1.

¿Es compatible con el Derecho de la Unión, en particular con la Directiva 2000/78/CE (1) a la luz de los artículos 10, apartado 1, y 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»):

que una norma nacional disponga que una organización privada cuya ética se basa en la religión

pueda exigir a las personas que trabajan para ella que, durante la vigencia de la relación laboral, no abandonen una determinada iglesia,

o que pueda condicionar la continuidad de la relación laboral a que una persona que trabaja para ella y que ha abandonado una determinada iglesia durante la vigencia de la relación laboral se reincorpore como miembro de dicha iglesia,

si en general no exige a las personas que trabajan para ella pertenecer a dicha iglesia

y la persona que trabaja para ella no observa en público una conducta notoriamente anticlerical?

2.

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: ¿qué otros requisitos, si es que hay alguno, se aplican con arreglo a la Directiva 2000/78/CE, a la luz de los artículos 10, apartado 1, y 21, apartado 1, de la Carta, para justificar tal diferencia de trato por razones de religión?