicación, la Comisión lleva a cabo las conclusiones de las consultas que se han hecho hasta ahora y hace propuestas para el futuro.

Besides the more general economic aims of stimulating investment, growth and job creation, copyright protection serves non-economic objectives, in particular creativity, cultural diversity and cultural identity. Authors of literary or artistic works as well as holders of related rights enjoy exclusive rights to authorise or prohibit the use of their works or other subject matter for a fee or royalty payment. In cases where the rights cannot be enforced vis-à-vis individual members of the public or where individual management would not be appropriate, given the number and type of uses involved, rightholders are granted a remuneration right instead.

1. Gestión de los derechos en el mercado interior

Rights management can be done either individually or collectively. Exclusive rights are traditionally managed individually by rightholders themselves, who license them to commercial users such as publishers or producers, or by intermediaries, such as publishers, producers or distributors. Individual rights management is usually by way of contractual licence, which may be either exclusive or non-exclusive, and which may authorise a type of use only or all uses. Remuneration rights are usually managed by collecting societies that function as rightholders' trustees.

1.1. Contexto y características principales de la gestión de los derechos

1.1.2. The Existing Legal Framework

1.1.1. Categorías y métodos de gestión de los derechos

At international level, Articles 11bis(2) and 13(1) of the Berne Convention [4] and Article 12 of the Rome Convention [5], deal with collective management and state that Member States may determine the conditions under which certain rights may be exercised (see above mentioned Articles of the Berne Convention). Article 2(6) of the Berne Convention touches upon rights management, as it provides that "protection shall operate for the benefit of the author and his successors in title". Article 14bis(2)(b) of the Berne Convention provides that certain authors of a cinematographic work cannot exercise their rights separately.

Además de los objetivos económicos más generales de estimular la inversión, el crecimiento y la creación de empleo, la protección de los derechos de autor sirve objetivos no económicos, sobre todo la creatividad, la diversidad cultural y la identidad cultural. Los autores de obras literarias o artísticas, así como los titulares de derechos afines, gozan de derechos exclusivos para autorizar o prohibir las distintas formas de utilización de sus obras o prestaciones a cambio del pago de cánones y derechos. En los casos en que los derechos no puedan hacerse valer frente a particulares y en los que la gestión individual no sería adecuada, dado el número y tipo de utilizaciones posibles, se otorga en su lugar a los titulares un derecho de remuneración.

[4] Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886 (Paris Act as amended on September 28, 1979).

Los derechos pueden gestionarse de modo individual o colectivo. Tradicionalmente, los derechos exclusivos son gestionados individualmente por los propios titulares, que conceden licencias a usuarios comerciales, como editores o productores, o por intermediarios, como editores, productores o distribuidores. La gestión individual de los derechos se realiza habitualmente con una licencia contractual, que puede ser exclusiva o no, y que puede autorizar un solo tipo, o todos los tipos, de utilización. Los derechos de remuneración suelen ser gestionados por sociedades de gestión colectiva que actúan como administradoras de los titulares.

[5] International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations of October 26, 1961.

1.1.2. Marco jurídico vigente

At national level, significant differences exist with respect to both legislation and practice. In relation to collective management, in both Member States and Accession Countries there have been recent developments in legislation which seem to evolve further in different ways.

A escala internacional, el apartado 2 del artículo 11 bis y el apartado 1 del artículo 13 del Convenio de Berna [4] y el artículo 12 de la Convención de Roma [5], abordan la gestión colectiva y establecen que los Estados miembros pueden determinar las condiciones en las que pueden ejercerse determinados derechos (véanse los artículos citados del Convenio de Berna). El apartado 6 del artículo 2 del Convenio de Berna alude a la gestión de los derechos, afirmando que «la protección se ejercerá en interés del autor y de sus derechohabientes». La letra b) del apartado 2 del artículo 14 bis del Convenio de Berna establece que determinados autores de una obra cinematográfica no podrán ejercer sus derechos separadamente.

At Community level, the issue has been to a limited extent addressed in the acquis communautaire in several of the Directives. With respect to individual rights management, the Directives generally confirm that economic exclusive rights may be transferred, assigned or subject to the granting of contractual licences but do not address the conditions of rights management as such. Regarding collective rights management, in many instances, the Directives of the acquis contain references to management by collecting societies but again do not address the conditions of rights management as such [6].

[4] Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886 (Acta de París, modificada el 28 de septiembre de 1979).

[6] See point 3.2.1.

1.2. The Impact of the Internal Market on Rights Management

[5] Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, de 26 de octubre de 1961.

1.2.1. The Territorial Nature of Intellectual Property

Traditionally, the law applicable to the act of exploitation of any of the rights is the law of the place of exploitation. This principle is confirmed by Article 5(2) of the Berne Convention and recognised by national laws.

A escala nacional, existen importantes diferencias tanto en la legislación como en la práctica jurídica. En relación con la gestión colectiva, la evolución reciente de las legislaciones de los Estados miembros y de los países adherentes ha acentuado aún más estas diferencias.

For the European Union, this implies that copyright protection is granted by each Member State. There is no Community copyright. The harmonisation of substantive copyright law has not sought to remove or limit the territorial nature of copyright and the ability of rightholders to exercise their rights territorially. The principle of territorial exploitation has been recognised by the Community legislature and has also been confirmed by the Court of Justice [7], though to a certain extent, it has diminished its impact. The Court has placed limitations on its exercise only in respect of the Community-wide exhaustion of the distribution right in circumstances where this conflicts with the free movement of goods and in respect of competition rules where it arises from restrictive agreements or concerted practices or an abuse of a dominant position.

A escala comunitaria, la cuestión se ha tratado en varias de las Directivas del acervo comunitario, aunque de forma limitada. En relación con la gestión individual de los derechos, las Directivas confirman en general que los derechos exclusivos económicos pueden transmitirse, cederse o estar sujetos a la concesión de licencias contractuales, pero no abordan las condiciones de la gestión de derechos como tal. Por lo que se refiere a la gestión colectiva de los derechos, en muchos casos las Directivas del acervo incluyen referencias a la gestión por sociedades de gestión colectiva, pero, una vez más, sin abordar las condiciones de la gestión de derechos propiamente dicha [6].

[7] See Case 62/79, Coditel v. Ciné-Vog Films (1980) ECR 881; Case 262/81, Coditel v. Ciné-Vog Films (1982) ECR 3381. In Coditel II (para. 14), the Court clarified that "just as it is conceivable that certain aspects of the manner in which the right is exercised may prove to be incompatible with Articles 59 and 60 it is equally conceivable that some aspects may prove to be incompatible with Article 85 where they serve to give effect to an agreement, decision or concerted practice which may have as its object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market".

[6] Véase el punto 3.2.1.

1.2.2. The Cross Border Exploitation of Copyright and Related Rights

For most forms of exploitation and in order to achieve economies of scale, the Internal Market has become the appropriate economic environment.

1.2. Impacto del mercado interior sobre la gestión de los derechos

With the advent of the digital environment, cross-border trade in goods and services based on copyright and related rights has become the rule, notably for the rights of reproduction and communication to the public and the making available right. These rights would be implicated in any digital transmission and were harmonised, for this purpose, under Directive 2001/29/EC.

1.2.1. Naturaleza territorial de la propiedad intelectual

1.2.3. Obstacles to an Internal Market in Rights Management

Tradicionalmente, la legislación aplicable a la explotación de cualquiera de estos derechos es la del lugar de explotación. Este principio está confirmado por el apartado 2 del artículo 5 del Convenio de Berna y reconocido por el Derecho nacional.

Hence, off-line licensing has increasingly become a cross-border activity, and on-line licensing permits by definition a cross-border activity. However, as the law of the country of exploitation applies to licensing, where exploitation extends to more than one Member State, different rules apply.

Para la Unión Europea, esto implica que es cada Estado miembro el que concede la protección de los derechos de autor. No hay un derecho de autor comunitario. La armonización del Derecho sustantivo de los derechos de autor no ha intentado suprimir o limitar la naturaleza territorial de estos derechos ni la capacidad de los titulares para ejercerlos territorialmente. El principio de la explotación territorial ha sido reconocido por el legislador comunitario y confirmado por el Tribunal de Justicia [7], aunque, en cierta medida, mitigando su impacto. El Tribunal sólo ha limitado su ejercicio en caso de que el agotamiento del derecho de distribución en la Comunidad entre en conflicto con la libre circulación de mercancías y, en relación con las normas de competencia, cuando tenga su origen en acuerdos restrictivos o prácticas concertadas o un abuso de posición dominante.

As far as the individual management of rights is concerned, there are different rules on ownership and authorship, conditions applying to copyright contracts, or on points of attachment (criteria for protection). Conditions of rights management also vary in Member States with respect to collective management. A lack of common rules regarding the governance of collecting societies may potentially be detrimental to both users and rightholders, as it may expose them through different conditions applying in various Member States, as well as to a lack of transparency and legal certainty. The more divergence exists on such rules, the more difficult it is in principle to license across borders and to establish licensing for the territory of several or all Member States.

[7] Véanse los asuntos 62/79 y 262/81, Coditel / Ciné-Vog Films, Rec. 1980, p. 881, y Rec. 1982, p. 3381. En el asunto Coditel II (apartado 14), el Tribunal de Justicia aclaró que «al igual que no cabe excluir que determinadas modalidades de este ejercicio resulten incompatibles con las disposiciones de los artículos 59 y 60, tampoco puede excluirse que las modalidades de ejercicio puedan resultar incompatibles con el artículo 85, en el caso de que constituyeran una práctica colusoria que pudiera tener por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común».

1.2.4. The Call for Community-wide Licensing

A recurrent theme throughout the consultation process has been the call for more Community-wide licensing, in particular by commercial users notably for the growing market in the on-line environment [8]. In this context, Community-wide licensing may be used as an umbrella term to describe the grant of a licence by a single collecting society in a single transaction for exploitation throughout the Community.

1.2.2. Explotación transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines

[8] In a similar context, the Commission notes an increasing call for access to protected satellite TV broadcast originating from a Member State other than the one in which viewers are resident. While current conditional access technologies make it perfectly possible to determine exactly what the paying audience is within the footprint of the satellite, business models and contractual arrangements often result in service offerings based on territory. While this issue is related to the call for Community-wide licensing addressed in this section, it is based more on conditional access control than on copyright and related rights and their licensing. In that respect, see the Commission Report on the Legal Protection of Electronic Pay Services, COM(2003)198final, 24.04.2003, point 4.4.

Para la mayoría de formas de explotación y a fin de lograr economías de escala, el mercado interior se ha convertido en el entorno económico adecuado.

Stakeholders are already seeking contractual and technological solutions to ensure adequate access to protected works and other subject matter on a European or even worldwide scale.

Con el advenimiento del entorno digital, el comercio transfronterizo de bienes y servicios basados en derechos de autor y derechos afines se ha convertido en algo habitual, en particular en lo que respecta a los derechos de reproducción y comunicación al público y el derecho de puesta a disposición. Estos derechos se verían afectados por cualquier transmisión digital y, con este fin, fueron armonizados por la Directiva 2001/29/CE.

Direct Community-wide licensing used to be provided by the framework agreement between authors' collecting societies and the association of phonogram producers (the BIEM/IFPI Agreement), which concerns mechanical reproduction rights. More recently, as regards transmission by electronic means including webcasting and on-demand transmission of music by acts of streaming or downloading, authors' collecting societies have notified to the Commission a set of agreements with a view to negative clearance or an exemption under Article 81 of the EC Treaty. The parties' intention is that, as a rule, the Community-wide licence will be granted by the society of the country where the content provider is operating. In the area of music performing rights, nearly all the major authors' collecting societies representing authors have concluded a reciprocal trial agreement (the "Santiago Agreement"), which allows each of them to issue multi-territorial licences of public performance rights to be used on-line. Yet another model concerns the remuneration rights of phonogram producers for the simultaneous transmission by radio and TV stations via the Internet of sound recordings included in their broadcasts of radio and/or TV signals (the "Simulcasting" Agreement). Users (in this case broadcasters whose signals originate in the EEA) may obtain a Europe-wide license from any society within the EEA. Under another model, a Community-wide licence for on-line uses of works of art and photography can be obtained from any of the participating collecting societies, and under the same conditions (OnLineArt Agreement).

1.2.3. Obstáculos a un mercado interior de la gestión de los derechos

The first issue in this context is whether it should be left for the market to develop Community-wide licensing further, while respecting the basic rules of intellectual property protection, including its territorial nature, or whether the Community legislator should seek to facilitate greater Community-wide licensing.

Así pues, la autorización fuera de línea se ha convertido cada vez más en una actividad transfronteriza, y la autorización en línea es por definición una actividad transfronteriza. No obstante, dado que la autorización se rige por la legislación del país de explotación, cuando la explotación tiene lugar en varios Estados miembros se aplican normas diferentes.

At the outset, it should be noted that a legislative measure, which would require rightholders to grant a Community-wide licence, could amount to a compulsory licence. A careful assessment would be required of the compatibility of such a measure with the Community's international obligations under the Berne and the Rome Conventions and the more recent WIPO Treaties WCT and WPPT. A similar evaluation would be needed with respect to Article 295 of the Treaty. These considerations are naturally without prejudice to the powers of the Commission in this respect under Article 82 of the EC Treaty, in line with the previous practice by the Commission, by the Court of First Instance and the European Court of Justice and the Community's international obligations.

En el caso de la gestión individual de los derechos, existen normas diferentes sobre la propiedad y la autoría, las condiciones que se aplican a los contratos sobre derechos de autor, o sobre los grados de adscripción (criterios para la protección). Las condiciones de gestión de los derechos también varían en los Estados miembros por lo que se refiere a la gestión colectiva. La ausencia de normas comunes para el buen gobierno de las sociedades de gestión colectiva puede perjudicar tanto a los usuarios como a los titulares, ya que las diferentes condiciones aplicadas en cada Estado miembro pueden exponerlos a una falta de transparencia y de seguridad jurídica. Cuanto mayor es la divergencia de estas normas, más difícil resulta en principio conceder licencias transfronterizas y establecer sistemas de licencias para el territorio de varios o todos los Estados miembros.

A most effective option would be to provide through Community legislation that any licence regarding the rights of communication to the public or making available, at least as regards activities with a cross-border reach, authorises by definition acts of use in the entire Community. Under this option, once an act of communication to the public or making available has been authorised anywhere in the Community, it could be legally performed also in any other Member State. This option would amount to a partial removal of the principle of territoriality.

1.2.4. Demanda de una autorización comunitaria

A less radical option would be to adopt the model chosen for satellite broadcasting under Directive 93/83/EEC to the rights of communication to the public and making available. Under this model, according to Article 1(2)(b) of the Directive, the relevant act of communication to the public "occurs solely in the Member State where, under the control and responsibility of the broadcasting organisation, the programme-carrying signals are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth". However, if this model is applied to copyright and related rights without limiting the contractual freedom of the parties, as was done under Directive 93/83/EEC, it does not necessarily yield the desired result of multi-territorial licensing [9], as it only determines the applicable law and does not by itself result in extending the licence to the footprint in question. Alternatively, one could seek to reduce the exclusive communication to the public and making available rights to a remuneration right subject to mandatory collective management (which presupposes an efficient functioning of collecting societies). However, since both Directive 2001/29/EC and the WIPO "Internet Treaties" WCT and WPPT establish and harmonise these rights for authors and the right of making available also for holders of neighbouring rights as exclusive rights, it could be held that this option is not available. Another possible option could grant commercial users the freedom of choice as to the collecting society in the EEA granting the required licence. Such a model has been put in place by the Simulcasting agreement which has been established by collecting societies representing certain rightholders in the context of on-line use, and combines freedom of choice with increased transparency obligations on the part of collecting societies [10].

Una cuestión recurrente durante las consultas ha sido la demanda de más autorizaciones comunitarias, sobre todo por parte de los usuarios comerciales y para el mercado en expansión del entorno en línea [8]. En este contexto, la autorización comunitaria puede utilizarse como término general para describir la concesión de una licencia por una sociedad de gestión colectiva en una transacción única para la explotación en toda la Comunidad.

[9] See the Report from the European Commission on the application of Council Directive 93/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission, COM(2002) 430 final, 26.07.2002.

[8] En un contexto similar, la Comisión observa una demanda creciente de acceso a emisiones de televisión por satélite protegidas procedentes de un Estado miembro que no es el de residencia de los espectadores. Mientras que las actuales tecnologías de acceso condicional permiten perfectamente determinar con exactitud cuál es el público que paga dentro del campo de influencia del satélite, los modelos empresariales y los acuerdos contractuales suelen dar lugar a ofertas de servicios centradas territorialmente. Aunque este tema se relaciona con la demanda de autorización comunitaria que se trata en esta sección, entra más en el ámbito del control del acceso condicional que en el derecho de autor y derechos afines y en su autorización. A este respecto, véase el Informe de la Comisión sobre la protección jurídica de los servicios electrónicos de pago, COM(2003) 198 final de 24.4.2003, punto 4.4.

[10] See point 3.4.

In order to enhance access to the rights in question even further, collecting societies could be mandated, under certain conditions, to offer Community-wide licences. This solution, too, would require efficient and accountable collective rights management across the Community, including the existence of the necessary reciprocal agreements between collecting societies, which put them in a position to clear rights also for territories other than their own.

Las partes interesadas están buscando ya soluciones contractuales y tecnológicas que garanticen un acceso adecuado a las obras y otras prestaciones protegidas a escala europea o incluso mundial.

At the less interventionist end, another model would be to focus exclusively on the modalities of collective management by collecting societies, as they are mostly in charge of the management of those rights for which the claim for Community-wide licensing has been strongest. Collecting societies do already provide for a one-stop-shop of licensing of the respective group of rightholders' world repertoire for their territory of operation. This constitutes a significant advantage for rightholders and users alike and should not be jeopardised. At the same time, centralised licensing arrangements, like the ones described above, could be fostered by eliminating further any disparities in Member States' laws regarding the conditions of collective management and introducing at EU level good governance rules for the functioning of collecting societies.

La autorización comunitaria directa se solía otorgar mediante un acuerdo marco entre sociedades de gestión colectiva de autores y la asociación de productores de fonogramas (Acuerdo BIEM/IFPI), que afecta a los derechos de reproducción mecánica. Más recientemente, en relación con la transmisión por medios electrónicos, incluida la difusión en la red ("webcasting") y la transmisión de música a la carta ("on-demand") mediante difusión en flujo o descargándola de Internet, las sociedades de gestión colectiva de autores han notificado a la Comisión una serie de acuerdos destinados a obtener una autorización negativa o una excepción con arreglo al artículo 81 del Tratado CE. La intención de las partes es que, como norma, la sociedad que conceda la autorización comunitaria sea la del país en que opere el proveedor del contenido. En el sector de los derechos de ejecución musical, prácticamente todas las principales sociedades de gestión colectiva que representan a autores han celebrado un acuerdo provisional recíproco («Acuerdo de Santiago») que permite a cada una de ellas conceder autorizaciones multiterritoriales de derechos de ejecución pública para utilizaciones en línea. Otro modelo es el de los derechos de remuneración de los productores de fonogramas para la transmisión simultánea por estaciones de radio y televisión vía Internet de registros sonoros incluidos en sus emisiones de señales de radio y/o televisión (Acuerdo «Simulcasting» sobre emisión simultánea). Los usuarios (en este caso, emisoras cuyas señales proceden del EEE) pueden obtener una autorización europea de cualquier sociedad dentro del EEE. Según otro modelo (Acuerdo OnLineArt), cualquier sociedad de gestión colectiva participante puede otorgar, con las mismas condiciones, una autorización comunitaria para utilizar en línea obras de arte y fotografías.

1.2.5. Digital Rights Management (DRM) Systems

La primera cuestión que se plantea en este contexto es si el desarrollo de la autorización comunitaria debería dejarse en manos del mercado, siempre que se respeten las normas básicas de protección de la propiedad intelectual, incluida su naturaleza territorial, o si el legislador comunitario debería procurar que se concediera con mayor frecuencia autorizaciones comunitarias.

In the context of the discussions on the management of copyright and related rights in the new digital environment, digital rights management (DRM) has become a key issue. The availability of DRM services through a technological infrastructure for the management of copyright and related rights is relevant to both individual and collective management.

En principio, cabe señalar que una medida legislativa que obligara a los titulares a conceder una autorización comunitaria podría equivaler a una autorización obligatoria. Debe evaluarse con cuidado la compatibilidad de una medida de este tipo con las obligaciones internacionales de la Comunidad en el marco de los Convenios de Berna y Roma y de los más recientes Tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación y fonogramas ("WCT" y "WPPT"). Se precisaría una evaluación semejante con arreglo al artículo 295 del Tratado. Todo lo anterior se entiende, por supuesto, sin perjuicio de las competencias de la Comisión sobre el particular con arreglo al artículo 82 del Tratado CE, de acuerdo con la práctica anterior de la Comisión, del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y con las obligaciones internacionales de la Comunidad.

DRM systems can be used to clear rights, to secure payment, to trace behaviour and to enforce rights. DRM systems are, therefore, crucial for the development of new high volume, low transactional value business models, which include the pricing of access, usage, and the service itself, subscription models, reliance on advertising revenue, credit sales or billing schemes. DRM systems are a means to an end, and as such, clearly are an important, if not the most important, tool for rights management in the Internal Market of the new digital services.

Una opción más eficaz sería establecer en la legislación comunitaria que cualquier licencia que afecte a derechos de comunicación al público o de puesta a disposición, al menos en relación con las actividades de alcance transfronterizo, autorizará por definición las utilizaciones en toda la Comunidad. Con arreglo a esta opción, una vez se haya autorizado en cualquier lugar de la Comunidad un acto de comunicación al público o de puesta a disposición, ésta podría ejecutarse legalmente en cualquier otro Estado miembro. Esta vía supondría una supresión parcial del principio de territorialidad.

The legal framework in which DRM systems are administered is set out in Directive 2001/29/EC. By legally protecting technological measures and electronic rights management information, which rightholders may apply to their protected content, the Community legislature has established the legal parameters of DRM systems and laid the groundwork for their development. Articles 6 and 7 and relevant recitals deal with the protection of technological measures and rights management information respectively.

Una opción menos drástica sería adoptar el modelo escogido para la radiodifusión vía satélite con arreglo a la Directiva 93/83/CEE para los derechos de comunicación al público y de puesta a disposición. Según este modelo, la comunicación pertinente al público «se producirá exclusivamente en el Estado miembro en el que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa se introduzcan en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra» [letra b) del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva]. No obstante, si este modelo se aplica a los derechos de autor y derechos afines sin limitar la libertad contractual de las partes, como hizo la Directiva 93/83/CEE, no producirá necesariamente el resultado buscado de autorización multiterritorial [9], ya que sólo determinará la legislación aplicable y no dará lugar por sí mismo a una ampliación de la autorización a la zona de cobertura en cuestión. Otra posibilidad podría ser intentar reducir los derechos exclusivos de comunicación al público y de puesta a disposición a un derecho de remuneración sujeto a una gestión colectiva obligatoria (lo que presupone un funcionamiento eficaz de las sociedades de gestión colectiva). Esta opción, sin embargo, no parece posible, puesto que la Directiva 2001/29/CE y los «Tratados Internet» de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación y fonogramas (WCT y WPPT) establecen y armonizan estos derechos para los autores, y el derecho de puesta a disposición también para los titulares de derechos afines, como derechos exclusivos. Otra posibilidad podría ser conceder a los usuarios comerciales la libertad de elegir la sociedad de gestión colectiva que, en el EEE, conceda la autorización requerida. Este tipo de modelo se ha puesto en marcha con el acuerdo «Simulcasting», establecido por sociedades de gestión colectiva que representan a determinados titulares en el contexto de la utilización en línea, y que combina libertad de elección con mayores obligaciones de transparencia por parte de estas sociedades [10].

Member States also have to take into account the application or non application i.e. the degree of use (Recital 35) of technological measures when providing for fair compensation in the context of the private use exception as permitted under Article 5(2)(b). The Directive requires Member States to arrive at a coherent application of the exceptions. The extent to which this has been achieved in relation to the application of the requirement for fair compensation will be assessed when reviewing implementing legislation. Any such review will include, in particular, the criteria which Member States refer to or will refer to in order to take such application or non-application of technological measures into consideration when determining remuneration schemes in the context of the exception for private copying. The Commission has a specific mandate to do so within the context of the Contact Committee established under Article 12. A wider availability of DRM systems and services can only bring additional value to both rightholders and consumers if it contributes to the availability of protected content and facilitates the access of end-users to protected content. Transparency on the criteria and elements that Member States use or will use to take into consideration the application or non-application of technological measures must therefore be ensured and clarification provided through the required implementing measures.

[9] Véase el Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva 93/83/CEE del Consejo sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, COM(2002) 430 final, de 26.7.2002.

Arguably, the widespread deployment of DRMs as a mode of fair compensation may eventually render existing remuneration schemes (such as levies to compensate for private copies) redundant, thereby justifying their phasing down or even out. At the same time, in their present status of implementation, DRMs do not present a policy solution for ensuring the appropriate balance between the interests involved, be they the interests of the authors and other rightholders or those of legitimate users, consumers and other third parties involved (libraries, service providers, content creators...) as DRM systems are not in themselves an alternative to copyright policy in setting the parameters either in respect of copyright protection or the exceptions and limitations that are traditionally applied by the legislature. In this respect, the Commission is also under a duty to examine within the context of the Article 12 Contact Committee, whether acts permitted by law are being adversely affected by the use of effective technological measures (so called "technological lock up").

In terms of technology that is applied to DRM systems, Directive 2001/29/EC acknowledges that technological developments will facilitate the distribution of protected content, notably on networks. However, it also recognises that differences between technological measures could lead to an incompatibility of systems within the Community.

[10] Véase el punto 3.4.

While the choice of the appropriate business model remains for the rightholders and commercial users to make and the use of DRM systems and services remain voluntary and market-driven, the establishment of a global and interoperable technical infrastructure on DRM systems based on consensus among the stakeholders appears to be a necessary corollary to the existing legal framework and a prerequisite for the effective distribution and access to protected content in the Internal Market.

The achievement of an internal market will better serve the general interest. To this end, research projects and standardisation efforts towards open standards have been supported at EU level, the results of which have contributed to demonstrate that an interoperable infrastructure can be established. As demonstrated by the CEN/ISSS report on DRM standardisation and interoperability, there are commercially available solutions that have experienced some use in the market, even though interoperability between them remains an issue to be addressed. In the absence of any substantial progress towards the implementation of interoperable DRM systems and services in the short future, a recommendation will be envisaged to reinforce the requirement for interoperability of DRM systems and services. Such recommendation would encompass the publication of available open standards on the basis of which global and interoperable DRM systems and services can be provided with the objective to avoid the starting fragmentation of the market to become firmly established. Doubts about the viability of the available technology have been expressed by several stakeholders and have proven to be a disincentive to use DRM systems. As is the case with any protected technological systems and devices, the risk of DRM systems being circumvented cannot be fully eliminated. Protecting DRM systems against circumvention, against the production and marketing of circumvention devices and protecting copyright and related rights against any form of piracy is, therefore, an indispensable condition to reduce this risk to its lowest level and to ensure legitimate use of protected content and acceptance among rightholders, commercial users and consumers alike. Indeed, acceptance among consumers is a key for the success of DRM systems, but wider acceptance is yet to be reached. Rightholders, commercial users and governments have begun, and should continue, to inform and educate the public about whether the medium of delivery should affect the price and to foster a culture of licensing protected digital content that counteracts the perception that if protected content is available on the Internet it is necessarily for free. In so doing, both the freedom of choice (for equipment, network, services and content) and at the same time the preservation of privacy (including the ensuring of security) should be maintained as essential elements contributing to consumers' trust. Although DRM systems and remuneration schemes are both designed to manage and facilitate access to protected content, they have a different function and follow a different rationale. Remuneration schemes operated by efficient collecting societies acting as trustees should provide access to potential end users while safeguarding the economic shares of all rightholders, including small and non-corporate ones. DRM systems used by individual rightholders provide access on the discretion of the latter only (or their licensees), as those systems operate on the basis of direct exercise of exclusive rights (to authorise or prohibit use).

A fin de mejorar aún más el acceso a los derechos en cuestión, podría autorizarse a las sociedades de gestión colectiva, en ciertas condiciones, a ofrecer autorizaciones comunitarias. Esta solución también requeriría una gestión colectiva eficaz y responsable de los derechos en toda la Comunidad, incluidos los necesarios acuerdos recíprocos entre sociedades de gestión colectiva, que permita también administrar derechos para territorios distintos del suyo propio.

The decision, as to which rights management system is preferred, should in principle be left to stakeholders and the development of the marketplace and will eventually be based on the relevant copyright policy. In this perspective, a close monitoring of the market developments is essential to ensure the public interest is safeguarded.

En el extremo menos intervencionista, otro modelo consistiría en centrarse exclusivamente en las modalidades de actuación de las sociedades de gestión colectiva, pues son las que se encargan principalmente de la gestión de aquellos derechos para los que es mayor la demanda de autorización comunitaria. Las sociedades de gestión colectiva ya funcionan como ventanilla única de autorización para el repertorio mundial de su grupo respectivo de titulares para su territorio de operaciones, lo que representa una ventaja sustancial para los titulares y usuarios que no debería comprometerse. Al mismo tiempo, podrían fomentarse los acuerdos centralizados de autorización, como los antes descritos, eliminando las disparidades que sigan existiendo en las legislaciones de los Estados miembros en relación con las condiciones de la gestión colectiva e introduciendo en la UE normas de buen gobierno para el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva.

1.3. Conclusions

1.2.5. Sistemas digitales de gestión de los derechos (DRM)

Reflections on rights management in the Internal Market should be based on the inherent principles of intellectual property protection. An operational framework for the management and marketing of copyright and related rights, both individually and collectively, is a pre-condition for safeguarding and further developing the potential of intellectual property for creativity, the economy, the functioning of the Internal Market and societies at large.

Dentro del debate sobre la gestión de los derechos de autor y derechos afines en el nuevo entorno digital, los sistemas digitales de gestión de los derechos (DRM) han adquirido una importancia considerable. La disponibilidad de servicios DRM a través de una infraestructura tecnológica para la gestión de los derechos de autor y derechos afines puede aplicarse tanto a la gestión individual como a la colectiva.

Legislation of present and future EU Member States in this area is evolving together with emerging changes regarding technology and new markets. The Community legal framework on copyright and related rights, the acquis communautaire, makes reference to rights management, but does not include separate rules thereon. As there is no Community copyright, copyright protection is asserted and enforced on the national territorial basis of each Member State; and yet, rights management has increasingly become a cross-border activity.

Los sistemas DRM pueden utilizarse para autorizar los derechos, garantizar los pagos, seguir comportamientos y hacer valer derechos. Así pues, los sistemas DRM son fundamentales para el desarrollo de nuevos modelos empresariales de gran volumen y bajo valor transaccional, que incluyen la tarifación del acceso, la utilización y el propio servicio, modelos de suscripción, dependencia de los ingresos publicitarios, ventas a crédito o sistemas de facturación. Los sistemas DRM son un medio para alcanzar un fin y constituyen sin duda un importante instrumento, si no el principal, para la gestión de los derechos en el mercado interior de los nuevos servicios digitales.

The development of Digital Rights Management (DRM) systems should, in principle, be based on their acceptance by all stakeholders, including consumers, as well as on copyright policy of the legislature. A prerequisite to ensure Community-wide accessibility to DRM systems and services by rightholders as well as users and, in particular, consumers, is that DRM systems and services are interoperable.

La Directiva 2001/29/CE estableció el marco jurídico para administrar los sistemas DRM. Al proteger jurídicamente las medidas tecnológicas y la información para la gestión de derechos, que los titulares pueden aplicar a su contenido protegido, el legislador comunitario ha fijado los parámetros jurídicos de los sistemas DRM y establecido las bases de su desarrollo. Los artículos 6 y 7 y los considerandos pertinentes tratan de la protección de las medidas tecnológicas y la información para la gestión de derechos, respectivamente.

A close monitoring of the market developments, notably through consultation of the stakeholders, remains essential.

Los Estados miembros también deben tener en cuenta la aplicación o inaplicación, es decir el grado de utilización (considerando 35), de las medidas tecnológicas al prever una compensación equitativa en el contexto de la excepción para uso privado que permite la letra b) del apartado 2 del artículo 5. La Directiva exige que los Estados miembros apliquen las excepciones con coherencia. El alcance de la aplicación de la remuneración equitativa, con respeto a dicha coherencia, se evaluará al examinar las medidas de transposición. El examen incluirá en concreto los criterios a los que hacen o harán referencia los Estados miembros con objeto de tomar en consideración la mencionada aplicación o inaplicación de las medidas tecnológicas al definir los sistemas de remuneración en el contexto de la excepción para copia privada. La Comisión ha recibido un mandato específico para llevarlo a cabo en el contexto del Comité de contacto creado en virtud del artículo 12. Una mayor disponibilidad de los sistemas y servicios DRM sólo aportará un valor añadido, tanto a los titulares como a los consumidores, si contribuye a la disponibilidad de los contenidos protegidos y facilita el acceso de los usuarios finales a dichos contenidos. Por consiguiente, deberá garantizarse la transparencia de los criterios y elementos que los Estados miembros utilizan o utilizarán para tener en cuenta la aplicación o inaplicación de las medidas tecnológicas y deberá aportarse las aclaraciones necesarias a través de las consiguientes medidas de aplicación.

2. Individual Rights Management

Se puede afirmar que el amplio despliegue de sistemas DRM como modo de compensación equitativa puede llegar a convertir en superfluos los actuales sistemas de remuneración (por ejemplo, los cánones para compensar por copias privadas), lo que justificaría su disminución o incluso su supresión progresiva. Al mismo tiempo, tal como se aplican actualmente, los sistemas DRM no aportan una solución política para garantizar un adecuado equilibrio entre los intereses en juego, ya sean los intereses de los autores y demás titulares de derechos o los de los usuarios legítimos, consumidores y demás implicados (bibliotecas, proveedores de servicios, creadores de contenidos, etc.), ya que los sistemas DRM no son en sí mismos una alternativa a la política de derechos de autor a la hora de fijar los parámetros relativos a la protección de los derechos de autor o a las excepciones y limitaciones tradicionalmente aplicadas por el legislador. A este respecto, la Comisión tiene también el deber de examinar, en el ámbito del Comité de contacto del artículo 12, si las acciones permitidas por la legislación se ven afectadas negativamente por el uso de medidas tecnológicas eficaces (denominadas «de bloqueo tecnológico»).

2.1. The Main Features

En lo que se refiere a la tecnología que se aplica a los sistemas DRM, la Directiva 2001/29/CE reconoce que los avances tecnológicos facilitarán la distribución de contenidos protegidos, sobre todo en las redes. No obstante, también reconoce que las diferencias entre medidas tecnológicas podrían provocar una incompatibilidad de sistemas dentro de la Comunidad.

Individual rights management has been addressed, to some extent, in the Directives of the acquis communautaire. Directive 2001/29/EC confirms in its Recital (30) that the exclusive rights of reproduction, communication to the public including making available, and distribution (for authors) may be transferred, assigned or subject to the grant of contractual licences, without prejudice to the relevant national legislation on copyright and related rights. Similar provisions are contained in Articles 2(4), 7(2) and 9(4) of Directive 92/100/EEC regarding the exclusive rights of rental and lending and of reproduction and distribution. In addition, Articles 2(5) and (6) of Directive 92/100/EEC contain particular rules on presumptions relating to the transfer of rights.

Si bien corresponde a los titulares y a los usuarios comerciales elegir el modelo empresarial adecuado y la utilización de los sistemas y servicios DRM es voluntaria y se basa en el mercado, crear una infraestructura técnica global e interoperable de sistemas DRM basada en el consenso entre los interesados parece ser un corolario necesario del marco jurídico vigente y un requisito previo para la eficacia de la distribución y acceso a los contenidos protegidos en el mercado interior.

2.2. The Issues

La realización de un mercado interior servirá mejor los intereses generales. Con este fin, se ha brindado, a nivel de la UE, apoyo a proyectos de investigación y labores de normalización para conseguir normas abiertas; sus resultados han contribuido a demostrar que se puede crear una infraestructura interoperable. Como muestra el informe CEN/ISSS sobre normalización de los sistemas DRM e interoperabilidad, existen soluciones disponibles comercialmente que se han utilizado en el mercado, a pesar de que aún hay que estudiar la interoperabilidad entre dichos sistemas. Si no se avanza de manera sustancial en la implantación de sistemas y servicios DRM interoperables en el futuro próximo, deberá preverse una recomendación para reforzar la obligación de interoperabilidad de los sistemas y servicios DRM. Una recomendación de ese tipo incluiría la publicación de normas abiertas disponibles en base a las cuales se puedan facilitar sistemas y servicios DRM globales e interoperables, con el fin de evitar que se consolide la incipiente fragmentación del mercado. Varias partes han expresado dudas en torno a la viabilidad de la tecnología disponible, lo que ha resultado ser un factor disuasorio para utilizar estos sistemas. Como ocurre con todos los sistemas y dispositivos tecnológicos protegidos, no se puede descartar completamente el riesgo de elusión de los sistemas DRM. Proteger los sistemas DRM contra la elusión, contra la producción y comercialización de dispositivos de elusión y proteger los derechos de autor y derechos afines de cualquier forma de piratería es, por tanto, una condición indispensable para reducir este riesgo al mínimo nivel y garantizar un uso legítimo de los contenidos protegidos y su aceptación por los titulares, usuarios comerciales y consumidores. Además, la aceptación entre los consumidores es fundamental para el éxito de los sistemas DRM, pero dicha aceptación todavía no se ha logrado. Los titulares, los usuarios comerciales y los gobiernos han empezado a informar y formar al público, y deberían seguir haciéndolo, sobre la influencia del medio de entrega en el precio y a fomentar una cultura de autorización de contenidos digitales protegidos que contrarreste la idea de que si el contenido protegido está disponible en Internet es necesariamente gratuito. Con ello tanto la libertad de elección (de equipo, redes, servicios y contenidos) como la protección de la vida privada (incluyendo la garantía de la seguridad) deberán mantenerse como elementos fundamentales para lograr la confianza de los consumidores. Aunque tanto los sistemas DRM como los sistemas de remuneración están concebidos para gestionar y facilitar el acceso a un contenido protegido, tienen una función diferente y siguen una lógica distinta. Los sistemas de remuneración, de los que se encargan sociedades de gestión colectiva eficientes que actúan como administradoras, deberían dar acceso a los potenciales usuarios finales, salvaguardando a la vez los intereses económicos de todos los titulares, incluidos los pequeños y los que están fuera de las sociedades. Los sistemas DRM utilizados por los titulares particulares autorizan el acceso únicamente a discreción de estos (o sus licenciatarios), porque funcionan sobre la base del ejercicio directo de derechos exclusivos (autorizar o prohibir la utilización).

2.2.1. Ownership of Rights

La decisión sobre qué sistema de gestión de derechos es preferible debería dejarse en principio en manos de los interesados y del desarrollo del mercado; en último término, se basará en la política pertinente de derechos de autor. En esta perspectiva, es fundamental una estrecha supervisión de la evolución del mercado para garantizar la salvaguardia de los intereses públicos.

Individual rights management is based on the initial allocation of ownership of rights: the initial owner of copyright in a work is, in principle, the natural person who created it. However, under some jurisdictions, also legal persons may be initial owner of rights.

1.3. Conclusiones

On the specific issue of authorship of audiovisual works, a certain degree of harmonisation has been achieved at Community level. For example, all Member States designate at least the principal director of an audiovisual work as one of the authors of the work. This issue has been addressed in more detail in the Commission's Report of 6 December 2002 [11].

Las reflexiones sobre la gestión de los derechos en el mercado interior deberían basarse en los principios inherentes a la protección de la propiedad intelectual. Un marco operativo para la gestión y comercialización de los derechos de autor y derechos afines, tanto individual como colectiva, es una condición previa para salvaguardar y seguir desarrollando el potencial de la propiedad intelectual para la creatividad, la economía, el funcionamiento del mercado interior y la sociedad en su conjunto.

[11] Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the question of authorship of cinematographic or audiovisual works in the Community, COM (2002) 691 final, 6.12.2002.

La legislación de los actuales y futuros Estados miembros de la UE en este sector está evolucionando al compás de los nuevos cambios tecnológicos y los nuevos mercados. El marco jurídico comunitario para los derechos de autor y los derechos afines, el acervo comunitario, alude a la gestión de los derechos, pero no incluye normas específicas al respecto. Al no existir un derecho de autor comunitario, la protección de este derecho se garantiza y se aplica a escala territorial de cada Estado miembro; sin embargo, la gestión de los derechos se está convirtiendo cada vez más en una actividad transfronteriza.

2.2.2. Statutory Conditions for the Transfer of Rights

El desarrollo de los sistemas digitales de gestión de los derechos (DRM) debería, en principio, basarse en su aceptación por todas las partes, incluidos los consumidores, así como en la política de derechos de autor del legislador. Un requisito previo para garantizar una accesibilidad de alcance comunitario a los sistemas y servicios DRM por parte de titulares, usuarios y, especialmente, consumidores, es que los sistemas y servicios DRM sean interoperables.

Transfers of rights pertain to the transfer of economic rights of the author or performer (as the initial creative rightholder) to a third party by assignment or by licence [12]. The copyright legislation of most Member States imposes certain obligations on the contracting parties on the scope of the transfer of rights (e.g. on limitations on the transfer of rights relating to forms of exploitation that are known or foreseeable at the time the copyright contract was concluded or on rules on termination of contracts). Such conditions vary from one Member State to another.

Sigue siendo fundamental seguir de cerca la evolución del mercado, principalmente a través de la consulta de las partes interesadas.

[12] An assignment is a transfer of rights in an exclusive and definitive manner. A licence is the permission to perform an act, which without that permission would be an infringement of copyright or a related right. A licence may be exclusive or non-exclusive.

2. Gestión individual de los derechos

Most Member States require also formalities of some sort (usually a written document) for assignments or licenses to be valid or validly proven.

2.1. Características principales

2.2.3. Content and Interpretations of Contracts

La gestión individual de los derechos se ha tratado en cierta medida en las Directivas del acervo comunitario. La Directiva 2001/29/CE confirma en su considerando 30 que los derechos exclusivos de reproducción, comunicación al público (incluida la puesta a disposición) y distribución (para los autores) pueden transmitirse, cederse o ser objeto de licencias contractuales, sin perjuicio de la normativa nacional pertinente sobre derechos de autor y derechos afines. Disposiciones parecidas figuran en el apartado 4 del artículo 2, el apartado 2 del artículo 7 y el apartado 4 del artículo 9 de la Directiva 92/100/CEE sobre derechos exclusivos de alquiler y préstamo y de reproducción y distribución. Asimismo, los apartados 5 y 6 del artículo 2 de la Directiva 92/100/CEE incluyen normas particulares sobre presunciones relativas a la transmisión de derechos.

Many Member States apply a restrictive interpretation of copyright contracts: any transfer of rights shall be narrowly interpreted, consistent with the purpose of transfer and, in the case of some Member States, in favour of the author or performer, when in doubt.

2.2. Problemas

Concerning the amount of the payment, as a basic rule, the majority of Member States have left this amount to be paid to the author or performer to be determined by the contracting parties. However, some Member States do require the payment be calculated as a proportional or an equitable share. The contract can be subject to modification if the remuneration agreed upon is disproportionate to the income generated from the use of the work (e.g. "best seller" clause or application of the equity and fairness principles).

2.2.1. Propiedad de los derechos

2.3. Conclusions

La gestión individual de los derechos se basa en la asignación inicial de la propiedad de los derechos: el propietario inicial de un derecho de autor sobre una obra es, en principio, la persona física que la ha creado. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, las personas jurídicas también pueden ser propietarias iniciales de derechos.

There appears to be a considerable commonality of approach among Member States including Accession Countries on a number of issues in the area of individual rights management.

Se ha llegado a cierto nivel de armonización comunitaria en lo que se refiere a la cuestión específica de la autoría de los productos audiovisuales. Por ejemplo, todos los Estados miembros designan al menos al director principal de un producto audiovisual como uno de los autores de la obra. Este problema se trató con más detalle en el Informe de la Comisión de 6 de diciembre de 2002 [11].

For the time being, the degree of common ground regarding the rules on copyright contracts across Member States appears to be sufficient, so as not to necessitate any immediate action at Community level. While, at this stage, national developments have not given rise to any particular concern from the point of view of the functioning of the Internal Market, the Commission will nevertheless have to continue to keep the matter under review.

[11] Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la cuestión de la autoría de las obras cinematográficas o audiovisuales en la Comunidad, COM(2002) 691 final, de 6.12.2002.

3. The Collective Management of Rights

3.1. The Functions of Collective Management

2.2.2. Condiciones obligatorias para la transmisión de derechos

3.1.1. The Development of Joint Rights Management

Las transmisiones de derechos se sitúan en el ámbito de la transmisión de derechos económicos del autor o artista intérprete o ejecutante (como creativo inicial titular de derechos) a un tercero por cesión o licencia [12]. La legislación sobre derechos de autor de la mayoría de Estados miembros impone ciertas obligaciones a las partes contratantes relativas al alcance de la transmisión de derechos (por ejemplo, limitaciones a la transmisión de derechos relativos a las formas de explotación conocidas o previstas en el momento de la celebración del contrato sobre derecho de autor, o normas relativas a la resolución de contratos). Estas condiciones varían de un Estado miembro a otro.

Due to the number of uses and users as well as rightholders involved, licensing certain rights individually has been impractical, as previously seen. This is particularly the case for rights of remuneration. Consequently, rightholders have appointed agents to engage in the joint licensing of their works. Similarly, users have preferred to have a single point of reference when seeking a licence both in terms of authorisation and payment.

[12] Una cesión es una transmisión de derechos de modo exclusivo y definitivo. Una licencia es el permiso para llevar a cabo un acto que, sin tal permiso, constituiría una infracción del derecho de autor o de derechos afines. Una licencia puede ser exclusiva o no exclusiva.

In view of the perceived advantages of collective management regarding remuneration rights, several legislatures require mandatory collective management, i.e. such rights may only be administered by collecting societies.

3.1.2. Main Features of Collective Management

La mayoría de Estados miembros exige también algún tipo de trámite (normalmente, un documento escrito) para que las cesiones o licencias sean válidas o validamente demostrables.

The collecting society, a trustee, usually administers, monitors, collects and distributes the payment of royalties for an entire group of rightholders, on the basis of the national law of its territory, with respect to that territory.

2.2.3. Contenido e interpretaciones de los contratos

Collecting societies administer rights in the area of music, literary and dramatic works as well as audiovisual works, productions and performances for activities such as communication to the public and cable retransmission of broadcasting programmes, mechanical reproductions, reprography, public lending, artist's resale right, private copying or certain educational uses. Most societies form part of a network of interlocking agreements, by which rights are cross-licensed between societies in different Member States.

Muchos Estados miembros interpretan de forma restrictiva los contratos sobre derechos de autor: cualquier transmisión de derechos debería interpretarse de modo estricto, coherente con el objeto de la transmisión y, como sucede en algunos Estados miembros, en favor del autor o artista intérprete o ejecutante en caso de duda.

From the users' viewpoint, therefore, collecting societies occupy a key position in the licensing of certain rights in so far as they provide access to a global catalogue of rights. Collecting societies function in this respect as a one-stop-shop of licensing. Collective management also allows particular rightholders, whether corporate or not, within a less lucrative or niche market, or who do not dispose of sufficient bargaining power, to manage their rights efficiently. From this perspective, collecting societies carry the joint social responsibility of rightholders to make sure that all of them benefit from their intellectual property rights at a reasonable cost.

Como regla básica en relación con la cuantía del pago, la mayoría de Estados miembros dejan el importe que debe pagarse al autor o artista intérprete o ejecutante a la discreción de las partes contratantes. Sin embargo, algunos Estados miembros exigen que el pago se calcule de forma proporcional o equitativa. Es posible modificar el contrato si la remuneración acordada es desproporcionada respecto a los ingresos que genera la utilización de la obra (por ejemplo, cláusula del best seller o aplicación de los principios equidad e imparcialidad).

3.2. The Legal Framework

2.3. Conclusiones

3.2.1. Collective Management in the acquis communautaire

Parece que existe una coincidencia considerable de enfoque entre los Estados miembros e incluso los países adherentes sobre muchas cuestiones relativas a la gestión individual de los derechos.

In many instances, the Directives of the acquis communautaire on copyright and related rights contain references to rights management by collecting societies. Directive 92/100/EEC, when harmonising the right to equitable remuneration, addresses in Articles 4(3) and (4) collective management as a model for its management. Under Article 9 of the Directive 93/83/EEC collective management is obligatory for cable redistribution rights. Article 1 (4) of that Directive contains a definition of the term "collecting society" [13].

Por ahora, la base común en relación con las normas de los contratos sobre derechos de autor en todos los Estados miembros parece suficiente y no exige una actuación inmediata a escala comunitaria. Aunque hasta ahora el desarrollo de la situación a nivel nacional no ha planteado problemas particulares desde la perspectiva del funcionamiento del mercado interior, la Comisión continuará examinando este asunto.

[13] Article 1 (4) of the Satellite and Cable Directive reads as follows: "For the purposes of this Directive, 'collecting society' means any organisation which manages or administers copyright and right related to copyright as its sole purpose or as one of its main purposes".

3. Gestión colectiva de los derechos

The Directive 2001/29/EC on Copyright in the Information Society does not mention collective management in its Articles. However, with regard to the making available right, Recital (26) addresses the desirability of encouraging collective licensing arrangements in order to facilitate the clearance of the rights concerned in on-demand services by broadcasters of their radio or television productions incorporating music from commercial phonograms as an integral part. Finally, the fact that collective management is relevant for the operation of the Directive is also apparent from its Recitals (17) and (18) [14].

3.1. Funciones de la gestión colectiva

[14] Recital (17) reads as follows: "It is necessary, especially in the light of the requirements arising out of the digital environment, to ensure that collecting societies achieve a higher level of rationalisation and transparency with regard to compliance with competition rules."; Recital (18) reads as follows: "This Directive is without prejudice to the arrangements in the Member States concerning the management of rights such as extended collective licences."

3.1.1. Desarrollo de la gestión conjunta de los derechos

Collective management appears also to be the de facto basis for the operation of the artists' resale right under Directive 2001/84/EC, even if it is not mandatory. The Directives of the acquis communautaire have left it to Member States to regulate the activities of collecting societies, and only the two most recent Directives 2001/29/EC and 2001/84/EC include appeals to ensure greater transparency and efficiency in relation to the activities of collecting societies.

Debido al gran número de utilizaciones, usuarios y titulares implicados, la concesión individual de determinados derechos no resulta práctica, como se ha visto anteriormente. Es lo que ocurre sobre todo con los derechos de remuneración. Por este motivo, los titulares designan a agentes para llevar a cabo una autorización conjunta de sus obras. De igual forma, los usuarios prefieren tener un solo punto de referencia para obtener una licencia, tanto para su autorización como para el pago.

3.2.2. Collective Management in National Law

Considerando las ventajas evidentes de la gestión colectiva en relación con los derechos de remuneración, varias legislaciones exigen una gestión colectiva obligatoria, es decir, que tales derechos sólo puedan ser administrados por sociedades de gestión colectiva.

Collective rights management by collecting societies is regulated by law to a greater or lesser extent in most Member States. However, significant differences exist with respect to both legislation and practice. Moreover, Member States and Accession Countries' legislation on collective management is evolving further. In France, Belgium, the Netherlands, Luxemburg and Portugal, for instance, new legislation has been adopted or initiated with the aim of rendering rights management by collecting societies more transparent and of improving their accountability. It seems that such legislation does not necessarily share the same structure or objectives.

3.1.2. Características principales de la gestión colectiva

3.3. Consultations on Collective Management in the Internal Market

La sociedad de gestión colectiva, como administradora, generalmente administra, supervisa, cobra y distribuye el pago de los derechos para todo un grupo de titulares, con arreglo al Derecho nacional de su territorio, respecto a ese territorio.

Ever since the discussions at Community level about copyright in the Information Society began in the 1990's, rights management in general and collective rights management in particular has been at the centre of attention and was discussed at each of the four international Copyright Conferences organised by the Commission [15]. In 1996, the Commission presented its preliminary views in the Communication on the follow-up to the 1995 Green Paper. In addition, the Commission organised, in November 2000, a two day hearing exclusively on collective rights management.

Las sociedades de gestión colectiva administran derechos en el sector de las obras musicales, literarias, teatrales y audiovisuales, producciones y realizaciones para actividades como la comunicación al público y la retransmisión por cable de programas de radiodifusión, reproducciones mecánicas, reprografía, préstamo público, derecho de participación del artista, copia privada o determinadas utilizaciones pedagógicas. La mayoría de las sociedades forman parte de una red de acuerdos interrelacionados mediante los cuales se conceden autorizaciones entre sociedades de distintos Estados miembros.

[15] Florence (1996), Vienna (1998), Strasbourg (2000) and Santiago de Compostella (2002).

Así pues, desde el punto de vista de los usuarios, las sociedades de gestión colectiva ocupan una posición clave en la concesión de determinados derechos, ya que proporcionan acceso a un catalogo global de derechos. Las sociedades de gestión colectiva funcionan a este respecto como ventanillas únicas para la autorización. La gestión colectiva también permite que los titulares individuales puedan gestionar sus derechos con eficacia, independientemente de que sean empresas o no, de que se hallen en un mercado menos lucrativo o más especializado, o de que carezcan del suficiente poder de negociación. Desde esta perspectiva, las sociedades de gestión colectiva asumen la responsabilidad social conjunta de los titulares para garantizar que todos disfruten de sus derechos de propiedad intelectual a un coste razonable.

The general conclusions of these consultations were threefold. Firstly, there was overall consensus that an Internal Market in rights and exceptions could not be achieved without sufficient common ground on how the rights are exercised. Secondly, collective management is, in several sectors of the market, in the interest of both rightholders and users. Most stakeholders agree upon the economic, cultural and social functions of collecting societies. Thirdly, there is a widespread call for a higher degree of convergence of the conditions under which collecting societies operate with a view to increasing their efficiency and achieving more accessible licensing especially at Community level. However, the Commission notes that the perception of commercial users, consumers and rightholders themselves about collective management varies considerably. This has resulted in rather different positions in Member States as well as at Community level.

3.2. Marco jurídico

Criticism from users has focused on the tariffs, supervision of collecting societies and access to the courts or arbitration. More recently it has also extended to administrative fees charged by the societies, the length of the negotiations, alleged shortcomings in their internal decision-making process and an apparent lack of transparency regarding the pricing policy. Collective management is also subject to criticism from among certain rightholders. Those who dispose of sufficient bargaining power, such as major phonogram producers, increasingly seek not to depend on collecting societies to manage their rights. From their perspective, in facilitating the watermarking, identification and tracking of the use of works, digitisation has in principle empowered rightholders to individually control the licensing and royalty payment process, so that the role of collective rights management is questioned.

3.2.1. La gestión colectiva en el acervo comunitario

This view is not necessarily shared by rightholders with less bargaining power of their own, as they can manage certain rights only via collecting societies. However, most rightholders would like to opt for more flexibility on the part of collecting societies in respect of the acquisition of rights and for greater influence in the distribution of royalties. In addition, concerning reciprocal agreements, there have been concerns among rightholders of related rights that the system of the so-called "B" contracts, under which no money is transferred and each society collects and distributes royalties used in its territory only to its own rightholders, does not function properly between the societies managing related rights [16].

Las Directivas del acervo comunitario sobre derecho de autor y derechos afines se refieren en muchos casos a la gestión de los derechos ejercida por las sociedades de gestión colectiva. La Directiva 92/100/CEE, al armonizar el derecho a una remuneración equitativa, trata la gestión colectiva en los apartados 3 y 4 de su artículo 4 como un modelo de gestión de dicho derecho. De conformidad con el artículo 9 de la Directiva 93/83/CEE, la gestión colectiva es obligatoria en el caso de los derechos de redistribución por cable. El apartado 4 del artículo 1 de dicha Directiva incluye una definición del término «entidad de gestión colectiva» [13].

[16] NB : « A » contracts provide for the reciprocal transfer of royalties collected without any deadlines applying to claim or transfer.

[13] El apartado 4 del artículo 1 de la Directiva sobre el satélite y el cable dice así: A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «entidad de gestión colectiva» cualquier organización que gestione o administre los derechos de autor o derechos afines, como su única finalidad o como una de sus principales finalidades.

3.4. Collective Rights Management and Competition

As regards the application of EU competition law to collecting societies, intervention by the Court of Justice and the Commission traditionally addressed three broad issues: (i) the relationship between collecting societies and their members, (ii) the relationship between collecting societies and users and, lastly, (iii) the reciprocal relationship between different collecting societies. Recent technological developments such as the Internet have required the Commission to reassess some of the principles previously established in the analogue area.

La Directiva 2001/29/CE sobre el derecho de autor en la sociedad de la información no menciona la gestión colectiva en su articulado. Sin embargo, en relación con el derecho de puesta a disposición, el considerando 26 trata de la conveniencia de fomentar acuerdos de licencia colectiva para facilitar el pago de los derechos relativos a servicios a la carta por organismos de radiodifusión de sus producciones de radio o televisivas que incluyan música de fonogramas comerciales como parte integrante de las mismas. Finalmente, de sus considerandos 17 y 18 también se desprende el hecho de que la gestión colectiva es importante para la Directiva [14].

(i) From the rightholders' viewpoint, collecting societies act as trustees, which manage their rights and interests. The basic framework of the relationship between collecting societies and their members remains that laid down by the Commission in the three GEMA decisions [17], in particular as regards the extent to which it is compatible with Articles 81 and 82 of the EC Treaty for societies to require the assignment of rights by their members in respect of all utilisation forms of a musical work. The Commission is of the view that there is a possible need, in the light of technological evolution, (e.g. online services), to reconsider the "GEMA categories" established in the 70's. In a more recent decision, the Commission considered that a mandatory requirement in the statute of a collecting society that all rights of an author be assigned, including their on-line exploitation, amounts to an abuse of a dominant position within the meaning of Article 82(a) of the Treaty, given that such practice corresponds to the imposition of an unfair trading condition [18]. As far as the membership of a collecting society is concerned, the Commission has also stated that a collecting society in a dominant position is not allowed to exclude rightholders from other Member States [19]. .

[14] Considerando 17: Es necesario, especialmente a la luz de las exigencias derivadas del entorno digital, garantizar que las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor consigan un nivel más alto de racionalización y transparencia en el respeto de las normas de competencia. Considerando 18: La presente Directiva no afectará a las disposiciones que existen en los Estados miembros en materia de gestión de derechos, como las licencias colectivas ampliadas.

[17] GEMA I, Decision of 20.06.1971, OJ L134/15; GEMA II, Decision of 06.07.1972, OJ L 166/22; GEMA III, Decision of 04.12.1981, OJ L 94/12.

[18] Banghalter et Homem Christo v Sacem (so-called "Daftpunk" Decision), case COMP/C2/37.219, decision of 06.08.2002, available at http://europa.eu.int/comm/competition/ antitrust/cases/decisions/37219/fr.pdf

Al mismo tiempo, la gestión colectiva parece ser, de hecho, básica para el derecho de participación de los artistas según la Directiva 2001/84/CE, aunque no es obligatoria. Las Directivas del acervo comunitario han dejado que sean los Estados miembros los que regulen las actividades de las sociedades de gestión colectiva, y únicamente en las dos Directivas más recientes (2001/29/CE y 2001/84/CE) se pide una mayor eficacia y transparencia en relación con las actividades de las sociedades de gestión colectiva.

[19] GEMA I, Decision of 20.06.1971, OJ L134/15; GVL, Decision of 29.10.1981, OJ L370/49.

3.2.2. La gestión colectiva en el Derecho nacional

(ii) The relationship between collecting societies and users has given rise to three main issues: effects on trade between Member States, the material scope of the licences granted to users and the level of tariffs charged to licensees. For example, as dominant (often even monopolistic) undertaking, a collecting society cannot refuse - under Article 82- to license a user in its own territory without a legitimate reason. The Court made it clear that collecting societies may not engage in a concerted action having the effect of systematically refusing to grant direct access to their repertoires by users located in foreign territories, a possible justification for such a refusal being the impracticability of setting up a monitoring system in the foreign territory [20]. In relation to the tariffs, the Court observed that one of the most marked differences amongst collecting societies in the Member States lies in the level of operating expenses. It has held that the possibility cannot be ruled out that it is the lack of competition in the market that accounts for high administrative costs and the high level of royalties [21]. The Court said also that Article 82 of the Treaty must be interpreted on the basis that a collecting society in a given Member State abuses its dominant position if it imposes unfair conditions on its trading partners by, namely, imposing appreciably higher tariffs than those applicable in other Member States unless the differences were justified by objective and relevant factors [22].

La gestión colectiva de los derechos mediante las sociedades de gestión colectiva se regula por ley en mayor o menor medida en la mayoría de Estados miembros. Sin embargo, existen importantes diferencias tanto en la propia legislación como en la práctica. Además, la legislación de los Estados miembros y de los países adherentes sobre la gestión colectiva sigue evolucionando. En Francia, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Portugal, por ejemplo, se han adoptado o están en preparación nuevas medidas legislativas dirigidas a aumentar la transparencia y responsabilidad de la gestión de derechos llevada a cabo por las sociedades de gestión colectiva. Al parecer, estas leyes no comparten necesariamente la estructura ni los objetivos.

[20] Ministère public v Tournier, case 395/87, 13 July 1989, ECR (1989) p.2521.

3.3. Consultas sobre la gestión colectiva en el mercado interior

[21] See previous footnote.

Desde que en 1990 se iniciaran los debates a nivel comunitario sobre el derecho de autor en la sociedad de la información, la atención se ha centrado en la gestión de los derechos en general y en la gestión colectiva de los derechos, en particular. Este tema se debatió en cada una de las cuatro conferencias internacionales sobre el derecho de autor organizadas por la Comisión [15]. En 1996, la Comisión presentó su opinión preliminar en la Comunicación sobre el seguimiento del Libro Verde de 1995. Además, la Comisión organizó, en noviembre de 2000, una sesión de dos días centrada en la gestión colectiva de los derechos.

[22] Lucazeau v SACEM, cases 110/88, 241/88 and 242/88, 13 July 1989, ECR(1989) p.2811.

[15] Florencia (1996), Viena (1998), Estrasburgo (2000) y Santiago de Compostela (2002).

(iii) Concerning the reciprocal agreements between collecting societies, the Court of Justice addressed the reciprocal relationship between collecting societies in the Tournier and Lucazeau cases [23] back in 1989 and concluded that the reciprocal representation agreements entered into by the collecting societies in Europe did not, as such, fall under Article 81(1) of the Treaty, provided no concerted action or exclusivity was evidenced. Accordingly, the reciprocal representation agreements appeared economically justified in a context where physical monitoring of copyright usage was required. The recent Commission decision "Simulcasting" [24] adapts the existing principles to the online environment and carries out a new assessment under EC competition rules of rights management activities. The absence of territorial boundaries in the on-line environment induced by the internet and digital format of the products enables users to choose any collecting society in the EEA which is a member of the one stop shop mechanism for the delivering of the licence. Furthermore, the parties undertook to increase transparency as regards the payment charged by separating the tariff which covers the royalty proper from the fee meant to cover the administrative costs. This way, commercial users will be able to recognise the most efficient societies in the EEA and seek their licences from the collecting societies that provide them at lower cost.

[23] See above.

Las conclusiones generales de esas consultas son las siguientes: en primer lugar, existe un consenso general en torno a la idea de que un mercado interior de derechos y excepciones no podría realizarse sin una base común suficiente sobre la forma de ejercer los derechos; en segundo lugar, en varios segmentos del mercado, la gestión colectiva interesa tanto a los titulares como a los usuarios y la mayoría de operadores acepta la función económica, cultural y social de las sociedades de gestión colectiva; en tercer lugar, existe una amplia demanda de una mayor convergencia de las condiciones de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, a fin de aumentar su eficacia y lograr autorizaciones más accesibles a escala comunitaria. No obstante, la Comisión observa que la percepción que los usuarios comerciales, los consumidores e incluso los propios titulares de los derechos tienen de la gestión colectiva varía de forma considerable. Esto ha desembocado en posiciones bastante dispares en los Estados miembros y también a escala comunitaria.

[24] Case COMP/C2/38.014 IFPI Simulcasting, Decision of 8 October 2002, OJ L107 of 30.04.2003, p.58.

Las críticas de los usuarios se han centrado en las tarifas, la supervisión de las sociedades de gestión colectiva y el acceso a los tribunales o el arbitraje. Más recientemente, se han extendido también a los gastos administrativos que cobran las sociedades, la duración de las negociaciones, las presuntas deficiencias en su proceso interno de toma de decisiones y la evidente falta de transparencia de su política de precios. La gestión colectiva también es objeto de críticas entre algunos titulares. Los que disponen de un poder de negociación suficiente, como los principales productores de fonogramas, procuran cada vez más no depender de las sociedades de gestión colectiva para gestionar sus derechos. Desde su perspectiva, al facilitar el marcado con filigrana, la identificación y el seguimiento de la utilización de las obras, la digitalización ha permitido en principio que los titulares puedan controlar individualmente los procesos de autorización y pago de derechos, lo que cuestiona la función de las sociedades de gestión colectiva.

3.5. The Issues that require a legislative approach

Esta opinión no la comparten necesariamente los titulares con menor capacidad de negociación propia, que pueden gestionar determinados derechos únicamente mediante las sociedades de gestión colectiva. No obstante, la mayoría de los titulares desearían una mayor flexibilidad por parte de estas sociedades respecto a la adquisición de derechos y una mayor influencia en la distribución de los derechos cobrados. Además, en cuanto a los acuerdos recíprocos, los titulares de derechos afines albergan dudas sobre el buen funcionamiento, entre sociedades que gestionan derechos afines, del sistema de contratos denominados de tipo «B», en virtud de los cuales no se transmite dinero y cada sociedad sólo cobra y distribuye los derechos utilizados en su territorio a sus propios titulares [16].

Whilst competition rules remain an effective instrument for regulating the market and the behaviour of the collecting societies, an Internal Market in the collective management of rights can be best achieved if the monitoring of collecting societies under competition rules is complemented by the establishment of a legislative framework on good governance.

[16] N.B: Los contratos de tipo «A» establecen la transmisión recíproca de los derechos cobrados sin aplicar ningún plazo a las demandas o a la transmisión.

The results of the consultation present a case for a legislative approach based on Internal Market rules and principles within the copyright framework, which would safeguard the functioning of the Internal Market for all players in respect of collective management. In order to achieve a level playing field on collective management in the Internal Market, common ground on the following features of collective rights management would be required:

3.5.1. The Establishment and Status of Collecting Societies

3.4. Gestión colectiva de los derechos y competencia

Diverging conditions and a number of models exist for establishing a collecting society. Regarding their status, collecting societies may be corporate, charitable, for profit or not for profit entities. The consultation process demonstrated that apparently, the efficiency of a collecting society is not linked to its legal form. A collecting society may be duly constituted in the form it chooses or is required under national law, as long as it complies with the relevant national legislation pertaining to any such entity and provided the respective national law has no discriminatory effects. This is subject to compliance with and review under Articles 82 and 86 of the Treaty where a collecting society is constituted as a legal monopoly or where it is granted special rights under national law.

Por lo que respecta a la aplicación de la legislación de la Unión Europea en materia de competencia a las sociedades de gestión colectiva, la intervención del Tribunal de Justicia y de la Comisión ha abordado tradicionalmente tres grandes temas: a) la relación de las sociedades de gestión colectiva con sus miembros, b) la relación entre las sociedades de gestión colectiva y los usuarios y c) la relación mutua entre diferentes sociedades de gestión colectiva. Desarrollos tecnológicos recientes, como Internet, han obligado la Comisión a reevaluar algunos de los principios previamente establecidos en ámbitos análogos.

However, as collecting societies, in their role as rightholders' trustees, have particular responsibilities due to the economic, cultural and social functions they fulfil, the establishment of a collecting society should be subject to similar conditions in all Member States. In order to promote good governance, common ground appears to be required at Community level in relation to the persons that may establish a society, the status of the latter, the necessary proof of efficiency, operability, accounting obligations, and a sufficient number of represented rightholders.

a) Desde el punto de vista de los titulares, las sociedades de gestión colectiva actúan como administradoras que gestionan sus derechos e intereses. El marco básico de la relación entre las sociedades de gestión colectiva y sus miembros sigue siendo lo establecido por la Comisión en las tres Decisiones GEMA [17], en concreto la cuestión de hasta qué punto es compatible con los artículos 81 y 82 del Tratado CE que las sociedades exijan la cesión de derechos por parte de sus miembros con respecto a todas las formas de utilización de una obra musical. La Comisión opina que posiblemente sea necesario, a la luz de la evolución tecnológica (por ejemplo, los servicios en línea), reconsiderar las «categorías GEMA» creadas en los años setenta. En una Decisión más reciente, la Comisión consideró que contemplar en los estatutos de una sociedad de gestión colectiva de manera obligatoria la cesión de todos los derechos de un autor, incluida su explotación en línea, equivale a un abuso de posición dominante con arreglo a la letra a) del artículo 82 del Tratado, dado que dicha práctica corresponde a la imposición de una condición comercial no equitativa [18]. Por lo que se refiere a la pertenencia a una sociedad de gestión colectiva, la Comisión ha afirmado que una sociedad de ese tipo en situación dominante no puede excluir a titulares procedentes de otros Estados miembros [19].

3.5.2. The Relation of Collecting Societies to Users

[17] GEMA I, Decisión de 20.6.1971, DO L 134, p. 15; GEMA II, Decisión de 6.7.1972, DO L 166, p. 22; GEMA III, Decisión de 4.12.1981, DO L 94, p.12.

Collecting societies usually represent a wide, if not worldwide repertoire and have an exclusive mandate for the administration of rights in relation to their field of activity. This puts them in an exclusive and strong position vis-à-vis users. This position is appreciated by most, as it enables collecting societies to function as one-stop-shops for licensing. However, users express some concerns about collective management, usually focused on the tariffs they have to pay and the licensing conditions. Societies should be obliged to publish their tariffs and grant a licence on reasonable conditions. Furthermore, it is essential for users to be in a position to contest the tariffs, be it through access to the courts, specially created mediation tribunals or with the assistance of public authorities which supervise the activities of collecting societies.

With respect to the licensing conditions, it should be noted that in some Member States, the obligation of collecting societies to grant licences is combined with the rule that such licences should be granted under appropriate or reasonable conditions. In turn, use without payment should not be permitted. Some Member States provide that potential users, who contest the tariffs of the collecting society can only proceed with the exploitation of the rights, if they have deposited a certain amount with the collecting society. A Community-wide application of these principles should be established in order to promote or safeguard access to protected works and other subject matter on appropriate terms.

[18] Banghalter & Homem Christo / Sacem (denominada decisión «Daftpunk»), asunto COMP/C2/37.219, Decisión de 6.8.2002; se puede consultar en

3.5.3. The Relation of Collecting Societies to Rightholders

Usually only one society operates for each group of rightholders in the territory in question as their trustee and it is the only gatekeeper of their market in respect of the collective management of their rights. The principles of good governance, non-discrimination, transparency and accountability of the collecting society in its relation to rightholders are, therefore, of particular importance. These principles should apply to the acquisition of rights (the mandate), the conditions of membership (including the end of that membership), of representation, and to the position of rightholders within the society (rightholders' access to internal documents and financial records in relation to distribution and licensing revenue and deductions, genuine influence of rightholders on the decision-making process as well as on the social and cultural policy of their society). Regarding the mandate, it should offer rightholders a reasonable degree of flexibility on its duration and scope. Furthermore, in the light of the deployment of Digital Rights Management (DRM) systems, rightholders should have, in principle, and unless the law provides otherwise, the possibility if they so desire to manage certain of their rights individually.

[19] GEMA I, Decisión de 20.6.1971, DO L 134, p. 15; GVL, Decisión de 29.10.1981, DO L 370, p. 49.

3.5.4. The External Control of Collecting Societies

In some Member States, collecting societies are subject to control by public authorities or specific bodies, but with very differing scope and efficiency. The external control encompasses the behaviour of the societies, their functioning, the control of tariffs and licensing conditions and also the dispute settlement. From an Internal Market viewpoint, the existing differences regarding the control of collecting societies are significant and cannot be ignored. Divergent rules on control from one Member State to another constitute obstacles to the interests of rightholders and users alike, given the exclusive position of most collecting societies and their network of reciprocal agreements. As a consequence, in all Member States, adequate external control mechanisms should be available. From an Internal Market viewpoint, it would appear useful to establish common ground on certain parameters of external control and make specific bodies (e.g. specialised tribunals, administrative authorities or arbitration boards) available in all Member States and to establish common ground on their competencies, their composition and the binding or non-binding nature of their decisions.

b) Las relaciones entre sociedades de gestión colectiva y los usuarios han dado lugar a tres cuestiones principales: las repercusiones en el comercio entre Estados miembros, el alcance material de las autorizaciones concedidas a los usuarios y el nivel de las tarifas cobradas a los concesionarios. Por ejemplo, como empresa dominante (y, en ocasiones, incluso monopolística), una sociedad de gestión colectiva no puede denegar, en virtud del artículo 82, una autorización a un usuario en su propio territorio sin un motivo legítimo. Además, el Tribunal de Justicia aclaró que las sociedades de gestión colectiva no pueden aplicar prácticas concertadas que tengan por efecto denegar sistemáticamente a los usuarios extranjeros el acceso directo a los repertorios respectivos de dichas sociedades; una posible justificación para ese tipo de negativa sería la imposibilidad de instaurar un sistema de control en el territorio extranjero [20]. En relación con las tarifas, el Tribunal observó que una de las más significativas diferencias entre las sociedades de gestión colectiva de los diversos Estados miembros radica en la cuantía de los gastos de funcionamiento. Consideró que no puede excluirse que sea precisamente la inexistencia de competencia en el mercado en cuestión lo que permita explicar la magnitud del aparato administrativo y, por tanto, la elevada cuantía de los derechos [21]. Asimismo, el Tribunal declaró que el artículo 82 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que una sociedad de gestión colectiva de un Estado miembro determinado abusa de su posición dominante si impone condiciones no equitativas a sus socios comerciales, por ejemplo si les cobra tarifas sustancialmente más elevadas que las que aplica en los restantes Estados miembros, salvo que las diferencias se justifiquen por factores objetivos y pertinentes [22].

3.6. Conclusions

[20] Ministère public c/ Tournier, asunto 395/87 de 13 de julio de 1989, Rec. 1989, p. 2521.

In order to achieve a genuine Internal Market for both the off-line and on-line exploitation of intellectual property, more common ground on several features of collective management is required. This would safeguard its functioning throughout the Community and permit it to continue to represent a valuable option for the management of rights benefiting rightholders and users alike. Achieving more common ground on collective management should be guided by copyright principles and the needs of the Internal Market. It should result in more efficiency and transparency and a level playing field on certain features of collective management. Abstaining from any legislative action does not seem to be an option anymore. To rely on soft law, such as codes of conduct agreed upon by the market place, appears to be no appropriate option. The conclusions of the consultation process have confirmed the need for complementary action on those aspects of collective management, which affect cross-border trade and have been identified as impeding the full potential of the Internal Market. Such an action would respect the subsidiarity and proportionality principles and would harmonise certain features of collective management. In order to achieve the objectives outlined in this Communication, the Commission intends to propose a legislative instrument on certain aspects of collective management and good governance of the collecting societies. This initiative which will be subject to a public consultation, will take account of recent developments in the market and legislation of the present and the new Member States.

[21] Véase la nota anterior.

[22] Lucazeau / SACEM, asuntos 110/88, 241/88 y 242/88 de 13 de julio de 1989, Rec. 1989, p. 2811.

c) En cuanto a los acuerdos recíprocos entre las sociedades de gestión colectiva, el Tribunal de Justicia abordó la relación recíproca entre dichas sociedades con ocasión de los asuntos Tournier y Lucazeau [23] en 1989, y concluyó que los acuerdos recíprocos de representación celebrados por las sociedades de gestión colectiva en Europa no estaban contemplados, como tales, por el apartado 1 del artículo 81 del Tratado, siempre que no hubiera pruebas de acción concertada o exclusividad. Por consiguiente, los acuerdos recíprocos de representación parecían justificarse desde un punto de vista económico, en un contexto en que se exigía el control físico de la utilización de los derechos de autor. La reciente Decisión «Simulcasting» de la Comisión [24] adapta los principios existentes al entorno en línea y realiza una nueva evaluación, a la luz de las normas comunitarias sobre competencia, de las actividades de gestión de derechos. La falta de fronteras territoriales en el entorno en línea provocada por Internet y el formato digital de los productos permite a los usuarios escoger para la concesión de la licencia a cualquier sociedad de gestión colectiva del EEE que forme parte del mecanismo de ventanilla única. Además, las partes se comprometieron a aumentar la transparencia de los honorarios cobrados, separando la tarifa correspondiente a los derechos de autor en sí del pago necesario para cubrir los costes administrativos. {0De este modo, los usuarios comerciales podrán reconocer a las sociedades más eficaces del EEE y solicitar sus licencias a las sociedades de gestión colectiva que las faciliten a un coste menor.

[23] Véase más arriba.

[24] Asunto COMP/C2/38.014 IFPI Simulcasting, Decisión de 8 de octubre de 2002, DO L 107 de 30.4.2003, p. 58.

3.5. Problemas que requieren un enfoque legislativo

Aunque las reglas de la competencia siguen siendo un instrumento eficaz para la reglamentación del mercado y el comportamiento de las sociedades de gestión colectiva, la realización de un mercado interior de la gestión colectiva de los derechos se conseguirá más fácilmente si el control de las sociedades de gestión colectiva con arreglo a las reglas de competencia se complementa con la creación de un marco legislativo sobre buen gobierno.

Los resultados de la consulta respaldan la adopción de un enfoque legislativo, basado en las normas y principios del mercado interior correspondientes a los derechos de autor, que protegería el funcionamiento del mercado interior para todos los operadores en relación con la gestión colectiva. A fin de conseguir unas condiciones uniformes para la gestión colectiva en el mercado interior, la gestión colectiva de los derechos debería compartir las características siguientes.

3.5.1. Creación y estatuto de las sociedades de gestión colectiva

Existen condiciones diversas y modelos variados para crear una sociedad de gestión colectiva. En relación con su estatuto, las sociedades de gestión colectiva pueden ser entidades empresariales, benéficas, con o sin ánimo de lucro. El proceso de consultas demostró que, al parecer, la eficacia de una sociedad de gestión colectiva no depende de su forma jurídica. Una sociedad de gestión colectiva puede estar debidamente constituida en la forma que elija o como lo exija el Derecho nacional, siempre que se ajuste a la legislación nacional pertinente y que el Derecho nacional respectivo no presente efectos discriminatorios, sin perjuicio del cumplimiento de los artículos 82 y 86 del Tratado y de la revisión con arreglo a los mismos, cuando la sociedad de gestión colectiva esté constituida como monopolio legal o cuando disfrute de derechos especiales en virtud del Derecho nacional.

Sin embargo, dado que las sociedades de gestión colectiva, en su papel de administradoras de los titulares, detentan responsabilidades concretas debido a las funciones económicas, culturales y sociales que cumplen, la creación de una sociedad de gestión colectiva debería estar sujeta a condiciones similares en todos los Estados miembros. A fin de promover el buen gobierno, parece necesario que a escala comunitaria exista un consenso sobre las personas que pueden crear una sociedad, su estatuto, la prueba necesaria de su eficacia, su operabilidad, las obligaciones contables y un mínimo de titulares representados.

3.5.2. Relación de las sociedades de gestión colectiva con los usuarios

Las sociedades de gestión colectiva representan generalmente un repertorio muy amplio, cuando no mundial, y tienen un mandato exclusivo para la administración de derechos relativos a su sector de actividad. Ello las coloca en una posición exclusiva y sólida frente a los usuarios, lo que la mayoría de ellos aprecian, pues permite que las sociedades de gestión colectiva funcionen como ventanillas únicas para la autorización. No obstante, los usuarios expresan una cierta inquietud en relación con las tarifas que deben pagar y las condiciones de la autorización. Debería obligarse a las sociedades a publicar sus tarifas y a conceder las licencias en condiciones razonables. Por otro lado, es esencial que los usuarios puedan impugnar las tarifas, ya sea ante los tribunales ordinarios, ante tribunales de mediación creados especialmente para ello o con la asistencia de los poderes públicos que controlan la actividad de las sociedades de gestión colectiva.

Respecto a las condiciones de autorización, cabe señalar que, en algunos Estados miembros, la obligación de las sociedades de gestión colectiva de conceder autorizaciones se combina con la norma de que dichas autorizaciones deben concederse en condiciones adecuadas o razonables. Al mismo tiempo, tampoco debería permitirse una utilización sin pagar. Algunos Estados miembros establecen que los usuarios potenciales que impugnen las tarifas de una sociedad de gestión colectiva sólo podrán seguir explotando los derechos cuando hayan entregado a esta sociedad una cantidad determinada. Debería establecerse la aplicación comunitaria de estos principios para fomentar o salvaguardar el acceso a las obras y demás prestaciones protegidas en condiciones apropiadas.

3.5.3. Relación de las sociedades de gestión colectiva con los titulares

En general, en el territorio en cuestión sólo opera una sociedad como administradora de cada grupo de titulares, y es la única guardiana del acceso a su mercado en relación con la gestión colectiva de sus derechos. Los principios de buen gobierno, no discriminación, transparencia y responsabilidad de la sociedad de gestión colectiva en su relación con los titulares revisten, por tanto, particular importancia y deberían aplicarse a la adquisición de derechos (mandato), las condiciones de admisión (y de exclusión), de representación y la posición de los titulares en la sociedad (acceso de los titulares a los documentos internos y a registros financieros en relación con la distribución y los ingresos procedentes de las autorizaciones y deducciones, influencia real de los titulares en la toma de decisiones y en la política social y cultural de su sociedad). Por lo que respecta al mandato, debería ofrecerse a los titulares un grado razonable de flexibilidad respecto a su duración y alcance. Por otro lado, visto el despliegue de sistemas digitales de gestión de derechos (DRM), los titulares deberían tener, en principio y salvo que la ley prevea lo contrario, la posibilidad de administrar individualmente algunos de sus derechos si así lo desean.

3.5.4. Control externo de las sociedades de gestión colectiva

En algunos Estados miembros, las sociedades de gestión colectiva son objeto de control por los poderes públicos u organismos específicos, aunque el alcance y la eficacia de este control varían. El control externo incluye el comportamiento de las sociedades, su funcionamiento, el control de tarifas y condiciones de autorización y la resolución de litigios. Desde el punto de vista del mercado interior, las diferencias existentes en el control de las sociedades de gestión colectiva son significativas y han de tenerse en cuenta. Reglas divergentes sobre control entre un Estado miembro y otro constituyen obstáculos a los intereses de los usuarios y titulares por igual, habida cuenta de la posición exclusiva de la mayoría de las sociedades de gestión colectiva y su red de acuerdos recíprocos. Como consecuencia de ello, debería disponerse en todos los Estados miembros de mecanismos adecuados de control externo. También desde la perspectiva del mercado interior, sería útil establecer parámetros comunes de control externo e instaurar organismos específicos en todos los Estados miembros (por ejemplo, tribunales específicos, autoridades administrativas u órganos de arbitraje) y ponerse de acuerdo sobre sus competencias, composición y el carácter vinculante o no vinculante de sus resoluciones.

3.6. Conclusiones

Para conseguir un auténtico mercado interior para la explotación fuera de línea y en línea de la propiedad intelectual, es necesario un mayor consenso sobre varias características de la gestión colectiva. Se protegería así su funcionamiento en toda la Comunidad y podría seguir siendo una opción valiosa para la gestión de los derechos que beneficie igualmente a titulares y usuarios. Esta búsqueda de consenso debería guiarse por los principios de protección de los derechos de autor y las necesidades del mercado interior. Se obtendría de esta forma una mayor transparencia y eficacia y unas condiciones equitativas para algunas características de la gestión colectiva. Ya no parece posible evitar la adopción de medidas legislativas. Tampoco parece adecuado recurrir a normas «blandas», como códigos de conducta acordados por el mercado. Las conclusiones del proceso de consultas han confirmado la necesidad de adoptar medidas complementarias en aquellos aspectos de la gestión colectiva que afectan al comercio transfronterizo y que se considera impiden desarrollar todo el potencial del mercado interior. Estas medidas deberían respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y armonizarían algunas características de la gestión colectiva. Para conseguir los objetivos expuestos en la presente Comunicación, la Comisión tiene la intención de proponer un instrumento legislativo sobre determinados aspectos de la gestión colectiva y el buen gobierno de las sociedades de gestión colectiva. Esta iniciativa, que se someterá a consulta pública, tendrá en cuenta la reciente evolución del mercado y la legislación de los "viejos" y nuevos Estados miembros.