28.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 381/52

(1)

Una política común en materia de asilo que incluya un Sistema Europeo Común de Asilo es un elemento constitutivo del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a quienes, obligados por las circunstancias, buscan legítimamente protección en la Unión Europea.

(2)

La aplicación de dicha política debe basarse en la solidaridad entre los Estados miembros y supone la existencia de mecanismos que propicien un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de dicha acogida. A tal efecto, se creó el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2000-2004 mediante la Decisión 2000/596/CE (3).

(3)

Es necesario establecer un Fondo Europeo para los Refugiados («el Fondo») para el período 2005-2010 con el fin de garantizar una solidaridad duradera entre los Estados miembros a la luz de la legislación comunitaria recientemente adoptada en materia de asilo y teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante la aplicación de la primera fase del Fondo entre 2000 y 2004.

(4)

Es necesario respaldar los esfuerzos realizados por los Estados miembros para proporcionar a los refugiados y personas desplazadas condiciones de acogida adecuadas y aplicar procedimientos de asilo justos y eficaces con el fin de proteger los derechos de las personas necesitadas de protección internacional.

(5)

La integración de los refugiados en la sociedad del país donde se establecen es uno de los objetivos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967. Es necesario hacer compartir a estas personas los valores recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Conviene, a tal efecto, apoyar la acción de los Estados miembros en favor de la promoción de su integración social, económica y cultural en la medida en que ello contribuye a la realización de la cohesión económica y social, cuyo mantenimiento y fortalecimiento figuran entre los objetivos fundamentales de la Comunidad mencionados en el artículo 2 y en la letra k) del apartado 1 del artículo 3 del Tratado.

(6)

Interesa tanto a los Estados miembros como a las personas afectadas que los refugiados y personas desplazadas a quienes se permita residir en el territorio de los Estados miembros estén en condiciones de satisfacer sus necesidades con el fruto de su trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos comunitarios pertinentes.

(7)

Las medidas que se financian gracias a los Fondos Estructurales y a otras medidas comunitarias en el ámbito de la enseñanza y la formación profesional no son suficientes en sí mismas para promover esta integración; es pues conveniente apoyar medidas específicas para permitir a los refugiados y a las personas desplazadas beneficiarse plenamente de los programas establecidos.

(8)

Es necesaria una ayuda concreta para crear o mejorar las condiciones que permitan a los refugiados y a las personas desplazadas que así lo deseen decidir con pleno conocimiento de causa abandonar el territorio de los Estados miembros y volver a su país de origen.

(9)

Es conveniente que las acciones en las que intervengan organismos de dos o más Estados miembros y las acciones de interés comunitario en estos ámbitos puedan recibir ayuda del Fondo, y deben fomentarse los intercambios entre los Estados miembros para definir y favorecer las prácticas más eficaces.

(10)

Conviene constituir una reserva financiera destinada a aplicar medidas urgentes con el fin de proporcionar una protección temporal en caso de afluencia masiva de refugiados de conformidad con la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (4).

(11)

Con el fin de cumplir de manera eficaz y proporcionada la solidaridad financiera y de tener en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del Fondo de 2000 a 2004, conviene distinguir las responsabilidades de la Comisión y las de los Estados miembros en lo referente a la ejecución y la gestión del Fondo. Los Estados miembros deben designar a las autoridades nacionales apropiadas para tal efecto y definir sus tareas.

(12)

El apoyo prestado por el Fondo será más eficaz y estará mejor encaminado si la cofinanciación de las acciones subvencionables se basa en dos programas plurianuales y en un programa de trabajo anual formulados por cada Estado miembro en función de su situación y las necesidades constatadas.

(13)

Es equitativo repartir los recursos de manera proporcional a la carga que recae sobre cada Estado miembro como consecuencia del esfuerzo que realiza para acoger refugiados y personas desplazadas, incluyendo a los refugiados que disfrutan de protección internacional en el marco de los programas nacionales.

(14)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

(15)

Una de las garantías de la eficacia de las acciones apoyadas por el Fondo es un seguimiento eficaz. Es necesario determinar las condiciones en que se efectuará este seguimiento.

(16)

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, conviene establecer una cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito.

(17)

Conviene que los Estados miembros aporten garantías suficientes en cuanto a las modalidades y a la calidad de la ejecución. Es necesario establecer la responsabilidad de los Estados miembros en materia de persecución y corrección de las irregularidades e infracciones, así como la de la Comisión en caso de incumplimiento por parte de los Estados miembros.

(18)

La eficacia y el efecto de las acciones financiadas por el Fondo dependen también de la evaluación de las mismas. Conviene definir claramente las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en la materia, así como disposiciones que garanticen la fiabilidad de la evaluación.

(19)

Conviene, por una parte, que las acciones sean evaluadas de cara a un balance a mitad de período y que se valoren sus efectos y, por otra, que el proceso de evaluación se integre en el sistema de seguimiento de las acciones.

(20)

Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(21)

De acuerdo con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(22)

De acuerdo con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(23)

De acuerdo con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación.

1)

los nacionales de terceros países o apátridas acogidos al estatuto previsto por la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 y autorizados a residir en calidad de refugiados en uno de los Estados miembros;

2)

los nacionales de terceros países o apátridas que disfruten de protección subsidiaria con arreglo a la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional, y a su estatuto, así como al contenido de la protección concedida (6);

3)

los nacionales de terceros países o apátridas que soliciten alguna de las formas de protección contempladas en los puntos 1 y 2;

4)

los nacionales de terceros países o apátridas que disfruten de protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE.

a)

las condiciones de acogida y los procedimientos de asilo;

b)

la integración de las personas contempladas en el artículo 3 cuya estancia en el Estado miembro de que se trate tenga carácter duradero y estable;

c)

la repatriación voluntaria de las personas contempladas en el artículo 3 siempre y cuando no hayan adquirido una nueva nacionalidad ni hayan abandonado el territorio del Estado miembro.

a)

las infraestructuras o servicios de alojamiento;

b)

el suministro de ayuda material y cuidados médicos o psicológicos;

c)

la asistencia social, la información o la ayuda en las gestiones administrativas;

d)

la asistencia jurídica y lingüística;

e)

la enseñanza, la formación lingüística y otras iniciativas que sean coherentes con el estatuto de la persona;

f)

la prestación de servicios de apoyo como la traducción y la formación con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de acogida y de la eficacia y calidad de los procedimientos de asilo;

g)

la información a las comunidades locales que habrán de comunicar con las que son recibidas en el país de acogida.

a)

asesoramiento y asistencia en ámbitos como el alojamiento, los medios de subsistencia, la integración en el mercado laboral, los cuidados médicos, psicológicos y sociales;

b)

acciones orientadas a que los beneficiarios se adapten a la sociedad del Estado miembro desde una perspectiva sociocultural, y compartan los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

c)

acciones que promuevan la participación duradera y sostenible en la vida civil y cultural;

d)

acciones centradas en la enseñanza, la formación profesional, el reconocimiento de cualificaciones y títulos;

e)

las acciones que favorezcan la autonomía y destinadas a que estas personas se valgan por sí mismas;

f)

acciones que fomenten un contacto significativo y un diálogo constructivo entre estas personas y la sociedad de acogida, con inclusión de las acciones que fomenten la implicación de interlocutores esenciales tales como la opinión pública, las autoridades locales, las asociaciones de refugiados, los grupos de voluntarios, los interlocutores sociales y la sociedad civil en sentido amplio;

g)

medidas de apoyo a la adquisición de capacitación por parte de estas personas, incluida una formación lingüística;

h)

acciones que promuevan tanto la igualdad de acceso como la igualdad de trato en lo tocante a las relaciones de estas personas con las instituciones públicas.

a)

la información y los servicios de asesoramiento relativos a acciones o programas de repatriación voluntaria;

b)

la información relativa a la situación en los países o regiones de origen, o de la antigua residencia habitual;

c)

la formación general o profesional y la ayuda para la reinserción;

d)

las acciones de las comunidades de origen residentes en la Unión Europea orientadas a facilitar la repatriación voluntaria de las personas a las que se refiere la presente Decisión;

e)

acciones que faciliten la organización y la aplicación de programas nacionales de repatriación voluntaria.

a)

la promoción de la cooperación comunitaria en la aplicación de la legislación de la Comunidad y las buenas prácticas;

b)

el apoyo a la instauración de redes y proyectos piloto de cooperación transnacional a partir de asociaciones transnacionales entre organismos situados en dos o más Estados miembros, concebidos para estimular la innovación, facilitar el intercambio de experiencia y de buenas prácticas y mejorar la calidad de la política de asilo;

c)

el apoyo a campañas transnacionales de sensibilización sobre la política europea de asilo y la situación y circunstancias de las personas consideradas en el artículo 3;

d)

el apoyo a la difusión e intercambio de información, con inclusión de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre las buenas prácticas y todos los demás aspectos del Fondo.

a)

acogida y alojamiento;

b)

suministro de medios de subsistencia, incluidas comida y ropa;

c)

asistencia médica, psicológica u otra;

d)

gastos de personal y administración relacionados con la acogida de las personas afectadas y la aplicación de las medidas de emergencia;

e)

los gastos logísticos y de transporte.

a)

adoptará con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 11 las directrices referentes a las prioridades de los programas plurianuales previstos en el artículo 15 y comunicará a los Estados miembros las dotaciones financieras indicativas del Fondo;

b)

en el marco de su responsabilidad en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea, se asegurará de que existan en los Estados miembros sistemas de gestión y de control adecuados y de que funcionen correctamente, de manera que los fondos comunitarios sean utilizados de manera regular y eficaz. Esta comprobación incluirá verificaciones previas, documentales y sobre el terreno, de los procedimientos de ejecución, de los sistemas de control, de los sistemas de contabilidad y de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y de concesión de subvenciones utilizados por las autoridades responsables. La Comisión volverá a examinar los procedimientos o sistemas siempre que sufran modificaciones sustanciales;

c)

se encargará de la ejecución de las acciones comunitarias contempladas en el artículo 8.

a)

serán responsables de ejecutar las acciones nacionales subvencionadas por el Fondo;

b)

adoptarán las medidas necesarias para que el Fondo funcione eficazmente a escala nacional y recabarán la participación de todas las partes afectadas por la política de asilo, de acuerdo con las prácticas nacionales;

c)

designarán una autoridad responsable de administrar las acciones nacionales subvencionadas por el Fondo de acuerdo con la legislación comunitaria aplicable y el principio de buena gestión financiera;

d)

asumirán, en primera instancia, la responsabilidad del control financiero de las acciones y se asegurarán de que se apliquen sistemas de gestión y de control que garanticen una utilización eficaz y regular de los fondos comunitarios. Remitirán a la Comisión una descripción de dichos sistemas;

e)

certificarán que las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión son exactas y se asegurarán de que son el resultado de la aplicación de sistemas de contabilidad basados en justificantes susceptibles de verificación;

f)

cooperarán con la Comisión en la recopilación de las estadísticas necesarias para la aplicación del artículo 17.

a)

se hará cargo de la difusión de los resultados de las acciones emprendidas durante la fase 2000-2004 del Fondo y de las que han de realizarse durante la fase 2005-2010;

b)

se encargará de que las acciones subvencionadas por el Fondo sean objeto de una información, publicidad y seguimiento adecuados;

c)

garantizará la coherencia global y la complementariedad de las acciones con otras políticas, instrumentos y acciones de la Comunidad.

a)

estar dotado de personalidad jurídica, excepto cuando la autoridad responsable sea un órgano operativo del Estado miembro;

b)

tener una capacidad financiera y de gestión acorde con el volumen de los fondos comunitarios que tendrá que administrar, que le permita desempeñar adecuadamente sus funciones, conforme a las normas por las que se rige la administración de fondos comunitarios.

a)

consultar a interlocutores apropiados con vistas al establecimiento de la programación plurianual;

b)

organizar y publicar las licitaciones y las convocatorias de propuestas;

c)

organizar los procedimientos de selección y adjudicación de cofinanciaciones por parte del Fondo, respetando los principios de transparencia e igualdad de trato y adoptando todas las medidas necesarias para evitar cualquier posible conflicto de interés;

d)

garantizar la coherencia y complementariedad entre la cofinanciación del Fondo y la prevista en el marco de otros instrumentos financieros nacionales y comunitarios pertinentes;

e)

encargarse de la gestión administrativa, contractual y financiera de las acciones;

f)

ocuparse de las actividades de información, asesoramiento y difusión de los resultados;

g)

llevar a cabo el seguimiento y la evaluación;

h)

encargarse de la cooperación y la comunicación con la Comisión y las autoridades responsables de los demás Estados miembros.

a)

situación y necesidades del Estado miembro;

b)

rentabilidad del gasto, teniendo en cuenta el número de personas a las que afectará el proyecto;

c)

experiencia, conocimientos técnicos, fiabilidad y contribución financiera de la organización solicitante de financiación y de cualquier otra organización asociada;

d)

complementariedad entre los proyectos y otras acciones financiadas por el presupuesto general de la Unión Europea o en el marco de programas nacionales.

a)

una descripción de la situación existente en el Estado miembro en lo referente a las condiciones de acogida, los procedimientos de asilo, la integración y la repatriación voluntaria de las personas contempladas en el artículo 3;

b)

un análisis de las necesidades en el Estado miembro de que se trate en materia de acogida, procedimientos de asilo, integración y repatriación voluntaria y una indicación de los objetivos operativos perseguidos para responder a estas necesidades durante el período de programación;

c)

la presentación de una estrategia adecuada para alcanzar esos objetivos y la prioridad de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los resultados de la consulta de los interlocutores prevista en la letra a) del apartado 3 del artículo 13, así como una descripción sucinta de las acciones previstas para cumplir con las prioridades;

d)

una exposición de la compatibilidad de esta estrategia con otros instrumentos regionales, nacionales y comunitarios;

e)

un plan de financiación indicativo que precise, para cada objetivo y cada año, la participación financiera prevista del Fondo, así como el importe global de las cofinanciaciones públicas o privadas.

a)

los criterios generales de selección de las acciones que se van a financiar en el marco del programa anual, si son distintos de los procedimientos establecidos en el programa plurianual;

b)

la descripción de las funciones que deberá llevar a cabo la autoridad responsable para la ejecución del programa anual;

c)

la forma en que se propone que se reparta la contribución del Fondo entre las distintas acciones del programa, así como el importe solicitado en concepto de asistencia técnica y administrativa en virtud del artículo 18 para la ejecución del programa anual.

a)

el 30 % de su volumen, proporcionalmente al número de personas admitidas durante los tres años anteriores en las categorías consideradas en los puntos 1 y 2 del artículo 3;

b)

el 70 % de su volumen, proporcionalmente al número de personas consideradas en los puntos 3 y 4 del artículo 3 que se hayan registrado durante los tres años anteriores.

a)

en el caso de las acciones realizadas en los Estados miembros y previstas en los artículos 5, 6 y 7, el 50 % del coste total de la acción de que se trate. Esta proporción podrá elevarse al 60 % si se trata de acciones especialmente innovadoras, como las realizadas por asociaciones transnacionales o las que impliquen la participación activa de las personas contempladas en el artículo 3 o de organizaciones creadas por esos grupos destinatarios, y al 75 % en los Estados miembros acogidos al Fondo de Cohesión;

b)

en el caso de las convocatorias de propuestas en el marco de las acciones comunitarias previstas en el artículo 8, el 80 % del coste total de la acción de que se trate.

a)

a partir de una muestra apropiada, organizarán controles de las acciones referentes al 10 % como mínimo de los gastos totales subvencionables para cada programa anual de ejecución y controles de una muestra representativa de las acciones aprobadas. Los Estados miembros garantizarán una separación adecuada entre estos controles y los procedimientos de ejecución o de pago relativos a las acciones;

b)

investigarán, detectarán y corregirán las irregularidades y, de conformidad con la normativa vigente, las comunicarán a la Comisión, a la que tendrán informada de la evolución de las diligencias administrativas y judiciales;

c)

cooperarán con la Comisión para garantizar que los fondos comunitarios se utilicen conforme al principio de la buena gestión financiera.

a)

si un Estado miembro no ejecuta las acciones con arreglo a lo convenido en la decisión de cofinanciación;

b)

si una parte o la totalidad de una acción no justifica el pago de la totalidad o de una parte de la cofinanciación por el Fondo;

c)

si se detectan deficiencias graves en los sistemas de gestión y control que puedan dar lugar a irregularidades de carácter sistémico.

a)

reducir los pagos de prefinanciación o el pago final, o

b)

realizar las correcciones financieras necesarias mediante la supresión de la totalidad o de una parte de la contribución del Fondo a las acciones en cuestión.

a)

a más tardar el 31 de diciembre de 2006, un informe de evaluación sobre la ejecución de las acciones cofinanciadas por el Fondo;

b)

a más tardar el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2012, respectivamente, un informe de evaluación de los resultados y otro sobre la repercusión de las acciones cofinanciadas por el Fondo.

a)

a más tardar el 30 de abril de 2007, un informe intermedio sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la utilización del Fondo, acompañado, cuando proceda, de propuestas de modificación;

b)

a más tardar el 31 de diciembre de 2009, un informe de evaluación intermedio acompañado de una propuesta relativa a la evolución posterior del Fondo;

c)

a más tardar el 31 de diciembre de 2012, un informe de evaluación a posteriori.

a)

a más tardar el 31 de enero de 2005, la Comisión comunicará a los Estados miembros las directrices de programación y las dotaciones financieras indicativas que les hayan sido asignadas;

b)

a más tardar el 1 de mayo de 2005, los Estados miembros designarán a la autoridad responsable nacional a la que se refiere el artículo 13 y presentarán a la Comisión la propuesta de programación plurianual para el período 2005-2007 a la que se refiere el artículo 15;

c)

antes de transcurridos dos meses desde la recepción de las propuestas de programas plurianuales, la Comisión aprobará dichos programas, de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 3 del artículo 11.

a)

a más tardar el 31 de enero de 2005, la Comisión comunicará a los Estados miembros la estimación de los importes que les hayan sido asignados;

b)

a más tardar el 1 de junio de 2005, los Estados miembros presentarán a la Comisión la propuesta de programa anual indicada en el artículo 16; esta propuesta deberá ir acompañada de una exposición de los sistemas de gestión y control que se aplicarán para garantizar una utilización eficaz y regular de los fondos comunitarios;

c)

antes de transcurridos dos meses desde la presentación del proyecto de programa anual, la Comisión adoptará las decisiones de cofinanciación tras verificar los elementos indicados en la letra b) del apartado 1 del artículo 12.