17.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 40/2

1.

Cuando, en aplicación del Derecho español, un ciudadano español desee dirigir al Consejo una comunicación escrita en una lengua distinta del castellano que tenga estatuto de lengua oficial según la Constitución española:

2.

En caso de que el ciudadano autor de la comunicación disponga de un plazo para actuar en contestación a la respuesta del Consejo, y como excepción a lo dispuesto en el punto 1, letra a), el Consejo remitirá directamente al ciudadano su respuesta en castellano, al mismo tiempo que al organismo competente. En su respuesta, el Consejo señalará a la atención del ciudadano que el plazo para actuar en contestación a aquella empieza a correr a partir de la fecha de recepción de la respuesta en castellano. El Consejo remitirá copia de su respuesta al organismo competente, encargado por el Gobierno español de facilitar al ciudadano una traducción de la respuesta a la lengua de la comunicación, e informará de ello al ciudadano. El Consejo no se responsabilizará en ningún caso del contenido de estas traducciones, en cuyo texto se mencionará expresamente este extremo.

3.

Cuando un ciudadano español dirija directamente al Consejo una comunicación en alguna de las lenguas contempladas en el punto 1, el Consejo la devolverá al remitente informándole de que puede volver a dirigirle la comunicación en dicha lengua, pero por mediación del organismo competente designado a tal efecto por el Gobierno español.

4.

Las partes en el presente acuerdo administrativo se comprometen a tomar las medidas necesarias para que se respeten en todo momento las normas en materia de confidencialidad de las comunicaciones a que se refiere el presente acuerdo, en particular por lo que respecta a la traducción efectuada por el organismo competente designado por el Gobierno español.

5.

Los representantes de España podrán, si ha lugar, utilizar en una sesión del Consejo una de las lenguas distintas del castellano reconocidas como lenguas oficiales en la Constitución española en las condiciones siguientes:

6.

Los costes directos e indirectos de la interpretación pasiva que la Dirección General del Servicio Común de Interpretación y Conferencias facture al Consejo serán abonados, incluso en caso de anulación, por la Representación Permanente de España, según lo indicado en los puntos 11 y 12 siguientes.

7.

El Gobierno español, o el organismo que éste designe a tal efecto, podrá realizar traducciones juradas, a las lenguas mencionadas, de los actos de la Unión Europea adoptados por codecisión, tal como aparezcan publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, y remitirlas por vía electrónica a la Secretaría General del Consejo.

8.

El Consejo conservará estas traducciones juradas en sus archivos y facilitará copia de las mismas a todo ciudadano de la Unión que lo solicite, en la medida de lo posible por vía electrónica.

9.

El Consejo establecerá un vínculo entre su sitio de Internet y el del Gobierno español en que se ofrezcan las traducciones. En el sitio de Internet del Consejo, se mencionará, en las lenguas oficiales y de trabajo, que las instituciones de la Unión no se responsabilizan del contenido de las traducciones y que éstas carecen de valor jurídico.

10.

En cada traducción jurada, se llamará la atención sobre el hecho de que las instituciones de la Unión no se responsabilizan del contenido de la traducción y que ésta carece de valor jurídico. Se hará una mención en este sentido, en la lengua de que se trate, en la primera página de cada traducción jurada y en el encabezamiento de cada una de sus páginas siguientes, así como en la página inicial del sitio de Internet del Gobierno español en que estas traducciones se encuentren disponibles.

11.

El Gobierno español asumirá los costes directos e indirectos a que pueda dar lugar la aplicación del presente acuerdo administrativo por lo que respecta al Consejo.

12.

A tal efecto, la Secretaría General del Consejo presentará semestralmente a la Representación Permanente de España una nota en la que se detallen los mencionados costes. La Representación Permanente de España deberá reembolsar el importe correspondiente en un plazo de un mes a partir de dicha notificación.

13.

El presente acuerdo se aplicará a partir de la fecha en que el Gobierno español haya comunicado a la Secretaría General del Consejo el organismo designado para realizar las traducciones contempladas en los puntos 1, 2 y 7, siempre que la Secretaría General del Consejo haya comunicado al Gobierno español que ha adoptado las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

14.

Las partes podrán decidir de común acuerdo revisar o finalizar el presente acuerdo administrativo. Las partes realizarán un examen de su aplicación un año después de su entrada en vigor.