1.

¿Exige el artículo 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, que dispone que los miembros del Tribunal General de la Unión Europea serán elegidos entre personas «que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales», que un candidato a miembro del Tribunal General de la Unión Europea sea seleccionado en un Estado miembro de la Unión Europea exclusivamente sobre la base de su capacidad profesional?

2.

¿Es compatible con el requisito de que el juez deba ofrecer absolutas garantías de independencia y con los demás requisitos para el ejercicio de funciones jurisdiccionales previstos en el artículo 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, una práctica nacional, como la controvertida en el presente asunto, en virtud de la cual, con el fin de garantizar la transparencia de la selección de un candidato determinado, el Gobierno de un Estado miembro encargado de proponer un candidato al cargo de Juez del Tribunal General de la Unión Europea crea un grupo de expertos independientes para evaluar a los candidatos, el cual, tras entrevistar a todos los candidatos, elabora una relación de estos con sus respectivas puntuaciones sobre la base de criterios de selección claros y objetivos fijados de antemano y, de conformidad con una serie de requisitos previamente anunciados, presenta al Gobierno el candidato con la puntuación más alta en función de su capacidad y competencia profesionales, pero el Gobierno propone para el cargo de Juez de la Unión Europea a un candidato distinto del que ocupa el primer lugar en dicha calificación, teniendo en cuenta que un juez que puede haber sido nombrado ilegalmente podría influir en las decisiones del Tribunal General de la Unión Europea?