1)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2003/109/CE, ( 1 ) que dispone (entre otras cosas) que, para la obtención del estatuto de residente de larga duración, los nacionales de terceros países deberán aportar la prueba de que «disponen», para sí mismos y para los miembros de sus familias que estuvieran a su cargo, de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de sus familias, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate, en el sentido de que con ello se hace referencia únicamente a los «recursos propios» del nacional de un tercer país?

2)

¿O bien basta a tal fin con que los recursos se encuentren a disposición del nacional de un tercer país, sin que se establezca ningún requisito en relación con la procedencia de los recursos, de suerte que estos también podrán ser puestos a disposición del nacional del tercer país por un miembro de su familia o bien por otro tercero?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿bastará en tal caso con un compromiso de toma a cargo asumido por un tercero en virtud del cual dicho tercero se compromete a velar por que el solicitante del estatuto de residente de larga duración dispondrá para sí mismo y para los miembros de su familia que estuvieran a su cargo de recursos estables, regulares y suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia para evitar convertirse en una carga para los poderes públicos, con el fin de demostrar que el solicitante puede disponer de recursos en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/109/CE?