EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

1.1. Contexto general

Las fundaciones desempeñan un importante papel en la UE, especialmente en la sociedad civil. A través de las diversas actividades que desarrollan en numerosas esferas, contribuyen a los valores y objetivos fundamentales de la Unión, como el respeto de los derechos humanos, la protección de las minorías, el empleo y el progreso social, la protección y mejora del medio ambiente o la promoción de los avances científicos y tecnológicos. En este contexto, realizan una contribución sustancial al logro de los ambiciosos objetivos de alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador establecidos en la‎ Estrategia Europa 2020[1]. Además, favorecen y facilitan una participación más activa de los ciudadanos y la sociedad civil en el proyecto comunitario. Sin embargo, las fundaciones se enfrentan a diversos obstáculos en el ejercicio de sus actividades en la UE.

La Comunicación sobre el Acta del Mercado Único[2] adoptada en abril de 2011 puso de relieve la necesidad de poner fin a la fragmentación del mercado y de eliminar los obstáculos que se oponen a la circulación de los servicios, a la innovación y a la creatividad con el fin de favorecer el crecimiento y el empleo y de promover la competitividad. En dicha Comunicación se destacaba la importancia de fortalecer la confianza de los ciudadanos en el mercado único y de ofrecer a los consumidores todas sus ventajas. En el contexto de la contribución de las fundaciones a la economía social y a la financiación de iniciativas innovadoras de interés público, el Acta del Mercado Único instaba a adoptar medidas para eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las fundaciones en sus operaciones transfronterizas. Ese mismo llamamiento se repitió en el informe sobre la ciudadanía de la UE 2010, titulado «La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE»[3], que destacaba la importancia de reforzar la dimensión europea de las actividades de las fundaciones de utilidad pública con vistas a promover la acción ciudadana a nivel de la UE.

Además, en su Comunicación «Iniciativa en favor del emprendimiento social»[4], de 25 de octubre de 2011, ‎la Comisión subrayó la importancia de desarrollar formas jurídicas europeas ‎para las entidades del sector de la economía social (como las fundaciones, las cooperativas ‎o las mutuas).‎ El objetivo de dicha iniciativa es respaldar el desarrollo de empresas cuya principal finalidad sea lograr una repercusión social a través de sus actividades, y las medidas previstas en el marco de la iniciativa van dirigidas y benefician a las entidades de la economía social (incluidas las fundaciones) que se ajustan al criterio general de «empresa social» establecido en la Comunicación.

En su resolución en respuesta al Acta del Mercado Único de la Comisión, el Parlamento Europeo instó a adoptar un marco jurídico apropiado para las fundaciones (así como para las sociedades mutuas y las asociaciones); defendió la introducción de estatutos para esas entidades jurídicas en su declaración por escrito nº 84/2010 de marzo de 2011; y en sus resoluciones anteriores de 2009 y 2006, exhortó a la Comisión a trabajar en pos de ese objetivo[5]. El Comité Económico y Social Europeo defendió la adopción de un estatuto en su dictamen de iniciativa de 2010[6], en el que se exponían sus reflexiones sobre cómo debería elaborarse dicho estatuto, y el Comité de las Regiones respaldó la iniciativa relativa a las fundaciones anunciada por la Comisión en el Acta del Mercado Único[7].

1.2. Motivación y objetivos de la propuesta

Las fundaciones no pueden canalizar fondos eficientemente a escala transfronteriza en la UE. Cuando deciden llevar a cabo operaciones transfronterizas, las fundaciones se ven obligadas a dedicar parte de los recursos que recaudan a hacer frente a los gastos derivados del asesoramiento jurídico y del cumplimiento de los requisitos legales y administrativos establecidos por las diferentes legislaciones nacionales.

La presente iniciativa crea una nueva forma jurídica europea cuyo propósito es facilitar la constitución de fundaciones y su funcionamiento en el mercado único. La iniciativa permitirá que las fundaciones canalicen de forma más eficiente fondos privados hacia fines de utilidad pública sobre una base transfronteriza en la UE. A su vez, esto debería traducirse —debido, por ejemplo, a la reducción de los costes de las fundaciones— en la disponibilidad de un mayor volumen de financiación para actividades de interés público y, por consiguiente, debería tener efectos positivos en el bien público de los ciudadanos europeos y en el conjunto de la economía de la UE.

Esta propuesta no pretende regular la situación particular de las fundaciones políticas afiliadas a partidos políticos a escala europea. Estas fundaciones están sujetas a normas específicas, en virtud de la legislación de la UE, desde 2007, en particular por lo que respecta a su acceso a la financiación de la UE (al igual que los partidos políticos a escala europea)[8]. La Comisión está revisando actualmente esas normas y adoptará una propuesta legislativa de modificación de las mismas en el transcurso de 2012[9].

2. RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Al elaborar la presente propuesta, la Comisión se basó en gran medida en las aportaciones de expertos externos y celebró amplias consultas con diferentes grupos de interesados.

En primer lugar se llevó a cabo un estudio de viabilidad —de cuya ejecución se encargó un consorcio formado por el Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero e Internacional Privado de Hamburgo y la Universidad de Heidelberg (Centro para la Inversión Social)[10]— que se publicó en 2008; dicho estudio sugería que el estatuto de la fundación europea (con independencia de que en él se abordasen o no las cuestiones tributarias) sería la opción preferible para dar respuesta a los problemas identificados.

En segundo lugar, la Comisión celebró entre febrero y mayo de 2009 una consulta pública sobre las recomendaciones del estudio de viabilidad. Mientras las fundaciones expresaron un firme apoyo al estatuto, las autoridades nacionales y, en determinada medida, las organizaciones empresariales se mostraron más escépticas en cuanto a la necesidad y la viabilidad de dicha forma jurídica. Una consulta más general sobre la Comunicación «Hacia un Acta del Mercado Único» en 2010-2011 puso de manifiesto además el fuerte interés del sector no lucrativo en el estatuto.

Además, la Comisión recabó información adicional sobre los problemas concretos surgidos a través de conversaciones bilaterales con las fundaciones, en particular durante la «Semana Europea de las Fundaciones» celebrada en junio de 2010 y por medio de los contactos mantenidos con el Centro Europeo de Fundaciones (EFC por sus siglas en inglés).

La Comisión también recogió información de las autoridades nacionales relativa a la legislación aplicable en cada país en esta materia a través de un cuestionario y de la celebración de debates posteriores en el seno del Grupo de Expertos en Derecho Mercantil (CLEG, por sus siglas en inglés)[11] en 2009, 2010 y 2011. Muchos Estados miembros expresaron reservas con respecto a la necesidad de crear nuevas formas jurídicas europeas, incluida la relativa a las fundaciones.

La Comisión tuvo en cuenta los comentarios y las preocupaciones anteriores al elaborar la propuesta, basándose en un análisis de las necesidades de las fundaciones y de los sistemas jurídicos nacionales y optando por soluciones (por ejemplo, en lo tocante al alcance de la iniciativa) sobre las que pudiera llegarse más fácilmente a un compromiso dada la diversidad de leyes nacionales.

La evaluación de impacto se ha basado en los datos recopilados según lo descrito. El problema general que se identificó era que la diversidad de normas nacionales en los ámbitos civil y fiscal hacen que las operaciones transfronterizas de las fundaciones resulten costosas y engorrosas y que, como consecuencia de ello, la canalización transfronteriza de fondos hacia fines de utilidad pública a través de las fundaciones sea una vía ampliamente infrautilizada. Entre los problemas más específicos identificados cabe citar la incertidumbre en cuanto al reconocimiento de una fundación como entidad de utilidad pública en otros Estados miembros, los costes asociados a la puesta en común y la distribución de los fondos sobre una base transfronteriza y el reducido volumen de donaciones transfronterizas.

Se han considerado las siguientes opciones: 1) no adoptar ninguna nueva iniciativa a escala de la UE; 2) una campaña informativa y una carta de calidad voluntaria; 3) un estatuto de la fundación europea (que aborde o no las cuestiones tributarias); y 4) una armonización limitada de las disposiciones legales sobre las fundaciones.

La primera de las opciones anteriores, esto es, la de no adoptar medidas, implicaría continuar con las iniciativas en curso, incluidos los procedimientos de infracción y el trabajo en la esfera tributaria, garantizando la plena aplicación de la Directiva de servicios, las iniciativas de carácter no legislativo en la esfera de la investigación y las iniciativas del sector de las fundaciones para apoyar las donaciones transfronterizas.

La opción consistente en llevar a cabo una campaña informativa perseguiría el objetivo de mejorar el conocimiento que tienen las fundaciones de sus derechos y obligaciones, en virtud de las leyes nacionales, al efectuar operaciones transfronterizas. Además, la opción de que las fundaciones elaboren voluntariamente una carta de calidad y el correspondiente «sello de calidad europeo» que podría concederse para distinguir a las fundaciones que cumpliesen dicha carta buscarían garantizar la calidad y la fiabilidad de las actividades de las fundaciones.

La opción de elaborar el estatuto de la fundación europea sin abordar las cuestiones tributarias propone una forma jurídica alternativa para las fundaciones; no exigiría modificar las formas actuales de las fundaciones nacionales y su uso sería voluntario. Dicho estatuto establecería determinados requisitos (por ejemplo un nivel mínimo de activos, perseguir fines de utilidad pública tal como se definen en la mayoría de los Estados miembros) para que una entidad se convierta en fundación europea.

La opción consistente en elaborar un estatuto de la fundación europea que aborde las cuestiones tributarias exigiría además que los Estados miembros otorgasen a las fundaciones europeas una consideración equivalente a la de las fundaciones nacionales de utilidad pública, concediéndoles las mismas ventajas fiscales que las que se aplican a esas fundaciones nacionales. Esta misma solución se aplicaría con respecto a los donantes y beneficiarios de la fundación europea.

Una armonización limitada de las disposiciones legales sobre las fundaciones implicaría la armonización de los requisitos que deben cumplir las fundaciones para registrarse y operar en el extranjero, es decir, los fines que se consideran aceptables para una fundación de utilidad pública, un nivel mínimo de activos, requisitos relativos al registro y determinados aspectos relacionados con el gobierno interno de estas entidades. Los Estados miembros tendrían que permitir que las fundaciones que cumplan los criterios armonizados actúen en sus países sin imponer requisitos adicionales. También se consideraron las opciones consistentes en introducir una mayor armonización en las leyes nacionales que regulan las fundaciones y en el tratamiento fiscal de estas entidades y de sus donantes.

El análisis de impacto de las diferentes opciones propuestas puso de manifiesto que el estatuto de la fundación europea con aplicación automática de un tratamiento fiscal no discriminatorio sería la opción más adecuada, puesto que eliminaría los obstáculos transfronterizos a los que se enfrentan las fundaciones y los donantes y facilitaría una canalización eficiente de los fondos con fines de utilidad pública.

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Base jurídica

La base jurídica de la propuesta de Reglamento sobre el estatuto de la fundación europea es el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que proporciona la base jurídica apropiada en ausencia de otras disposiciones del Tratado que otorguen a las instituciones comunitarias las facultades necesarias para adoptar una determinada medida.

El artículo 352 representa la base jurídica elegida para las formas jurídicas europeas en el ámbito del Derecho de sociedades, esto es, la sociedad anónima europea, la agrupación europea de interés económico y la sociedad cooperativa europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó en su sentencia[12] sobre la sociedad cooperativa europea que el artículo 352 representaba la base jurídica correcta.

3.2. Subsidiariedad y proporcionalidad

La actuación propuesta se ajusta plenamente, por tanto, al principio de subsidiariedad. Es necesaria la actuación a escala comunitaria con el fin de eliminar las barreras y las restricciones a las que las fundaciones se enfrentan actualmente en las operaciones que desarrollan en el seno de la Unión. La situación actual demuestra que el problema no se aborda adecuadamente en el ámbito nacional y que su carácter transfronterizo requiere un marco común que permita mejorar la movilidad de las fundaciones. La actuación de los Estados miembros por sí solos no permitirá que el mercado único ofrezca unos resultados óptimos a los ciudadanos de la UE. Esta iniciativa brinda a las fundaciones la posibilidad de optar por la forma jurídica europea propuesta, que facilitará sus actividades transfronterizas.

La acción propuesta resulta adecuada y no va más allá de lo necesario para lograr de forma satisfactoria los objetivos establecidos, cumpliendo así con el principio de proporcionalidad. Su objetivo es crear una nueva forma jurídica adicional a las formas nacionales existentes, dejando inalteradas las leyes nacionales vigentes en la materia. La iniciativa propuesta permite a los Estados miembros decidir si mantienen y desarrollan sus formas jurídicas nacionales y en qué medida. Además, en lo que respecta a tributación, no supondrá la sustitución de las leyes de los Estados miembros relativas al tratamiento fiscal de las fundaciones de utilidad pública (y sus donantes) con un nuevo conjunto de normas armonizadas, sino que hará que las normas vigentes sean de aplicación automática a la fundación europea (y sus donantes). La acción propuesta permitirá abordar los obstáculos más significativos con los que se encuentran las fundaciones en sus operaciones transfronterizas, sin detallar de forma exhaustiva todas las normas aplicables a la fundación europea ni introducir un conjunto nuevo de normas tributarias.

3.3. Instrumentos elegidos

Un Reglamento representa el medio más adecuado para garantizar la uniformidad del estatuto en todos los Estados miembros, dado que una forma jurídica europea requiere la aplicación uniforme y directa de las normas en toda la UE.

4. EXPOSICIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA

El Capítulo I (Disposiciones generales) contiene el objeto, las normas aplicables a la fundación europea y un conjunto de definiciones con el fin de garantizar la claridad de los términos utilizados a efectos del Reglamento.

En él se establecen las características principales de la fundación europea: es una entidad que persigue un fin de utilidad pública, dotada de personalidad jurídica y que goza de plena capacidad jurídica en todos los Estados miembros de la UE; presenta una dimensión transfronteriza en términos de actividades o tiene por objetivo, según sus estatutos, llevar a cabo actividades en al menos dos Estados miembros; el valor de sus activos de constitución asciende, como mínimo, a 25 000 euros. La fundación europea puede desarrollar actividades económicas en la medida en que los beneficios obtenidos se utilicen para su(s) fin(es) de interés público, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento. En aras de la seguridad jurídica, se incluye una lista exhaustiva de los fines de utilidad pública aceptados en virtud del Derecho civil y fiscal en la mayoría de los Estados miembros.

El Capítulo II (Constitución) define los métodos de constitución de la fundación europea, el contenido mínimo de sus estatutos y los requisitos relativos a su registro.

Con respecto a su constitución, la fundación europea puede constituirse ex nihilo (mediante disposición testamentaria, escritura notarial o por medio de una declaración por escrito formulada por una o varias personas físicas o jurídicas u organismos públicos de conformidad con el Derecho nacional aplicable), por fusión de entidades de utilidad pública legalmente constituidas en uno o más Estados miembros o por conversión de una entidad nacional de utilidad pública legalmente constituida en un Estado miembro en fundación europea.

En este capítulo se establece una lista de actos e indicaciones que deben acompañar a las solicitudes de registro, y que deben revelarse públicamente. Además, con el fin de facilitar el proceso de registro, se exige a los registros que cooperen entre sí con respecto a los actos e indicaciones de la fundación europea.

El Capítulo III (Organización de la fundación europea) establece una serie de reglas relativas al consejo de dirección, los directores ejecutivos y el consejo de supervisión, incluidas las relacionadas con los conflictos de intereses. En orden a garantizar su credibilidad y su fiabilidad, la fundación europea debe actuar con arreglo a unos altos niveles de transparencia y responsabilidad.

Capítulo IV (Domicilio social y su traslado). La fundación europea puede trasladar su domicilio social a otro Estado miembro, sin perder su personalidad jurídica y sin necesidad de liquidación.

El Capítulo V (Participación de empleados y personal voluntario) contiene reglas relativas a la información y consulta de los empleados y el personal voluntario, de conformidad con la normativa pertinente de la UE. La propuesta no contiene reglas sobre la participación de los empleados en el consejo, puesto que la participación en los consejos de las entidades de utilidad pública está prevista en un número muy limitado de Estados miembros.

Capítulo VI (Disolución de la fundación europea). El Reglamento permite la conversión inversa de la fundación europea en una entidad de utilidad pública que se rija por el Derecho del Estado miembro en el que tenga su domicilio social, a condición de que dicha conversión sea admisible de acuerdo con los estatutos de la fundación europea. También contiene reglas sobre la liquidación en los casos en que la fundación europea haya logrado su objetivo o se vea en la imposibilidad de lograrlo, haya expirado el período para el que se constituyó o la entidad haya perdido todos sus activos.

El Capítulo VII (Supervisión de los Estados miembros) otorga amplios poderes a las autoridades de supervisión nacionales competentes con objeto de permitirles supervisar eficazmente las actividades de las entidades de utilidad pública de las que son responsables. Dichas autoridades tienen, por ejemplo, la facultad de aprobar una modificación del objeto de la fundación europea, investigar los asuntos de la fundación europea, emitir advertencias al consejo de dirección y ordenarle que cumpla los estatutos de la entidad, el Reglamento y la legislación nacional aplicable, cesar o proponer a un tribunal el cese de un miembro del consejo, así como liquidar o proponer a un tribunal la liquidación de la fundación europea. Las autoridades de supervisión también deberán cooperar e intercambiar información entre sí; se incluyen reglas con respecto a la cooperación de los registros y las autoridades de supervisión con las autoridades tributarias.

Capitulo VIII (Tratamiento fiscal). El Reglamento dispone la aplicación automática a la fundación europea y sus donantes de las mismas ventajas fiscales que las otorgadas a las entidades nacionales de utilidad pública. Esto se debe a que se exigirá a los Estados miembros que consideren las fundaciones europeas como equivalentes a las entidades de utilidad pública constituidas en virtud de su propia legislación nacional. Los donantes y los beneficiarios de la fundación europea deben ser tratados de conformidad con ese mismo principio.

El Capítulo IX (Disposiciones finales) dispone que los Estados miembros establezcan normas relativas a las sanciones que deben imponerse en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y tomen todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. La propuesta incluye una cláusula de reexamen.

5. IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión Europea.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

El Reglamento propuesto es pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo.

2012/0022 (APP)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 352,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Vista la aprobación del Parlamento Europeo[13],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[14],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[15],

De conformidad con un procedimiento legislativo especial,

Considerando lo siguiente:

(1) A través de las diversas actividades que desarrollan en numerosas esferas, las entidades de utilidad pública contribuyen a los valores y objetivos fundamentales de la Unión, como el respeto de los derechos humanos, la protección de las minorías, el empleo y el progreso social, la protección, conservación y mejora del medio ambiente o la promoción de los avances científicos y tecnológicos.

(2) El marco jurídico en el que las entidades de utilidad pública desarrollan sus actividades en la Unión está basado en leyes nacionales, sin armonización a escala de la Unión. Además, existen diferencias sustanciales entre las legislaciones en materia civil y fiscal en función de los Estados miembros. Esas diferencias hacen que las operaciones transfronterizas de las entidades de utilidad pública resulten costosas y complicadas. Como consecuencia de ello, la canalización transfronteriza de fondos hacia fines de utilidad pública es una vía ampliamente infrautilizada.

(3) En vista de los problemas a los que se enfrentan las entidades de utilidad pública y del hecho de que no existe ninguna otra forma jurídica europea que puedan utilizar para el ejercicio de sus actividades, resulta pertinente establecer una forma europea específicamente diseñada para esas entidades, que podría crearse en toda la Unión. Dicha forma jurídica debe presentar el mayor grado posible de uniformidad en toda la Unión con el fin de promover de manera óptima las actividades transfronterizas de interés público.

(4) El Parlamento Europeo adoptó sendas resoluciones el 6 de abril de 2011, sobre el mercado único para los europeos[16], el 19 de febrero de 2009, sobre la economía social[17], y el 4 de julio de 2006, sobre la evolución reciente y las perspectivas en materia de Derecho de sociedades[18], y el 10 de marzo de 2011 publicó una declaración por escrito sobre el establecimiento de un estatuto europeo para las mutualidades, asociaciones y fundaciones[19], en la que instaba a elaborar un Estatuto de la Fundación Europea.

(5) El Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen el 28 de abril de 2010 sobre el Estatuto de la Fundación Europea[20]. El Comité de las Regiones emitió un dictamen el 1 de abril de 2011 sobre el Acta del Mercado Único[21]. Ambos dictámenes respaldaban la iniciativa de la Comisión de establecer un Estatuto de la Fundación Europea.

(6) La fundación europea (en lo sucesivo «FE») debe regirse por las normas sustantivas que se establecen en el presente Reglamento y por los estatutos de la FE. Resulta oportuno que se apliquen a aquellos asuntos no regulados, o regulados solo parcialmente, en el Reglamento o en los estatutos de la FE las disposiciones del Derecho nacional aplicables a las entidades de utilidad pública.

(7) La FE debe perseguir exclusivamente fines de utilidad pública, entendiendo por tales aquellos que favorezcan a un grupo de beneficiarios definido de forma amplia. Dado que las actividades de las entidades de utilidad pública se centran en esferas que son importantes para los ciudadanos europeos y la economía europea, dicho ámbito de actuación aportaría los mayores beneficios sociales, económicos y medioambientales. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, el fin de utilidad pública se definirá a través de una lista exhaustiva de fines.

(8) El principal objetivo del Estatuto es eliminar los obstáculos con los que se encuentran las fundaciones cuando desarrollan operaciones transfronterizas en el seno de la Unión. Por consiguiente, la acción de la Unión debe centrarse en aquellas entidades de utilidad pública que ya desarrollan actividades en otros Estados miembros o que recogen en sus estatutos la intención de hacerlo.

(9) La FE debe poseer activos con un determinado valor mínimo que asegure su credibilidad de cara a los donantes y las autoridades públicas, demuestre la seriedad de su objetivo e impida el uso indebido de esta forma jurídica. No obstante, el requisito relativo al valor mínimo de los activos no debe suponer que la constitución de la Fundación Europea resulte excesivamente costosa, dificultando así el uso de esta forma jurídica.

(10) Para ser plenamente operativa, la FE debe estar dotada de personalidad jurídica y de plena capacidad jurídica en todos los Estados miembros; asimismo, debe ser capaz de desarrollar cualquier actividad necesaria para la consecución de su fin de utilidad pública, siempre y cuando dichas actividades se ajusten a sus estatutos y al presente Reglamento.

(11) La posibilidad de llevar a cabo actividades económicas, relacionadas o no con su fin de utilidad pública, ofrecería a la FE una fuente sustancial de financiación y de recursos para incrementar los fondos disponibles para fines de utilidad pública, por lo que debe concederse dicha posibilidad. Sin embargo, con vistas a garantizar un adecuado uso de los activos y la protección de los acreedores, debe establecerse un límite para las actividades económicas permitidas que no guarden relación con el fin de utilidad pública.

(12) Para que la FE pueda llevar a cabo sus operaciones transfronterizas, debe disfrutar, cuando sea necesario, de un derecho de establecimiento en el sentido previsto en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(13) Con el fin de hacer que la FE sea ampliamente accesible a los fundadores y las fundaciones, debe ser posible crear la FE ex nihilo, por fusión entre entidades nacionales de utilidad pública o por conversión de una entidad nacional de utilidad pública en FE. Con objeto de facilitar la creación de la FE por conversión o por fusión transfronteriza, resulta oportuno que el Reglamento establezca normas que definan los procedimientos respectivos. Las fusiones entre entidades de utilidad pública que tengan sus respectivos domicilios sociales en el mismo Estado miembro deben regirse por el Derecho de ese Estado miembro.

(14) Al objeto de no imponer cargas innecesarias a las entidades de utilidad pública, los trámites de registro de la FE deben limitarse a los que sean necesarios para garantizar la seguridad jurídica. Los registros nacionales deben notificar a la Comisión las FE inscritas en ellos.

(15) Con el fin de permitir que las estructuras jurídicas de las FE se adapten a sus necesidades y a su tamaño y que puedan evolucionar a medida que vayan desarrollando su actividad, resulta oportuno que la FE pueda determinar libremente en sus estatutos la organización interna que más le convenga. No obstante, el Reglamento debe establecer una serie de normas obligatorias con respecto al gobierno de estas entidades, así como, en particular, sobre las funciones y obligaciones de su consejo de dirección y el número mínimo de miembros del mismo. La FE debe tener la posibilidad de crear un consejo de supervisión u otros órganos. A fin de facilitar la formulación de opiniones independientes y los cuestionamientos críticos, el consejo de dirección y el consejo de supervisión de la FE deberán ser suficientemente diversos en términos de edad, sexo, nivel educativo y antecedentes profesionales. El equilibrio entre hombres y mujeres reviste especial importancia para asegurar una representación adecuada de la población. Debido a las diferencias existentes entre los diversos regímenes nacionales, la responsabilidad de los directores debe regirse por la legislación nacional aplicable.

(16) Es fundamental que los activos de la FE se utilicen para la realización de su fin de utilidad pública. Deben establecerse normas claras para evitar cualquier conflicto de intereses que pueda poner en peligro este principio. A este respecto, conviene tener presente que, no solo un conflicto de intereses real, sino también la mera apariencia de un conflicto de intereses puede afectar a la reputación y la imagen de la FE.

(17) En aras de la credibilidad y la fiabilidad, la FE debe actuar con arreglo a unos altos niveles de transparencia y responsabilidad. La FE ha de mantener registros de sus operaciones financieras y elaborar cuentas anuales. ‎Dichas cuentas deben auditarse de conformidad con los requisitos previstos en la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de ‎‎2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas ‎consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del ‎Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo‎[22], y hacerse públicas.

(18) Para permitir a la FE aprovechar todos los beneficios que ofrece el mercado único, debe tener la posibilidad de trasladar su domicilio social de un Estado miembro a otro.

(19) Dadas las características específicas de la FE, debe ser objeto de supervisión por una autoridad nacional competente. Así sucede en la actualidad en todos los Estados miembros con las entidades de utilidad pública. Con el fin de aprovechar los procedimientos con los que ya cuentan las autoridades nacionales, la supervisión debe tener lugar a nivel nacional. Resulta oportuno que el Reglamento establezca un conjunto mínimo de firmes poderes de supervisión para garantizar que las autoridades de supervisión disfruten de facultades de supervisión conveniente y suficientemente uniformes en toda la UE. En aras de una supervisión eficiente, debe garantizarse la cooperación entre las autoridades de supervisión de los diferentes Estados miembros.

(20) Los Estados miembros disfrutan de un alto grado de libertad a la hora de determinar el tratamiento fiscal aplicable a las entidades de utilidad pública y sus donantes con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre las plusvalías, los impuestos sobre sucesiones y donaciones, los impuestos sobre bienes inmuebles, los impuestos sobre transmisiones y actos jurídicos documentados y otros gravámenes similares. Al mismo tiempo es necesario asegurar que los Estados miembros no discriminen a las entidades extranjeras de utilidad pública ni a sus donantes.

(21) Muchos Estados miembros prevén un tratamiento fiscal ventajoso para las entidades de utilidad pública y sus donantes. En consecuencia, para aportar el mayor valor añadido posible a dichas entidades en la Unión, la FE debe poder disfrutar de las mismas ventajas fiscales que otorgue a este tipo de entidades el Estado miembro en el que la FE tenga su domicilio social. Dicho tratamiento no discriminatorio debe aplicarse también a los donantes de la FE y a los beneficiarios de esta, a nivel nacional o transfronterizo. En todos los casos, ese tratamiento ha de aplicarse sin necesidad de que la FE o sus donantes o beneficiarios demuestren que la FE es equivalente a las entidades nacionales de utilidad pública.

(22) Resulta oportuno que los Estados miembros concedan a las FE el mismo tratamiento fiscal por sus actividades económicas, incluidas las actividades económicas no relacionadas que estén permitidas, que el concedido a las entidades de utilidad pública nacionales. Cualquier tratamiento fiscal preferente otorgado a las actividades económicas, incluidas las no relacionadas pero permitidas, debe respetar las disposiciones del Tratado en materia de competencia, en particular las normas relativas a las ayudas estatales.

(23) Es necesario adoptar disposiciones dirigidas a garantizar el derecho de los empleados de la FE a ser informados y consultados al nivel transnacional adecuado en los casos en que la FE cuente con un número considerable de empleados en diferentes Estados miembros. Para garantizar su adecuación a la situación específica de cada FE, las disposiciones prácticas relativas a la información y consulta transnacional a los empleados deben determinarse principalmente a través de un acuerdo entre las partes en la FE o, en ausencia de dicho acuerdo, mediante la aplicación de un conjunto de requisitos subsidiarios recogidos en la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria[23]. En vista de la importancia que reviste el voluntariado en las fundaciones, los voluntarios de larga duración deben participar en el proceso de información y consulta de la FE.

(24) De cara a la aplicación efectiva del presente Reglamento, los Estados miembros deben garantizar que las disposiciones que adopten en relación con él no impongan restricciones reglamentarias desproporcionadas con respecto a la FE ni un trato discriminatorio a la FE en comparación con las entidades de utilidad pública que se rijan por el Derecho nacional.

(25) Procede que los Estados miembros establezcan normas en relación con las sanciones aplicables en caso de infracción de lo dispuesto en el presente Reglamento, incluida la inobservancia de la obligación de regular en los estatutos de la FE las materias prescritas en el presente Reglamento, y que velen por su cumplimiento. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(26) De cara a la adopción del presente Reglamento, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no dispone facultades diferentes de las previstas en su artículo 352.

(27) Dado que los Estados miembros no pueden lograr en grado suficiente los objetivos de la acción propuesta, consistentes en facilitar las actividades transfronterizas de las entidades de utilidad pública, en la medida en que conllevan la creación de un modelo de entidad de utilidad pública con características comunes en toda la Unión y, en consecuencia y debido a la dimensión de la acción, dichos objetivos podrán alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad previsto en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(28) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas relativas a las fundaciones políticas a escala europea que establece el Reglamento (CE) n° 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea[24].

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

Disposiciones generales

Sección 1

Objeto, normas aplicables y definiciones

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece las condiciones por las que se regirán la constitución y el funcionamiento de una Fundación Europea (Fundatio Europaea, en lo sucesivo «FE»).

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)           «Activos»: cualesquiera recursos tangibles o intangibles que se puedan poseer o controlar para producir valor.

2)           «Actividad económica no relacionada»: aquella actividad económica de la FE que no esté directamente destinada a la consecución del fin de utilidad pública de la entidad.

3)           «Disposición testamentaria»: cualquier documento de naturaleza jurídica, de acuerdo con el Derecho nacional del Estado miembro en el que resida el testador, que describa cómo deberá administrarse y distribuirse su patrimonio después de su muerte.

4)           «Organismo público»: cualquier entidad, forme o no legalmente parte del Estado o de la Administración nacional, regional o local, u otra autoridad pública legalmente constituida que preste servicios públicos o desempeñe funciones públicas, según lo previsto por ley.

5)           «Entidad de utilidad pública»: una fundación con un fin de utilidad pública u otra persona jurídica similar de utilidad pública, sin socios y constituida de conformidad con el Derecho de uno de los Estados miembros.

6)           «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en que la FE tenga su domicilio social inmediatamente antes del traslado del mismo a otro Estado miembro.

7)           «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro al que se traslade el domicilio social de la FE.

Artículo 3

Normas aplicables a la FE

1. La FE se regirá por el presente Reglamento y por sus estatutos.

2. En aquellas materias que no estén reguladas por el presente Reglamento o los estatutos de la FE, o que solo lo estén parcialmente, la FE se regirá por las normas siguientes:

(a) las disposiciones adoptadas por los Estados miembros con el fin de garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento;

(b) en las materias a las que no se aplique la letra a), las disposiciones del Derecho nacional aplicables a las entidades de utilidad pública.

Artículo 4

Información a revelar

1. La información sobre la FE que deba revelarse en virtud del presente Reglamento se hará pública de conformidad con las disposiciones legales nacionales aplicables de modo que sea fácilmente accesible al público.

2. En la correspondencia y las hojas de pedido de una FE, ya sean en papel o en forma electrónica, así como, en su caso, en su sitio web, constarán las siguientes indicaciones:

(a) los datos necesarios para identificar el registro a que se refiere el artículo 22, apartado 1, junto con el número de inscripción de la FE en dicho registro;

(b) la denominación de la FE, el Estado miembro en el que tiene su domicilio social, la dirección de su domicilio social, y

(c) cuando proceda, el hecho de que la FE se encuentra incursa en procedimientos de insolvencia o disolución.

Sección 2

Requisitos generales de la FE

Artículo 5

Fin de utilidad pública

1. La FE será una entidad constituida de forma independiente con un fin de utilidad pública.

2. La FE servirá al interés público en sentido amplio.

Su creación solo podrá perseguir los fines siguientes, a los cuales se dedicarán sus activos con carácter irrevocable:

(a) el arte, la cultura o la conservación histórica,

(b) la protección del medio ambiente,

(c) los derechos civiles o humanos,

(d) la eliminación de la discriminación por razones de sexo, raza, origen étnico, religión, discapacidad u orientación sexual, o cualquier otra forma de discriminación prohibida por ley,

(e) el bienestar social, incluida la prevención o el alivio de la pobreza,

(f) el socorro humanitario o en caso de catástrofe,

(g) la ayuda y la cooperación para el desarrollo,

(h) la asistencia a refugiados o inmigrantes,

(i) la protección de niños, jóvenes o personas mayores y el apoyo a los mismos,

(j) la asistencia a personas con discapacidad o su protección,

(k) la protección de los animales,

(l) la ciencia, la investigación y la innovación,

(m) la educación y la formación,

(n) el entendimiento a escala europea e internacional,

(o) la salud, el bienestar y la atención médica,

(p) la protección de los consumidores,

(q) la asistencia a las personas vulnerables o desfavorecidas o su protección,

(r) el deporte aficionado,

(s) el apoyo en forma de infraestructuras a las organizaciones que persiguen fines de utilidad pública.

Artículo 6

Componente transfronterizo

En el momento de su registro, la FE desarrollará actividades en al menos dos Estados miembros, o tendrá recogido en sus estatutos ese objetivo.

Artículo 7

Activos

1. Los activos de la FE se denominarán en euros.

2. El valor de los activos de la FE equivaldrá, como mínimo, a 25 000 euros.

Artículo 8

Responsabilidad

La responsabilidad de la FE se limitará a sus activos.

Sección 3

Personalidad y capacidad jurídicas

Artículo 9

Personalidad jurídica

La FE tendrá personalidad jurídica en todos los Estados miembros.

La FE adquirirá personalidad jurídica en la fecha de su inscripción en el registro, de conformidad con los artículos 21, 22 y 23.

Artículo 10

Capacidad jurídica

1. La FE tendrá plena capacidad jurídica en todos los Estados miembros.

A menos que sus estatutos establezcan alguna limitación al respecto, la FE tendrá todos los derechos necesarios para el ejercicio de sus actividades, incluido el derecho a poseer bienes muebles e inmuebles, a conceder subvenciones, a captar fondos, a recibir y conservar donaciones de cualquier tipo, inclusive en forma de acciones y otros instrumentos negociables, herencias y donaciones «en especie» procedentes de cualquier fuente lícita, inclusive de terceros países.

Cuando así lo requiera el desarrollo de sus actividades, la FE tendrá derecho de establecimiento en cualquier Estado miembro.

2. La FE podrá perseguir el logro de sus fines de cualquier manera lícita que sus estatutos le permitan, que sea congruente con su fin de utilidad pública y que cumpla las disposiciones del presente Reglamento.

3. A menos que sus estatutos establezcan alguna limitación al respecto, la FE podrá llevar a cabo actividades en cualquier tercer país.

Artículo 11

Actividades económicas

1. A menos que sus estatutos establezcan alguna limitación al respecto, la FE tendrá capacidad y libertad para participar en actividades comerciales o en otro tipo de actividades económicas siempre y cuando los beneficios que, en su caso, obtenga se destinen exclusivamente a la consecución de su fines de utilidad pública.

2. La FE podrá llevar a cabo actividades económicas no relacionadas con su fin de utilidad pública con sujeción a un máximo del 10 % de su facturación neta anual, y siempre que los resultados de dichas actividades no relacionadas se presenten de forma separada en sus cuentas.

Capítulo II

Constitución

Sección 1

Métodos de constitución

Artículo 12

Métodos de constitución

1. La FE podrá constituirse mediante alguno de los métodos siguientes:

(a) disposición testamentaria de cualquier persona física, según se establece en el artículo 13;

(b) escritura notarial o declaración por escrito de una o varias personas físicas o jurídicas o de uno o varios organismos públicos de conformidad con el Derecho nacional aplicable, según lo previsto en el artículo 13;

(c) fusión de varias entidades de utilidad pública legalmente constituidas en uno o varios Estados miembros, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16;

(d) conversión de una entidad de utilidad pública nacional legalmente constituida en un Estado miembro en FE, con arreglo a lo previsto en los artículos 17 y 18.

2. La FE se constituirá por un período de tiempo indefinido, o, cuando así se establezca expresamente en sus estatutos, por un período de tiempo determinado no inferior a dos años.

Artículo 13

Constitución mediante disposición testamentaria, escritura notarial o declaración por escrito

Como mínimo, la disposición testamentaria, escritura notarial o declaración por escrito:

(a) expresará la intención de constituir la FE;

(b) expresará la intención de realizar una donación a la FE;

(c) determinará los activos iniciales de la FE;

(d) determinará el fin de utilidad pública de la FE.

Artículo 14

Constitución mediante fusión

1. La FE se podrá crear mediante fusión de entidades de utilidad pública legalmente constituidas en uno o más Estados miembros, siempre que se satisfagan las condiciones siguientes:

(a) que la fusión entre entidades de utilidad pública nacionales esté permitida en virtud del Derecho nacional aplicable;

(b) que la fusión esté permitida en virtud de los estatutos de cada una de las entidades que se fusionen.

2. La decisión relativa a la fusión será adoptada por el consejo de dirección de cada una de las entidades que se fusionen. Dicha decisión cumplirá los requisitos de quórum y mayoría que se aplicarían a una entidad de utilidad pública nacional que deseara fusionarse con otra entidad de utilidad pública nacional o, en ausencia de tales normas, los requisitos que se aplicarían a una entidad de utilidad pública nacional que deseara modificar sus estatutos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, una fusión entre entidades de utilidad pública legalmente constituidas en el mismo Estado miembro se efectuará con arreglo al Derecho nacional aplicable.

Una fusión entre entidades de utilidad pública legalmente constituidas en Estados miembros diferentes se llevará a cabo conforme a lo establecido en el artículo 15.

Artículo 15

Solicitud de fusión transfronteriza

1. Cada una de las entidades que vayan a fusionarse presentará a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté legalmente constituida una solicitud detallada de fusión, según lo decidido por su consejo de dirección en virtud del artículo 14, apartado 2, y, cuando proceda, publicará dicha solicitud de conformidad con la normativa vigente en ese Estado miembro.

2. La solicitud de fusión incluirá la decisión del consejo de dirección a la que se refiere el artículo 14, apartado 2, y el proyecto común de fusión, que contendrá al menos las indicaciones siguientes:

(a) la denominación y la dirección de cada una de las entidades de utilidad pública que se vayan a fusionar;

(b) la denominación y la dirección del domicilio social previsto para la FE;

(c) la propuesta de estatutos de la FE;

(d) la forma de protección de los derechos de los acreedores y empleados de las entidades que se fusionen.

3. Cada autoridad competente tratará la solicitud de fusión de acuerdo con los mismos procedimientos y principios que se aplicarían si fuese una solicitud de fusión que diera lugar al nacimiento de una entidad de utilidad pública nacional.

4. En cada uno de los Estados miembros afectados, la autoridad competente expedirá sin demora injustificada un certificado de cumplimiento de los actos y trámites previos a la fusión.

5. Tras la inscripción de la FE en el registro en virtud de los artículos 21, 22 y 23, el registro lo notificará sin demora a las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1 y, cuando proceda, a la autoridad responsable del registro de las entidades de utilidad pública disueltas como consecuencia de la fusión.

La baja de la anterior inscripción en el registro se efectuará, cuando proceda, sin demora, pero no antes de que se haya recibido la notificación.

Artículo 16

Efectos de la fusión

1. En el caso de una fusión mediante constitución de una nueva persona jurídica, todo el activo y el pasivo de cada una de las entidades de utilidad pública se transferirá a la nueva FE y las entidades que se fusionen dejarán de existir.

2. En el caso de una fusión por absorción, todo el activo y el pasivo de la entidad de utilidad pública absorbida se transferirá a la entidad de utilidad pública que la absorba; la primera dejará de existir y la segunda se convertirá en la FE.

Artículo 17

Constitución por conversión

1. La FE podrá constituirse por conversión de una entidad de utilidad pública legalmente constituida en un Estado miembro, siempre que los estatutos de la entidad objeto de conversión lo permitan.

2. El consejo de dirección de la entidad decidirá sobre la conversión en FE y las modificaciones necesarias de los estatutos.

3. La constitución de la FE por conversión no dará lugar a la liquidación de la entidad de utilidad pública que sea objeto de conversión ni a pérdida o interrupción alguna de su personalidad jurídica, ni afectará a los posibles derechos u obligaciones existentes antes de la conversión.

Artículo 18

Solicitud de conversión

1. Se presentará a la autoridad competente del Estado miembro en el que la entidad esté legalmente constituida una solicitud detallada de conversión, según lo decidido por su consejo de dirección en virtud del artículo 17, apartado 2, y, cuando proceda, dicha solicitud se publicará de conformidad con la normativa vigente en ese Estado miembro.

2. La solicitud de conversión incluirá la decisión del consejo de dirección a la que se refiere el artículo 17, apartado 2, y el proyecto de conversión, que contendrá al menos las indicaciones siguientes:

(a) la denominación y la dirección de la entidad de utilidad pública objeto de conversión;

(b) la denominación y la dirección del domicilio social previsto para la FE;

(c) la propuesta de estatutos de la FE;

(d) la forma de protección de los derechos de los empleados de la entidad de utilidad pública objeto de conversión.

3. La autoridad competente tratará la solicitud de conversión de acuerdo con los mismos procedimientos y principios que se aplicarían si fuese una solicitud de modificación de los estatutos de la entidad de utilidad pública nacional.

4. La autoridad competente expedirá sin demora injustificada un certificado de cumplimiento de los actos y trámites previos a la conversión.

5. Tras la inscripción de la FE en el registro en virtud de los artículos 21, 22 y 23, el registro lo notificará sin demora a las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1 y, cuando proceda, a la autoridad responsable del registro de la entidad de utilidad pública objeto de conversión.

La baja de la anterior inscripción en el registro se efectuará, cuando proceda, sin demora, pero no antes de que se haya recibido la notificación.

Sección 2

Estatutos

Artículo 19

Contenido mínimo de los estatutos

1. En los estatutos de la FE constarán como mínimo los siguientes datos:

(a) los nombres de los fundadores,

(b) la denominación de la FE,

(c) la dirección del domicilio social,

(d) una descripción de sus fines de utilidad pública,

(e) sus activos en el momento de la constitución,

(f) el ejercicio contable de la FE,

(g) el número de miembros del consejo de dirección,

(h) las normas relativas al nombramiento y cese del consejo de dirección,

(i) los órganos de la FE, aparte del consejo de dirección, y, en su caso, sus funciones,

(j) el procedimiento de modificación de los estatutos,

(k) el período determinado durante el cual existirá la FE, si esta no se constituye por tiempo indefinido,

(l) la distribución del activo neto en caso de liquidación,

(m) la fecha de aprobación de los estatutos.

2. Los estatutos de la FE se formalizarán por escrito y estarán sujetos a los requisitos formales previstos en el Derecho nacional aplicable.

Artículo 20

Modificación de los estatutos

1. Cuando los estatutos vigentes resulten inapropiados para el funcionamiento de la FE, el consejo de dirección podrá tomar la decisión de modificarlos.

2. Los fines de la FE solo podrán modificarse si los fines actuales ya se han alcanzado o no pueden alcanzarse, o en el supuesto de que los fines actuales no permitan ya utilizar de forma adecuada y eficaz los activos de la FE.

3. Cualquier modificación de los estatutos, en la medida en que afecte a los fines de la FE, debe ser coherente con la voluntad de los fundadores.

4. El consejo de dirección aprobará cualquier modificación de los fines de la FE por unanimidad y la presentará a la autoridad de supervisión para su aprobación.

Sección 3

Registro

Artículo 21

Inscripción

1. La FE se registrará en un Estado miembro.

2. La FE constituida mediante fusión entre dos entidades de utilidad pública legalmente constituidas en el mismo Estado miembro se registrará en ese Estado miembro.

3. La FE constituida mediante fusión transfronteriza se registrará en uno de los Estados miembros en los que las entidades que se fusionen estén legalmente constituidas.

4. La FE constituida mediante conversión se registrará en el Estado miembro en el que la entidad convertida estuviera legalmente constituida antes de la conversión.

Artículo 22

Registro

1. Cada Estado miembro designará un registro a efectos de la inscripción de la FE y lo notificará a la Comisión.

2. Los registros designados en virtud del apartado 1 serán responsables del almacenamiento de la información relativa a las FE registradas.

Los registros cooperarán entre sí con respecto a los actos, indicaciones e información referentes a las FE.

3. Los registros notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de cada año, la denominación, la dirección del domicilio social, el número de inscripción y el sector de actividad de las FE que se hayan dado de alta o de baja en el registro durante el año natural anterior, así como el número total de FE registradas a 31 de diciembre del año anterior.

Artículo 23

Trámites relativos a la inscripción

1. Las solicitudes de inscripción como FE irán acompañadas de los siguientes documentos e indicaciones en la lengua estipulada por el Derecho nacional aplicable:

(a) la denominación de la FE y la dirección de su domicilio social previsto en la Unión Europea;

(b) la escritura de constitución;

(c) una declaración firmada de los activos que se reservarán para los fines de la FE, u otra prueba del pago de la contribución en efectivo o de la aportación de la contribución en especie, e información detallada a este respecto;

(d) los estatutos de la FE;

(e) los nombres y las direcciones, así como cualquier otra información necesaria en virtud del Derecho nacional aplicable, que permitan identificar a:

i)        todos los miembros del consejo de dirección y sus suplentes, en su caso,

ii)       cualquier otra persona autorizada a representar a la FE en sus relaciones con terceros y en procedimientos legales,

iii)      el auditor o auditores de la FE;

(f) si las personas indicadas en la letra e), incisos i) y ii), representan a la FE de manera individual o conjunta;

(g) las denominaciones, los fines y las direcciones de las organizaciones fundadoras, cuando se trate de personas jurídicas, o información similar pertinente en caso de tratarse de organismos públicos;

(h) la denominación y dirección de las oficinas de la FE, en su caso, y la información necesaria para determinar el registro competente y el número de inscripción;

(i) si la FE se constituye como resultado de una fusión, los documentos siguientes:

i)        los términos de la fusión,

ii)       los certificados a los que se refiere el artículo 15, apartado 4, expedidos menos de seis meses antes de la fecha de presentación de la solicitud,

iii)      la prueba del cumplimiento de los requisitos del Derecho nacional aplicable con respecto a la protección de los acreedores y empleados;

(j) si la FE se constituye como resultado de una conversión, los documentos siguientes:

i)        los términos de la conversión,

ii)       el certificado al que se refiere el artículo 18, apartado 4, expedido menos de seis meses antes de la fecha de presentación de la solicitud,

iii)      la prueba del cumplimiento de los requisitos del Derecho nacional aplicable con respecto a la protección de los empleados;

(k) un certificado de antecedentes penales expedido por el servicio competente y una declaración de los miembros del consejo de dirección de que no han sido inhabilitados para ser miembros de dicho consejo.

Los Estados miembros no exigirán ningún otro documento ni indicación para proceder a la inscripción.

El registro o, cuando proceda, otra autoridad competente verificará la conformidad de los documentos e indicaciones con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en el Derecho nacional aplicable.

2. El registro o, cuando proceda, otra autoridad competente verificará si la entidad solicitante cumple los requisitos previstos en el presente Reglamento.

3. Cuando la FE haya presentado todos los documentos e indicaciones a los que se refiere el apartado 1 y cumpla los requisitos establecidos en el presente Reglamento, el registro procederá a efectuar su inscripción, en un plazo de doce semanas a contar desde la fecha de la solicitud.

Una vez efectuada la inscripción no se requerirá ninguna otra autorización del Estado miembro.

4. La decisión del registro junto con la información a la que se refiere el apartado 1, letras a) y d) a h), del presente artículo se harán públicas.

Artículo 24

Modificaciones en los documentos e indicaciones presentados para la inscripción

1. El consejo de dirección, o cualquier persona autorizada a representar a la FE, presentará al registro cualquier modificación que afecte a los documentos e indicaciones a los que se refiere el artículo 23, apartado 1, en el plazo de catorce días naturales a contar desde el día en que se hubiere efectuado la modificación.

2. Después de cualquier modificación de los estatutos, la FE presentará al registro el texto íntegro de los estatutos con las modificaciones introducidas hasta la fecha. Cualquier comunicación de modificaciones habidas en la información registrada irá acompañada de pruebas documentales que demuestren que la modificación se ha aprobado con arreglo a Derecho.

3. El registro de las modificaciones que afecten a los documentos e indicaciones a los que se refiere el artículo 23, apartado 4, se hará público.

Artículo 25

Denominación de la FE

1. La denominación de la FE incluirá la abreviatura «FE».

2. Únicamente las FE podrán utilizar la abreviatura «FE» en su denominación.

No obstante, las entidades cuyas denominaciones contuvieran la abreviatura «FE» o fueran seguidas de dicha abreviatura y estuvieran inscritas en un Estado miembro con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento no estarán obligadas a modificar sus denominaciones ni la citada abreviatura.

Artículo 26

Responsabilidad por los actos anteriores a la inscripción de una FE

La responsabilidad por los actos anteriores a la inscripción de una FE se regirá por el Derecho nacional aplicable.

Capítulo III

Organización de la FE

Artículo 27

Consejo de dirección

1. La gestión de la FE estará a cargo de un consejo de dirección compuesto por un número impar de miembros igual o superior a tres, de conformidad con lo previsto en los estatutos de la FE.

2. Cada miembro del consejo dispondrá de un voto a la hora de votar las resoluciones.

3. Salvo disposición en contrario de los estatutos de la FE o del presente Reglamento, el consejo adoptará sus decisiones por mayoría de sus miembros.

Artículo 28

Miembros del consejo de dirección

1. Los miembros del consejo de dirección tendrán plena capacidad jurídica y no estarán inhabilitados, en virtud de las leyes de cualquiera de los Estados miembros o de una decisión judicial o administrativa de cualquiera de los Estados miembros, para el ejercicio de las funciones propias de los miembros de un consejo de dirección.

2. Los miembros del consejo de dirección podrán renunciar a su cargo en cualquier momento.

Un miembro del consejo de dirección renunciará a su cargo en cualquiera de las situaciones descritas a continuación:

(a) cuando no cumpla los requisitos establecidos en el punto 1;

(b) cuando no cumpla los requisitos de admisión establecidos en la escritura de constitución o en los estatutos de la FE;

(c) cuando sea declarado culpable de irregularidades financieras por un tribunal;

(d) cuando se haya demostrado, en virtud de acciones u omisiones del miembro, que este claramente no es apto para cumplir las obligaciones propias de un miembro del consejo.

3. En aquellos casos en que los estatutos de la FE así lo prevean, el consejo de dirección o el consejo de supervisión podrán cesar a un miembro del primero por los motivos descritos en el apartado 2, párrafo segundo.

La autoridad de supervisión podrá cesar a un miembro del consejo de dirección por los motivos descritos en el apartado 2, párrafo segundo, o someter una propuesta de cese a un tribunal competente cuando la legislación nacional aplicable así lo prevea.

Artículo 29

Obligaciones del consejo de dirección y de sus miembros

1. El consejo de dirección tendrá las obligaciones siguientes:

(a) será responsable de la adecuada administración, gestión y ejecución de las actividades de la FE;

(b) garantizará el cumplimiento de los estatutos de la FE, del presente Reglamento y de la legislación nacional aplicable.

2. Los miembros del consejo de dirección actuarán en el mejor interés de la FE y de su fin de utilidad pública, y observarán un deber de lealtad en el ejercicio de sus responsabilidades.

Artículo 30

Directores ejecutivos

1. El consejo de dirección podrá nombrar a uno o varios directores ejecutivos, que serán los responsables de la administración diaria de la FE bajo las directrices de aquel.

El presidente y la mayoría de los miembros del consejo de dirección no podrán ser simultáneamente directores ejecutivos.

2. Los directores ejecutivos actuarán en el mejor interés de la FE y de su fin de utilidad pública, y observarán un deber de lealtad en el ejercicio de sus responsabilidades.

Artículo 31

Otros órganos de la FE

Los estatutos de la FE podrán disponer la creación de un consejo de supervisión y de otros órganos.

Artículo 32

Conflictos de intereses

1. El fundador y cualesquiera otros miembros del consejo que tengan con aquel una relación comercial, familiar o de otro tipo que pueda generar un conflicto de intereses real o potencial capaz de afectar a su criterio no podrán constituir la mayoría del consejo de dirección.

2. Ninguna persona podrá ser al mismo tiempo miembro del consejo de dirección y del consejo de supervisión.

3. No se concederá beneficio alguno, directo o indirecto, a ninguno de los fundadores, de los miembros del consejo de dirección o de supervisión, de los directores ejecutivos o de los auditores, ni a ninguna persona que tenga una relación comercial o de parentesco próximo con aquellos, salvo a efectos del desempeño de sus funciones en la FE.

Artículo 33

Representación de la FE ante terceros

El consejo de dirección, así como cualquier otra persona a la que dicho órgano haya autorizado y que actúe bajo sus instrucciones, podrá representar a la FE ante terceros y en procedimientos legales.

Artículo 34

Transparencia y responsabilidad

1. La FE mantendrá registros completos y precisos de todas sus operaciones financieras.

2. La FE elaborará y remitirá al registro nacional competente y a la autoridad de supervisión sus cuentas anuales y un informe de actividades anual en el plazo de seis meses a contar desde la finalización de cada ejercicio.

El primer período de referencia correrá desde la fecha en que la FE sea inscrita en el registro de conformidad con los artículos 21, 22 y 23 hasta el último día del ejercicio contable, según lo previsto en los estatutos de la FE.

3. El informe de actividades anual incluirá, como mínimo:

a)      información sobre las actividades de la FE;

b)      una descripción de la forma en que se han promovido durante el ejercicio considerado los fines de utilidad pública para los que se constituyó la FE;

c)      una lista de las subvenciones distribuidas, teniendo en cuenta el derecho de los beneficiarios al respeto de su vida privada.

4. Las cuentas anuales de la FE serán auditadas por una o más personas autorizadas para llevar a cabo auditorías legales de conformidad con la normativa nacional adoptada en virtud de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

5. Las cuentas anuales, debidamente aprobadas por el consejo de dirección, junto con la opinión emitida por el responsable de la auditoría de cuentas y con el informe de actividades, se harán públicos.

Capítulo IV

Domicilio social y su traslado

Artículo 35

Sede de la FE

La FE tendrá su domicilio social y su administración central o centro de actividad principal en la Unión Europea.

Artículo 36

Traslado del domicilio social

1. La FE podrá trasladar su domicilio social de un Estado miembro a otro.

Dicho traslado no conllevará la liquidación de la FE ni la creación de una nueva persona jurídica; tampoco afectará a los derechos y obligaciones que existieran antes del traslado.

2. El traslado surtirá efecto en la fecha de inscripción de la FE en el Estado miembro de acogida.

3. La FE no trasladará su domicilio social cuando se encuentre sometida al ejercicio de las facultades de supervisión previstas en el artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, cuando se encuentre en disolución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40, así como si se ha incoado contra ella un procedimiento de liquidación o insolvencia o procedimiento similar o si el traslado contraviene los estatutos de la FE o puede poner en peligro el cumplimiento de su fin.

4. La inscripción en el Estado miembro de acogida y la baja registral en el Estado miembro de origen se harán públicas.

Artículo 37

Procedimiento de traslado

1. El consejo de dirección de la FE presentará una propuesta de traslado a la autoridad competente del Estado miembro de origen.

2. Dicha propuesta de traslado contendrá como mínimo la siguiente información:

(a) la denominación de la FE, la dirección de su domicilio social en el Estado miembro de origen, la información necesaria para identificar el registro al que se refiere el artículo 22, apartado 1, y el número de inscripción de la FE en dicho registro;

(b) la denominación propuesta de la FE y la dirección de su domicilio social previsto en el Estado miembro de acogida;

(c) los estatutos modificados de la FE, cuando proceda;

(d) las fechas propuestas para el traslado;

(e) un informe en el que se expliquen y fundamenten los aspectos jurídicos y económicos del traslado propuesto y en el que se expongan las consecuencias del traslado para los acreedores y los empleados de la FE.

3. La autoridad competente del Estado miembro de origen comprobará que no concurra ninguna de las situaciones que se enumeran en el artículo 36, apartado 3, y expedirá sin demora injustificada un certificado acreditativo del cumplimiento de los actos y trámites que deben llevarse a cabo con carácter previo al traslado.

4. La FE presentará los siguientes documentos e indicaciones a la autoridad competente del Estado miembro de acogida:

(a) el certificado al que se refiere el apartado 3;

(b) la propuesta de traslado aprobada por el consejo de dirección;

(c) los documentos e indicaciones enumerados en el artículo 23, apartado 1.

5. La autoridad competente del Estado miembro de acogida comprobará sin demora injustificada si se cumplen las condiciones sustantivas y formales previstas en el presente capítulo para el traslado del domicilio social y comunicará su decisión al registro competente del Estado miembro de acogida.

La autoridad competente del Estado miembro de acogida solo podrá oponerse al traslado por el motivo de que no se cumplan las condiciones a que se refiere el párrafo anterior.

6. El registro competente del Estado miembro de acogida procederá a efectuar la inscripción de la FE. La autoridad competente del Estado miembro de acogida notificará sin demora al registro competente del Estado miembro de origen la inscripción de la FE en el Estado miembro de acogida.

El registro competente del Estado miembro de origen procederá a dar de baja a la FE sin demora, pero no antes de que se haya recibido la notificación.

Capítulo V

Participación de empleados y personal voluntario

                                                                   Artículo 38

Representación de empleados y personal voluntario

1. Cuando el número total de empleados por la FE y sus oficinas dentro de la Unión alcance o supere las 50 personas, y al menos 10 en cada uno de al menos dos Estados miembros, la FE creará un comité de empresa europeo que representará a los empleados de la FE de conformidad con el apartado 2.

2. Las FE que tengan un máximo de 200 empleados constituirán un comité de empresa europeo si así lo solicitan al menos 20 de sus empleados en dos Estados miembros, como mínimo, o los representantes de dichos empleados.

Las FE que tengan más de 200 empleados constituirán un comité de empresa europeo si así lo solicitan al menos un 10 % de sus empleados en dos Estados miembros, como mínimo, o los representantes de dichos empleados.

Serán de aplicación a la constitución del comité de empresa europeo las medidas nacionales sobre los requisitos subsidiarios previstos en el anexo I, punto 1, letras a) a e), de la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

3. Los representantes de los voluntarios que participen en actividades formales de voluntariado en la FE durante un período prolongado tendrán la condición de observadores en el comité de empresa europeo.

El número de tales representantes será de al menos uno por cada Estado miembro en el que haya, como mínimo, 10 de dichos voluntarios .

Artículo 39

Información y consulta a los empleados y los voluntarios

1. Los empleados y los voluntarios de la FE serán informados y consultados a escala de la Unión sobre la situación, la evolución, la organización y las cuestiones laborales de esa FE a través del comité de empresa europeo constituido de conformidad con el artículo 38.

2. El comité de empresa europeo y el consejo de dirección o, cuando proceda, los directores ejecutivos de la FE podrán celebrar un acuerdo sobre las modalidades prácticas de información y consulta a los empleados de la FE.

3. En ausencia de dicho acuerdo o en relación con las materias no contempladas en él, se aplicarán las medidas nacionales sobre los requisitos subsidiarios previstos en el anexo I, puntos 2 a 6, de la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Capítulo VI

Disolución de la FE

Artículo 40

Métodos de disolución

La FE podrá disolverse por uno de los métodos siguientes:

a)           conversión de la FE en una entidad de utilidad pública en virtud del Derecho nacional, según lo dispuesto en los artículos 41 y 42;

b)           liquidación de la FE, con arreglo a lo previsto en los artículos 43 y 44.

Artículo 41

Disolución mediante conversión

1. La FE podrá convertirse en una entidad de utilidad pública que se regirá por el Derecho del Estado miembro en el que tenga su domicilio social, siempre y cuando los estatutos de la FE permitan dicha conversión.

La conversión solo podrá producirse una vez transcurridos dos años desde la inscripción de la FE en el correspondiente registro.

2. El consejo de dirección de la FE decidirá sobre la conversión y sobre las modificaciones que proceda introducir en los estatutos.

3. La conversión no conllevará la liquidación de la entidad ni la creación de una nueva persona jurídica; tampoco afectará a los derechos y obligaciones que existieran antes de la conversión.

Artículo 42

Solicitud de disolución mediante conversión

1. La FE presentará una solicitud detallada de disolución mediante conversión a la autoridad competente del Estado miembro en el que tenga su domicilio social, de conformidad con la legislación de dicho Estado miembro.

2. La solicitud de disolución mediante conversión incluirá la decisión del consejo de dirección de la FE a que se refiere el artículo 41, apartado 2, la denominación y la dirección del domicilio social de la FE que se convierta, la denominación propuesta, la dirección y los estatutos de la nueva entidad de utilidad pública, y la forma de protección de los derechos de los empleados de la FE que se convierta.

3. Cuando la autoridad competente apruebe la solicitud de disolución mediante conversión, la remitirá al registro y, cuando proceda, a la autoridad responsable de la inscripción de la nueva entidad de utilidad pública.

4. A la recepción de la solicitud aprobada de disolución mediante conversión, el registro procederá sin demora a dar de baja a la FE, siempre que haya finalizado el proceso legal de constitución de la nueva entidad de utilidad pública.

5. La conversión surtirá efecto en la fecha en la que la FE sea dada de baja en el registro competente.

La conversión se hará pública.

Artículo 43

Decisión relativa a la liquidación

1. El consejo de dirección de la FE podrá tomar la decisión de liquidar la FE cuando concurra alguna de las situaciones siguientes:

a)      cuando los fines de la FE se hayan alcanzado o no puedan alcanzarse;

b)      cuando el período para el que se constituyó haya expirado;

c)      cuando la entidad haya perdido todos sus activos.

El consejo de dirección presentará su decisión de liquidación de la FE a la autoridad de supervisión para su aprobación.

2. Tras oír al consejo de dirección de la FE, la autoridad de supervisión podrá tomar la decisión de liquidar la FE o, cuando esté previsto en la legislación nacional aplicable, de proponer su liquidación a un tribunal competente si concurre alguna de las situaciones siguientes:

(a) cuando el consejo de dirección no haya actuado en los casos a los que se refiere el apartado 1;

(b) cuando la FE vulnere continuamente sus estatutos, el presente Reglamento o la legislación nacional aplicable.

Artículo 44

Liquidación

1. Cuando la autoridad de supervisión haya aprobado la decisión del consejo de dirección en virtud del artículo 43, apartado 1, párrafo segundo, o cuando la autoridad de supervisión o, si procede, un tribunal haya decidido liquidar la FE, los activos de esta se utilizarán de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.

2. Una vez que se haya pagado íntegramente a los acreedores de la FE, los posibles activos remanentes de la FE se transferirán a otra entidad de utilidad pública con un fin de utilidad pública similar, o se utilizarán para fines de utilidad pública lo más cercanos posibles a aquel para el que se constituyó la FE.

3. El consejo de dirección o el liquidador responsable enviará a la autoridad de supervisión las cuentas finales hasta la fecha en que surta efecto la liquidación, junto con un informe que incluirá información sobre la distribución de los activos remanentes. Dichos documentos se harán públicos.

Capítulo VII

Supervisión de los Estados miembros

Artículo 45

Autoridad de supervisión

Cada Estado miembro designará una autoridad de supervisión con el fin de supervisar a las FE inscritas en ese Estado miembro y lo notificará a la Comisión.

Artículo 46

Facultades y obligaciones de la autoridad de supervisión

1. La autoridad de supervisión garantizará que el consejo de dirección actúe de conformidad con los estatutos de la FE, con el presente Reglamento y con la legislación nacional aplicable.

2. La autoridad de supervisión tendrá la facultad de aprobar la modificación de los fines de la FE con arreglo al artículo 20, apartado 4, así como la liquidación de la FE conforme al artículo 43, apartado 1, párrafo segundo.

A los efectos de lo previsto en el apartado 1, la autoridad de supervisión tendrá al menos las facultades siguientes:

(a) cuando la autoridad de supervisión tenga motivos razonables para creer que el consejo de dirección de la FE no está actuando de conformidad con los estatutos de esta, con el presente Reglamento o con la legislación nacional aplicable, la facultad de investigar sobre los asuntos de esa FE y, a tal fin, de exigir a los directivos y empleados de la FE, así como al auditor o auditores de esta que pongan a su disposición toda la información y las pruebas necesarias;

(b) cuando existan indicios de irregularidades financieras, errores graves de gestión o abuso, la facultad de designar un experto independiente que investigue sobre los asuntos de la FE, corriendo los gastos a cargo de esta última;

(c) cuando existan indicios de que el consejo de dirección no ha actuado de conformidad con los estatutos de la FE, con el presente Reglamento o con la legislación nacional aplicable, la facultad de formular advertencias al consejo de dirección y ordenarle que cumpla los estatutos de la FE, el presente Reglamento y la legislación nacional aplicable;

(d) la facultad de cesar a un miembro del consejo de dirección o, cuando así lo prevea la legislación nacional aplicable, proponer el cese a un tribunal competente de conformidad con el artículo 28, apartado 3, párrafo segundo;

(e) la facultad de decidir la liquidación de la FE o, cuando así lo prevea la legislación nacional aplicable, proponer la liquidación de la FE a un tribunal competente de conformidad con el artículo 43, apartado 2.

3. No obstante lo previsto en el apartado 2, la autoridad de supervisión no estará facultada para actuar en la administración de la FE.

Artículo 47

Cooperación entre autoridades de supervisión

1. Con objeto de ejercer sus facultades de supervisión y de adoptar las medidas necesarias previstas en el artículo 46, la autoridad de supervisión del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la FE y las autoridades de supervisión de los Estados miembros en los que la FE desarrolle sus actividades cooperarán entre sí.

2. Las autoridades de supervisión se facilitarán mutuamente toda la información pertinente en caso de infracción (real o presunta) por parte de la FE de sus estatutos, del presente Reglamento o de la legislación nacional aplicable.

3. A petición de la autoridad de supervisión de un Estado miembro en el que la FE desarrolle sus actividades, la autoridad de supervisión del Estado miembro en el que tenga su domicilio social investigará las presuntas infracciones cometidas por esa FE.

La autoridad de supervisión que reciba la petición informará a la autoridad que la formule de las conclusiones que extraiga de la información de que disponga y de cualesquiera medidas adoptadas.

Artículo 48

Cooperación con las autoridades fiscales

1. La autoridad de supervisión del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la FE informará a las autoridades fiscales de ese Estado miembro tan pronto como inicie una investigación sobre presuntas irregularidades en virtud del artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, letra a), así como en caso de designar un experto independiente en virtud del artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, letra b).

2. Asimismo, informará a dichas autoridades fiscales de los avances y del resultado de esas investigaciones así como de las advertencias formuladas o de las sanciones impuestas.

3. El registro y la autoridad de supervisión del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la FE pondrán a disposición de la autoridad fiscal de cualquier Estado miembro, a petición de esta, cualquier documento o información relativos a la FE.

Capítulo VIII

Tratamiento fiscal

Artículo 49

Tratamiento fiscal de la FE

1. Con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre las plusvalías, los impuestos sobre sucesiones y donaciones, los impuestos sobre bienes inmuebles, los impuestos sobre transmisiones y actos jurídicos documentados y otros gravámenes similares, el Estado miembro en el que tenga su domicilio social la FE aplicará a esta el mismo tratamiento fiscal que el que se aplique a las entidades de utilidad pública establecidas en ese Estado miembro.

2. Por lo que respecta a los impuestos a los que se refiere el apartado 1, los Estados miembros distintos de aquel en el que la FE tenga su domicilio social aplicarán a la FE el mismo tratamiento fiscal que el que se aplique a las entidades de utilidad pública establecidas en esos Estados miembros.

3. A efectos de los apartados 1 y 2, la FE se considerará equivalente a las entidades de utilidad pública constituidas en virtud del Derecho de los Estados miembros de que se trate.

Artículo 50

Tratamiento fiscal de los donantes de la FE

1. En lo que respecta a los impuestos sobre la renta, sobre donaciones, sobre transmisiones y actos jurídicos documentados y otros gravámenes similares, toda persona física o jurídica que realice una donación a la FE, dentro o fuera del país en que esta se encuentre, estará sujeta al mismo tratamiento fiscal que el que se aplique a las donaciones realizadas a las entidades de utilidad pública establecidas en el Estado miembro en el que el donante tenga su residencia a efectos fiscales.

2. A efectos de lo previsto en el apartado 1, la FE beneficiaria de la donación se considerará equivalente a las entidades de utilidad pública constituidas en virtud del Derecho del Estado miembro en el que el donante tenga su residencia a efectos fiscales.

Artículo 51

Tratamiento fiscal de los beneficiarios de la FE

Los beneficiarios de la FE estarán sujetos al mismo tratamiento, en lo que respecta a las subvenciones u otras prestaciones recibidas, que el que se aplicaría si estas hubieran sido concedidas por una entidad de utilidad pública establecida en el Estado miembro en el que el beneficiario tenga su residencia a efectos fiscales.

Capítulo IX

Disposiciones finales

Artículo 52

Aplicación efectiva

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones oportunas para garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento en el plazo máximo de dos años a contar desde su entrada en vigor.

Artículo 53

Sanciones

Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento y tomarán todas la medidas necesarias para asegurar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar [dos años tras de la entrada en vigor del presente Reglamento], y le comunicarán sin demora injustificada cualquier modificación posterior de las mismas.

Artículo 54

Revisión del Reglamento

Siete años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión transmitirá al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre su aplicación, junto con propuestas de modificación, si procede.

Artículo 55

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del [2 años después de su entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8.2.2012

                                                                       Por el Consejo

                                                                       El Presidente

[1]               COM(2010) 2020.

[2]               COM(2011) 206.

[3]               COM(2010) 603.

[4]               COM(2011) 682.

[5]               Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2011, sobre el mercado único para los europeos (2010/2278(INI)); declaración por escrito 84/2010, P7_DCL(2010)0084; resolución del Parlamento Europeo de 19 de febrero de 2009 sobre la economía social (2008/2250(INI)); y resolución del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2006 sobre la evolución reciente y las perspectivas en materia de Derecho de sociedades (2006/2051(INI).

[6]               INT/498, CESE 634/2010, abril de 2010.

[7]               CdR 330/2010 fin.

[8]               Véase el Reglamento (CE) n° 1524/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2004/2003 relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea.

[9]               Programa de trabajo de la Comisión para 2012, punto 76.

[10]             Véase http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf, en lo sucesivo «el estudio de viabilidad».

[11]             El CLEG reúne a expertos en Derecho de sociedades de las administraciones nacionales, y celebra reuniones tres veces al año bajo la presidencia de la DG Mercado Interior y Servicios.

[12]             C-436/03, Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea.

[13]             DO C … de …, p. .

[14]             DO C … de …, p. .

[15]             DO C … de …, p. .

[16]             2010/2278(INI).

[17]             2008/2250(INI).

[18]             2006/2051(INI).

[19]             Declaración por escrito nº 84/2010, P7_DCL(2010)0084.

[20]             INT/498, CESE 634/2010, abril de 2010.

[21]             CDR 330/2010 fin.

[22]             DO L 157 de 9.6.2006, p. 87.

[23]             DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.

[24]             DO L 297 de 15.11.2003, p. 1.