52008DC0329

[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 30.5.2008

COM(2008) 329 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Hacia una estrategia europea en materia de e-Justicia (Justicia en línea)

SEC(2008)1947SEC(2008)1944

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Hacia una estrategia europea en materia de e-Justicia (Justicia en línea)

1. INTRODUCCIÓN

Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el espacio europeo de justicia se convirtió en una realidad innegable basada en un conjunto de instrumentos legislativos destinados a garantizar el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, a crear una cultura de cooperación entre autoridades judiciales nacionales y a acompañar la libre circulación de los ciudadanos en un espacio europeo sin fronteras.

Al mismo tiempo, en toda Europa, la demanda de justicia aumenta, incrementando la carga de trabajo de los sistemas judiciales y haciendo necesaria una adaptación permanente de los métodos de trabajo en contextos presupuestarios a menudo difíciles.

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la administración de la justicia aporta posibles soluciones mejorando el funcionamiento de la justicia y contribuyendo a la racionalización de los procedimientos y a la disminución de los costes.

Por ello, bajo el neologismo «e-Justicia» surge un principio de respuesta a la triple necesidad de mejorar el acceso a la justicia, la cooperación entre autoridades judiciales y la eficacia de la propia justicia. Pero, con ser muy deseable e ineludible, el desarrollo de las TIC en el ámbito judicial crea también expectativas y preguntas.

La presente Comunicación tiene por objeto proponer una estrategia global, que ponga en marcha la sinergia de la dimensión europea y los esfuerzos desarrollados a escala nacional, ofreciendo al mismo tiempo, como valor añadido, la realización de economías de escala.

Para la Comisión, los trabajos realizados en el marco de la e-Justicia deberán:

- dar prioridad a proyectos operativos;

- favorecer las arquitecturas descentralizadas sin descuidar la necesidad de una coordinación europea;

- ajustarse con preferencia al marco jurídico existente utilizando las herramientas informáticas para mejorar la eficacia de los instrumentos jurídicos adoptados.

Para responder a una petición reiterada del Consejo Europeo[1] y del Parlamento Europeo, la presente Comunicación propone una Estrategia sobre la e-Justicia cuyo objetivo es aumentar la confianza de los ciudadanos en el espacio europeo de justicia, principal fuente de legitimidad en una Unión en la que el Estado de Derecho constituye un valor de identidad primordial.

2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR E-JUSTICIA?

La e-Justicia puede definirse como el recurso a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y para la eficacia de la acción judicial entendida como toda actividad consistente en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta.

El desarrollo de la e-Justicia es un elemento clave para la modernización de los sistemas judiciales y la Comisión siempre ha fomentado el recurso a las TIC en la cooperación judicial.

Desde 2003, la Comisión ha desarrollado el Portal de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil[2], y ha apoyado la realización de los Atlas judiciales penales y civiles que permiten a los especialistas identificar a las autoridades judiciales competentes en los distintos puntos del territorio. Así mismo, siempre ha fomentado el recurso a la videoconferencia, la transmisión electrónica de los actos entre autoridades judiciales, y participa activamente en el proyecto de interconexión de los registros de antecedentes penales.

La e-Justicia se incluye en el marco más general de la Administración en línea ( e-Government ) y constituye un campo específico del mismo. La Administración en línea es la aplicación de las TIC al conjunto de los procedimientos administrativos. Ya existe una sólida experiencia de proyectos en materia de infraestructuras seguras y de autenticación de documentos que debe utilizarse. La Comisión se propone promover un marco de interoperatividad europeo (IEF) en el seno del programa IDABC[3]. Los trabajos europeos sobre la firma electrónica ( e-Signature ) y la identidad electrónica ( e-Identity )[4], son especialmente pertinentes en materia judicial en donde la autenticación de los actos reviste un carácter fundamental.

El ámbito potencial de la e-Justicia es muy amplio y deberá evolucionar con los avances que se realicen en el espacio judicial europeo y con la evolución tecnológica. Sin embargo, es necesario obtener rápidamente proyectos concretos. Con el fin de evitar que un campo de acción demasiado amplio pueda perjudicar la eficacia y la credibilidad de la actuación de la Unión europea, deberán definirse los límites de su acción en el futuro.

Algunos proyectos no pertenecen al sector judicial sino que se ajustan más a la Administración electrónica. Por ello, algunas actividades que implican a veces a las instituciones judiciales son de carácter más bien administrativo (por ejemplo, los registros de la propiedad o los registros mercantiles «European Business Register»)[5]. Por el contrario, actividades como el arbitraje o en general los mecanismos alternativos de solución de conflictos ( Alternative Dispute Resolution - ADR ) podrían pertenecer al ámbito de la e-Justicia, incluso cuando son gestionadas por organismos no judiciales.

La Comisión considera que el primer objetivo de la e-Justicia es reforzar la eficacia de la justicia en toda Europa, en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, los proyectos prioritarios deberán en primer lugar tener una incidencia positiva en la eficacia de la actividad judicial y facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Deberán, además, contribuir a la aplicación de los textos europeos existentes en el ámbito de la justicia, e implicar potencialmente a todos los Estados miembros, o a una inmensa mayoría de ellos.

3. FAVORECER LAS SINERGIAS NACIONALES Y EUROPEAS

3.1. Reforzar el intercambio de las buenas prácticas a escala nacional

El desarrollo de la e-Justicia se basa en primer lugar en la voluntad de los Estados miembros. El reciente estudio de la Academia alemana de e-Justicia[6] demostró la creciente utilización de las TIC en la administración de la Justicia en la Unión Europea. La Comisión para la eficacia de la Justicia en Europa (CEPEJ) publicó recientemente un informe sobre este tema[7] con los mismos resultados.

A escala nacional, existen numerosos proyectos que mejoran la información de las personas en litigio: la información sobre los sistemas jurídicos, la legislación y la jurisprudencia están en línea; se están desarrollando sistemas electrónicos de comunicación entre las partes y los tribunales; en algunos casos, se establecen procedimientos completamente electrónicos. Está aumentando el recurso a los medios electrónicos para el registro de las audiencias.

A escala europea, varias organizaciones de profesionales están desarrollando proyectos de intercambio de información o interconexión especialmente interesantes como, por ejemplo, el sitio Internet de la asociación de Consejos de Estado[8], el Portal común de jurisprudencia de los tribunales supremos[9], o el Registro europeo de testamentos[10].

La Comisión considera que estos proyectos deben favorecerse y que las experiencias positivas deben difundirse y reproducirse. A este respecto, la creación del Foro de la Justicia[11] ofrece una perspectiva interesante. Se creará un subgrupo «e-Justicia» en el mismo para que se convierta en un lugar ideal para el intercambio de buenas prácticas entre sistemas judiciales nacionales y entre profesionales de la justicia.

3.2. Reforzar la coordinación europea y poner la e-Justicia al servicio de la construcción del espacio judicial europeo

En la actualidad se están desarrollando numerosos proyectos en materia de e-Justicia. Además de los ya citados, conviene mencionar todos los proyectos relativos a la documentación jurídica desarrollados tanto por la Unión Europea[12], como por operadores institucionales o privados[13].

Al tiempo que presta su apoyo a estos proyectos, la Comisión considera que es importante reforzar la legibilidad, la accesibilidad y la eficacia de la actuación de la Unión europea en materia judicial y hacer hincapié en los proyectos que aportarán de manera concreta un valor añadido al espacio judicial europeo. En efecto, mientras que la legislación en el ámbito de la justicia se ha desarrollado considerablemente, su impacto permanece a menudo limitado debido a las dificultades de transposición (concretamente en materia penal), y porque los profesionales con frecuencia la desconocen. En la actualidad, uno de los principales retos para la construcción de la Europa judicial es establecer los instrumentos que permitan mejorar la eficacia práctica de los instrumentos jurídicos adoptados. A este respecto, la e-Justicia abre perspectivas notables.

Por todo ello, la Comisión Europea se propone contribuir al refuerzo y al desarrollo de los instrumentos de e-Justicia a escala europea, en estrecha coordinación con los Estados miembros y con los distintos participantes asociados, en primer lugar Eurojust y las Redes Judiciales civil y penal. Al tiempo que apoya los esfuerzos de los Estados miembros, la propia Comisión se propone desarrollar una serie de instrumentos informáticos. Éstos permitirán reforzar la interoperatividad de los sistemas[14], facilitar el acceso del público a la justicia y la comunicación entre las autoridades judiciales, así como la realización de sustanciales economías a escala europea.

4. PRIORIDADES DE LA ACCIÓN (2008-2013)

La acción de la Unión Europea en materia de e-Justicia debe permitir a los ciudadanos, en particular, cuando son víctimas de infracciones penales, acceder a la información superando las barreras lingüísticas, culturales y jurídicas consustanciales a la multiplicidad de los sistemas. Debe también sostener los mecanismos que favorezcan la cooperación entre las autoridades judiciales.

4.1. Portal europeo e-Justicia para facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y las empresas en Europa

La creación de un Portal de e-Justicia destinado al público y a las empresas debe favorecer la visibilidad de la acción europea y contribuir a mejorar el acceso a la justicia en Europa. Cuando esté en funcionamiento, deberá ser la imagen del espacio europeo de justicia para los ciudadanos integrándose al mismo tiempo en una política general de comunicación en Internet.[15]

Tendrá tres funciones como mínimo.

a) Acceso a la información

El Portal deberá proporcionar a los ciudadanos europeos, en su lengua, información sobre los sistemas y los procedimientos judiciales. En efecto, el desconocimiento de las normas vigentes en otros Estados miembros es uno de los principales factores que impiden a los ciudadanos defender sus derechos en otro país de la Unión.

El Portal presentará, en particular:

- información europea y nacional sobre los derechos de las víctimas en el procedimiento penal y sobre sus derechos a indemnización;

- los derechos fundamentales de que disfrutan los ciudadanos de cada Estado miembro (derechos de los imputados en un procedimiento penal)

- los principios fundamentales relativos al recurso de los ciudadanos de una jurisdicción de otro Estado miembro, o a la defensa ante dicha jurisdicción si debe comparecer ante ella.

El Portal también proporcionará información práctica, en particular, sobre las autoridades competentes, los medios de dirigirse a ellas, la obligación o la posibilidad de hacerse representar por un abogado, los procedimientos para obtener asistencia judicial.

Algunas de estas informaciones ya existen en el sitio de la Red Judicial civil. Se incluirán en el Portal y se completarán en lo que respecta al ámbito penal y al derecho de las víctimas.

b) Orientación

El Portal debe constituir una plataforma de acceso hacia otros sitios Web existentes (Eur-lex, Pre-lex, SCADPlus, Eurovoc y IATE), hacia las instituciones judiciales europeas, o hacia las distintas redes existentes en materia judicial, así como a los instrumentos por ellas creados.

Además el Portal podrá dirigir a sus usuarios hacia algunos registros interconectados a escala europea mediante vínculos con los organismos que gestionan estos proyectos[16].

c) Acceso directo a determinados procedimientos europeos

En un futuro, podrán crearse procedimientos europeos completamente electrónicos. Ya existen fundamentos jurídicos como, por ejemplo, el Reglamento «proceso de escasa cuantía»[17], o el Reglamento «proceso monitorio»[18].

También deberá estudiarse la posibilidad de efectuar los pagos para algunos actos (pago de los gastos de procedimiento, por ejemplo), y en el futuro, la posibilidad para los ciudadanos de pedir su certificado de antecedentes penales en línea y obtenerlo en la lengua de su elección.

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4.2. La e-Justicia al servicio de una cooperación judicial más eficaz

La creación de herramientas electrónicas debe acompañar la aplicación de los instrumentos de cooperación judicial de la Unión. Para desarrollar estas herramientas, la Comisión se propone basarse en las dos redes judiciales existentes y en Eurojust. Su instauración deberá ir acompañada de medidas de información y de los datos suficientes. Para ello, la Comisión se dirigirá a las estructuras de formación nacionales y europeas competentes y, en particular, a la Red Europea de Formación Judicial con el fin de reforzar la formación de las profesiones jurídicas sobre los nuevos instrumentos de e-Justicia.

4.2.1. Proseguir la interconexión de los registros de antecedentes penales

La interconexión de los registros de antecedentes penales es el ámbito en el cual los trabajos sobre e-Justicia han avanzado más. Ello ilustra cómo un proyecto iniciado por algunos Estados miembros puede adquirir progresivamente una verdadera dimensión europea.

La Comisión trabaja para que todos los Estados miembros puedan interconectarse rápidamente. A tal efecto, presentó varias propuestas legislativas[19] destinadas a aclarar el marco legislativo y a permitir una interconexión electrónica. Con vistas a la entrada en vigor de la Decisión marco sobre el intercambio de la información del registro de antecedentes penales, lanzará dos estudios de viabilidad con el fin de seguir la evolución del proyecto, y ampliar el intercambio de información a los nacionales de los Estados terceros que sean objeto de condenas penales.

Este proyecto ilustra por partida doble el valor añadido de la acción europea:

- Los intercambios de información sólo pueden funcionar si se garantiza la homogeneidad y la comprensión mutua de la información intercambiada; para este fin se ha realizado un trabajo importante en el seno del proyecto piloto[20] que se ha recogido en la reciente propuesta de la Comisión.

- En 2009, la Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros un programa informático para que todos los registros de antecedentes penales puedan participar en los intercambios en breve plazo[21]. Este sistema de referencia, combinado con el recurso a S­TESTA para el intercambio de información, permitirá realizar economías de escala evitando a cada Estado miembro efectuar sus propios avances y simplificará el funcionamiento técnico del proyecto.

Para la Comisión estos trabajos constituyen la principal prioridad de la e-Justicia, ya que se refieren al conjunto de los Estados miembros, mejoran de forma concreta la cooperación judicial y refuerzan la confianza mutua. No obstante, es importante que estos intercambios de información se extiendan más allá de la cooperación judicial e integren otros objetivos (controles previos al acceso a determinados empleos, por ejemplo).

4.2.2. Crear una red segura para el intercambio de información entre autoridades judiciales

Las autoridades judiciales deben poder intercambiar con toda confianza datos confidenciales. Varios textos europeos lo prevén en materia penal[22], y en adelante conviene progresar a partir de los trabajos del proyecto EPOC III desarrollado por Eurojust. Un mecanismo de este tipo podría integrar algunas funcionalidades del Atlas Judicial y del Compendio europeo[23] con el fin de ofrecer a las autoridades judiciales una herramienta completa de asistencia a la ayuda judicial mutua. A largo plazo, podría también completarse con la instauración de un espacio virtual de intercambio, que integre los sistemas de traducción automática, permitiendo poner un mismo expediente a disposición de varias autoridades judiciales nacionales. Este proyecto tendrá en cuenta los trabajos en materia de protección de los intercambios y de los datos personales[24].

4.2.3. Facilitar el recurso a la videoconferencia

Varios textos adoptados a nivel europeo prevén la utilización de la videoconferencia en los procedimientos judiciales[25]. No obstante, estas posibilidades se aprovechan poco por razones culturales, lingüísticas o técnicas[26]. Un reciente estudio del Consejo[27] pone de manifiesto que en la mayoría de los Estados miembros, la videoconferencia está prevista en la legislación pero que la utilización transfronteriza, aunque admitida, sigue siendo excepcional. A pesar de lo interesante que resulta aumentar su utilización: ahorro de tiempo, de dinero, economía en los desplazamientos, flexibilidad, etc.

Debe por tanto sensibilizarse a las autoridades judiciales para que utilicen estas nuevas tecnologías en los procedimientos judiciales civiles y penales transfronterizos.

La Comisión apoyará los esfuerzos nacionales y velará por que las opciones técnicas permitan una interoperatividad europea. En relación con las redes judiciales civiles y penales, la Comisión pondrá en línea un manual para el usuario que contendrá una parte general y una parte nacional que aclarará las condiciones jurídicas y técnicas de utilización. Los dos Atlas judiciales permitirán identificar a los tribunales que disponen del material necesario.

4.2.4. Ayuda a la traducción

El multilingüismo es una dificultad principal para el desarrollo de un verdadero espacio judicial europeo. Los procedimientos judiciales se desarrollan casi exclusivamente en la lengua nacional, y el uso de una lengua extranjera sólo se admite excepcionalmente. La Comisión prevé, pues, acciones orientadas a la traducción y la interpretación en el ámbito de la justicia.

- El desarrollo de herramientas de traducción automática

La traducción automática permite acceder rápidamente a un conocimiento superficial del contenido de un documento redactado en otra lengua. Su interés en materia judicial es evidente. Puede así permitir identificar rápidamente, en un expediente voluminoso, los elementos útiles para otro procedimiento y que deben ser objeto de una traducción profesional. Puede también proporcionar en algunos minutos un conocimiento básico sobre el contenido de una decisión extranjera o sobre un documento importante para un procedimiento.

Ya existen y están disponibles herramientas de este tipo, pero que deben mejorarse y especializarse en el ámbito judicial. Deberá estudiarse el coste y las condiciones jurídicas de la puesta a disposición de este tipo de herramientas para los profesionales y para la opinión pública.

- Una base de datos de traductores e intérpretes jurados

No siempre es fácil encontrar un traductor o un intérprete cuando su intervención es necesaria en un procedimiento judicial, especialmente para algunas lenguas poco usuales. La creación de una base de datos europea sobre traductores e intérpretes jurados podría facilitar la definición de los recursos existentes ampliando la investigación a toda la Unión. Permitiría también en general mejorar la calidad de la traducción jurada permitiendo la identificación de traductores e intérpretes especialmente cualificados en el ámbito judicial. Deberán realizarse estudios complementarios y, si es posible, una experiencia piloto, teniendo en cuenta la posible combinación entre la posibilidad de recurrir a un intérprete jurado residente en otro Estado miembro y la utilización de videoconferencia.

- Formularios en línea que permiten traducciones automáticas

La mayoría de los instrumentos de la Unión se acompaña de formularios normalizados destinados a facilitar la comprensión mutua. Con el fin de mejorar la eficacia de la cooperación judicial, estos formularios deben poder ser objeto de una traducción automática completa, es decir, no sólo en lo que se refiere a su marco, sino también a su contenido. La Comisión se apoyará en las Redes Judiciales Civil y Penal y en Eurojust para sistematizar el recurso a formularios dinámicos, que utilizarán segmentos de texto y la terminología preestablecidos, con el fin de transmitir con rapidez solicitudes o información en todas las lenguas de la Unión.

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5. HACIA UN PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE E-JUSTICIA

LA PRESENTE Comunicación se acompaña de una propuesta de plan de acción y de un calendario para los distintos proyectos.

En aras de la eficacia, habrá que proceder a una distribución clara de las responsabilidades entre la Comisión, los Estados miembros y los demás participantes en la cooperación judicial. Desde el punto de vista financiero, la e-Justicia debe desarrollarse con cargo a los programas financieros existentes: Justicia Civil[28] y Justicia Penal[29].

La Comisión asumirá un papel general de coordinación, favoreciendo los intercambios de buenas prácticas. De acuerdo con los procedimientos aplicables, los proyectos propuestos por los Estados miembros o por los organismos profesionales competentes podrán recibir ayuda mediante una subvención. En materia penal, la financiación de proyectos nacionales cuyo objetivo sea el aumento de la utilización de las TIC es, hasta cierto punto, posible. La financiación de proyectos de e-Justicia transnacionales propuestos por los Estados miembros o por los organismos interesados está prevista por las dos bases jurídicas mencionadas.

La Comisión trabajará sobre la concepción y la instauración del Portal e-Justicia de cuya gestión se ocupará en estrecha relación con los Estados miembros. Éstos deberán encargarse de actualizar la información sobre sus sistemas jurídicos que figure en el Portal. La Comisión coordinará también la información en los distintos sitios de e-Justicia existentes y se encargará de los enlaces adecuados. En función de los resultados de los estudios de viabilidad, la Comisión desarrollará las herramientas informáticas necesarias para los procedimientos europeos en línea. El Portal debería financiarse con cargo al presupuesto comunitario en el marco de los programas existentes.

La Comisión se propone proseguir los trabajos sobre la interconexión de los registros de antecedentes penales apoyando los esfuerzos de modernización de los Estados miembros, desarrollando un sistema de referencia para que todo el mundo pueda participar en los intercambios, y efectuando los estudios, las mejoras y las propuestas legislativas necesarias para la evolución del sistema y para la creación de un catálogo de nacionales de Estados terceros que hayan sido condenados, cuya creación está en estudio desde hace varios años[30]. El programa financiero Justicia Penal JPEN seguirá empleándose a tal efecto[31].

Como es natural, la Comisión seguirá asumiendo la responsabilidad directa de la Red Judicial Civil y apoyando la Red Judicial Penal. Trabajará en estrecha colaboración con las Redes Judiciales Civil y Penal, y con Eurojust, para desarrollar las herramientas necesarias para una cooperación judicial más eficaz, en particular, las herramientas de traducción automática y el sistema de intercambio seguro.

En el marco de la evaluación intermedia de los programas financieros, deberá tenerse en cuenta el desarrollo de la e-Justicia y, si procede, evaluar de nuevo las financiaciones[32]. A medio plazo, podría estudiarse un único programa horizontal que cubra simultáneamente el ámbito civil y el ámbito penal.

Anexos

Anexo 1:

Temáticos | proyectos | Acciones necesarias | Período |

Portal e-Justicia (Justicia electrónica) |

desarrollo de las páginas de e-Justicia | - estudio de viabilidad y desarrollo del Portal - instauración de los métodos de gestión - puesta en línea de información en todas las lenguas de la UE | 2008-2011 |

interconexión de los registros de antecedentes penales |

interconexión de los registros de antecedentes penales nacionales | - apoyo del proyecto piloto - desarrollo por la Comisión de un sistema informático de referencia - estudio de viabilidad sobre las incidencias técnicas de la aplicación de la Decisión marco - Refuerzo del sistema para garantizar la calidad de los datos intercambiados y llegar al intercambio de información con fines administrativos | 2008-2011 |

creación de un catálogo europeo de ciudadanos de Estados terceros que hayan sido condenados | -estudio de viabilidad -presentación de una propuesta legislativa | 2009-2010 |

interconexión de bases de datos nacionales | (proyectos del perímetro de e-Justicia exclusivamente) |

interconexión de los registros de insolvencia | seguimiento de los trabajos de los Estados miembros | 2009 |

Intercambios electrónicos entre autoridades judiciales |

Firma electrónica | -situación actual -estudio de la utilización de la firma electrónica en el contexto judicial | 2009-2011 |

red segura | estudio de viabilidad | 2010-2012 |

plataforma de intercambios virtuales | estudio de viabilidad | 2012-2013 |

Ayuda a la producción |

Creación progresiva de un vocabulario jurídico multilingüe comparado | proyecto piloto | 2009-2013 |

financiación de motores de traducción adaptados al ámbito jurídico en todas las parejas de lenguas europeas | - balance de lo que existe - estudio técnico y jurídico de viabilidad -proyecto piloto | 2009-2013 |

creación de una base de datos de traductores e intérpretes jurados | estudio de viabilidad proyecto piloto difusión en los sitios de las Redes Judiciales Europeas | 2009 |

creación de formularios dinámicos que acompañen a los textos legislativos europeos | - estudios de viabilidad - desarrollo de formularios en línea | 2008-2011 |

Traducción de los formularios de la RJE penal y transformación en formularios dinámicos | difusión en el Portal e-Justicia (Justicia electrónica) o en los sitios de las redes | 2009-2011 |

redacción de formularios dinámicos para procedimientos civiles | 2010-2012 |

para pagos en línea (proceso monitorio europeo) | estudio de viabilidad sobre protección de la plataforma y gestión de los pagos | 2010 |

videoconferencia |

elaboración de informaciones prácticas y manuales de utilización | elaboración de los manuales por los Estados miembros y la Comisión con el apoyo de las redes - puesta en línea en los sitios de las redes | 2008-2009 |

formación en utilización técnica y organizativa por profesionales | No | 2008-2010 |

intercambio de buenas prácticas. | en el marco del foro e-Justicia | organización de reuniones anuales sobre temas de e-Justicia | 2008-2013 |

formación de los profesionales de la justicia en cooperación judicial | * utilización de videoconferencias * cuestiones de traducción e interpretación incluida la formación en terminología jurídica | trabajo con la Red Europea de Formación Judicial y los Estados miembros | 2008-2013 |

[1] Conclusiones del Consejo Europeo de 21y 22 de junio de 2007 y de 14 de diciembre de 2007.

[2] http://ec.europa.eu/civiljustice

[3] http://ec.europa.eu/idabc/ Preliminary Study on mutual recognition of e-Signatures for e-Government applications (2007) y eID Interoperability for PEGS (2007)

[4] Standardisation aspects of e-Signature - (2007)

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/esignatures/e_signatures_standardisation.pdf

[5] COM (2007) 807, § 4.2; www.ebr.org ; www.briteprojet.net

[6] Doc. 9573/07 JURINFO 17

[7] Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los Estados europeos, Grupo de Trabajo sobre la evaluación (CEPEJ), del Consejo de Europa (CEPEJ(2007)22Prov

[8] http://www.juradmin.eu/

[9] http://www.network-presidents.eu/

[10] Véase. www.cnue.be

[11] COM (2008) 38

[12] Eur-Lex - http://eur-lex.europa.eu; N-Lex http://eur-lex.europa.eu/n-lex y la base de datos JURA

[13] www.caselex.com

[14] La Comisión va a presentar un plan de acción sobre la interoperatividad de la firma electrónica y de la identidad electrónica.

[15] SEC (2007) 1742.

[16] Registros mercantiles - EBR y registros de la propiedad - EULIS. El acceso previsto a la interconexión de los registros de insolvencia se hará directamente a través del Portal o indirectamente en función de las soluciones adoptadas.

[17] Reglamento (CE) nº 861/2007, DO nº L 199 de 31.7.2007.

[18] Reglamento (CE) nº 1896/2006, DO nº L 399 de 30.12.2006.

[19] Propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, COM(2005) 690 final/2. Propuesta de Decisión ECRIS.

[20] En abril de 2008, 13 Estados miembros participaban en este proyecto.

[21] Como ilustración del interés práctico de la interconexión, en el primer mes de funcionamiento de la interconexión electrónica, Francia y Alemania intercambiaron más información que en los diez años anteriores.

[22] Decisión marco 2002/584/JAI de 13 de junio de 2002. Acción común de 29 de junio de 1998 (DO L 191 de 7.7.1998, p. 4).

[23] El Compendio permite la creación de una comisión rogatoria de manera normalizada y uniforme

[24] http://cordis.europa.eu/ist/trust-security/index.html

[25] Convenio de 29 de mayo de 2000 (artículo 10); Decisión marco 2001/220/JAI de 15 de marzo de 2001; Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo de 28 de mayo de 2001 (artículos 10 y 17); Directiva 2004/80/CE (artículo 9); Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 (artículo 9).

[26] Doc.14602/07, JURINFO 60.

[27] Doc. 6355/08, JURINFO 11.

[28] Decisión nº 1149/2007/CE, DO L 257 de 3.10.2007.

[29] Decisión nº 2007/126/JAI, DO L 58 de 24. 2.2007.

[30] COM (2006) 351 final.

[31] En 2008, el presupuesto destinado al registro de antecedentes penales asciende a 15 millones de euros.

[32] En 2008, los créditos potencialmente disponibles serán de casi 26 millones de euros para los dos programas.