ANEXO I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1)   ¿En qué consiste el problema?

El Acuerdo ADPIC establece por vez primera un corpus único, completo y multilateral de normas relativas a todos los tipos de derechos de propiedad intelectual (DPI). Asimismo, dedica un capítulo pormenorizado al establecimiento de normas mínimas en materia de observancia de los DPI que deben ser adoptadas por todos los miembros de la OMC.

Sin embargo —y a pesar del hecho de que, hoy día, la mayoría de los miembros de la OMC ya han adoptado legislaciones destinadas a poner en práctica dichas normas mínimas (1)— los niveles de piratería y falsificación siguen en aumento año tras año. En los últimos tiempos, los actos de este tipo han adquirido dimensiones industriales, ya que ofrecen unas considerables perspectivas de beneficio, con un riesgo por lo general limitado para sus autores.

En este estado de cosas, es evidente que ya no basta con circunscribir nuestros esfuerzos al mero seguimiento de la creación de marcos legislativos generales en los países miembros de la OMC, sino que es esencial que la CE dedique una atención cada vez mayor a la aplicación decidida y eficaz de la legislación destinada a garantizar el respeto de los DPI.

En los últimos años, han visto la luz diversas iniciativas importantes dentro de la Comunidad y en sus fronteras exteriores. Ya en 1994 la CE adoptó el Reglamento (CE) no 3295/94 (denominado Reglamento aduanero) que hizo posible el control fronterizo de las importaciones de mercancías falsas. Posteriormente, en 1998, la Comisión publicó su Libro Verde «Lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior». Como reacción a las respuestas suscitadas por el Libro Verde, el 30 de noviembre de 2000 la Comisión presentó un plan de acción entre cuyos resultados cabe destacar la Directiva por la que se armoniza la legislación destinada a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad, un Reglamento que permite mejorar los mecanismos de actuación aduanera contra las mercancías falsificadas o pirata establecidos en virtud del Reglamento aduanero ya mencionado, la ampliación de las competencias de Europol en el ámbito de la piratería y la falsificación o la realización de un estudio sobre la metodología de recogida, análisis y comparación de datos sobre falsificación y piratería (2). Por otra parte, tras el Consejo Europeo celebrado en marzo de 2003, la Presidencia efectuó en sus Conclusiones (3) un enérgico llamamiento para intensificar la lucha contra la piratería y la falsificación. En respuesta a ese llamamiento, la Comisión (DG JAI) tiene previsto poner en marcha una iniciativa legislativa en 2004, consistente en la propuesta de una decisión marco del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones nacionales y de las sanciones aplicables a la falsificación y la piratería.

Sin embargo, fuera de las fronteras de la Comunidad las cosas son muy distintas. Los instrumentos internos de que pueden hacer uso los titulares de derechos comunitarios en caso de violación de sus derechos en la Comunidad o de importación de mercancías falsas destinadas a la UE no son utilizables si la vulneración ocurre en terceros países y las mercancías producidas se consumen en el mercado nacional o se exportan a otros terceros países. Aunque tales situaciones se producen en el exterior, sus consecuencias afectan directamente a los titulares de derechos comunitarios.

2)   ¿Por qué es un problema importante? ¿Para quién?

a)   Comunidad Europea

La violación de los derechos de propiedad intelectual —apreciable por la presencia en el mercado de volúmenes cada vez mayores de mercancías pirata y falsificadas— provoca un impacto muy negativo en varios ámbitos. En la medida en que constituye un mercado que, desde siempre, realiza importantes inversiones en bienes y servicios protegidos por lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual y recibe un considerable valor añadido a cambio de su esfuerzo, la Comunidad se ve particularmente afectada por la falta de observancia de tales derechos, aun cuando se produzca en terceros países e, incluso, con independencia de que los bienes o los servicios pirateados o falsificados estén destinados o no al mercado comunitario. A continuación se señalan algunos de los efectos nocivos de la vulneración de la propiedad intelectual:

Aspectos económicos y sociales: A consecuencia de estos actos, los titulares de derechos se ven privados de los resultados de sus inversiones en I+D, comercialización, esfuerzo creativo, control de la calidad, etc. Estas prácticas repercuten negativamente en la cuota de mercado, el volumen de ventas, la reputación comercial, el empleo y, en última instancia, en la viabilidad de determinadas actividades y empresas que dependen del respeto de la propiedad intelectual. Los niveles elevados de vulneración de los derechos de propiedad intelectual también ponen freno a la inversión extranjera y a las transferencias tecnológicas.

Salud y protección del consumidor: La producción de mercancías pirata y falsificadas suele estar en manos de operadores anónimos que no prestan atención alguna a los requisitos sanitarios, de seguridad o de calidad, ni proporcionan asistencia posventa, garantías, instrucciones de uso etc. Para ilustrar la magnitud del problema, basta mencionar los decomisos cada vez mayores de mercancías falsificadas, ya se trate de medicamentos, productos alimenticios (e incluso agua embotellada), recambios para automóviles y aviones, electrodomésticos o juguetes.

Seguridad y orden público: Desde hace algunos años crece la preocupación que suscita la participación cada vez mayor de organizaciones delictivas, y en ocasiones hasta de grupos terroristas, en las principales operaciones de tráfico internacional de mercancías falsificadas y pirata. Ello se explica por la naturaleza particularmente rentable de estas actividades y por su riesgo relativamente bajo (4) en comparación con otros actos delictivos de carácter lucrativo. La magnitud del problema y las cantidades de dinero en juego hacen que la piratería plantee situaciones de tan compleja solución como las que genera el tráfico de estupefacientes o el blanqueo de capitales. Tanto Europol e Interpol, como diversos cuerpos de policía de la Comunidad han creado departamentos específicamente encargados de su combate.

Fiscalidad: Al tratarse de prácticas ilegales y clandestinas por naturaleza que permiten establecer precios más bajos, privan con frecuencia al Estado de sus ingresos fiscales (IVA, impuestos sobre los ingresos, derechos de aduana). La situación es particularmente delicada en los países en los que hay sectores económicos bajo un control estricto del Estado (tabaco, bebidas alcohólicas, combustibles, etc.)

b)   Terceros países

¿Qué necesidad tienen de preocuparse por esta cuestión los terceros países que cuentan con poca tradición de derechos de propiedad intelectual y un número escaso de titulares de derechos y en los que una parte significativa de la industria y el comercio se beneficia, en ocasiones, de las situaciones de vulneración?

La respuesta no difiere por completo de la que se ha dado más arriba en relación con la Comunidad. Las violaciones de los derechos de propiedad intelectual tienen unas repercusiones relativamente obvias en ámbitos como la protección de la salud y del consumidor, la delincuencia organizada y la pérdida de ingresos fiscales que afectan directamente tanto a la Comunidad como a los terceros países en los se producen predominantemente tales actos. Por lo tanto, dichos países tienen (o deberían tener) un interés inmediato en la lucha contra la piratería y la falsificación.

No obstante, en lo que respecta al primer aspecto (las consecuencias económicas y sociales), habrá quien alegue que los terceros países no obtendrían ningún beneficio directo al garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual de las empresas comunitarias. Antes bien, parecería como si estuvieran utilizando sus propios recursos para proteger los intereses de inversores extranjeros (argumento este frecuentemente aducido por determinados países). Para rebatir este razonamiento, la CE debe transmitir de manera convincente el mensaje de que el respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual (pertenezcan o no a terceros) constituye un instrumento esencial para atraer las inversiones extranjeras y las transferencias de tecnología y de conocimientos técnicos, así como para proteger a los titulares de derechos de los países menos desarrollados y en desarrollo que ya se enfrentan a la usurpación de su propiedad intelectual (5). Se trata de una cuestión de buena gobernanza y credibilidad internacional, por no mencionar la necesidad de cumplir con lo establecido en el marco de la OMC y demás compromisos internacionales y bilaterales. A medio y largo plazo, la protección de estos derechos también supondrá un acicate para los autores, inventores e inversores nacionales, contribuyendo así al desarrollo de estos países.

La infravaloración de los derechos de propiedad intelectual contribuye a la falta de eficacia en su protección. Para potenciar este aspecto del sistema de derechos de propiedad intelectual, sería útil que algunos países en rápido proceso de desarrollo evaluaran la importancia económica de las industrias fundamentalmente basadas en tales derechos (6). De este modo, podría obtenerse una estimación del valor de los derechos de propiedad intelectual para la situación económica del país, así como desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo económico, social y cultural.

Con todo, también se pueden señalar ejemplos recientes de países en los que el surgimiento de una economía competitiva cada vez más sofisticada ha puesto en evidencia la necesidad de proteger de manera eficaz la propiedad intelectual, para evitar su usurpación tanto dentro como fuera de las propias fronteras.

En algunos de los países más «problemáticos» las autoridades se muestran plenamente conscientes de la importancia que los derechos de propiedad intelectual tienen para el desarrollo del país y los titulares nacionales demandan la protección de sus derechos con el mismo rigor que los titulares extranjeros. El problema reside en el hecho de que la industria de la piratería y la falsificación constituye un elemento importante de sus economías. Así pues, queda patente la existencia de un trasfondo más general que no puede abordarse exclusivamente desde la perspectiva de la propiedad intelectual. La solución debe pasar necesariamente por una política de conjunto que involucre a las autoridades a nivel nacional, regional y local.

3)   ¿Qué derechos no se respetan? ¿Cuáles son los sectores más afectados?

La mayoría. Una suposición errónea, pero frecuente, es que la piratería y la falsificación afectan sobre todo a unas cuantas marcas de artículos de deporte y prendas de vestir de lujo, a las grabaciones de música y de programas informáticos en CD/DVD y poca cosa más. Sin embargo, lo cierto es que la práctica totalidad de la propiedad intelectual es objeto de violación a gran escala y que la gama de productos falsificados va desde los cereales para el desayuno hasta las plantas y semillas, pasando por los recambios para aviones, las gafas de sol, los cigarrillos, los medicamentos, las pilas de uso común o las estaciones de servicio. Los grandes productores de programas informáticos y los pequeños fabricantes de tisanas corren el mismo riesgo de verse afectados. Las estadísticas anuales publicadas por los servicios aduaneros de la Comisión acerca de la cantidad y naturaleza de las mercancías pirata y falsificadas procedentes de terceros países que son decomisadas proporcionan una información detallada y fiable sobre la amplitud y la expansión del problema (7).

La Comisión considera que la gran mayoría de los problemas que afectan a los titulares de los diversos tipos de derechos de propiedad intelectual son de naturaleza común y que, por lo tanto, la manera más eficaz de combatirlos es mediante una estrategia integrada. La estrategia que se propone aspira a mejorar la protección de todas las categorías de propiedad intelectual (derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, patentes, dibujos y modelos, etc.)

4)   ¿Cómo determinar cuáles son los países «prioritarios»?

A la hora de determinar cuáles son los países más problemáticos desde el punto de vista de la protección de los derechos de propiedad intelectual, se aplican varios criterios (8). Dichos países pueden clasificarse en tres categorías: a) países de origen, b) países de tránsito y c) países de destino. El tipo de medidas más adecuadas para abordar la situación diferirá en función de cada categoría.

a)   Países de origen

Son los países en los que la producción de mercancías pirata y falsificadas, tanto para el consumo nacional como para la exportación, alcanza dimensiones preocupantes. En los casos de piratería digital a través de Internet, el origen de la violación de los derechos de propiedad intelectual puede ser especialmente difícil de detectar.

En estos países es fundamental la mejora de la eficacia y la coordinación de las fuerzas de policía, los tribunales, los cuerpos de aduanas y la administración en general. Asimismo, es esencial que el marco jurídico imponga sanciones disuasorias.

b)   Países de tránsito

Ahora bien, para obtener un panorama completo del problema, conviene no centrarse exclusivamente en los países que violan los derechos de propiedad intelectual como consecuencia de la producción masiva de productos falsificados que se registra en sus territorios. No hay que perder de vista otros países que actúan a menudo como nodo de distribución. Se trata de países que son, en apariencia, una importante fuente de origen de las mercancías decomisadas en la Comunidad, pero que, en realidad, albergan un importante flujo de productos falsificados en tránsito, sin que exista una producción nacional de tales mercancías. Con todo, el gran volumen de mercancías procedentes de estos países constituye una prueba de la aplicación insuficiente de la normativa, al menos por lo que respecta a los controles fronterizos. Las redes de delincuencia organizada aprovechan estas insuficiencias para establecer rutas de tráfico alternativas, ocultando así el origen real de las mercancías.

La mayor disponibilidad de medidas fronterizas y el refuerzo de la eficacia de las autoridades aduaneras, en especial por lo que respecta al tránsito de mercancías, contribuirán a la reducción sustancial del volumen de tráfico.

c)   Países de destino

En cualquier estrategia para reducir las violaciones de los derechos de propiedad intelectual también es preciso tener en cuenta los países que constituyen los principales destinos finales de las exportaciones de mercancías falsificadas o que se caracterizan, fundamentalmente, por servir de mercado a tales productos.

En casi todos los países se registran importantes volúmenes de venta de mercancías falsificadas. La mayor dificultad a la hora de determinar cuáles son los países que constituyen los principales mercados para las mercancías pirata es que se trata de un problema muy extendido, pero que responde a causas muy distintas y, en ocasiones, contradictorias: pobreza que impide adquirir productos cuya propiedad intelectual está protegida, aceptación de estas prácticas o, cuando menos, ausencia de condena, producción a gran escala de estas mercancías, situaciones en las que no hay forma de distinguir entre el producto real y el producto falsificado o, sencillamente, el hecho de que las mercancías falsificadas son más baratas. Por este motivo, tenemos que concentrar recursos en los principales mercados donde operan los titulares de derechos comunitarios que se ven más afectados por la situación.

La lucha contra el consumo de mercancías pirata y falsificadas requiere un esfuerzo de concienciación pública acerca de las repercusiones negativas y los riesgos que se derivan de estas prácticas. También exige un control aduanero más efectivo de las mercancías importadas y una reacción más eficaz por parte de la policía y de los tribunales contra las redes y los individuos implicados en el tráfico a gran escala de este tipo de bienes.

5)   ¿Cuál es la situación en la Comunidad?

En términos generales, es un hecho reconocido que la Comunidad y sus Estados miembros aplican unos niveles muy elevados de protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual, como demuestran el acervo comunitario y, en particular, los más recientes esfuerzos a los que se ha hecho referencia en el punto 1). Asimismo, desde un punto de vista práctico, informes como los que publica cada año la DG TAXUD (9) ofrecen una imagen ajustada de los resultados que arrojan los decomisos en frontera efectuados por las autoridades de cada Estado miembro.

Sin embargo, dentro de la Comunidad los niveles de cumplimiento difieren entre los Estados miembros. Algunos de ellos tienen que realizar un esfuerzo adicional para mejorar su situación y reducir la producción y venta de mercancías pirata o falsificadas que todavía se registra en sus territorios. La nueva Directiva por la que se armoniza la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad contribuirá a mejorar la situación.

6)   ¿Cuáles son los servicios competentes de la Comisión?

Son varias las Direcciones Generales (DG) de la Comisión competentes en los distintos aspectos del respeto de los derechos de propiedad intelectual. A continuación se ofrece una descripción sucinta de sus ámbitos de responsabilidad:

El aspecto que se señala a continuación es crucial para la eficacia de la presente estrategia. A pesar de que a la DG TRADE y a otras Direcciones Generales con responsabiliddes exteriores les corresponde un papel importante y bien definido en la mejora de la observancia de los derechos de propiedad intelectual en terceros países, las competencias más «operativas» de la lucha contra la piratería y la falsificación están en manos de los Estados miembros o de otras DG. Los resultados más visibles e inmediatos en este combate siempre serán producto tanto de las actuaciones de las autoridades aduaneras, los cuerpos de policía y los tribunales nacionales, como de la armonización de leyes y procedimientos y de la creación de mecanismos de intercambio de información a escala comunitaria. En estas áreas de responsabilidad principalmente nacional, la DG TRADE sólo puede efectuar una contribución limitada. Sin embargo, la situación en lo relativo al respeto de los derechos en terceros países es bien diferente. En este ámbito, la DG TRADE y los servicios de la Comisión con responsabilidades exteriores en estas cuestiones pueden desempeñar sin lugar a dudas —con la cooperación de las delegaciones comunitarias en terceros países— un papel clave en la ejecución de las tareas propuestas en la presente estrategia.

(1)  Los países menos desarrollados tienen, como mínimo, hasta 2006 para adaptar sus legislaciones a los requisitos ADPIC.

(2)  Disponible previa solicitud a MARKT-E4@cec.eu.int

(3)  Consejo Europeo de marzo de 2003 - Conclusiones de la Presidencia:

(4)  En muchos países, otras actividades delictivas especialmente rentables como el tráfico de drogas entrañan riesgos considerables (en ocasiones, hasta la pena de muerte) y son objeto de un combate en el que se invierten importantes recursos, mientras que el tráfico de mercancías falsas está considerado como una práctica relativamente inofensiva.

(5)  Cabe mencionar en este sentido los casos de falsificación de determinadas marcas de vino de arroz en China y de una conocida marca de salsa de pescado en Vietnam.

(6)  Los servicios de la Comisión publicaron en 2003 un estudio acerca de la importancia económica de los derechos de autor, titulado The economic importance of copyright

(http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/index htm).

Algunos países, como EE.UU. y de Finlandia, elaboran documentos de iguales características destinados a las industrias de los derechos de autor (Copyright industries in the US Economy – Stephen E. Siwek & Gale Mosteller, elaborado para la asociación International Intellectual Property Alliance y The Economic Importance of Copyright Industries in Finland, Finnish Copyright Society.)

(7)  http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_en htm

(8)  Los «Países prioritarios» pueden determinarse con arreglo a los siguientes criterios:

En cualquier caso, la situación en este ámbito experimenta cambios constantes, motivo por el cual es precisa una actividad ininterrumpida de seguimiento y actualización.

(9)  http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_en.htm

(10)  http://www.ipr-helpdesk.org/index.htm